Una jueza de La Rioja avaló los reclamos del Gobierno de esa provincia para que el informe de impacto ambiental del proyecto Vicuña sea analizado, estudiado y eventualmente aprobado por ambas provincias y no solo por San Juan.

La situación se produjo por falta de dialogo entre la empresa minera y el Gobierno riojano, por lo que se llegó después de varios intentos y reclamos por mayor compromiso social lo mismo que se respete la legislación que obliga a las empresas a contar con los permisos ambientales necesarios para transitar en el camino de acceso y si se hicieron estudios o no por los impactos ambientales en la vecina provincia.

La Rioja le expuso ante la Jueza de cámara de Chilecito, Maria Greta Decker, que esta en peligro la biodiversidad de toda una región por no haberse estudiado los impactos en cuencas, vegas, bofedales, "peligros éstos que no han podido ser evaluados por las autoridades administrativas competentes de la provincia de La Rioja como consecuencia de que Vicuña ha omitido presentar el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental".

Si bien no hay una precisión de cuantos vehículos están pasando por suelo riojano "ese tránsito de que incluye maquinarias de la empresa, entraña riesgos ambientales como afectación de suelos, de cursos de agua, de infraestructura vial, o la eventual circulación de sustancias peligrosas, todos ellos bienes colectivos cuya tutela corresponde a esta jurisdicción", precisaron en la norma judicial que ordena la suspensión del tránsito y la paralización por 30 días del proyecto minero en construcción en San Juan.

La decisión judicial fue acompañada con la instrucción a la Policía riojana para instalar retenes y paralizar todo el tránsito de todo tipo de vehículos que vayan o vengan de Vicuña, en su paso por La Rioja, a excepción de la circulación de personal para tareas de cuidado y mantenimiento en el proyecto en construcción.

La validez de la decisión judicial para dictar una norma de cumplimiento en otra provincia tomaría como fuente que Vicuña no incluyó en el Informe de Impacto Ambiental que fue analizado en San Juan, los impactos en el glaciar el Potro, cercano al proyecto Josemaría.

A la vez que se negó a aceptar una evaluación conjunta entre las autoridades sanjuaninas y riojanas para el proyecto Josemaría, hoy miembro del distrito Vicuña.

Según esa posición Vicuña no cuenta con ningún permiso ambiental por el paso en los 140 kilómetros que hoy transita por la zona de Guandacol, Santa Elena, Zapallar, La Cuevas y La Ciénaga, trayecto que discurre por los departamentos de General Lamadrid y Coronel Felipe Varela de la provincia de La Rioja.

El Gobierno de La Rioja viene aclarando que lo que se le exige a Vicuña en torno a sus permisos ambientales son los mismos que hoy otras empresas vienen cumpliendo, citaron como ejemplo que Lundin a través de su empresa NGEX se ajusta a las normativas y leyes riojanas, lo mismo que la mas de una docena de empresas mineras que exploran en territorio provincial.

Todos saben que la prioridad para las autoridades es la contratación de personal y mano de obra, recalcaron.

Hace unas dos semanas un grupo de vecinos de la zona de Guandacol mantuvieron un corte en el camino de acceso a Vicuña y fue levantado con la promesa de contrataciones de proveedores y de toma de mano de obra.

Esas autoridades reclaman un estudio de impacto ambiental que incluya la totalidad de estos con la participación de la provincia de La Rioja, para lo que no descartaron llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De todas forman aclararon, respecto a la competencia inicial, que los tramites deben seguirse en forma primaria en los tribunales riojanos en razón de que Vicuña desarrolla parte de sus actividades en suelo riojano.