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Rechazaron dictar cautelar contra el decreto que declaró a la telefonía servicio público esencial

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"Habiendo sido ratificado el reglamento cuestionado por la Cámara Alta, no puede tenerse por acreditada la verosimilitud del derecho invocada por la accionante", concluyó el juez de feria al rechazar la cautelar.

La Justicia rechazó este viernes un planteo de Telecom para suspender la vigencia del decreto de necesidad y urgencia que declaró servicios públicos esenciales y estratégicos a la telefonía móvil y fija, internet y TV por cable, que también estableció una prestación básica universal y obligatoria.

La decisión fue del juez en lo contencioso administrativo federal Walter Lara Correa, quien se negó a dictar una medida cautelar contra la entrada en vigencia de esta norma y resoluciones vinculadas con los aumentos de tarifa.

"Habiendo sido ratificado el reglamento cuestionado por la Cámara Alta, no puede tenerse por acreditada la verosimilitud del derecho invocada por la accionante", concluyó el juez en relación con el decreto de necesidad y urgencia 690.

En el fallo se refirió así a la resolución 95/2020 por medio de la cual el Senado de la Nación determinó la validez del Decreto.

El magistrado descartó además la existencia de "peligro en la demora" invocado por Telecom y uno de los requisitos para dictar este tipo de medidas, previas a la sentencia definitiva en una demanda.

La empresa "no ha explicado concretamente" cómo la norma afectaría "el estado de sus finanzas", agregó.

El decreto de necesidad y urgencia fue dictado "en oportunidad que se encontraba vigente el Aislamiento social, preventivo y obligatorio, es decir en un contexto donde la única forma de conexión interpersonal era a través de los TIC".

Telecom pidió dictar una medida cautelar contra el Poder Ejecutivo Nacional y el Enacom para suspender la aplicación de los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 690/20.

La empresa consideró que "resultan nulos de nulidad absoluta" por "inconstitucionales".

Al desestimar el planteo, el magistrado advirtió que "no debe confundirse la tutela cautelar con la declaración del derecho en el proceso principal".

"Ello es así, ya que las providencias cautelares no constituyen un fin en sí mismas, sino que están ineludiblemente preordenadas a una ulterior sentencia definitiva, en la que se deberá restablecer de un modo definitivo la observancia del derecho", agregó.

Al contestar la demanda, el Estado Nacional pidió rechazar la medida cautelar y ratificó la "constitucionalidad" del decreto al remarcar que tuvo por objeto "posibilitar el acceso a la totalidad de los habitantes a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad".

El Estado explicó que "fueron detectadas serias limitaciones y dificultades al acceso al servicio de internet, que impidieron la educación a distancia" en los "sectores más vulnerables" durante la pandemia.

Además, sostuvo que tanto el decreto como las resoluciones del Enacom "constituyen una decisión política pública con el fin de proteger el derecho de acceso a la telefonía móvil y a los Servicios de TIC".

"El acceso a los servicios TIC para los sectores más vulnerables se transforma en el eje central en el que girará la regulación, procurando establecer un servicio de calidad con prestaciones básicas a un precio justo al cual podrán acceder un universo de personas humanas en situaciones económicas desfavorables", fundamentó el Estado Nacional al contestar la demanda.

Por su parte, el Enacom sostuvo ante la Justicia que "las disposiciones incluidas en las mentadas resoluciones importan la razonable implementación de un segmento de las políticas públicas diseñadas para el sector comunicacional".

La Prestación Básica Universal para servicios Triple Play que dispuso el decreto fija planes entre 150 y 700 pesos por mes para sectores vulnerables, y tiene fecha de inicio en enero de 2021.

Telecom manifestó que el Gobierno "destruye" los servicios de internet y telefonía

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La Prestación Básica Universal Obligatoria dispone un precio base de 150 pesos, que beneficiará a unos 10 millones de usuarios.

El Gobierno fijó una tarifa social de telefonía celular desde 150 pesos por mes para población vulnerable y autorizó a las empresas del sector a aplicar un 5% de aumento para el resto de los usuarios.

Para el sector que lidera Telecom, del Grupo Clarín, implica no solo una fuerte limitación a sus ingresos, sino directamente una destrucción de los servicios de telefonía y de internet.

"El gobierno ha buscado intervenir en la gestión, eliminando incentivos para la innovación y la competencia" al cambiar "drásticamente las reglas de juego" con el decreto que congeló los precios en agosto, dijo Telecom en un crítico comunicado oficial.

Actualmente los planes básicos arrancan en 680 pesos o bien un gasto de 20 pesos diarios de datos como mínimo. Con el esquema tarifario aplicado con la PBU, para los usuarios sería un ahorro del orden del 49% respecto de los precios actuales y para las empresas una caída de la facturación del orden de los 4.000 millones de pesos por mes solo por la telefonía celular, que se suma al atraso en los precios desde que el gobierno resolvió limitarles los aumentos y declararla servicio básico por decreto.

Para internet domiciliaria fija también habrá una tarifa social del orden de los 700 pesos mensuales a cambio de una cantidad que varía de los 2 a los 10 megas en función de la ubicación geográfica y la cantidad de clientes que posea la empresa prestadora.

Frente a una demanda creciente de tráfico de datos por el streaming de entretenimiento: Netflix, Disney, la socialización online y el teletrabajo, la reducción de los ingresos reales de las compañías podría redundar en un empeoramiento de la calidad del servicio por una caída en la inversión media por usuario.

¿Inversión o desinversión?

Claudio Ambrosini, Presidente del Enacom a nivel nacional sostuvo que "no habría motivos para desincentivar la inversión de las empresas porque", según declaró durante la presentación de la PBU, "apuntamos a que ningún argentino se quede sin servicio y que las compañías siguen invirtiendo en un mercado cada vez más grande" y agregó que, en materia de inversiones, "el foco del Gobierno está puesto en el 5G, y eso lo vamos a lograr trabajando juntos las empresas y el Estado".

Sin embargo, en el sector disienten y hay muestras claras de que las inversiones se verán demoradas o no se concretarán.

Movistar argentina quedó fuera de la compra que Liberty y Millicom hicieron del paquete de activos latinoamericanos que compraron a Telefónica de España. Las dos grandes de las telecomunicaciones no quisieron enterrar inversiones en Argentina por miedo a perder en el país.

En cambio, el Grupo Olmos, que maneja Crónica TV, Bae Negocios, revista Veintitres, Diario Show y Diario Crónica, estaría interesado en quedarse con la mayoría accionaria mediante una oferta de unos 200 millones de dólares. Como para poner en contexto: la totalidad de Movistar Costa Rica se vendió por 500 millones de dólares este año, y es un mercado de una décima del volumen argentino, aunque con un mayor PBI per cápita.

Triple Play: el Gobierno lanzó el servicio de celular, internet y cable desde 150 pesos

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La novedad llega de la mano de los aumentos autorizados para 2021. Todo, en el contexto de la definición de servicios básicos que el Gobierno le otorgó a esas prestaciones de conexión y comunicación, cuyo acceso pasa entonces a ser un derecho que el Estado debe garantizar.

El Gobierno nacional anunció un servicio de triple play: telefonía fija y celular, internet y televisión por cable dentro del programa Precios Cuidados, lo que implica fijar una Prestación Básica Obligatoria que cuesta apenas 150 pesos mensuales.

La implementación de la Prestación Básica Obligatoria comenzaría a estar disponible a partir del primero de enero del 2021.

Es preciso señalar que el pasado 22 de agosto, el Presidente Alberto Fernández firmó el decreto de necesidad y urgencia que declaró "servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia" a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga, al tiempo que suspendió "cualquier aumento de precios o modificación de los mismos" hasta el 31 de diciembre, en base a los precios vigentes a julio.