Así lo revela un informe de Confederaciones Rurales Argentinas en base a los 125 siniestros registrados en lo que va del año. La Ministra Frederic y el Ministro Basterra volvieron a reunirse con la Mesa de Enlace.
En lo que va del año se registraron unos 125 ataques a silobolsas en las principales regiones productivas del país. Así lo determinó un informe difundido este lunes por el Departamento Económico de Confederaciones Rurales de Argentina.
El documento de la entidad rural muestra que dichos ataques equivalen a 12.500 toneladas de materias primas agrícolas que, a su vez, representan un total de 1.750 jubilaciones mínimas y 3.000 planes Ingreso Familiar de Emergencia.
Las pérdidas también equivalen, para trazar un paralelismo, a 673.000 raciones de comida, 900.000 paquetes de fideos, de harina o polenta, 750.000 litros de leche, 700.000 paquetes de arroz, 110.000 kilos de asado y 85.700 kilos de milanesas.
"Estos ataques van dirigidos a la mesa de los argentinos. Se repiten de manera constante roturas, cortes, punzados, incendios, abigeatos y robos en el corazón productivo del país", advirtió el informe de CRA elaborado por el ingeniero agrónomo Matías Lestani.
"El vandalismo es como un virus que se expande, sin dirección, sin discernimiento, con la sola premisa de dañar por dañar, con total ignorancia, sin hacerse cargo de las consecuencias de sus actos, y justamente ahí está su ceguera intelectual", indica el informe de la CRA.
La semana pasada la Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el Ministro de Agricultura, Luis Basterra, se reunieron vía zoom con los directivos de las cuatro entidades rurales nucleadas en la Mesa de Enlace para relevar los delitos ocurridos en lo que va del año.
El encuentro se produjo después de las críticas en Twitter del Presidente de la Sociedad Rural al Gobierno nacional. "El poder político debe prevenir y esclarecer los ataques a silobolsas. Deberían hacerse responsables", disparó Daniel Pelegrina.
En la Casa Rosada insisten con la estrategia de despolitizar los actos de vandalismo que se registran en los campos. "No hay un trasfondo de motivaciones políticas ni de cuestiones ideológicas", les repite Frederic a los dirigentes en casi todas las reuniones.
En Balcarce 50 se dejó trascender cierto malestar con Basterra por lo que consideran una respuesta política tardía frente a los ataques a silobolsas. Enseguida el nombre del formoseño entró en la danza de nombres ante posibles cambios en el Gabinete.
En este contexto, sigue en pie el tratamiento del proyecto de Ley planteado a principios de julio por el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con el objetivo de tipificar la figura de "vandalismo rural" con penas de hasta cinco años de prisión.
En la última reunión con Frederic y Basterra, Coninagro reiteró la importancia de prevenir el delito alentando una política integral de seguridad en áreas rurales. "Hay que poner énfasis en la inseguridad que sufre el interior productivo", afirmaron.
"Me encanta el humor, y cuando es inteligente... más", escribió la vicepresidenta en un retuit de un meme, mientras distintos actores agropecuarios reclaman al Gobierno acciones para evitar el vandalismo ante la rotura de silobolsas.
La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner bromeó sobre los ataques a las silobolsas en sus redes, mientras distintos actores del sector agropecuario reclaman al Gobierno acciones para evitar el vandalismo.
La expresidenta retuiteó un meme donde se ve la imagen de una mula con los ojos tapados, como si se protegiera su identidad, acompañada con un texto irónico.
"La primer mulita arrepentida se confiesa: Cristina me dijo que rompiera los silobolsas o me hacía escabeche", dice el meme, imitando un formato periodístico.
"Me encanta el humor, y cuando es inteligente... más", opinó la Vicepresidenta Cristina Kirchner sobre el meme.
La broma de la vicepresidenta se produce en el contexto del creciente malestar entre los sectores opositores vinculados al agro por los repetidos ataques a su propiedad privada.
Los actos de vandalismo se dieron en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos.
Qué son, cuál es su importancia para el sector agrícola nacional, las reacciones del agro, el vínculo con la administración nacional y el proyecto de ley que Massa diagramó para tipificar la figura de vandalismo rural, todo eso, en esta nota.
Con una preocupante profundización que coincide con los habituales (y no tan habituales) cortocircuitos entre el Campo y un Ejecutivo argentino, el presente año, además de nuevas administraciones, enfermedades y normalidades, trae consigo cerca de 30 roturas de silobolsas registradas, con las consecuentes pérdidas económicas que esto conlleva.
De esta manera, si bien no logra superar el caso del abigeato (o robo de ganado),estos episodios siguen de cerca a este como uno de los actos delictivos más frecuentes contra el campo que dejó el primer semestre del 2020.
Es por eso que en esta nota te contamos qué es una silobolsa y cuál es su importancia para el sector agrícola nacional, las reacciones del agro y la administración nacional, el proyecto de ley que Massa diagramó para crear la figura de vandalismo rural y en qué punto las tensiones de turno coyunturales entre estos dos sectores puede compararse con aquella del 2008.
Silobolsas: ¿qué y cuán importantes son?
Sin un claro origen que ponga ubicación al invento, la silobolsa es una capa de polietileno que se utiliza para cubrir los granos o el heno, buscando así protegerlo de las diferentes inclemencias meteorológicas.
Si bien esta técnica ya se aplicaba en los establecimientos ganaderos de Europa, el aporte argentino refiere a que la cobertura plástica en cuestión se convirtió en un bolsón cerrado, algo que posibilitó un aislamiento más completo, así como un aumento en los tiempos máximos de almacenamiento.
El almacenaje hermético de granos es una técnica muy antigua y en nuestro país se usó al construir celdas subterráneas herméticas ante la imposibilidad de exportar durante la Segunda Guerra Mundial.
Según recopila Chequeado, el surgimiento de esta innovación tuvo mucho que ver con la crisis económica y social ocurrida en el 2001, al tiempo que se transitaba una etapa de intensificación agrícola con la aprobación unos pocos años antes, en 1996, de la soja transgénica resistente al glifosato.
De igual manera, el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) toma como referencia las las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) desde donde se advierte que la población mundial pasará de 6.900 a más de 9.200 millones de habitantes, en 2050.
Así, en los próximos 40 años, la demanda de agroalimentos crecerá un 70%. El desafío está planteado y la Argentina tiene una oportunidad única en la que deberá aumentar la eficiencia productiva y aplicar las tecnologías disponibles.
Para Ricardo Bartosik (técnico del INTA Balcarce), este incremento de habitantes en el mundo demandará granos especiales con segregación e identidad preservada, con mayores requisitos de calidad, sanidad e inocuidad, mayor demanda de certificaciones e implementación de buenas prácticas y trazabilidad.
Es por ello que Bartosik se refirió a la silobolsa como el "hito tecnológico del campo argentino" disponible para el mundo a fin de solucionar, en gran medida, los problemas de seguridad alimentaria.
En países como Argentina, Brasil, Sudáfrica y Rusia en los que las grandes extensiones de territorio con grandes volúmenes de producción, esta tecnología representa una solución para la problemática en la logística de la poscosecha.
Matías Longoni informa que cada una de estas bolsas cuesta unos US$ 200 y además se estima, según la Revista Márgenes Agropecuarios, un costo adicional de unos US$ 8 por tonelada por la confección de estos chorizos.
Este costo, contemplando el precio de lo que se almacena allí, por caso la soja que ahora cotiza a unos US$ 350 por tonelada, la mercadería almacenada tiene un valor cercano a los US$ 70.000, se presenta como accesible.
En esta línea marcan que "el mismo Gobierno Nacional que pretende incursionar en la aventura de comercialización de productos agrícolas no es siquiera capaz de cumplir uno de los roles insustituibles del Estado: brindar seguridad a todos los habitantes de la Argentina".
Pero quizás el punto nodal del comunicado sea el afirmar que "la actitud del Presidente frente a los ataques que a diario nos afectan ya adquiere la preocupante característica del silencio cómplice".
Lo cierto es que si bien Alberto Fernández no se pronunció específicamente sobre este caso, sí lo han hecho funcionarios de alto nivel como la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el titular de Agricultura, Luis Basterra.
"Estamos haciendo lo imposible para despejar cualquier duda de que acá hay una intencionalidad política. En la práctica no hay una sola denuncia concreta de alguien involucrado con algo político en estos hechos. El delito rural es un delito complejo que requiere la articulación de todos los sectores, tanto públicos como privados", comentó Basterra al respecto.
Sin embargo, el caso que mayor contundencia ha efectuado el frente De Todos al respecto lo apuntala el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa.
El proyecto de ley
A partir del mencionado escenario, el ex intendente de Tigre y actual presidente de la Cámara baja presentó un proyecto de ley para endurecer los delitos contra la propiedad rural.
Advirtiendo las más de 57.000 toneladas afectadas que las Confederaciones Rurales Argentinas informaron, se presentó una iniciativa que busca modificar los artículos 186 y 189 del Código Penal y sus modificatorias.
De igual manera, con el artículo 184 bis, se incorpora la figura de vandalismo rural, cuya pena "será de dos a cinco años de prisión cuando se afecte el normal desempeño o explotación de un establecimiento rural a través de la destrucción, inutilización, desaparición o cualquier otro modo de daño respecto de:
Granos, semillas y cereales en parva, gavillas, bolsas, silos, tolvas, tanques o unidades de almacenamiento, o de los mismos todavía no cosechados.
Bosques, viñas, olivares, cañaverales, algodonales, yerbatales o cualquiera otra plantación de árboles o arbustos en explotación, ya sea con sus frutos en pie o cosechados.
Ganado en los campos o de sus productos amontonados en el campo o depositados.
Leña o carbón de leña, apilados o amontonados en los campos de su explotación y destinados al comercio.
Alfalfares o cualquier otro cultivo de forrajes, ya sea en pie o emparvados, engavillados, ensilados o enfardados.
Los mismos productos mencionados en los párrafos anteriores, cargados, parados o en movimiento.
La Ministra Sabina Frederic dijo que los hechos "no están relacionados a cuestiones ideológicas". En el sector hablan de "motivaciones políticas". Detalles de una tensa reunión virtual.
El viernes a última hora, se realizó una reunión virtual entre la Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y directivos de unas 40 entidades de la cadena agroindustrial con el objetivo de tratar el aumento de casos delictivos registrados en las últimas semanas en diversas zonas rurales.
El encuentro fue gestionado el jueves por el Presidente de la Bolsa de Cereales, José Martins, quien se comunicó con el Ministro de Agricultura, Luis Basterra, para expresarle la preocupación creciente que existe en el sector agropecuario por la ola de ataques a silobolsas.
Basterra, entonces, habló con Frederic y en unas horas se confirmó la reunión por zoom. Al principio, algunos dirigentes de las entidades rurales ratificaron su postura de vincular los hechos a "cuestiones ideológicas".
La entidad más contundente en este sentido fue Confederaciones Rurales que, unas horas antes, emitió un comunicado exigiéndole a la Casa Rosada que se pronuncie. "Ya sumamos más de 30 ataques y roturas de silobolsas en el último mes. Repudiamos estos hechos. ¿El Gobierno también, o no?", preguntaron.
En la misma línea de CRA, el Presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, manifestó que "vemos estos ataques con muchísima preocupación. Es algo que venimos manifestando hace tiempo porque las agresiones al sector han tomado otro color y tienen un tinte más político".
"La rotura de silobolsas, que quizá antes respondían a un problema gremial de los transportistas, ahora pasó a rollos, campos, bolsones de pasto, animales y allí se ve un componente distinto; un mensaje de bronca que tiene que ver con la política", señaló Pelegrina al momento de su exposición.
Fue quizá ahí el momento más tenso de la reunión. Frederic tomó la palabra y se encargó de despegar al Gobierno de los hechos: "Los casos de inseguridad en los campos son delitos que se investigan como tal y que no están relacionados a cuestiones ideológicas", respondió la ministra.
Frederic se comprometió a proponer que la problemática del delito rural sea tratado en las próximas semanas en el Consejo de Seguridad Interior para generar acciones preventivas en base a la información que compartan las distintas áreas del Estado.
Este punto fue aceptado por los ministros de Producción de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos que también participaron de la reunión por zoom de este viernes con Frederic, Basterra y los representantes de la cadena agroindustrial.
Otro de los aspectos que se trató en el encuentro virtual fue la necesidad de reactivar el "Sistema Cosecha Segura" lanzado a principios de 2019 durante la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y de Luis Miguel Etchevehere en Agricultura.
Se trata, en rigor, de un sistema que busca prevenir el delito con mayor presencia de fuerzas de seguridad a la hora de movilizar la cosecha de los campos a las terminales portuarias mediante un esquema de denuncias previas entre productores, contratistas y transportistas.
En este contexto, Basterra remarcó la importancia de que el sector agropecuario produzca en condiciones de seguridad adecuadas. "Estamos trabajando y tenemos la convicción de que vamos a lograr disuadir los delitos rurales en todo el país", concluyó el ministro.
Estimaciones privadas indican que los productores agropecuarios argentinos conservan a la fecha más de 20 millones de toneladas de soja, unas 7 millones de toneladas de maíz y cerca de 3 millones de toneladas de trigo a modo de reserva de valor con el objetivo de ir dosificando las ventas y cerrando compromisos durante el resto del año.