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Gobierno anunció que los intendentes no podrán sumar tasas municipales en boletas de servicios públicos

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El Ministro de Economía, Luis Caputo, lo expresó a través de un mensaje en las redes sociales. Anticipó que se publicará este miércoles en el Boletín Oficial.

El Ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que los municipios ya no podrán incluir
impuestos y tasas en las facturas de servicios que envían a los usuarios.

"Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales tales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía dispuso, a través de la Resolución 2024-267 que saldrá mañana en el Boletín Oficial, que las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio", aseguró Caputo en un mensaje en su cuenta de X.

Desde agosto, comenzaron los reclamos de diversas cámaras empresariales por los aumentos de las tasas municipales, que vienen incluidas en las boletas de los servicios públicos.

El Vicepresidente de Cadam, la cámara que reúne a los comercios maristas, Armando Farina, advirtió que en el último tiempo Lanús subió la tasa de seguridad e higiene del 2,36% al 6%, al igual que Quilmes, mientras que otras localidades lo están evaluando.

"Malvinas Argentinas cobra un 1,2%, cuando era el 0,6%, y encima lo hizo retroactivo a enero pasado. Pero no se trata solo de la suba, sino que esto lo pagan el mayorista y el minorista e impacta en los precios", explicó Farina.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, advirtieron que "la Nación va haciendo una reducción de impuestos, pero, a nivel local, lamentablemente, se van fortaleciendo las tasas municipales y a los vecinos se les va encareciendo la producción y haciendo más gravoso mantener las empresas".

Octubre llegará con subas: todos los aumentos confirmados y qué servicios quedaron congelados

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Ante el proceso electoral, el gobierno frenó incrementos en los servicios regulados pero se mantienen incrementos en prepagas, telefonía, alimentos, y alquileres.

El inicio de octubre tendrá un temporal alivio en materia de aumentos dado que el Gobierno nacional decidió congelar las tarifas de los servicios públicos y de las naftas, pero el restante universo de bienes y prestaciones privadas mantendrá su esquema de actualización con los alquileres como principal componente.

Alquileres

Si bien el Senado Nacional aprobó la reforma a la ley de alquileres actual, la norma debe pasar nuevamente por diputados y por lo tanto aún rige la actualización por el Indice de Contratos de Locación.

Este indicador muestra que para el 1 de octubre la suba de alquileres será de un 115% respecto del valor que se pagó en septiembre.

Prepagas     

El aumento de la medicina prepaga para quienes no están alcanzados por el congelamiento acordado será de 6,97%.

Para que la cuota no modifique su valor, los interesados deberán llenar una declaración jurada online, declarando no tener ingresos iguales o mayores a $2.000.000, ser propietario de dos inmuebles o más ni de tres vehículos.

Cable, telefonía e internet

Los servicios de televisión por cable, telefonía e internet tendrán un ajuste de 4,5% con relación al mes anterior, porcentaje que se repetirá en noviembre y diciembre.

Naftas

Dado el acuerdo alcanzado con las petroleras el precio de las naftas se mantendría sin cambios durante octubre, aunque la duda es qué sucederá luego de las elecciones

Tarifas de transporte

Si bien existe un compromiso con el FMI de recortar subsidios, al menos durante este mes no habrá subas en el servicio de transporte.

Tarifas de servicios públicos

Si bien el programa renovado con el FMI contemplaba nuevos aumentos, especialmente sobre los sectores que había perdido el subsidio, durante octubre no hay previstos actualizaciones.

El Presidente Fernández remitirá un proyecto para "desdolarizar" las tarifas de los servicios públicos

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"La pesadilla de tener que decidir entre alimentarse y pagar servicios ha llegado a su fin", graficó Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa.

El Presidente, Alberto Fernández, anunció este lunes que enviará al Congreso un Proyecto de Ley para declarar la emergencia en los servicios públicos y regulados, que permita avanzar en la tarea de "desdolarizar" las tarifas y "adecuarlas a una economía que tiene sus ingresos en pesos".

"Las tarifas deben ser justas, razonables y asequibles, permitir la sustentabilidad productiva y la justicia distributiva", remarcó Fernández en la Apertura de las Sesiones Ordinarias del Parlamento, en la que prometió ponerle fin "al martirio" de tener que elegir "entre comer o pagar la luz y el gas".

Tras asegurar que "la pesadilla de tener que decidir entre alimentarse o pagar los servicios públicos, la incertidumbre permanente de no saber cuánto iba a venir de luz y gas ha llegado a su fin", el Presidente destacó la importancia de "marcar un sendero en el precio de las tarifas para el próximo año".

Mientras se resuelven los nuevos cuadros tarifarios del gas y la electricidad que "va a demandar meses" hasta alcanzar un "revisión integral"; el Poder Ejecutivo enviará al Congreso nacional "un Proyecto de Ley que declare la emergencia de servicios públicos y regulados con el objetivo de desdolarizarlos y adecuarlos a una economía en la que los ingresos son en pesos".

El mandatario enfatizó que el Gobierno quiere "que los costos fijos que representan esas tarifas en millones de familias argentinas repercutan cada vez menos en el poder adquisitivo de cada una de ellas".

De esa manera, confió en que las medidas a implementar lograrán "que los servicios no se vuelvan un problema para argentinos y argentinas, y que se preserve la sustentabilidad macroeconómica delineada en el Presupuesto nacional" 2021 aprobado por el Congreso.

Fernández recordó que entre 2016 y 2019 "el aumento de las tarifas de luz y de gas se convirtieron en un verdadero martirio para los argentinos".

"Las empresas productoras, transportadoras y distribuidoras obtuvieron cuantiosas ganancias que en muchos casos acabaron en el bolsillo de los accionistas sin que el Estado les exigiera un plan de inversiones para sostener la calidad de los servicios", agregó .

El Presidente aseguró que si se siguiera con el sistema de Revisión Integral del anterior Gobierno, "el gas debería haber aumentado un 80% en octubre de 2019 y debería aumentar un 130% en abril de este año; La electricidad, por su parte, debería aumentar un 168% en el próximo mes de abril".

El 15 de marzo se realizará la Audiencia Pública convocada por la Secretaría de Energía para la definir los precios del gas natural y el nivel de subsidios que aportará el Estado nacional.

Por otro lado, el 16 de marzo a instancias del Ente Nacional Regulador del Gas se debatirá bajo el mismo proceso una tarifa de transición en los servicios de transporte y distribución.

En general el presidente recordó este lunes que "las tarifas deben corresponderse con las necesidades y capacidades de la gente" y remarcó que su objetivo final es "poder lograr tarifas diferenciales según la capacidad patrimonial de quien recibe el servicio".

Fernández también anticipó el envío de un proyecto de ley que abordará en forma integral la industria hidrocarburífera, a fin de promover la actividad "desde su extracción hasta su industrialización, y que genere las condiciones para el desarrollo de los recursos energéticos que tiene el país en beneficio de los argentinos y las argentinas".

El Presidente resaltó que el país puede convertirse en "un exportador de energía a nivel regional y mundial" ya que los países vecinos "son demandantes de energía que los argentinos pueden abastecer en forma competitiva".

"Tenemos los recursos", afirmó Fernández al mencionar la formación no convencional de Vaca Muerta identificada como "la segunda reserva de gas del mundo", y a la empresa YPF que "lidera el desarrollo de la producción hidrocarburífera en el país y hoy sus proyectos son competitivos a nivel mundial".

"De esta manera, vamos a agregar más valor en la cadena y favorecer un mejor balance de divisas", agregó Fernández, quien en reiteradas ocasiones remarcó la importancia de promover las exportaciones de productos con valor agregado.

Calculan que las tarifas de servicios públicos deberían aumentar un 40% en 2021

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La consultora económica advirtió en su último informe que luego del congelamiento de 2019 y 2020, las tarifas deberían subir alrededor de 40% el año que viene para que "los subsidios económicos no sigan aumentando como porcentaje del PBI".

La consultora Ecolatina se planteó analizar los últimos años de evolución de las tarifas de servicios y plantear que podría suceder el próximo año. La conclusión de su último informe es que luego del congelamiento de 2019 y 2020, las tarifas deberían subir alrededor de 40% el año que viene para que "los subsidios económicos no sigan aumentando como porcentaje del PBI".

Para hacer la línea de tiempo, la consultora analizó las últimas decisiones políticas. "Cambiemos suspendió los aumentos previstos para el segundo semestre de 2019, esperando que esto no afectara negativamente su performance electoral. En la misma línea, el Frente de Todos extendió el congelamiento seis meses más a comienzos de su gestión, en pos de controlar la inflación durante el primer semestre de 2020. Luego, la irrupción de la pandemia/cuarentena estiró el congelamiento al resto del año y, recientemente, se agregaron tres meses más, al menos hasta marzo de 2021".

Ecolatina, explica las consecuencias de estas decisiones, ya que advierte que en los primeros meses de 2021, "la recuperación del salario real será esquiva y la inflación no cederá". Además, la posible llegada de una segunda ola de contagios de Covid-19 antes de la vacunación a gran escala, "pondría en riesgo la incipiente mejora de la actividad", analizan.

De este modo, explica la consultora, "los precios siguieron trepando a un ritmo elevado, en torno al 3% promedio mensual, acumulando una suba del 80%. En cambio, las tarifas de servicios públicos (luz, gas, agua y transporte) avanzaron al ritmo de 0,5% mensual, acumulando un incremento cercano al 10%".

Luego del congelamiento de 2019 y 2020, concluye el informe, las tarifas deberían subir alrededor de 40% el año que viene para que los subsidios económicos no sigan aumentando como porcentaje del PBI. "Se viene un año electoral complejo, donde las tensiones sociales e inflacionarias acumuladas a lo largo de este año tan pandémico como atípico podrían pasar factura. ¿Facturas que se trasladarán a la luz, el gas y el agua?" finaliza el informe.

Enacom desmiente aumentos del 20% en internet, cable y telefonía

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Por decreto, los servicios de tecnologías y comunicaciones estarán congelados hasta el 31 de diciembre. Luego habrá planes sociales y medidas para garantizar el servicio en sectores vulnerados.

El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Gustavo López, aseguró que que "no se autorizó hasta el momento ningún aumento" para los servicios de internet, televisión por cable, telefonía móvil o fija, tal como comenzaron a comunicar algunas empresas a sus clientes.

A su vez, adelantó que esta semana el organismo dará a conocer los planes que se dispondrán para la prestación básica y obligatoria que permitirá ofrecer el servicio a los sectores más vulnerables, con vigencia a partir del primero de enero.

"No se autorizó hasta el momento ningún aumento tal como anuncian las empresas de internet, telefonía y televisión respecto de un supuesto incremento del 20% para enero", informó López.

De esta manera, el funcionario desestimó los anuncios que varias empresas de servicios hicieron llegar a sus usuarios en las últimas semanas, anticipando incrementos a partir del 1 de enero.

En esta línea, el funcionario recordó que la medida se enmarca en lo dispuesto partir del Decreto de Necesidad y Urgencia 690 que firmó el presidente Alberto Fernández y convalidó el Congreso que estableció los servicios como públicos y esenciales.

En ese sentido, López resaltó que "ya no son las empresas que fijan el precio sin intervención del Estado sino que son las que proponen y es el Ente el que autoriza o no el aumento y cuánto".

Además, adelantó que esta semana se va a anunciar desde el Enacom la política que se estableció en aquel Decreto "sobre la prestación básica y obligatoria, es decir la tarifa social de internet, televisión, telefonía celular y fija para los millones de argentinos afectados por la política económica de Mauricio Macri y que la pandemia recrudeció".

Para esos sectores, confirmó, "va a haber una tarifa especial para que no queden desconectados, ya que se declaró servicio público porque para poder estudiar. enseñar, acceder a la cultural, el trabajo e incluso a los planes sociales hoy se necesita conectividad".

"Estamos ante un derecho humano básico y por lo tanto considerado servicio publico sujeto a regulación estatal", resaltó López al ratificar que junto al anuncio de qué aumento habrá para los distintos servicios se van a comunicar los planes sociales para regir a partir del 1 de enero".

Los planes de este servicio básico universal se presume estará dirigido especialmente a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, el Ingreso familiar de Emergencia y los jubilados y pensionados que cobran la mínima.

La intención de la tarifa social es sostener con un servicio básico universal la conectividad de los millones de personas que este año perdieron la capacidad de pagar servicios por la inactividad en la pandemia o por la disminución en sus ingresos.

Los precios de los servicios de tecnologías y comunicaciones permanecen congelados hasta el 31 de diciembre en base a los valores implementados en julio a partir del Decreto 690, que en su momento obligó a las empresas a retrotraer incrementos ya facturados.

Con motivo de la pandemia, el Gobierno impulsó el congelamiento de distintos servicios como los de transporte, gas, electricidad y agua, en procura de aliviar la situación de las familias afectadas por la caída de actividad producto por las restricciones a las que obligó la pandemia de coronavirus.

Otra de las medidas que el Gobierno tomó en la pandemia para el sector de las telecomunicaciones y previo al DNU 690, fue la prohibición del corte de servicios por falta de pago.

A poco de firmar el DNU, el presidente Fernández expresó que el mercado de las telecomunicaciones es uno de los "más concentrados de la economía argentina" y proclamó la intención del Gobierno de "promover competencia ante los pocos operadores" existentes en el mercado.

Hasta fines de la semana pasada el directorio del Ente se centró en la definición de "tarifas sociales" para los servicios de telefonía e internet móvil con las tres empresas que prestan los servicios: Claro Movistar y Personal; mientras que el servicio de internet fijo es prestado por más de 700 empresas entre grandes corporaciones, pymes y cooperativas.

Dato Indec: en julio el uso de servicios públicos cayó un 16%

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Se debe al desplome en la cantidad de pasajeros en el transporte público por la cuarentena.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó este martes que el consumo de servicios públicos registró en julio una caída interanual de 16,6%, debido al fuerte desplome en la cantidad de personas que utilizaron los transportes de pasajeros y la circulación de vehículos por los peajes, a causa de las medidas de aislamiento dispuestas para morigerar el avance del coronavirus.

El organismo de estadísticas públicas precisó que durante el séptimo mes del corriente año se observó una variación negativa de 91,2% y de 10,9% en el transporte de pasajeros y de carga, respectivamente; mientras que el paso de vehículos por los peajes se contrajo 52,6% interanual.

Además, el servicio de correo postal tuvo una baja de 17,7% y el sector de telefonía registró un descenso de 3,5% respecto a igual mes de 2019.

Por último, el Indec detalló que durante el mes de julio la demanda de energía eléctrica, gas y agua registró una baja de 2,9% y la recolección de residuos una contracción de 18%.