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Gobierno disolvió la Secretaría de Vivienda de la Nación

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Milei busca que la política de viviendas la manejen las provincias, los municipios y el sector privado.

En el marco del proceso de reestructuración del Estado, el Gobierno disolvió, a través del Decreto 70/2025, la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda.

Según se indicó, esta decisión "responde a la convicción de que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado nacional en esta materia".

En este sentido, la mayoría de las tareas de la ex Secretaría de Vivienda de la Nación se desarrollaban a través de tres fondos fiduciarios que actualmente se encuentran disueltos y/o en proceso de disolución.

Los mismos habían registrado un mal uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados.

A partir de la disolución de la Secretaría, también se ratifica la decisión de que las provincias y municipios impulsen este tipo de obras, que habían sido desarrolladas de manera irregular por el Estado Nacional.

En primer lugar, mediante el Decreto 1018/2024, el Gobierno había definido la disolución y el inicio del proceso de liquidación del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar.

En este caso, la auditoría de SIGEN había detectado fallas en el Programa como demoras en la entrega de viviendas y falta de condiciones de habitabilidad de unidades entregadas, entre otras.

En segundo lugar, también se había cerrado a través del Decreto 6/2025 el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social.

Este instrumento había sido utilizado con finalidades políticas y clientelistas y había evidenciado irregularidades e incumplimientos.

En la misma línea, el Gobierno Nacional está trabajando en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana.

En la norma publicada en el Boletín Oficial, también se definió el pase de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, a cargo de Sebastián Pareja, y de la Dirección Nacional de Arquitectura, a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.

Además, el proceso de cierre de la Secretaría será llevado a cabo de manera ordenada y progresiva, asegurando la adecuada transición de responsabilidades a través de una Unidad Ejecutora Especial Temporaria.

"El Gobierno nacional está cambiando el modelo de la corrupción de sueños compartidos por el modelo del crédito privado y la libertad", indicó la Casa Rosada.

La UBA rechazó las revisiones de SIGEN: "Sí a las auditorías, no a la intervención del Ejecutivo"

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El País Diario
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La Universidad de Buenos Aires rechazó la postura del Ministerio de Capital Humano, pero expresó su voluntad de "someterse a todos los controles legales".

Se abre un nuevo capítulo en la tensión entre las autoridades universitarias y el Poder Ejecutivo nacional. Luego de que el Ministerio de Capital Humano ratifique la legalidad de las auditorías de Sindicatura General de la Nación, un comunicado de la Universidad de Buenos Aires consideró que se trata de un intento de intervención y llevarán la discusión a la Justicia.

"La UBA es auditada y quiere seguir siéndolo, por eso solicitó formalmente a la Auditoría General de la Nación que la vuelva a incluir en el Plan de Auditoría 2025", inicia el documento de la institución.

La Auditoría General de la Nación no fue conformada aún por falta de acuerdo entre bloques aliados del oficialismo en la Cámara de Diputados, pero aún así el texto apunta a que existen controles del Poder Legislativo y Ejecutivo, además de una Auditoría General de la Universidad y los informes de transparencia en su sitio web oficial.

En ese marco, la universidad manifestó que avanzaron en "una convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre el sistema de control interno de la universidad, a fin de seguir brindando información indudable a la ciudadanía".

"La UBA rinde cuentas de todos sus fondos y es uno de los entes más controlados y auditados del sector público", añadieron.

Auditorías de la SIGEN a universidades

Posteriormente, el comunicado apunta a que "la SIGEN no tiene competencias para auditar a las universidades nacionales" y que la Constitución "sólo le otorga funciones de control interno del Poder Ejecutivo".

"Las Universidades son autónomas y no dependen del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, la SIGEN no tiene competencias para controlarlas, como no tiene tampoco competencias para controlar al Poder Legislativo o al Ministerio Público. Esta no es una opinión de la Universidad: es la letra de la ley", expresa.

Asimismo, enumera que "la SIGEN no aporta transparencia a las Universidades. La SIGEN no publica ninguno de sus informes ni brinda ninguna información a la ciudadanía. La SIGEN no publica ningún tipo de información sobre las actividades de control que tiene que realizar sobre el Poder Ejecutivo, los Ministerios y las Secretarías de la Presidencia.

"En suma, su actividad no agrega nada a la transparencia pública del Estado ni a la información con que cuentan los ciudadanos", agrega.

Finalmente, la institución abordó las acusaciones de falta de transparencia: "Detrás de la falsa discusión sobre la rendición de cuentas hay un verdadero ataque ideológico a la idea misma de la universidad pública libre, gratuita, y masiva".

"Al Poder Ejecutivo no le falta información acerca del uso que hace la universidad de su presupuesto. La UBA le envía, todos los meses, toda la información disponible. Lo que el Ejecutivo quiere controlar es qué se enseña en la universidad, cómo se enseña y a quién se enseña", dice.

"Quiere convertir a la SIGEN en su caballo de Troya para arremeter contra el corazón del sistema universitario, la libertad académica. Quiere poder decidir qué saberes o disciplinas son valiosos y cuáles no, qué docentes pueden enseñar y cuáles no, qué alumnos tienen derecho a asistir a la universidad y cuáles no", continúa el mensaje.

Para finalizar, sostiene que "sin autonomía no hay educación libre, y solo se enseña lo que el Gobierno de turno quiere, cuándo el Gobierno quiere, dónde el Gobierno quiere, y a quiénes el Gobierno quiere".

"Para terminar de despejar cualquier tipo de sospecha respecto a la voluntad de la UBA de someterse a todos los controles legales existentes, además de solicitar una auditoría externa independiente, la universidad ha decidido llevar la controversia respecto a quién debe ejercer el control interno sobre las casas de altos estudios ante el Poder Judicial", prometen en el texto.

Gobierno reactivó el equipo de la SIGEN que audita universidades

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Incorporará cuadros técnicos, aunque de manera temporaria para no aumentar la planta del Estado. "Hay que reforzar el equipo para poder avanzar", expresó un miembro de la Casa Rosada.

El Gobierno quiere reforzar el equipo técnico de la Sindicatura General de la Nación para auditar a las universidades nacionales.

El Ejecutivo busca sumar cuadros técnicos para que trabajen en línea con el organismo que lidera Miguel Blanco.

Según pudo saber Todo Noticias, se trata de equipos que no pasarán a ser trabajadores de planta permanente porque el organismo tiene limitaciones presupuestarias para incorporar personal.

Dijeron que evaluarán recién la semana que viene los programas de trabajo junto al cronograma de universidades a auditar.

La Casa Rosada quiere además que funcionarios de Educación, como el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se involucren en la revisión de cuentas.

"Hay que reforzar el equipo para poder avanzar sobre la auditoría. Falta gente", expresó un funcionario.

La SIGEN ya reactivó la estructura interna que se encarga de auditar a las universidades, que fue desarticulado en 2022 con el dictamen del exprocurador General del Tesoro, Carlos Zannini.

Este dispuso que el organismo no tenía funciones "aplicables a las universidades nacionales".

Se trata de la Sindicatura Jurisdiccional de Educación y Universidades Nacionales, que tiene a cargo la auditoría de la secretaría de Educación, la comisión nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la fundación Miguel Lillo y las universidades.

Funcionó hasta 2022 con siete personas y reporta a la subgerencia de control de Empresas, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Educación y Universidades Nacionales.

Tras la derogación del dictamen de Zannini, la mesa chica de Balcarce 50 quiere comenzar las auditorías y pone la mira sobre la Universidad de Buenos Aires.

"No importa que la UBA no haya firmado un convenio previo, el dictamen de Barra debería habilitar a la SIGEN a comenzar un proceso de auditoría", manifestó un colaborador de Nación.

El Gobierno comenzará también a auditar las 26 universidades que firmaron el convenio de revisión de cuentas con el exministro de Educación, Jaime Perczyk.

Milei celebró que la SIGEN pueda auditar a las universidades públicas: "Los chorros están en peligro"

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El Presidente habló en el cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2024 que organiza el Banco Central. Insistió en mantener el equilibrio de las cuentas públicas "cueste lo que cueste".

El Presidente Javier Milei volvió a hablar en el flamante Palacio Libertad, esta vez frente a economistas en el cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2024 que organiza el Banco Central, que comenzaron este lunes.

"Estábamos al borde de un colapso macroeconómico. Combinábamos los desequilibrios de las tres peores crisis argentinas", explicó el mandatario ante economistas.

En la misma línea, Milei aseguró que "la relación pasivo remunerado sobre base monetaria era peor que la hiperinflación del 89".

Y agregó: "Ellos consideraban que no éramos libertarios, pensaban que somos libertarados. Querían hacer un golpe como el del 2001, que se terminó cuando llegó Duhalde al poder".

Respecto a la situación actual, el jefe de Estado manifestó: "La Ley de Presupuesto que mandamos al Congreso parte del déficit cero y lo vamos a sostener cueste lo que cueste".

Y añadió: "Vine a arreglar los problemas de Argentina y estoy dispuesto a pagar todos los costos que tenga que pagar".

En medio de la polémica con la toma de universidades por el veto a la Ley de Financiamiento, Milei aclaró: "Si tengo que vetar a los jubilados y a los universitarios, lo voy a hacer, porque mi compromiso con el equilibrio fiscal es inclaudicable".

"En ningún momento se puso en duda las universidades públicas, pero gratis no hay nada", explicó el jefe de Estado.

"Hay un conjunto de delincuentes que no quieren ser auditados, pero afortunadamente hoy salió un dictamen y vamos a poder hacerlo. Los chorros están en peligro", indicó.

El presidente también defendió su gestión en cuanto a la reducción de la suba de precios. "El problema de la deflación es de la literatura moderna. Antes no se discutía", afirmó ante los economistas.

Y remarcó: "Estamos acostumbrados a vivir con inflación. El que plantea que la deflación es un problema está insultando al sector privado".

En otro tramo de su discurso, apuntó contra uno de sus principales detractores, Guillermo Moreno. "Moreno tiene una mala teoría del valor. Él cree que el precio proviene de los costos. Pero son los precios los que determinan los costos. Si fuera al revés, no habría quiebras", subrayó.

Asimismo, Milei defendió su gestión: "Es una aberración querer controlar la tasa de interés". En este sentido, hizo hincapié en que "dado que tenemos Banco Central, por ahora, vamos a controlar la cantidad de dinero", al tiempo que aseguró: "Pero en algún momento vamos a terminar con esa peripecia inmunda que se llama Banco Central".

"No soy comunista, no soy un dirigista. No creo en fijar precios ni tasas de interés. Solo puedo poner una política fiscal una política monetaria cero y un tipo de cambio que todavía no es libre hasta que se estabilice el stock", afirmó. "Y con todo eso logramos bajar la inflación", indicó.

"Hay una recuperación de la demanda porque hace cinco meses seguidos que los salarios y la jubilación le ganan a la inflación", aseguró el presidente.

Gobierno habilitó a la SIGEN para que pueda auditar a las universidades públicas

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A través de un dictamen de la Procuración del Tesoro, la Sindicatura General de la Nación recuperó la facultad de controlar los gastos de las casas de estudio nacionales que se dejó de tener durante el Gobierno de Cristina Kirchner.

El Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó este martes el dictamen para que la Sindicatura General de la Nación funcione como órgano auditor de las universidades nacionales, en medio del conflicto por la toma de las sedes de las casas de altos estudios en distintos puntos del país.

Barra informó que el sistema de control interno previsto está incluido en la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y de aplicación a las universidades nacionales, detallaron fuentes oficiales.

La resolución fue informada a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, en respuesta a la solicitud que los legisladores del PRO y el MID elevaron al Gobierno nacional en el marco de las mesas conjuntas que funcionan en Casa Rosada.

Hasta hoy, solo la Auditoría General de la Nación, organismo que depende del Congreso, podía llevar adelante las auditorias. Dicho cuerpo está encabezado por Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete durante el Gobierno de Alberto Fernández.

La conclusión del dictamen firmado por Barra establece: "En síntesis, a la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales, en tanto el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N.° 24.521".

Esta decisión anula la resolución del exprocurador del Tesoro Carlos Zannini, quien en noviembre de 2022 determinó que las universidades quedaban exentas de la aplicación del artículo 100 de la ley de Administración Financiera.

En 2023, el aquel entonces Ministro de Educación, Jaime Perzyck, firmó un convenio con la SIGEN habilitando la posibilidad de solicitar auditorías por parte del organismo.

Al respecto, el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, destacó la modificación: "Celebramos este dictamen ejemplar de la Procuración que permite a la SIGEN auditar a las universidades nacionales".

"De esta manera, el Ejecutivo tendrá participación en la revisión financiera y operativa que está actualmente cargo de la oposición a través de la Auditoría General de la Nación. Logramos revertir la norma que impulsó Carlos Zannini en 2022 para evitar que el Gobierno Nacional pueda auditar los gastos de las universidades nacionales", sintetizó a través de sus redes sociales.

La decisión de la administración libertaria va en sintonía con los permanentes cuestionamientos del Presidente Javier Milei al sector, luego de denunciar falta de transparencia en las cuentas de las altas casas de estudio.

"¿Por qué no quieren ser auditados sin no están en discusión la universidad pública, si no está en discusión que es no arancelada? ¿Tanto problema porque los queremos auditar?", planteó hoy en una entrevista para La Nación +, y concluyó: "No quieren ser auditados los que están sucios. Todo este revuelo es tomar una causa noble y ocultar los curros de los delincuentes".

Los cambios se enmarcan en pleno auge estudiantil en rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Educativo, con tomas en más de 80 facultades, clases públicas y asambleas.