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Gobierno nacional formalizó la designación de Matías Álvarez como nuevo presidente de la UIF

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A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo ratificó el nombramiento del abogado propuesto por el Ministerio de Justicia y será el nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera.

El Gobierno formalizó la designación de Matías Gabriel Álvarez como nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera.

El nombramiento de Álvarez se oficializó a través del Boletín Oficial por medio del Decreto 291/2026, tras completar el proceso de audiencias públicas y la evaluación de antecedentes.

La postulación de Álvarez fue impulsada originalmente por el Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El candidato fue sometido a una instancia de consulta donde ciudadanos y organizaciones pudieron analizar su idoneidad para el cargo, proceso que culminó con una audiencia pública celebrada el pasado 22 de abril.

Durante dicha evaluación, el flamante titular de la Unidad de Información Financiera contó con el aval de especialistas, entre ellos el Presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera, Juan Félix Marteau, quien resaltó tanto su formación académica como su trayectoria profesional.

Su asunción se produce para cubrir la vacante dejada por Paul Starc, cuya renuncia fue aceptada a fines de enero. En sintonía con estos movimientos, el Gobierno también aceptó, mediante el Decreto 290/2026, la renuncia de Santiago Martín González Rodríguez, quien hasta el momento se desempeñaba como vicepresidente del organismo.

Gobierno ordenó que la UIF deje de ser querellante en causas de corrupción y lavado de dinero

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El objetivo de la medida apunta a evitar la superposición de organismos, que según el Ejecutivo podría generar “contradicciones” en las actuaciones.

El Gobierno dispuso que la Unidad de Información Financiera deje de ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos.

El Ejecutivo argumentó que el esquema actual "superpone la actividad" de la Unidad de Información Financiera y del Ministerio Público Fiscal, "con el consecuente gasto de recursos humanos y económicos que conlleva y el riesgo de incurrir en contradicciones en el obrar".

La medida se dispuso a través del decreto 274/2025, firmado por el Presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El texto mencionó que "el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva y sus delitos conexos son fenómenos de criminalidad compleja que afectan la integridad del orden económico-financiero, tanto nacional como internacional".

El decreto advirtió que estos delitos "evolucionan constantemente, no solo en sus formas de comisión, sino también por los medios utilizados a tal fin y por los actores involucrados que en ellos participan".

El texto mencionó que las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional representan "un sistema completo y consistente que los países miembros deben implementar para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva".

Citó un informe que "establece acciones concretas que el país debe adoptar, a fin de fortalecer el sistema nacional de lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva".

Entre ellas que Argentina "debe reconsiderar la intervención de la UIF como parte querellante, en tanto dicha actividad podría afectar su autonomía e independencia operativa".

Destacó que "corresponde regular las condiciones para que la UIF delimite el alcance de las obligaciones que recaerán sobre los sujetos obligados conforme un enfoque basado en riesgo, eficiente y eficaz, que contemple las distintas capacidades técnicas de los referidos sujetos y sus recursos".

Mencionó la competencia de la Unidad de Información Financiera "para poner a disposición del Ministerio Público Fiscal y para el ejercicio de las acciones pertinentes los elementos de convicción obtenidos en el marco de su actuación, como así también para colaborar con los órganos judiciales y ese Ministerio Público en la persecución penal de los delitos de lavado de activos y sus delitos precedentes, de financiación del terrorismo o de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de acuerdo con las pautas que se establezcan reglamentariamente".

Dólar MEP y Contado con Liquidación: multa millonaria a agente por no reportar operaciones sospechosas

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La Unidad de Información Financiera impuso una sanción de multa que supera los $1.500 millones a una empresa del sector de Mercado de Capitales por no presentar Reportes de Operaciones Sospechosas.

Gobierno le aplicó una multa de 1.523 millones de pesos a un agente de liquidación y compensación y sus socios, en medio de la convulsión cambiaria.

Las Alyc son claves para comprar y vender bonos que permiten hacerse de dólares.

Ante incumplimientos de las obligaciones previstas en la Ley 25.246, la Unidad de Información Financiera declaró la responsabilidad de Cucchiara y Cia, Agente de Liquidación y Compensación, y sus socios, e impuso una sanción de multa que supera los mil quinientos millones de pesos.

Por no llevar a cabo el debido control y monitoreo que demanda la Ley y exige la UIF sobre las operaciones financieras sospechosas de lavado de activos y financiamiento de terrorismo realizadas por sus clientes, la multa total establecida asciende a $1.523.430.568.

La operatoria que dio origen a la sanción por la ausencia de presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas ante la UIF consistió en la realización de transferencias receptoras y emisoras efectuadas por el cliente del Sujeto Obligado, las cuales fueron realizadas sin tener correlación en alguna operación de índole bursátil y con carencia de documentación adecuada que justifique en forma razonable los montos transferidos.

La sanción aplicada se corresponde con la elevada cifra de las transacciones sospechosas de lavado de activos, en dólares y en pesos, que no fueron reportadas ante la UIF por el ALyC, tal como lo demanda la Ley 25.246, sus modificatorias y su reglamentación, las cuales fueron detectadas, analizadas y sancionadas por la labor que ejerce la UIF, junto con la colaboración conjunta de la Comisión Nacional de Valores.

"De esta manera, la UIF aplica una sanción eficaz, proporcional y disuasiva, en línea con los estándares internacionales en la materia", señaló el Gobierno.

El Ministro Massa implementó medidas para combatir la inseguridad en Rosario

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El ministro de Economía y candidato a presidente visitó la ciudad santafesina y para inaugurar la primera delegación regional de la Unidad de Información Financiera y participó de la implementación de un sistema de geolocalización para los usuarios de la tarjeta SUBE.

Después de lanzar las obras del Gasoducto Norte en la provincia de Córdoba, Sergio Massa viajó hacia la ciudad de Rosario en donde, junto al Ministro de Transporte Diego Giuliano y el Gobernador de Santa Fe Omar Perotti, lanzó la agencia regional de la Unidad de Información Financiera y presentó la implementación del Sistema de Alerta Automotor que integra la SUBE con el 911 para brindar más seguridad a conductores y pasajeros del transporte público automotor.

En el inicio de su discurso, Sergio Massa apuntó que el principal objetivo de las medidas es "que los rosarinos vivan más seguros y sin miedo".

"El Ministerio de Economía también tiene una responsabilidad a la hora de poner herramientas en la lucha contra la inseguridad y, además, yo como argentino si pretendo dirigir los destinos de nuestra patria tengo que involucrarme y comprometerme en persona con Rosario", añadió.

En detalle, el funcionario nacional explicó que la medida en transporte se trata de "poner en cada colectivo un botón antipánico móvil, con rastreador y conexión al sistema de seguridad para que los rosarinos viajen más seguros".

Por otro lado, sobre la instalación de la Unidad de Información Financiera, explicó que junto con el Banco Central, la Aduana y la Comisión Nacional de Valores van a "perseguir lo más importante del narcotráfico, su dinero. La plata que usan para corromper policías, comprarle la voluntad a pibitos para usarlos de soldaditos y muchas veces también comprar empresas pantalla que sirven como lavadero de dinero que genera la venta de droga".

"Aquellos que manejan la plata del narcotráfico van a tener que rendir cuentas", dijo.

Dirigiéndose al Director de Gendarmería Nacional, el Comandante General Andrés Severino, Sergio Massa le pidió "que se comprometa y llenemos de gendarmes Rosario para que los rosarinos recuperen la paz". Asimismo, remarcó el aporte que tendrán la Prefectura y la Policía Federal.

Finalmente, se refirió a Marcelo Lewandowski, candidato a Unión por la Patria en Santa Fe, con el que anheló una gestión conjunta: "Que no nos queda sin poner ni una sola cámara, ni un botón antipánico ni un equipamiento. Habrá la inversión que haga falta para que Rosario vuelva a ser la Chicago argentina por la producción y dejemos de decir que Rosario sangra".

Gobierno de Capitanich ratificó ante la Justicia que este año transfirió más de $141 millones al Clan Sena

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El Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular respondió un requerimiento del fiscal federal que investiga el dinero encontrado en la casa de los acusados. El último pago fue el 2 de junio, el día que desapareció Cecilia Strzyzowski.

En apenas cuatro meses, el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular, un organismo oficial de la provincia del Chaco, le transfirió $141.395.812,83 al Clan Sena a través de la Fundación Saúl Andrés Acuña.

Los pagos comenzaron el 1 de febrero y se cortaron el 2 de junio, el mismo día que fue asesinada Cecilia Strzyzowski, según un informe oficial entregado al fiscal federal Patricio Sabadini, que investiga el patrimonio de la familia Sena.

El IAFEP, un organismo encargado de impulsar políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo rural y apoyo a la agricultura familiar de la provincia del Chaco, contestó en las últimas horas un requerimiento de la Justicia y detalló cada uno de los pagos realizados este año.

El 1 de febrero hubo cuatro transferencias: dos de $1.174.373,21 y dos por $4.175.550. En marzo, según pudo saber Infobae, hubo otras 8 transferencias: solo el 20 de ese mes, el IAFEP envió a la cuenta de la Fundación $24 millones.

El informe, que lleva la firma del titular del IAFEP, Carlos Mauricio Andión, también detalla que en el mes de abril se transfirieron $36 millones en apenas tres pagos. La mayoría de las transferencias serían para "soluciones habitacionales". Solo hay un pago, fechado el 22 de marzo, por $39.710.000, con la sigla ANR-ORGANIZACIONES.

Los pagos a la Fundación de los Sena, al menos de parte del IAFEP, se cortaron el 2 de junio. Para los fiscales que investigan el crimen, Cecilia fue asesinada ese mismo días entre las 12.16 horas y las 13.01 horas, cuando salió de la casa César Sena.

Ese mismo día, el organismo oficial de Chaco transfirió $3 millones. Una semana después, el 9 de junio, cuando la Policía chaqueña detuvo a Emerenciano Sena y a su esposa Marcela Acuña, hubo una última transferencia de $825.000 desde otro organismo oficial.

"El IAFEP no es el único organismo que inyectaba dinero a la Fundación", ratificó una fuente de la investigación. Por ese motivo, el fiscal Sabadini espera por estas horas que respondan otros organismos públicos chaqueños para determinar el monto total de dinero que recibieron los Sena.

Sabadini conduce una investigación preliminar a partir del hallazgo de $6.058.190 durante un allanamiento realizado el 4 de junio en la casa de los Sena. El dinero estaba escondido en un mueble metálico para herramientas y se trasladó en un camión de caudales.

El 16 de junio, el fiscal pidió un total de 17 medidas de prueba para conocer el patrimonio de los Sena.

La principal medida apuntaba a levantar el secreto fiscal y bancario sobre César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, ahora acusados de homicidio agravado y premeditado, pero también sobre la Fundación y la "Cooperativa de trabajo Emerenciano Limitada".

El miércoles pasado, la jueza federal de Chaco, Zunilda Niremperger, hizo lugar a ese pedido clave. A partir de ese momento se enviaron oficios a la AFIP, a la UIF, y a otros organismos para determinar si pueden justificar el dinero encontrado.

El Registro de la Propiedad de Chaco informó que solo figuran "dos campos registrados hace diez años a nombre de Emerenciano Sena" y que la casa ubicada en la calle Santa María de Oro al 1400, donde habrían matado a Cecilia, está inscripta a nombre de Marcela Acuña como "una herencia de su padre".

Los otros dos bienes detectados hasta ahora son dos terrenos ubicados en la localidad de Colonia Benitez, a solo 10 kilómetros de la ciudad de Resistencia.

Esos inmuebles, según las fuentes consultadas por Infobae, fueron informados por una escribanía y se habrían registrado en 2016 por un valor total de $1.800.000, unos 130 mil dólares según el cambio oficial de ese entonces.

Una de las hipótesis es que la fortuna encontrada en la casa de los Sena estaba destinada a financiar los gastos de campaña, ya que Emerenciano y su esposa eran candidatos en las elecciones del domingo pasado, en una lista colectora del Gobernador Jorge Capitanich.

"El dinero podría ser producto de una recaudación compulsiva de los beneficiarios de planes sociales", explicó una fuente judicial.

Ruta del dinero K: UIF y AFIP también pidieron el sobreseimiento de Cristina

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El pedido de los organismos se suma al dictamen del fiscal Guillermo Marijuán que días atrás solicitó el sobreseimiento de Cristina Kirchner en el marco de la causa por lavado de activos en la que está condenado Lázaro Báez.

Las querellas de la Unidad de Información Financiera y la AFIP en la causa por lavado de dinero por parte del empresario Lázaro Báez y su empresa Austral Construcciones solicitaron el sobreseimiento de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en esa investigación, en coincidencia con el dictamen del fiscal Guillermo Marijuán.

Los organismos que actúan como querellantes en la causa respondieron la vista que les corrió el juez federal Sebastián Casanello a cargo del caso y también postularon que debe desvincularse a la Vicepresidenta, informaron fuentes judiciales.

Ante ello, al contar ya con las opiniones de los impulsores de la acusación, Casanello quedó en condiciones de tomar una decisión.

Se trata de la causa en la que ya fue condenado el empresario Lázaro Báez junto a otros juzgados junto con él por maniobras de lavado de dinero.

En un dictamen de 46 páginas que le presentó a Casanello, Marijuán remarcó que, a pesar de haber exhibido un vínculo "directo" entre la exmandataria y el empresario, no logró reunir elementos probatorios que le permitieran avanzar más allá de la sospecha manifestada en su momento para convocarla a indagatoria.

A principios de abril de 2022, Cristina Kirchner le pidió al juez Casanello su sobreseimiento definitivo en la causa en la que estaba en una situación procesal de "falta de mérito".

Cristina Kirchner fue indagada en ese expediente por orden de la Cámara Federal, ya que Casanello siempre consideró que no había elementos que la incriminaran en la maniobra.

La hipótesis acusatoria indicaba que el dinero que presuntamente "lavó" Lázaro Báez era, en realidad, del matrimonio entre Néstor y Cristina Kirchner.

Recientemente, el fiscal Marijuan, sobre la base de un fallo de la Cámara de Casación, desvinculó a la vicepresidenta de las maniobras de Báez.

"Si se considera que la descomunal masa de dinero que Lázaro Báez lavaba con la compleja maniobra de ´exportar´ millones de divisas reingresándolas al país como una inversión, así como la compra de innumerables muebles e inmuebles, proviene sólo de la evasión fiscal y no de la asignación irregular de la obra pública direccionada a su favor, se aleja el centro de la escena delictual del poder político de esta causa de lavado de dinero", dictaminó.

Operativo de Policía Aduanera en el Mercado Central

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Tras las medidas anunciadas por Economía, se realiza una inspección para realizar verificaciones. Hay algunas firmas en la mira de los sabuesos.

Unos 50 integrantes de la Policía Aduanera arribaron esta mañana a las instalaciones del Mercado Central para realizar verificaciones tras las medidas anunciadas ayer por el Ministerio de Economía.

Las fuentes oficiales confirmaron que funcionarios de la Aduana llevarían adelante una inspección en "galpones" con categoría de depósito fiscal y "las zonas de frutas y verduras".

Además, uno de los predios sería de telas importadas, aunque no se descarta el monitoreo oficial en otros lugares.  Una firma vinculada a frutas en el pabellón de envases está en la línea de los sabuesos. 

La cartera que conduce Sergio Massa dio a conocer ayer una serie de resoluciones, entre las que se conoció una para darle un nuevo rol de "importador" para el Mercado Central.

"Ante la detección de distorsiones en los precios de los alimentos por parte de la Secretaría de Comercio, por el abuso de empresas composición dominante de mercado, el Mercado Central podrá importar en forma directa dichos productos con arancel cero creando mayor oferta de productos sin costo de intermediación", indicó el Palacio de Hacienda.

Y para los controles de precios, surgirá una unidad de Análisis del Comercio que tendrá por objetivo monitorear la trazabilidad de los bienes que se comercian en el mercado local y la tributación en cada etapa.

Ese organismo estaría integrado por Secretaría de Comercio, de Producción y de Agricultura del Ministerio de Economía, AFIP, DGI, Seguridad Social y Aduana, Banco Central, Superintendencia de Seguros, Comisión Nacional de Valores y la UIF.

UIF no acusó a Cristina y demás implicados en el juicio por la obra pública

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"Sería irresponsable avanzar en una acusación", dijeron los abogados del organismo anti lavado, al plantear "dudas" sobre la tarea de los peritos y ante las obras que durante el Gobierno de Cristina Kirchner al empresario Lázaro Báez.

La Unidad de Información Financiera adelantó que no acusó a la Vicepresidenta Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y demás acusados por fraude en la obra pública.

"Corresponde la absolución por fraude", dijeron los abogados Irachet y Ventura en la etapa de alegatos ante el Tribunal Oral Federal 2.

"El coloquio profundizó las dudas y debilitó la certeza, dejando huérfana la acusación en este sentido", dijeron los abogados al criticar la tarea de los peritos que analizaron un muestreo de 5 de las 51 obras viales bajo sospecha.

En ese sentido, dijeron que ante un peritaje que dijo que "no hubo sobreprecios. Por lo tanto ni la pericia oficial ni la de la fiscalía pudieron revertir sus fundamentos".

"No ha resultado posible para sostener", dijeron los abogados, luego de analizar los dichos de "los peritos" en cuanto a los que también realizó la Corte Suprema de Justicia.

"Esas dudas nos impide tener como certeza los sobreprecios”, por lo que dieron por descartado esa acusación, y eso es un "elemento esencial" de la acusación.

La UIF "tiene la necesidad de ser objetiva", se justificaron, y por eso dijo que "han quedado dudas" sobre el trabajo de los peritos.

"Queda descartado el perjuicio, que es un tipo penal de lavado", señalaron, y criticaron la gestión anterior de la UIF durante el macrismo. "Ante dudas sería irresponsable avanzar en una acusación", concluyeron.