La causa judicial investiga presuntas irregularidades en contrataciones de alto costo realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad y esta semana declararán empresarios vinculados.
El Gobierno nacional detectó, a través de un informe que realizó el Ministerio de Salud, que hubo mas de 4.000% de sobreprecios en compras de insumos ortopédicos realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad.
Esta información se conoce en la antesala de una nueva semana de indagatorias en la que serán citados varios empresarios vinculados al sector.
Específicamente, se supo que hubo hasta 4.239% de elevación de precio en la adquisición de andadores, sillas de ruedas y prótesis; el documento emitido por la cartera comandada por Mario Lugones comparó las facturas emitidas al Estado con los precios de mercado y señaló que las diferencias significativas son "injustificables".
En este marco, y a partir del lunes 11, se presentarán a declarar varios empresarios relacionados con esta causa: el primero es Osmar Caballi, un contador que fue director general de la Agencia Nacional de Discapacidad, por unos meses durante el Gobierno del expresidente, Alberto Fernández, y que es uno de los socios mayoritarios de Farma Salud, la firma que "ganó" alrededor de $7.900.000.000 millones.
Quienes también darán su testimonio esta semana serán cuatro miembros de la familia Sagués, dueños de la ortopedia que lleva dicho apellido y que fue favorecida por medio de sus contrataciones: Mariano y Christian Sagués se presentarían el martes 12 y el miércoles 13 harían lo propio Vicente y Lucas Sagués.
Los informes que se realizaron hasta el momento identifican a la Ortopedia Sagués como parte de un núcleo de proveedores cercanos a la administración del organismo, junto a otras empresas como MED-EL, Ortopedia Alemana, New Farma y Profarma.
La investigación liderada por el Fiscal, Franco Picardi, y el Juez, Sebastián Casanello, sugiere que se montó un sistema de contrataciones paralelas para prestaciones de alto costo, que beneficiaron a un grupo reducido de empresas proveedoras.
Esta semana también serán citados Humberto Maone, gerente de MED-EL Latinoamérica S.R.L; Javier, Fernando y Gustavo Bernat, miembros de Ortopedia Bernat.
PAMI dijo que los nuevos valores responden a mayores exigencias de calidad, control y seguridad en cirugías de cataratas.
El PAMI rechazó versiones periodísticas que lo acusaron de pagar sobreprecios en la compra de lentes intraoculares, y aseguró que los valores actuales responden a mayores exigencias de calidad, control y seguridad en las cirugías de cataratas.
Según explicaron fuentes del organismo, anteriormente se abonaba un valor genérico sin controles estrictos, lo que habilitaba a los oftalmólogos a elegir la lente a su criterio e incluso a cobrar copagos indebidos.
En cambio, el nuevo esquema fija estándares que obligan a utilizar lentes de mayor rango, viscoelásticos individuales, inyectores descartables y trazabilidad para garantizar transparencia.
"Hoy PAMI no paga de más, paga lo que corresponde para una cirugía segura", remarcaron.
En ese sentido, detallaron que el costo estimado de un kit completo asciende a $188.635, pero tras la licitación se paga $160.000 por volumen y negociación.
El paquete incluye la lente intraocular, el gel viscoelástico, el inyector estéril y el código de trazabilidad.
Además, recordaron que otros financiadores del sistema abonan cifras más altas: la obra social del Poder Judicial paga $740.000 por el mismo procedimiento y prepagas como OSDE hasta $1.148.016, mientras que en PAMI el costo total de lente más práctica asciende a $565.000.
Desde la entidad también indicaron que en el sistema anterior no existía garantía de uso de viscoelásticos, había reutilización indebida de insumos y denuncias de cobros adicionales a los afiliados.
"Con el nuevo modelo hay más seguridad, control y transparencia", sostuvieron.
En cuanto a la calidad, fuentes del organismo señalaron que hubo un evento adverso con una lente de un proveedor puntual, lo que motivó un pedido de reemplazo preventivo mientras se realizan las pericias para determinar si se trató de una falla del insumo o de impericia médica.
La Justicia pidió los contratos con los laboratorios. La denuncia de la Coalición Cívica había apuntado a grandes diferencias en los importes, a través de dos tipos de contratación. Se habrían pagado hasta 1400% más por medicamentos.
La Justicia inició formalmente la investigación por supuestos sobreprecios en la compra de medicamentos en el PAMI durante la gestión de Luana Volnovich.
El Fiscal Ramiro González ya pidió las primeras medidas de prueba para determinar cuáles fueron los motivos por los que la obra social para jubilados y pensionados habría pagado remedios hasta 1400% más caros.
La denuncia, impulsada por la Coalición Cívica, sostuvo que existieron diferencias significativas entre los precios que el PAMI abonó en 2023 por los mismos medicamentos, pero a través de sistemas de contratación diferentes.
En este sentido, la acusación señaló que los valores que el organismo pagó mediante el Convenio Marco, que establece compras directas con las cámaras de laboratorios, fue mucho más alto que el que se pagó con licitaciones públicas.
En la presentación ante la Justicia, el espacio de Elisa Carrió sostuvo que en 2023 PAMI utilizó dos mecanismos diferentes para comprar medicamentos, y de su comparación "surgen diferencias de precio que no se justifican por razones de mercado ni por métodos de pago".
Según se explicó, "el proceso de compra de medicamentos implica cierta complejidad técnica", y PAMI emplea dos procedimientos principales: el Convenio Marco y las licitaciones públicas.
Entre las medidas de prueba solicitadas por el fiscal para avanzar en la investigación destacan el pedido de una copia del Convenio Marco utilizado para comprar medicamentos; que PAMI entregue todas las contrataciones de estos medicamentos desde 2018; un informe sobre la evolución trimestral de los precios de estos remedios desde 2018; una copia de cada contrato firmado con los laboratorios, e información sobre los contratos actuales con laboratorios, para comparar precios.
La denuncia de la Coalición Cívica se encuentra en manos de la Jueza María Eugenia Capuchetti y se dirige contra Luana Volnovich, titular del PAMI durante la administración de Alberto Fernández.
También los laboratorios involucrados, incluyendo Phoenix, GP Pharm, Kemex, Biosidus y Raffo. Y además, la Agrupación para la Administración de Contratos de Oncología y Tratamientos Especiales.
El funcionario nacional quedó desvinculado de la causa por supuestas irregularidades en la compra de alimentos por parte del ministerio.
El Juez Federal Sebastián Casanello dispuso el sobreseimiento del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en la causa penal por presuntos sobreprecios en compras de alimentos durante la pandemia de coronavirus, tras descartarse la existencia de delito.
El Fiscal Federal Guillermo Marijuán ya había dictaminado a favor del sobreseimiento del ministro Arroyo y otros imputados en esa causa, al descartar la existencia de sobreprecios en compras de alimentos durante la pandemia de coronavirus.
En su dictamen entregado al Juez Casanello a principios de febrero, el fiscal pidió sobreseer a Arroyo y a otros 15 denunciados. Ahora el magistrado sobreseyó al titular de la cartera de Desarrollo Social.
"De un análisis de las contrataciones por emergencia objeto de investigación y el resultado de las diligencias adoptadas durante la instrucción del sumario, esta parte no advierte la comisión de conducta ilícita alguna por parte de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y los responsables de las empresas jurídicas intervinientes", había concluido el fiscal.
La denuncia había sido presentada el 20 de abril del año pasado por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, para que se investigaran posibles irregularidades en contrataciones directas por emergencia autorizadas por el ministerio de Desarrollo Social.
Las compras cuestionadas fueron de aceite comestible, fideos, azúcar, lentejas y arroz, tramitadas en cinco expedientes.
Las contrataciones se hicieron por un total de 543.408.400 pesos y en la denuncia la PIA sostuvo que habrían sido adjudicadas a "un grupo reducido de empresas" que "en su mayoría cotizaron por encima del precio testigo proporcionado por la Sindicatura General de la Nación"
Pero la fiscalía sostuvo que a través de diversa prueba ordenada "se documentó " el funcionamiento de las sociedades referenciadas, tratándose en algunas de ellas de depósitos, oficinas comerciales o viviendas vinculadas con las firmas".
Además se informó a la fiscalía "que el precio fijado correspondía al valor medio de mercados mayoristas y distribuidoras para cada producto, todo ello calculándose con las condiciones de contratación previstas en el Pliego de Bases y Condiciones".
El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que conduce el dirigente de La Cámpora, Andrés Cuvero Larroque, estaría gastando 516.000.000 de pesos en mercancía que podría conseguir por menos de 365.000.000.
Este nuevo escándalo en las compras de la Provincia de Buenos Aires quedó en el ojo de la tormenta cuando se advirtió un gasto 280% más caro en una contratación directa de emergencia.
En el mes de junio, y bajo el amparo de la falta de controles por la declaración de la emergencia sanitaria, el ministerio del Gobierno de Axel Kicillof utilizó 13.000.000 de pesos por 3.600 módulos alimentarios, cuando su valor real fluctuaba entre los 4 y 5 millones, acorde a precios oficiales.
Previamente, Larroque había caído en sospechas a través del número de proceso de compra 371-0125-CDI20, cuyo objeto es la adquisición de alimentos.
En concreto, se trata de la compra de arroz, dulce de membrillo, yerba y choclo en grano, todo en grandes cantidades.
A pesar de que el pliego no especifica el valor unitario establecido por el ministerio como de referencia, sí se observa que el monto presupuestado total es de 516.682.047 pesos.
El Juez Pablo Flores debía investigar la contratación directa de la ART IAPSER por parte del Gobierno de Gioja, pero decidió archivar la causa.
Sobreprecios de 3.500 millones de pesos quedaron en la nada a casi 2 años de la denuncia. El magistrado, titular del Juzgado de Instrucción N° 2, demoró 24 meses para determinar que no se cometió delito. Sin embargo se probó que hubo contratación directa del seguro para los empleados del Estado.
El caso llegó a medios nacionales gracias a la nota de El País Diario, que dio la primicia del episodio y fue tomado como fuente por medios de la talla de TN, Infobae, A24 y casi todos los diarios de las provincias argentinas.
En lo periodístico, el primer medio que dio la primicia fue El País Diario y la denuncia fue realizada por los abogados Diego Seguí y Marcelo Arancibia. En la presentación judicial se investigaba la contratación directa del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos para que asegure a los empleados estatales de San Juan, más a personal de la Policía y a personal docente.
Se acusó a Gioja de haber pagado sobreprecios por un total de 3.500.000.000 de pesos en 10 años. Ahora la causa fue archivada por el inefable Juez Pablo Flores. Lo hizo el último día hábil antes del inicio de la feria judicial. Regalito de fin de año para el exgobernador Gioja. El 2018 será inolvidable para quien fue el gobernador más sospechado de corrupción en la historia de San Juan.
Un repaso por la causa
En esta causa se investiga a Gioja por presuntos sobreprecios en la contratación de la ART para los empleados públicos. El jugoso contrato fue concretado con el IAPSER (Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos) y se calcula que los importes sobrepagados en la contratación directa le habrían hecho perder a San Juan la friolera de más de 3.500.000.000 de pesos.
La denuncia fue formulada en 2016 por los abogados Marcelo Arancibia y Diego Seguí y en el texto pidieron que "se investigue presuntos hechos delictivos contra la administración pública" que habrían sido cometidos por el exgobernador José Luis Gioja durante su gestión.
La acción judicial surgió de una serie de notas periodísticas, entre ellas, la primicia publicada en enero de 2016 por El País Diario. Los abogados Marcelo Arancibia y Diego Seguí se presentaron ante la Fiscalía Correccional N°3 para denunciar una operación dudosa realizada durante la gestión de José Luis Gioja entre los años 2005 hasta el 2016.
En el escrito hacen referencia a los 10 años en que Gioja contrató una ART para los empleados públicos de manera directa, sin llamar a licitación, y por una monumental cifra que nadie puede explicar en la que se calcula un sobreprecio de 27.000.000 de pesos por mes durante una década.
Tal convenio fue renovando en forma automática año tras año hasta enero del 2016. El contrato firmado por el propio exgobernador Gioja con la compañía IAPSER consistía en que el Estado de San Juan abonaba un porcentaje de la masa salarial de sus empleados a cambio de atención médica para cada uno de ellos en caso de accidentes en horario de trabajo.
Según reveló El País Diario, en el año 2016, el Gobernador de San Juan, Sergio Uñac, llamó a una licitación pública que ganó Provincia ART por 15 millones de pesos mensuales. Esta oferta significaba 27 millones de pesos menos que los 42 millones de pesos que la administración de Gioja, Presidente del PJ, pagaba por mes.
En diciembre de 2018 el Juez Pablo Flores decidió archivar la causa. De este modo, el magistrado persiste en su actitud timorata y estaría garantizando impunidad para el Diputado nacional José Luis Gioja.
El Ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo echó este martes a Gonzalo Calvo, el Secretario de Articulación de Política Social que había quedado en el ojo de la tormenta después de que trascendiera la compra de arroz y de aceite por encima de los precios testigos que recomienda la SIGEN.
Otros 14 funcionarios del área habrían presentado su renuncia a sus puestos. Además, podrían seguir las renuncias.
El pedido de renuncia a Calvo es el primer resultado que arrojó el sumario interno que se inició el lunes en Desarrollo Social. En el ministerio no descartaron que otros funcionarios sean apartados. "Vamos a avanzar con el circuito administrativo de las compras para el ministerio y no se descartan más cambios", expresaron fuentes oficiales.
Gonzalo Calvo, el genio del ministerio que conduce Daniel Arroyo que habría craneado la compra con sobreprecios.
Calvo había asumido en diciembre y en el pasado se había desempeñado como secretario de Seguridad de Almirante Brown, cargo al que renunció en medio de una denuncia por coimas. Respondía políticamente al Intendente Mariano Cascallares.
El flamante exfuncionario era el encargado de mediar en los conflictos con las organizaciones sociales. De hecho la compra era para comedores, que son administrados por los movimientos en cuestión.
Allegados a Calvo precisaron que fue él mismo quien ofreció su renuncia al Ministro Arroyo, otro chanta, para descomprimir la situación. "Se puso a disposición de cualquier investigación. La compra fue en el marco de la emergencia", señalaron.
Catorce de sus colaboradores presentaron su renuncia indeclinable, según dijeron fuentes de la secretaría de Articulación de Política Social. Sin embargo, cerca del ministro no lo confirmaban. A última hora de este martes, Arroyo se reunía con el Presidente en Olivos.
Los 14 funcionarios que habrían presentado su renuncia indeclinable -según confiaron cerca de Calvo, son el subsecretario de Asistencia Crítica, Carlos Montaña; el coordinador de abordaje territorial, Fabio Frega; el coordinador de Depósito Metropolitano, Pedro Procopio; la directora de Emergencia, Ana Barchetta; la coordinadora de asistencia técnica directa, Carolina D`Ambrossio; la directora de Asistencia Crítica, Florencia Plano; la directora de Asistencia Institucional, Agustina Brea; el director de Gestión y Asistencia Urgente, Gastón Lasalle; el director de Ayudas emergentes, Christian Escudero; el coordinador de Asistencias a Instituciones No gubernamentales, Victor Oviedo; el coordinador de Gestión de ayudas urgentes, Ignacio Sabaini; el director de Talleres familiares, Gabriel Giurliddo; el director nacional de Articulación Social, Federico Ludueña; y el director de Asistencia para Situaciones especiales Gustavo Cassieri.
Arroyo dispuso además revocar las compras de aceite y azúcar, que, según indicaron en el ministerio, eran las que estaban por encima de los precios testigo de la Sigen. "Se va a hacer una nueva convocatoria", destacaron.
Referentes de los movimientos, con cargos en el ministerio de Arroyo, mantienen una guerra subterránea con los intendentes del Conurbano.
"Quiero ver rodar una cabeza. No puede ser que esto pase impunemente", había reclamado en declaraciones a FM Millenium el referente de la CTEP Juan Grabois, un zángano VIP que sigue haciendo como que lucha por los pobres.
El escándalo comenzó este lunes cuando se comprobó que en seis resoluciones publicadas en el Boletín Oficial que autorizaban la compra de 5 toneladas de alimentos por un total de 534 millones de pesos. La compra incluía aceite, arroz y fideos, entre otras mercaderías.
En algunos casos el gasto estaba muy por encima de los precios máximos que se encuentran en las góndolas, pero más importante, como insistieron en el Gobierno, de los "precios testigo" que fija la Sindicatura General de la Nación. En Desarrollo Social reconocieron que los problemas específicos eran con el arroz y con el aceite, que figuraban puntualmente en las resoluciones 152 y 159 /2020.
Tras conversar con el Arroyo, el presidente respaldó a su ministro, pero advirtió que ordenaría que el Estado no pueda comprar insumos por encima de los precios fijados por la SIGEN.
"Esta compra que se hizo, todavía no se pagó. Di la orden de que ninguna compra se pueda hacer sin respetar los precios máximos que el Estado fija. No puede ser que alguien se le plante al Estado en una situación como la que estamos viviendo", sostuvo el mandatario en diálogo con TN.
La denuncia fue formulada por los abogados Marcelo Arancibia y Diego Seguí y en el texto piden que "se investigue presuntos hechos delictivos contra la administración pública" que habrían sido cometidos por el exgobernador Gioja durante su gestión.
La demanda surge de una serie de notas periodísticas, entre ellas, la más clara, publicada en enero de este año por El País Diario. Los abogados Marcelo Arancibia y Diego Seguí se presentaron ante la Fiscalía Correccional N°3 para denunciar una operación dudosa realizada durante la gestión de José Luis Gioja entre los años 2005 hasta el 2015.
Ahora, el fiscal Juan Manuel Gálvez deberá investigarlo por fraude administrativo, tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los denunciantes hacen referencia a los más de 10 años en que Gioja contrató una ART para los empleados públicos, de manera directa, sin llamar a licitación, y por una monumental cifra que nadie puede explicar en la que se calcula un sobreprecio de 27.000.000 de pesos por mes durante una década.
Tal convenio fue renovando en forma automática año tras año, hasta enero del 2017. El contrato firmado por el propio ex Gobernador José Luis Gioja con la compañía IAPSER (Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos), consistía en que el Estado de San Juan abonaba un porcentaje de la masa salarial de sus empleados a cambio de atención médica para cada uno de ellos en caso de accidentes en horario de trabajo.
Seguí y Arancibia dejan sentado que "en los términos del artículo 209 del Código Procesal Penal de la Provincia de San Juan" se presentan ante la Justicia en carácter de "simples ciudadanos" que presumen una "posible comisión de delitos".
Asimismo, piden que "investiguen y eventualmente se sancionen los mismos, relacionado con una presunta malversación de caudales públicos".
La cobertura de la ART IAPSER, con cede central en Entre Ríos, se extendió a los alumnos que asisten al sistema educativo de gestión estatal, miembros de las fuerzas de seguridad (policías y penitenciarios) e incluso incluyó a los automotores propiedad del Estado provincial también asegurados con la empresa. Se trata de 38.209 trabajadores del Estado de San Juan que la aseguradora debía cubrir durante todo el año.
Los abogados explicaron que "el artículo 98 de la Ley n° 603-I, prescribe sobre el sistema de contrataciones del Estado provincial" y citaron la parte donde dice que "Toda contratación, compra, venta, locación, arrendamiento, suministro, etc. del sector Público Provincial, se hará por regla general por licitación o remate público".
Por el monto de la contratación que es de 504.000.000 por año, y por las características de la operación, la demanda objeta que "no corresponde considerar aplicable ninguna de las excepciones a las que refiere el artículo 99 Íb".
El escrito afirma que "claramente se verifica en el caso el apartamiento de la la Ley para permitir mediante discricionalidad y arbitrariedad, la consolidadción de una oferta monopólica en la oferta del servicio asegurativo estatal, ocasionádole al Estado un perjuicio económico multimillonario".
Por lo tanto corresponde que el Tribunal, para el caso de concluir la existencia de los delitos denunciados, y una vez individualizados los presuntos responsables, corra vista al Tribunal de Cuentas Provincial para que, en función del artículo 127 de la Ley 603-I promueva el correspondiente juicio de responsabilidad.
En el tramo del "Petitorio" que hacen a la Justicia, Seguí y Arancibia solicitan "tener por formulada denuncia penal para que se investigue la presunta comisión de los delitos previstos en los artículos 249 y 277 del Código Penal".
Diego Seguí y Marcelo Arancibia, los abogados que denunciaron a Gioja.
Cuál fue la maniobra que hoy denuncian
El País Diario lo había anticipado en una nota muy fuerte aparecida en este sitio y reproducida luego por diario MDZ de Mendoza y El Federal de La Rioja.
Durante la gestión de José Luis Gioja no se llamó a licitación para contratar la ART que aseguraba a los empleados públicos de la provincia. Por el contrario, el Gobierno de San Juan firmó un convenio con el Gobierno de Entre Ríos en 2005 y contrató en forma directa al Instituto Autárquico de esa provincia hasta el 2017.
La impunidad que otorgan los votos de una sociedad ovejuna y timorata, permitió que año tras año se fuera renovando el vínculo en forma automática. El trato que firmó Gioja como Gobernador de San Juan con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos consistía en que el Estado sanjuanino le pague un porcentaje de la masa salarial de sus empleados a cambio de atención médica para cada uno de ellos en caso de accidentes en horario de trabajo. El desembolso que Gioja hacía durante 2015 por el servicio de cobertura era de 42.000.000 pesos mensuales. Hoy, por el mismo servicio, se paga 15.000.000 de pesos mensuales surgidos de un llamado a licitación.
Este año, durante la gestión de Sergio Uñac como Gobernador, se llamó a licitación y resultó ganadora la compañía Provincia Art, que cobrará por mes casi 15.000.000 de pesos. Antes, el ex Gobernador Gioja pagaba 42.000.000, es decir que podría haber existido un sobre precio de 27.000.000 de pesos por mes durante más de una década. ¿Por qué el Tribunal de Cuentas de la provincia no alertó sobre tan sospechosa maniobra?
![El País Diario [elpaisdiario.com.ar]](https://www.elpaisdiario.com.ar/wp-content/uploads/2023/01/el-pais-diario-logo-retina-mobile-280x67-.-elpaisdiario.ar.png "El Diario de San Juan"){kind=logo}
![El País Diario [elpaisdiario.com.ar]](https://www.elpaisdiario.com.ar/wp-content/uploads/2023/01/el-pais-diario-logo-272x65-.-elpaisdiario.ar.png "El Diario de San Juan"){kind=logo}
