La Cámara de Diputados comenzó el debate por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.
La oposición debe lograr los dos tercios de legisladores presentes para bloquear la iniciativa del Presidente Javier Milei, que hasta el momento se habría garantizado blindar unos 80 apoyos.
El Gobierno cuenta los votos y sigue de cerca lo que pasa en el Congreso, en una sesión que puede extenderse unas cuatro horas.
Tras el anuncio del veto al presupuesto universitario hecho por el Presidente Javier Milei, la CONADU, la federación de docentes universitarios más importantes del país, convocó un paro nacional para el jueves 25 y viernes 26 de septiembre y un paro y Marcha Nacional Universitaria para el 2 de octubre.
Denuncian una pérdida del poder adquisitivo de cerca del 75% desde que diciembre pasado.
Además realizarán los próximos lunes, martes y miércoles jornadas de visibilización de la crisis que está atravesando el sector.
De esta manera, se suman a las medidas anunciadas por la federación de no docentes, FATUN, y sindicatos de docentes de la UBA que habían convocado a un paro para el viernes 26. Se espera que otros gremios de la comunidad universitaria se sumen a las medidas de fuerzas.
"Nos preocupa que se incumplan leyes nacionales de financiamiento de la educación superior, la ciencia y la tecnología", señaló Pablo Perazzi, secretario general de FEDUBA Sindicato de Docentes de la UBA y uno de los dirigentes la CONADU que votó las medidas de fuerza.
La expectativa de los y las docentes está puesta en la nueva marcha universitaria. Por eso decidieron en el plenario de la CONADU, proponer al Frente Sindical, que reúne a las demás federaciones de la comunidad universitaria, realizar en conjunto una gran movilización en unidad con paro que emule a la realizada en abril.
Si bien a los docentes no les sorprende el brutal recorte sobre las universidades nacionales y el sistema científico tecnológico, Perazzi afirmó que sí lo hace el intento de "engañar a la ciudadanía sosteniendo que un país puede desarrollarse reduciendo al mínimo la formación de científicos y profesionales universitarios".
"Parece que el Gobierno cree que formar médicos, ingenieros, científicos sociales o programadores es una cuestión de la casta o de los depravados fiscales. La desconexión con la realidad es alarmante", advirtió a este medio.
El ajuste a las universidades nacionales públicas podrían profundizarse en 2025. Tras el anuncio al veto a la ley de financiamiento universitario anunciado por Javier Milei, el Gobierno Nacional decidió mantener la suspensión del Fondo de Incentivo Docente y asignó a las universidades nacionales casi la mitad de los recursos que solicitaron, según se desprende del proyecto de Presupuesto del año que viene.
El oficialismo asignó a las altas casas de estudios $3.800 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional están pidiendo para poder funcionar $7.200.000.
A eso se suma que se mantiene la suspensión del Fondo de Incentivo Docente que rige desde enero y que provocó quejas de la oposición de la Cámara de Diputados, que buscó, aunque todavía sin éxito por diferencias en los bloques opositores, sancionar una ley para restituir el FONID.
El Gobierno afrontará otra semana clave en el Congreso, donde la agenda viene cargada de temas sensibles para el programa oficial, como el veto a la ley que recompone jubilaciones y modifica la fórmula para actualizar los haberes, el Decreto que amplió los fondos de la Secretaría de Inteligencia; la Boleta Única de Papel y el proyecto de financiamiento universitario.
La agenda parlamentaria iniciará este martes, pero la tensión podría escalar este miércoles, desde las 10, cuando la oposición en Diputados intente revertir el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria.
En su rol de Cámara de origen, debe reunir el voto de al menos dos tercios de los presentes en el recinto para que la discusión pase al Senado.
En las últimas semanas, el Presidente Javier Milei se puso al frente de una mesa con los referentes de la oposición dialoguista para bloquear la ofensiva de sus colegas más intransigentes.
En la Cámara alta, el oficialismo podría sufrir este jueves una doble derrota, cuando, desde las 14, la oposición intente sancionar la ley de financiamiento universitario y voltear definitivamente el DNU con el que el Poder Ejecutivo le asignó 100.000 millones de pesos de fondos reservados a la SIDE.
Este nuevo revés no sólo marcaría un hecho inédito en la historia democrática, ya que sería la primera vez que el Congreso rechaza un Decreto de Necesidad y Urgencia; también obligaría a la Casa Rosada a pagar el costo político de tener que vetar una nueva norma aprobada por el Poder Legislativo.
Como contracara, el Gobierno lograría la aprobación de la Boleta Única de Papel, que ya cuenta con el aval de Diputados.
El bloque de la Unión Cívica Radical de la Cámara de Diputados pidió este viernes una sesión especial para el miércoles próximo, luego de la convocatoria al recinto solicitada por el PRO y La Libertad Avanza para tratar un temario amplio que incluye la declaración de la esencialidad educativa.
La sesión está pedida para el miércoles a las 14 horas "o al término de la Sesión Especial solicitada" por Alejandro FInocchiaro y otros.
La aclaración es para prevenir ante posibles "argucias reglamentarias" que aleguen que ambas convocatorias se "superponen" y que en consecuencia la sesión pedida por el radicalismo, por haber sido presentada posteriormente, no tendría validez, señalaron altas fuentes del bloque radical.
Como si fuera poco, para el jueves a las 10 horas está pedida otra sesión especial por parte de Encuentro Federal (ex Hacemos Coalición Federal), la Coalición Cívica y un grupo de diputados díscolos del radicalismo para tratar la derogación del decreto 656 que engordó en 100 mil millones de pesos el presupuesto para gastos reservados de la nueva SIDE.
Esta situación configura un panorama inaudito para la semana que viene, con tres sesiones especiales pedidas con una diferencia de menos de 24 horas entre el inicio de la primera y el de la tercera y última.
Y tiene como antecedente inmediato la caída de la sesión especial pedida por el oficialismo el miércoles pasado, con un temario que incluía el tratamiento de un proyecto para la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos, muy esperado por las Madres del Dolor, así como de otra iniciativa para modificar la ley de Armas.
El dictamen de minoría firmado con 21 firmas de la UCR, Encuentro Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal, que tiene como autora principal a la radical Danya Tavela, propone actualizar el presupuesto universitario tomando como criterio la inflación del año pasado medida por Indec.
Y a partir de esa base empezar a indexarlo de forma bimestral usando un coeficiente que combine un 50% de variación del IPC, 25% la variación del dólar y otro 25% la variación de las tarifas de servicios públicos.
Además, establece una modificación del articulo 58 de la Ley de Educación Superior y dicta la obligatoriedad de la Auditoría General de la Nación de realizar auditorías en el Congreso nacional sobre las erogaciones de las universidades nacionales.
El dictamen de mayoría de Unión por la Patria, que cosechó 34 firmas, también propone actualizar bimestralmente las partidas presupuestarias, pero incorpora otros ítems que generan mayor costo fiscal como la ampliación de los beneficiarios y de los montos de las becas Progresar.
Además, el proyecto del kirchnerismo incorpora un artículo que explícitamente obliga a recomponer los salarios de docentes y no docentes universitarios.
"El Poder Ejecutivo dispondrá una inmediata actualización de las partidas presupuestarias relativas a los salarios docentes y no docentes universitarios a los efectos de recomponer el poder adquisitivo de los y las trabajadoras y actualizar la garantía salarial docente del sector", señala el texto.
En tanto, la iniciativa prevé la actualización presupuestaria para ciencia y técnica, desarrollo de proyectos especiales, desarrollo de institutos tecnológicos y extensión universitaria.
La Libertad Avanza y el PRO presentaron su propio dictamen unificado con 26 firmas, mientras que el Frente de Izquierda suscribió otro despacho con dos rúbricas.
Los gremios ligados a la educación universitaria pidieron al Gobierno nacional una recomposición de sus haberes "acorde al proceso inflacionario que atraviesa el país y también la devaluación que se produjo en diciembre del año pasado".
"Esperamos un alto nivel de acatamiento, participaron muchos docentes y votaron más de 400 docentes, más el 40% de nuestro padrón", indicó Barcelona, quien además añadió que "todos votaron por el paro por tiempo indeterminado".
"Entendemos nosotros que el ánimo, en un principio, es salir a pelear", destacó el gremialista.
El Frente Sindical de Universidades Nacionales anunció un paro de 48 horas para el próximo martes 4 y miércoles 5 de junio, tras fracasar las negociaciones paritarias con la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
"El Gobierno no realizó ninguna propuesta concreta", aseguró el gremio.
A través de un comunicado, el Frente, integrado por Conadu Histórica, Conadu, Fedun, Ctera, Fagdut y UDA, informó que en el encuentro que se concretó este martes "el Gobierno no realizó ninguna propuesta concreta que diera respuesta a la pérdida salarial que mantiene a más de la mitad de trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes por debajo de la línea de pobreza".
Los gremios habían presentado una serie de pedidos, entre los que se contaban "la pauta salarial mensual para no seguir perdiendo con la inflación, la recuperación de lo perdido, del orden del 50%, y actualización de la garantía salarial".
Además, reclamaron por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y solicitaron recursos para capacitación.
El Gobierno nacional, de este modo, lejos de resolver el conflicto, lo agudiza", dijeron y remarcaron que si bien existe la "voluntad de diálogo para llegar a un acuerdo", "no se puede esperar más por lo que convoca a un paro de 48 horas los días 4 y 5 de junio".
En esa línea, recordaron que fue este sector el que convocó a la masiva marcha universitaria del pasado 23 de abril, que "unió a las instituciones de todo el país y que entre sus reclamos incluyó la actualización de los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios, un aspecto que "se encauzó esta semana".
"Celebramos este principio de solución, pero alertamos a la ciudadanía que los mismos representan solo el 10% del total del presupuesto universitario. El 90% restante del presupuesto es el salario de quienes trabajamos en las universidades y ello está aún sin solución", manifestaron.
Frente a este escenario, enfatizaron en que la administración de Javier Milei "tiene la responsabilidad de ofrecer una propuesta que permita a docentes y no docentes cumplir con su trabajo".
"Sin salarios dignos no hay posibilidad de una Universidad Pública de calidad", expresaron.
La Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recibirá el lunes a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional, para retomar la agenda de trabajo conjunta en torno a la actualización del presupuesto de este año.
La funcionaria, junto con el Secretario de Educación, Carlos Torrendell, buscarán acordar la creación de una comisión para la confección del presupuesto 2025 y analizará las medidas existentes para profundizar la transparencia de los fondos que se transfieren a las instituciones universitarias y el debido cumplimiento de las rendiciones de dichos gastos.
Pettovello y Torrendell, acompañados por el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, fijarán medidas conjuntas para el debido cumplimiento de lo establecido en el art. 33 de la Ley de Educación Superior, en relación con la pluralidad de ideas y las líneas de investigación, combatir la persecución ideológica y la discriminación por razones políticas, particularmente, contra el antisemitismo.
También se evaluará la situación de los investigadores, centros de administración compartida con el Conicet e infraestructura para el desarrollo de la investigación.
Se analizará el estado de situación del Plan de Infraestructura Universitaria, las restricciones presupuestarias y la racionalización de los fondos otorgados por la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
Por último, se trabajarán los lineamientos de la cooperación del sistema universitario para el desarrollo e implementación del Plan Nacional de Alfabetización establecido por la Secretaría de Educación perteneciente al Ministerio de Capital Humano.
El próximo martes 30 de abril volverán a verse las caras los funcionarios del Gobierno nacional y las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a los rectores de las universidades públicas. Será el primer encuentro tras la Marcha Federal Universitaria, que movilizó cientos de miles de personas en todo el país.
La reunión fue convocada desde la Secretaría de Educación y, a diferencia de los encuentros anteriores, esta vez participará la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cuya presencia habían pedido los rectores.
También estará Carlos Torrendell, secretario de Educación. Desde la Secretaría no confirmaron ni desmintieron la presencia del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien quedó en el ojo de la tormenta por su tono abiertamente confrontativo con las universidades, tanto en las redes sociales como en el último plenario de rectores en la UNSAM.
Fuentes de la Secretaría de Educación aseguraron que quieren darle "previsibilidad" al financiamiento de la educación superior, tal como lo vienen reclamando los rectores de las 58 universidades nacionales.
También confirmaron que en mayo habrá un aumento del 70% en los gastos de funcionamiento, que representan alrededor del 10% del presupuesto universitario, dado que el 90% va a salarios, y prometieron que sostendrán el financiamiento de los hospitales universitarios.
A la vez, reconocieron que los salarios de docentes y no docentes están atrasados con respecto a la inflación, desde la UBA estiman una pérdida del 35% desde diciembre de 2023, y también se encuentran 15 puntos por debajo de la evolución del salario de los empleados estatales.
Las paritarias con los gremios universitarios se realizan todos los meses pero sin llegar a acuerdos.
Desde la Secretaría de Educación confirmaron, en línea con lo que ha afirmado públicamente Torrendell desde el inicio de su gestión, la voluntad de reconstruir la confianza con las universidades.
En ese sentido, no se mostraron demasiado entusiasmados con iniciativas como la creación de una cuenta oficial de correo electrónico para que los estudiantes denuncien a sus docentes por "adoctrinamiento", tal como lo promovía el Subsecretario Álvarez.
Sin embargo, subrayaron que las diferencias entre Torrendell y Álvarez son más de formas que de fondo.
La sesión especial pedida por Unión por la Patria para tratar la emergencia presupuestaria de las universidades públicas nacionales, la movilidad jubilatoria y el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente no alcanzó quórum, y se desarrolla con expresiones de minoría en el recinto de la Cámara de Diputados.
A las 11.30, cuando el Presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por caída la sesión, se habían sentado en sus bancas 124 legisladores nacionales de los 129 necesarios para habilitar el tratamiento, entre ellos la mitad del bloque radical, un sector minoritario de Hacemos Coalición Federal y los 4 diputados del Frente de Izquierda.
La convocatoria del bloque presidido por Germán Martínez tuvo lugar el día después de la masiva movilización en el centro porteño y en las grandes ciudades del país en el marco de la Marcha Federal Universitaria para denunciar el desfinanciamiento de la educación superior por parte del Gobierno del Presidente Javier Milei.
Si bien no alcanzó para votar los 27 proyectos que estaban en el temario, ninguno de ellos tenían dictamen, por lo que hubieran necesitado dos tercios de los votos, una cifra imposible de reunir para la oposición, el kirchnerismo logró al menos su objetivo de presionar a la oposición que fue a la marcha y dividirla.
El señuelo fue la inclusión en el temario proyectos que habían sido impulsados por diputados de distintas fuerzas de la oposición, que versan sobre temas que atraviesan transversalmente las preocupaciones de los bloques, y más aún con la crisis universitaria en ebullición.
De hecho, el dato político más impactante fue la fragmentación del bloque de la Unión Cívica Radical, que preside Rodrigo De Loredo: de sus 30 diputados, 14 dieron quórum, una se sentó cuando se había caído la sesión, y los restantes 15 decidieron ausentarse para no generar olas en medio de las negociaciones por la Ley Ómnibus y el paquete fiscal.
En suma, los 15 radicales presentes en la sesión fueron Facundo Manes, Pablo Juliano, Pedro Galimberti, Marcela Coli, Fernando Carbajal, Jorge Colo Rizzotti, Natalia Sarapura, Manuel Aguirre, Carla Carrizo, Marcela Antola, Melina Giorgi, Danya Tavela, Mariela Coletta y Fabio Quetglas y Brouwer de Koning que llegó tarde.
De Loredo, quien este martes fue duramente escrachado durante su participación de la marcha universitaria en Córdoba, cumplió con el Gobierno y logró que 15 de sus diputados no se sentaran en las bancas.
En el bloque Hacemos Coalición Federal, apenas cuatro de los 23 integrantes fueron de la partida. Los únicos que colaboraron para que hubiera quórum fueron los cordobeses Natalia de la Sota y Juan Brügge, y los socialistas santafesinos Esteban Paulón y Mónica Fein. Sorpresivamente, no estuvo en la sesión Margarita Stolbizer, que ayer había participado de la Marcha Federal Universitaria.
Tampoco estuvieron los 5 diputados de la Coalición Cívica, a excepción de Maximiliano Ferraro, quien llegó cuando la sesión ya había sido dada por caída por Menem.
Sí estuvieron los 2 diputados del bloque Por Santa Cruz que responden al Gobernador de esa provincia patagónica, Claudio Vidal: Sergio Acevedo y José Luis Garrido.
El Vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió este miércoles a la masiva marcha universitaria de el martes para reclamar una actualización presupuestaria y afirmó que "las universidades no se van a cerrar, no va a estar jamás en una agenda nuestra cerrar una universidad".
"Si la posición de la marcha fue para que nosotros, como Gobierno, no impulsemos el cierre de las universidades, fue una marcha equivocada, porque claramente no es que nosotros no lo tenemos en agenda, nunca se nos hubiera cruzado por la cabeza resquebrajar la educación pública y, con eso, cerrarlas. Eso fue evidentemente algún sector con determinados intereses que logró imponer ese título que está lejos de ser compatible con nosotros o con nuestra ideología", expresó el funcionario.
En el marco de su habitual conferencia de prensa, Adorni agregó que la participación de dirigentes políticos en la movilización de ayer "transformó un reclamo genuino en una marcha política opositora", y volvió a pedir que se auditen los fondos universitarios.
"Las universidades no son gratis, son no pagas para el que estudia; la pagan los argentinos", indicó.
"Solo es sostenible una educación pública de calidad en el camino que estamos transitando, de equilibrio de las cuentas públicas y, por supuesto, de las auditorías que creamos convenientes en pos de entender un poco en qué son utilizados los fondos", planteó Adorni.
En esta línea, el vocero presidencial apuntó contra la presencia de "determinados personajes como centro de la escena" y, sin nombrarlos, aseguró que "muchos de ellos son responsables de buena parte del ajuste que ha sufrido la educación en los últimos años y que además son totalmente responsables de la situación que hoy viven los argentinos".
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