La norma promovía la recación de trabajo en el departamento. Se trata del proyecto presentado por el Presidente del Concejo Deliberante de Caucete, Franco Buffagni, quien en su iniciativa promovía la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI, acompañado por los concejales Ramiro Fernández Farran, Pedro Gómez y Emanuel Castro.
La información fue dada por El Canillita, que informó que la iniciativa buscaba atraer capitales de gran escala al departamento con el objetivo de generar empleo genuino, impulsar el desarrollo productivo local y ofrecer mayor previsibilidad y seguridad jurídica a futuros inversores.
Sucedió que antes del tratamiento de la iniciativa en el Concejo Deliberante de Caucete, se bloqueó la propuesta, ya que los concejales del oficialismo departamental: Roca, Giménez y Poblete, decidieron no abordar ni debatir el proyecto en el recinto.
Los concejales que responden a la Intendenta peronista Romina Rosas adoptaron una posición que fue interpretada como pérdida de una herramienta estratégica.
"Con esta decisión de no adherirse, Caucete queda marginado a futuras y posibles inversiones para generar empleo", advirtieron los concejales de Orrego.
En el texto de la presentación, Buffagni remarcó que el objetivo es "lograr posicionar a Caucete para futuros proyectos posibles, generando oportunidades para el desarrollo, trabajo e inversión".
El Presidente del Concejo Deliberante de Caucete, Buffagni, subrayó que "el régimen promueve el fortalecimiento de las economías regionales, el crecimiento económico sostenible y la mejora de infraestructura y servicios".
Desde la bancada de los concejales del PJ, quienes responden a la Intendenta Romina Rosas, defendieron el rechazo con un argumento extraño: "Caucete pierde autonomía municipal", en tanto que dijeron que "en Caucete no sirve esa adhesión".
Para el bloque peronista, el RIGI no contempla las particularidades de la comuna y su implementación cedería facultades locales sin un beneficio real.
Mientras la oposición insiste en que la adhesión es una puerta de entrada al desarrollo, el pulso político mantiene congelada una iniciativa que prometía inversión en el agro y en otros sectores, lo que acarrearía creación de puestos de trabajo.
La falta de consenso dejó por ahora a Caucete fuera de un proyecto de desarrollo muy importante que generaría genuinos puestos de trabajo. Una pena.
Días atrás, en el camping El Paraíso, situado en Pocito, el exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, reunió a una parte importante de dirigentes y militantes del PJ local. Hubo locro, debate y un discurso encendido del controvertido senador que hoy aspira a ser presidente de Argentina. Una evidente amnesia impidió a los comensales recordar aquel estrepitoso fracaso del 2023, cuando el peronismo perdió en San Juan y Rubén Uñac quedó tercero cómodo.
Atrás quedó el fracaso de 2023, cuando el peronismo no pudo retener la provincia y ni sumando los votos de Gioja y Uñac mediante la tramposa Ley de Lemas lograron ganarle a Marcelo Orrego.
El PJ vernárculo parece estar en un momento de poca reacción: sin recambio generacional, sin la rebeldía propia de una juventud que aparentemente no tiene, y sin animarse a pedirle un paso al costado al Mariscal de la Derrota del 2023.
Acudieron al mitin político: 11 de los 13 intendentes del PJ y 13 de los 14 diputados provinciales. Hubo también varios presidentes de las juntas departamentales.
Mitin político donde todos los legisladores nacionales de San Juan dijeron: "Presente". pic.twitter.com/pgEJGuA5q8
Además, hubo asistencia perfecta de los cuatro legisladores nacionales: la Senadora Celeste Giménez y los diputados nacionales Coki Chica y Cristian Andino.
No acudió al convite el intendente más importante que hoy tiene el PJ: Carlos Munisaga. Tampoco fue un notable dirigente que hoy ostenta los votos en Chimbas: Fabián Gramajo.
Sí participaron del mitin los intendentes: Aballay, de Pocito; Abarca, de Albardón; Banega de 9 de Julio; Rodríguez, de Chimbas; Espejo, de Jáchal; Carbajal, de Calingasta; Domínguez, de Ullum; Rosas, de Caucete; Becerra, de San Martín; Jalife, de 25 de Mayo, y Castro, de Angaco.
En sus redes, Sergio Uñac lució el trofeo de una convocatoria que aparenta apoyo incondicional, pero que no convence a un electorado que ya fue defraudado hace dos años.
"Junto a intendentes, concejales, legisladores provinciales y nacionales, representantes de nuestra juventud y referentes de los 19 departamentos de San Juan, compartimos más que un locro", escribió Uñac en sus redes sociales.
"Nos reunimos para poner en común los desafíos del presente y la necesidad de construir una alternativa", explicó el senador.
Y señaló convencido que en el PJ necesitan "estar más unidos y organizados que nunca, para recuperar San Juan y proyectarlo al país".
Sin embargo la lectura que puede hacerse desde afuera quizá difiera mucho de la realidad que presenta Uñac ante un público cada vez más atomizado y disperso, y ante un peronismo vernáculo que aún sufre las consecuencias de una diáspora extraordinaria.
El peronismo de San Juan atraviesa una de sus etapas más críticas desde el retorno de la democracia a la fecha.
Bajo la conducción de Sergio Uñac, exgobernador y figura central en la política provincial durante la última década, el movimiento justicialista parece encaminarse hacia un nuevo revés electoral.
La derrota sufrida en las elecciones provinciales de 2023 marcó un punto de inflexión que aún resuena en los pasillos la sede del PJ local de calle 25 de Mayo casi Alem.
Persiste en el peronismo una sensación extraña, que tiene que ver con la posibilidad de que se profundice la diáspora.
Muchos dirigentes jóvenes rechazan las viejas prácticas y los liderazgos cuestionados. No es nada personal: ni contra Gioja, ni contra Uñac, pero las nuevas generaciones buscan protagonismo, aunque en el PJ local nadie quiere hacerse a un lado.
Sergio Uñac, quien fuera gobernador de San Juan y responsable directo, tanto de la derrota electoral del peronismo en 2023 como del diseño de una polémica nueva lista partidaria, busca retomar el control político provincial rumbo a las elecciones del 2027.
Su estrategia, que se apoya en métodos ya obsoletos, busca controlar la renta pública vinculada al auge minero local.
Esta ambición desmedida y casi ilógica, podría precipitar una nueva debacle para el PJ vernáculo.
Las tensiones internas y el distanciamiento entre dirigentes y ciudadanía amenazan con dejar al peronismo fuera del poder durante otro ciclo político.
Que 8 años no es nada, que febril la mirada
Sergio Uñac fue gobernador de San Juan durante 8 años. Su gestión dejó una deuda millonaria en la provincia y un desequilibrio financiero profundo, que al siguiente gobierno le costó equilibrar.
La gestión de Uñac al frente del Ejecutivo provincial se caracterizó por un marcado personalismo y una tendencia a tomar decisiones neurálgicas dentro de un círculo reducido.
Tras 8 años como gobernador, entre el 2015 y 2023, Uñac dejó tras de sí un partido fracturado y una base social desmovilizada.
El resultado fue contundente: por primera vez en décadas, el peronismo local perdió el gobierno.
A pesar del golpe recibido en las urnas hace dos años, Uñac ha optado por reeditar las mismas estrategias que condujeron al PJ a un desastre electoral sin precedentes.
Su intento por recuperar protagonismo se apoya en alianzas con exintendentes e intendentes dependientes, a quienes algunos en el partido desacreditan con gruesos epítetos irreproducibles en esta nota.
Esta táctica persigue dos objetivos fundamentales: desgastar a eventuales competidores internos mediante maniobras palaciegas y consolidar una estructura verticalista que le permita controlar tanto los resortes políticos como los económicos asociados al futuro minero de San Juan.
En este sentido, resulta evidente que más allá del discurso público sobre unidad o renovación, lo que está en juego es el acceso privilegiado a la renta pública derivada del desarrollo minero, sector estratégico para San Juan en los próximos años.
La puja por el control político no puede desligarse del interés por gestionar, y, eventualmente repartir los beneficios derivados de la explotación minera.
En este sentido, la insistencia en métodos personalistas y acuerdos cupulares amenaza con profundizar el divorcio entre la dirigencia peronista y la ciudadanía.
La percepción generalizada es que en el Partido Justicialista de San Juan las decisiones se toman "de espaldas al pueblo peronista", tal como dijo un viejo afiliado hace días en una reunión de junta departamental, cuyo nombre será mejor mantener en reserva.
En esa misma reunión, se escuchó una frase que podría definirse como lacerante: "Al que chocó el colectivo, se le debe sacar el carnet de conductor, caso contrario, el siniestro puede volver a suceder".
La interna prevista para definir candidaturas promete ser tensa y furibunda. Si Uñac insiste en imponer su voluntad mediante alianzas circunstanciales o manipulaciones orgánicas, es probable que se desate una contienda explosiva y destructiva para el PJ, y las consecuencias serían impredecibles.
El peronismo de San Juan se encuentra en una encrucijada histórica. De la mano de Uñac, y repitiendo fórmulas ya anacrónicas, se encamina peligrosamente hacia una nueva derrota electoral que podría dejarolo al margen del escenario político provincial.
Epilogo con música de fondo
Uñac nos recuerda al tango Volver, inmortalizado por el Zorzal Criollo, Carlitos Gardel. Porque pretende "Volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon" su sien.
Y aunque no lo admita, el pocitano quizá empieza a sentir "que es un soplo la vida, que veinte años no es nada", y está a poco de comprender que "errante en las sombras", se busca y se nombra.
Lo difícil va a ser encontrarse. Porque sus 8 años de gloria ya pasaron y el peronismo perdona todo, menos la derrota.
Tal como informó el periodista Iván Palacio, en diario El Canillita, la Municipalidad de Caucete presentó una polémica solicitud en el marco del presupuesto 2026. La medida modifica varios puntos del área de recaudación de impuestos.
Una de las normas presentadas autoriza al municipio el cobro de un 10% del valor de las rifas y bingos que se realicen en el departamento, un monto que deberán abonar los organizadores para poder llevar adelante este tipo de juegos de azar.
La iniciativa generó un fuerte rechazo en distintos sectores, especialmente porque muchos de estos bingos se realizan con fines solidarios.
Algunas agrupaciones sociales y comunitarias expresaron su descontento con la decisión impulsada por la Intendenta peronista Romina Rosas, al considerar que la medida "afecta directamente a las actividades que se realizan para ayudar a los más necesitados", según informó el periodista Iván Palacio.
Según lo dispuesto, solo podrán organizar bingos aquellas instituciones, fundaciones u organizaciones que cuenten con un marco legal vigente. En caso de no cumplir con ese requisito, no podrán realizar juegos de azar sin antes abonar el porcentaje establecido al municipio.
La norma busca regular una actividad que hasta ahora se desarrollaba con escasa intervención estatal.
El proyecto de ordenanza que impulsó el Ejecutivo municipal fue presentado ante el Concejo Deliberante, y detalla los alcances de la contribución.
El artículo 88 autoriza al cuerpo legislativo a eximir del pago de derechos a las instituciones mencionadas en el artículo 93, hasta un valor de 19 U.T.
El artículo 89 establece que "toda rifa o sorteo deberá pagar una contribución del 10% previa autorización municipal".
Además, el artículo 90 exige que los sorteos no oficiales se realicen en el municipio con intervención de un escribano público o un juez de paz, labrándose el acta correspondiente.
Por último, el artículo 91 obliga a los organizadores de rifas de otras jurisdicciones que vendan números en Caucete a notificar al Municipio y publicar los números premiados.
De ser aprobada la medida, quedará al descubierto una compleja situación de gestión que atraviesa Caucete.
La necesidad de recaudación se vuelve cada vez más evidente, en un contexto donde las denuncias y juicios por parte de proveedores del municipio siguen sumando presión financiera a la gestión de Romina Rosas.
Hasta el momento, la intendenta no se ha pronunciado públicamente sobre las críticas espetadas por las agrupaciones solidarias.
El tratamiento del presupuesto 2026 en el Concejo Deliberante será el escenario clave donde se definirá si la medida se aprueba en su forma original o sufre modificaciones.
Mientras tanto, organizaciones benéficas y clubes barriales, que son los que más frecuentemente organizan rifas y bingos para financiarse, temen por la continuidad de sus actividades.
Un grupo importante de empleados municipales de Caucete rompió con las cúpulas gremiales y exigió respuestas salariales directas a la Intendenta peronista Romina Rosas, en medio de un clima de incertidumbre y reclamos.
La información fue dada en primicia por el periodista Iván Palacio, de diario El Canillita, donde se consignó que "un importante colectivo de trabajadores municipales autoconvocados" manifestó "malestar contra los sindicatos que los representan y contra la Intendenta Romina Rosas", a quien acusan de mantener una "convivencia muy activa" que, según denuncian, deja de lado la verdadera representación de los empleados.
El grupo busca que sus reclamos salariales sean escuchados directamente, separándose de las cúpulas gremiales del Municipio de Caucete.
Desde diciembre de 2025, el personal municipal se encuentra sumido en una profunda incertidumbre debido a promesas de pago que no tienen fecha cierta.
Además, esperan la realización de asambleas patronales avaladas por los representantes de los sindicatos SUOEM y UPCN dentro de la comuna, algo que aun no sucedió.
Fuentes del grupo Autoconvocado cauceteros señalaron a El Canillita que es evidente la injerencia de operadores políticos que buscan desarticular los reclamos legítimos de los trabajadores.
Según expresaron los empleados municipales, por ahora no se concretaron negociaciones paritarias serias.
"Nos enfrentamos a una gestión autoritaria donde la titular del Ejecutivo impone unilateralmente modalidades de pago según su conveniencia, utilizando los anuncios salariales como una plataforma de ataque político", denunciaron los Autoconvocados.
Los trabajadores advirtieron sobre el uso sistemático de los empleados como "rehenes" en las disputas políticas con el Concejo Deliberante.
Señalaron que son obligados a asistir a las interpelaciones bajo presión, y calificaron como inadmisible que la imposibilidad de pago se excuse en la labor legislativa de la oposición para evadir responsabilidades administrativas.
Finalmente, la planta municipal, agotada por lo que consideran un "manoseo y vulneración de derechos", exige el cese inmediato de estas prácticas y el pago de sus haberes en tiempo y forma, tal como lo establece la ley vigente.
El reclamo crece mientras se profundiza la grieta entre los autoconvocados, los gremios tradicionales y el Ejecutivo municipal.
El Concejal Emanuel Castro, del bloque que responde al oficialismo provincial, salió al cruce de los dichos de la Intendenta peronista de Caucete, Romina Rosas, quien anunció que suspende la Fiesta de la Uva y el Vino 2026, culpando a los concejales que no le habían aprobado el Presupuesto 2026.
El Concejal Castro se respaldó en la Carta Orgánica Municipal, y le contestó a la intendenta, explicándole que la fiesta "sí podía realizarse, aun sin presupuesto aprobado".
Sostuvo que la decisión fue política y no administrativa, argumentando que "es falso que sin presupuesto no se pueda hacer la fiesta".
Explicó que "la Carta Orgánica es clara: cuando no hay presupuesto aprobado, rige el anterior por reconducción automática".
Además, Castro fundamentó su postura en el artículo 86 de la Carta Orgánica Municipal de Caucete, que establece que, ante la falta de sanción del presupuesto al inicio del año, se reconducen automáticamente las partidas ordinarias vigentes, habilitando al departamento Ejecutivo a continuar con gastos ya contemplados.
"La Fiesta de la Uva y el Vino estaba incluida en el presupuesto anterior, por lo tanto, estaba plenamente habilitada", señaló el concejal del sector de Orrego.
Es preciso recordar que en declaraciones a radios locales, la peronista Romina Rosas culpó a los ediles, y aseguró que "lamentablemente no hay presupuesto aprobado y esto es consecuencia y pura responsabilidad que tienen que asumir los concejales".
Sus palabras elevaron la temperatura del conflicto político que atraviesa el departamento desde diciembre, marcando una clara línea de tensión entre el Ejecutivo municipal y el cuerpo deliberativo.
Respuesta contundente de los concejales
Desde la oposición en el Concejo se cuestionó la versión oficial. Los concejales Franco Buffagni, Ramiro Fernández, Pedro Gómez y Emanuel Castro sostuvieron que los argumentos de la Intendenta Rosas buscan ocultar las falencias económicas de su gestión.
Señalaron que la intendenta aún no ha rendido cuentas del presupuesto recaudado en la Fiesta de la Uva y el Vino 2025, información solicitada en reiteradas oportunidades a lo largo del año pasado por los concejales del bloque que responde a Marcelo Orrego.
Castro fue taxativo a la hora de responder, y marcó que culpar al Concejo es una excusa, afirmando que "no hay impedimento legal ni financiero", al tiempo que añadió que "la intendenta tenía las herramientas para hacer la fiesta y decidió no hacerlo".
Explicó además que la suspensión deja sin celebración a los cauceteros y afecta a artistas, emprendedores y trabajadores vinculados al evento.
La controversia profundizó el conflicto político entre el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante, y reavivó el debate sobre si la suspensión de la principal fiesta popular del departamento fue una necesidad real o una decisión tomada en el marco de una disputa institucional.
En apariencias, todo indicaría que la Intendenta Rosas dejó como rehenes del debate político a los vecinos de Caucete.
Tras celebrarse una sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de Caucete eligió y aprobó por mayoría la conformación de sus nuevas autoridades, dando inicio a un nuevo escenario político e institucional dentro del cuerpo legislativo municipal.
Las nuevas autoridades del Concejo Deliberante de Caucete representan una democratización y un paso institucional importante para un departamento que viene mostrando poca transparencia en lo político y en lo administrativo.
En diálogo con El Canillita Digital, Buffagni destacó la importancia del diálogo y el respeto como pilares de su gestión
"El respeto y el diálogo serán nuevamente las bases en el Concejo Deliberante", aseveró, al tiempo que agregó que "es un honor poder ser presidente, y trataré siempre de buscar el consenso y respetar la Carta Orgánica y el reglamento".
La designación del presidente del Concejo se encuentra plenamente ajustada a la Carta Orgánica Municipal, que establece que esa función debe recaer en un concejal perteneciente al mismo partido político que la intendenta en funciones.
Listas del peronismo en las elecciones del 2023
Es preciso recordar que Franco Buffagni, el flamante presidente del Concejo, cumple con el requisito legal y político, ya que integró la lista que encabezó Sonia Recabarren como candidata a intendenta durante las elecciones de 2023, compitiendo bajo el lema y sublema Vamos San Juan, del peronismo, dentro de la interna del PJ de Caucete, en el marco de la Ley de Lemas.
Tanto la lista que llevó a Sonia Recabarren como candidata a intendenta y la lista de Romina Rosas, que resultó ganadora, compartían el mismo candidato a diputado departamental y el mismo candidato a gobernador, lo que confirma de manera inequívoca que se trata del mismo espacio político.
El planteo deja en claro cualquier tipo de controversia respecto a la legitimidad de la designación del nuevo presidente del Concejo Deliberante.
Nueva etapa más democrática
Esta nueva conformación de autoridades marca el inicio de una etapa distinta dentro del Concejo Deliberante, que últimamente ha sido noticia por los escándalos provocados en las diferentes sesiones.
Esta vez se democratizó el cuerpo deliberativo y se buscó recuperar el funcionamiento institucional, el respeto por la normativa vigente y el equilibrio entre los poderes del Estado municipal.
El desafío que se abre a partir de ahora será reordenar el trabajo legislativo, garantizar el debate democrático y fortalecer el rol del Concejo Deliberante de Caucete como órgano de control y representación de los vecinos y vecinas, en un contexto político que exige responsabilidad, transparencia y diálogo.
La Municipalidad de Caucete volvió a ser noticia, ya que los vecinos conocieron un nuevo proyecto de Ordenanza Tributaria 2026, el cual fue remitido por el Ejecutivo Municipal al Concejo Deliberante. En la norma se propone aplicar un aumento exorbitado de hasta el 1.400% en las tasas municipales 2026 que deberán pagar los vecinos.
La deuda ya tuvo diferentes instancias y hasta ahora, según el Ente Provincial Regulador de la Electricidad, que auditó la situación, el importe asciende a la friolera de $550.162.640.
Esta vez, la falta de tacto frente a la difícil situación que atraviesa la economía hogareña de los argentinos, la Intendenta peronista, Romina Rosas, envió al Concejo Deliberante de Caucete una ordenanza que propone fijar el valor de la Unidad Tributaria Municipal en $42,80, base sobre la cual se calculan la mayoría de las tasas y contribuciones.
La decisión implica una suba sin antecedentes que deposita una alta carga impositiva sobre las espaldas de los vecinos.
De aprobarse, el ajuste impositivo impactará directamente sobre hogares, comerciantes y productores de Caucete.
La Justicia de San Juan revocó la suspensión de los concejales de Producción y Trabajo, Emanuel Castro y Ramiro Fernández, ambos opositores a la Intendenta peronista Romina Rosas. Sigue la investigación de la denuncia.
La causa se tramita en el Octavo Juzgado Civil de San Juan, a cargo del Juez Walter Ramón Otiñano, donde se resolvió la inmediata restitución de los concejales opositores a Romina Rosas.
Los dos concejales afectados son Emanuel Castro y Ramiro Fernández, del Bloque Cambia San Juan, quienes habían sido suspendidos en sus cargos desde el pasado 27 de noviembre.
La decisión de la Justicia fue adoptada luego del amparo presentado por ambos ediles, y ahora podrán seguir en sus bancas municipales mientras se sustancie la investigación.
Los dos ediles habían sido suspendidos tras una moción del Bloque del PJ del Concejo Deliberante de Caucete, luego de una denuncia penal presentada por Cristina García, secretaria del Bloque Cambia San Juan.
La mujer acusó a los concejales de exigirle parte de su sueldo a cambio de conservar su puesto.
Según la denunciante, desde diciembre de 2023 Cristina García habría entregado el 50% de su salario mediante transferencias bancarias y operaciones digitales, y denunció que uno de los ediles ejerció presiones en su domicilio.
La causa se está investigando en la UFI Delitos Especiales del Poder Judicial.
José Luis Giménez, presidente del Concejo Deliberante de Caucete y hombre de confianza de la Intendenta Romina Rosas, fue denunciado por concejales del distrito ante la Justicia. También fueron denunciadas las abogadas del funcionario.
Según consta en la información difundida, los concejales Franco Buffagni, Ramiro Fernández Farrán y Pedro Gómez denunciaron haber sido víctimas de hostigamiento, gritos y maltratos durante una reunión interna desarrollada el martes 11 de noviembre entre las 10 y las 12 horas, en el Concejo Deliberante de Caucete.
La denuncia sacudió a toda la comunidad caucetera y puso en el ojo de la tormenta al controvertido Presidente del Concejo, José Luis Giménez, junto a sus abogadas personales, Miriam Abrego y Alejandra Quiroga.
Según los denunciantes, durante el encuentro se registraron "irregularidades éticas y funcionales", al tiempo que señalaron al Concejal Giménez y a las doctoras Abrego y Quiroga por actitudes intimidantes hacia ellos, aunque no brindaron más detalles.
"La situación fue insostenible", relató un empleado del Concejo Deliberante, quien agregó que se empezaron "a escuchar los gritos mientras estaban en comisión, Giménez y las abogadas les levantaron la voz a los concejales, incluso Giménez se metió en la reunión, estaba sacado, creíamos que les iba a pegar a los otros concejales".
Según informó uno de los involucrados, la denuncia fue radicada en sede policial y se tramitará en el Juzgado de Paz de Caucete, a cargo de la Jueza Luciana Salva.
El 4 de julio de 2025, la Intendenta de Caucete, Romina Rosas, firmó un acta acuerdo con DECSA, la distribuidora de energía, donde se comprometía a pagar la deuda que el departamento mantiene con la empresa distribuidora de energía. Ahora se desdice y no quiere pagar.
La millonaria deuda que la Municipalidad de Caucete mantiene con DECSA tuvo diferentes instancias y hasta ahora, según el Ente Provincial Regulador de la Electricidad, que auditó la situación, es de $550.162.640.
Romina Rosas no cumplió con acta acuerdo que firmó para pagar la deuda que Caucete mantiene con DECSA pic.twitter.com/ZdxtLQMVjv
Hace poco, la intendenta peronista, ahora también candidata a diputada nacional por Fuerza San Juan, no cumplió con lo que firmó en un acta acuerdo y sigue sin pagar la deuda por alumbrado público que generó en Caucete.
Desde el EPRE emitieron un comunicado aclarando la situación que envuelve al municipio, y establecieron que la deuda debía pagarse a la empresa Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A.
EPRE informó que, desde junio de 2025, mediante una resolución, establecieron que la deuda es de $550.162.640 y comprende consumos hasta enero de 2025.
En el comunicado explicaron que la suma "debe actualizarse con intereses hasta el momento del efectivo pago".
Además, explicaron que "el monto de deuda es el resultado de una exhaustiva auditoría técnica y comercial, solicitada por el propio municipio en 2024".
Destacaron también que, durante ese proceso, se realizaron análisis de los informes de ambas partes y al constatar "inconsistencias" aplicaron el principio "in dubio pro usuario" favoreciendo a la Municipalidad de Caucete.
Al mes siguiente de la auditoría, en julio, ambas partes firmaron un acuerdo para cumplir con la resolución del EPRE, y establecieron que cualquier "diferencia sería sometida a la consulta" de ese organismo.
Tras no concretarse el pago de la deuda entre el Municipio de Caucete y DECSA, se conoció la noticia de que la Intendenta Romina Rosas interpuso una acción judicial para la nulidad de la resolución.
Finalmente, el comunicado de EPRE advirtió que "la deuda prolongada" presenta riesgos para la "previsibilidad del Sistema Eléctrico Provincial, debiendo asegurarse la sostenibilidad económica del servicio para todas las personas usuarias".
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