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Juntos por el Cambio arrasó en Avellaneda, la ciudad de Vicentin

Gonzalo Braidot, elegido intendente de Avellaneda, Santa Fe.

Gonzalo Braidot, allegado al senador Dionisio Scarpin, ganó la intendencia de la ciudad santafesina Avellaneda con más del 75,39% de los votos. Hubo euforia radical y paliza para el peronismo.

Juntos por el Cambio celebró este domingo un contundente triunfo en la ciudad santafesina de Avellaneda, donde el Intendente interino, Gonzalo Braidot, hombre del senador Dionisio Scarpin, ganó las elecciones generales con un arrasador 75,39% de los votos contra un 23,08% de su oponente peronista.

Braidot, quien se hizo cargo de manera interina del municipio del norte santafesino en 2021 cuando Scarpin dejó la intendencia para asumir su banca en el Senado, obtuvo 8.175 votos, muy por encima del peronista Aldo González, su único rival, quien apenas cosechó 2.513 sufragios, el 23,08%.

Es preciso señalar que aunque Avellaneda no es una ciudad de peso electoral en la provincia de Santa Fe, los ojos de la política se posaron en esta elección por la figura del Senador Scarpin, quien con este triunfo puede anotarse en la carrera por la gobernación en 2023.

Detuvieron al presidente de Vicentin por disponer de bienes cautelados por la Justicia

Omar Scarel será trasladado a Rosario, donde se realizará una audiencia de imputación en la causa por la venta de acciones de la empresa Renova sobre las cuales existía una medida cautelar.

Omar Scarel, presidente de la aceitera Vicentin, fue detenido este lunes en la ciudad santafesina de Avellaneda, en el marco de una causa que investiga la venta de activos de la empresa Renova, que estaban cautelados por la Justicia.

Scarel fue apresado en Avellaneda, a unos 330 kilómetros al norte de la capital provincial, y en las próximas horas será trasladado a Rosario, donde este miércoles sería imputado.

En la vivienda donde lo detuvieron, los investigadores habrían secuestrado 40.000 dólares y 600.000 pesos.

Además del operativo de detención del empresario, la Unidad de Delitos Económicos y Complejos del Ministerio Público de la Acusación de Rosario ordenó allanamientos en oficinas de Puerto Norte de esa ciudad del sur provincial.

Las fuentes dijeron que el fiscal Miguel Moreno investiga a Scarel por maniobras realizadas antes de ocupar la presidencia de Vicentin, firma de la que era contador. Entre otras acciones, le endilga haber confeccionado y utilizado balances anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018 con datos falsos que ocultaban los verdaderos números de la empresa.

También se le imputa haber presentado informes ante bancos internacionales con la intención de mostrar que Vicentin poseía una posición financiera sólida para conseguir créditos.

Esas maniobras habrían sido realizadas por Scarel entre enero de 2017 y julio de 2019 y le habrían permitido a la aceitera con sede en Avellaneda conseguir créditos por unos 500 millones de dólares.

El comunicado de la empresa

La compañía difundió un comunicado en el que calificó como "absolutamente injustificada, arbitraria y desmedida" la detención de Scarel y señaló que tanto el ejecutivo como todos los miembros del directorio de la empresa "han estado siempre a derecho, a disposición de la Justicia".

"Llama poderosamente la atención que este hecho ocurra, cuando se han alcanzado las mayorías de cápitas necesarias para aprobar la propuesta concursal y cuando el concurso se encuentra próximo a resolverse con la aprobación de las entidades financieras", sostiene el documento.

El proyecto de intervención

En junio de 2020, el Presidente Alberto Fernández anunció la intervención estatal de la empresa Vicentin y el envío al Congreso de un proyecto de ley de expropiación "para garantizar el funcionamiento de la compañía y los puestos de trabajo".

La medida no fue bien recibida, y tras masivas movilizaciones, el Gobierno retiró el proyecto.

La deuda total del grupo se estima en u$s 1.350 millones. De ellos, unos u$s 1.000 millones corresponden a pasivos con entidades financieras y los u$s 350 millones restantes con productores agrupecuarios que venden sus productos a la firma.

Congelaron todas las cuentas a Vicentin y está en riesgo el pago de sueldos

El Juez penal Hernán Postma le ordenó al Banco Central el congelamiento de las cuentas de Vicentin. La empresa cerealera se manifestó en contra de la medida.

La empresa Vicentin denunció que la Justicia de Rosario congeló todas sus cuentas, lo cual podría perjudicar a los propios trabajadores. El juez penal Hernán Postma ordenó esta medida, que se dio luego de los allanamientos a la sede central de la agroexportadora y a los domicilios particulares de algunos exdirectivos.

La empresa se refirió a esto en un comunicado oficial: "Estamos frente a una medida más dentro del raid persecutorio teñido de una inocultable intencionalidad política y una evidente animosidad contra la empresa, sus accionistas, directivos y trabajadores", al tiempo que agregaron que "la consecuencia inmediata de esta medida, arbitraria, absolutamente injusta e inconducente es la imposibilidad de cumplir con el pago de salarios y aguinaldos de la empresa y también de otras empresas que nada tienen que ver con Vicentin, pero que igualmente resultan alcanzadas por esta disposición".

Además, Vicentin añadió en el pronunciamiento que "poco le han importado al Sr. Juez y al Fiscal interviniente, la tranquilidad y el bienestar de los más de 5.000 trabajadores y familias que serán afectadas por esta decisión. Más allá de las conocidas dificultades financieras que la compañía ha atravesado durante el corriente año, nuestros trabajadores han sido la prioridad".

"Los argumentos del fiscal Miguel Moreno son absolutamente falsos. No existe ninguna posibilidad de que se ejecuten ningún tipo de movimientos de fondos que no estén controlados por el tramite concursal que atraviesa la empresa", agregaron.

Vicentin: nombraron un nuevo directorio para escapar de deudas

Vicentin

Es la primera vez en 90 años que la familia no dirigirá la empresa. La firma se encuentra en concurso de acreedores. Debe cerca de 1.400 millones de dólares. 

En una asamblea que se realizó esta noche en Avellaneda, al norte de Santa Fe y donde nació Vicentin hace 90 años, la tercera generación dejó de dirigir la compañía. 

La firma se encuentra en concurso de acreedores con una deuda de cerca de 1.400 millones de dólares. Y un banco de inversión estadounidense, Maxim, les está buscando un socio inversor. Fuentes vinculadas a la familia señalaron a Clarín que este paso al costado es para "facilitar las cosas". Y no lo relacionaron con la moratoria de la AFIP que les impidió acogerse a sus beneficios. Tampoco lo relacionan con la demanda penal que iniciaron los bancos acreedores del exterior que reclaman 500 millones de dólares.

El nuevo directorio está integrado por el contador Omar Scarel que es el flamante presidente, el Ingeniero Daniel Foschiatti como vicepresidente y el abogado Estanislao Bougain como director titular.

Ninguno de los miembros del nuevo directorio es accionista de la compañía y "tendrán la responsabilidad de liderar esta etapa que se inicia en el marco del proceso concursal que la empresa se encuentra atravesando", señalaron en un comunicado.

Un experto en el caso lo vincula a la situación en la que quedó la familia tras el fallecimiento de Sergio Nardelli que concentraba el poder de decisión. Por cierto este directorio profesional, el primero que tiene Vicentin en toda su historia, deberá reportarse a los 303 accionistas, todos miembros de la familia. 

La asamblea se llevó a cabo con una participación de 64 accionistas que representan el 98% del Capital Social.

Allí se aprobaron los Estados Contables al 31-10-2019, es decir los previos al concurso, la  gestión del directorio y Comisión Fiscalizadora y el nombramiento del nuevo directorio que estará en funciones hasta la próxima Asamblea Ordinaria.

El balance resultó aprobado por una mayoría del orden del 92% y la gestión del directorio saliente contó con un 87% de aprobación.

Acreedores internacionales denunciaron a los directivos de Vicentin por estafa

Sospechan que la agroexportadora presentó información financiera falsa para acceder a créditos millonarios. En Diputados evalúan avanzar con un jury al juez del concurso. La denuncia es penal.

La próxima semana será clave para determinar el destino de la principal agroexportadora de capitales nacionales que entró en default a fines del año pasado. El 15 de octubre, los 109 accionistas se reunirán para nombrar un nuevo directorio y legitimar la estrategia de la empresa frente al proceso concursal que se tramita en el juzgado civil y comercial de la ciudad de Reconquista.

Pero la conformación de una nueva administración difícilmente pueda atemperar las desconfianzas que levantó el actual directorio integrado por los apellidos históricos de la cerealera: Vicentin, Buyatti, Padoán y Nardelli quienes están siendo investigados por presunto vaciamiento de la firma, lavado de activos y maniobras fraudulentas.

La tardía presentación del balance del 2019, que debía explicar pérdidas por más de 50.000 millones de pesos en un año, generó más dudas que certezas y ahora, una comisión ad hoc que nuclea a los acreedores internacionales instruyeron a sus abogados para que presenten en la fiscalía de Delitos Económicos de Rosario para que se investigue presuntas estafas.

Es que del pasivo total que supera los 1.400 millones de dólares, más de 500 millones corresponden a bancos extranjeros, entre ellos el Rabobank, el Credit Agricole, el ING Groep y la entidad crediticia del Banco Mundial, la International Finance Corp quienes ya habían solicitado a la justicia copias de las transferencias efectuadas por Vicentín.

La preocupación escaló al punto tal que fue tema de conversación en la comunicación telefónica que mantuvo Alberto Fernández con el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte el lunes pasado. Más del 50% de la deuda extranjera de Vicentín está certificada con bancos de origen holandés.

En consecuencia, los acreedores conformaron la comisión que pide que "se investigue si las autoridades de Vicentin presentaron información financiera falsa para obtener créditos por cientos de millones de dólares", señalaron voceros del comité a su vez que solicitaron que se investigue "la confusa relación crediticia entre Vicentin y algunas contrapartes y el eventual fraude" por maniobras poco transparentes en los certificados de exportación.

"El análisis de la información financiera de Vicentin S.A.I.C., incluyendo el balance a octubre de 2019 presentado recientemente, nos convenció de la necesidad de investigar si la empresa habría obtenido créditos de los miembros del Comité Ad Hoc ocultando una multimillonaria deuda con los productores agropecuarios", explica el escrito y recuerda que: "la finalidad de los créditos que obtuvo era, precisamente, la compra de granos. La información obtenida a través del Discovery en los Estados Unidos abona la hipótesis de que, en lugar de utilizar el financiamiento para comprar granos, Vicentin S.A.I.C. habría utilizado el dinero para financiar otros negocios familiares que no forman parte del balance de Vicentin S.A.I.C.".

El Grupo Vicentín estaba asentado sobre un complejo entramado de sociedades, algunas radicadas en el país otras en el exterior, que supuestamente servían para ocultar los bienes y las diferentes unidades de negocios. Desde un principio, las subsidiarias más rentables quedaron afuera del concurso y eso quedó en evidencia con el intento de venta del Frigorífico Friar, que mayores ganancias reportaba, al fondo BAF Capital en medio del concurso.

En el medio, la actual conducción de Vicentín contrató al banco neoyorquino Maxim Group para ubicar potenciales inversores interesados en el rescate de la empresa. La maniobra, lejos de aquietar las aguas generó mayor incertidumbre en Argentina como en el extranjero, sobre todo en los Estados Unidos cuyos tribunales insistieron en el discovery para detectar los activos del holding.

"Hasta que no se comprenda las razones que causaron el colapso financiero de la compañía será imposible reestablecer la confianza del mercado y de los acreedores. Esta nueva acción persigue ese objetivo", concluyeron voceros del Comité Ad Hoc de acreedores internacionales.

En Santa Fe, la inclusión del banco Maxim Group puso en alerta a los diputados que integran la comisión de seguimiento del concurso: "todo indica que la asamblea de accionistas de la próxima semana terminará de confirmar la extranjerización de Vicentín. Cuando el gobierno provincial y nacional les pidió que cambien el directorio para generar más confianza, no lo hicieron y ahora que lo solicitan los extranjeros sí", reflexionó el diputado Carlos del Frade.

A su vez, el legislador del Frente Social y Popular junto al presidente de la comisión, el peronista Luis Rubeo, evalúan la posibilidad de iniciar un jury de enjuiciamiento al magistrado de Reconquista que lleva el concurso, Fabián Lorenzini que viene siendo cuestionado fuertemente por el gobierno y las autoridades del Banco Nación, el acreedor más importante.

Para del Frade, el ocultamiento durante meses del balance de 2019 que debía explicar cómo se perdieron 52.000 millones de pesos en un solo año y que fue entregado recién a fines de septiembre, entre otras irregularidades, no podrían haber sucedido sin la laxitud en el manejo de los tiempos por parte de Lorenzini.

"Estoy convencido de la honestidad y buena fe con la que actúa el juez. Él dijo que iba a defender la empresa y está convencido que eso significa defender a los directivos, no los considera como lo que son, ladrones de guantes blancos", afirmó Del Frade en diálogo con el sitio La Política Online.

Sin embargo, los diputados buscarán consenso para el jury con el resto de la comisión de seguimiento para no tensionar con el resto de los legisladores.

Vicentin sobre la denuncia de AFIP: "Hay intencionalidad política"

Vicentin

La empresa desmintió al organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont.

Las autoridades del Grupo Vicentin rechazaron este sábado la denuncia penal de la Administración Federal de Ingresos Públicos, por presuntas maniobras fraudulentas con facturas apócrifas por 110 millones de pesos, y aseguraron que las acusaciones forman parte de una avanzada del Gobierno con "intencionalidad política".

"No ha habido ningún tipo de factura apócrifa. Cada factura que se hizo estaba en regla. La mayoría formó parte de contratos que controlaron operadores de bolsa y que tuvieron que registrarse en la AFIP", manifestaron en la empresa con sede en la localidad santafesina de Avellaneda.

Así desacreditaron la presentación que realizó el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont, en la que se afirma que la empresa uso de facturas truchas para acceder a reintegros de IVA por exportaciones de granos, entre 2016 y 2019, es decir, durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Llaman mucho la atención este tipo de medidas y de situaciones porque parece ser que existe mucha preocupación por priorizar la difusión mediática por encima de los canales correspondientes para presentar estas denuncias. Nosotros nos enteramos por la información que la AFIP distribuyó en los medios y acá nadie recibió una notificación oficial", advirtieron las fuentes consultadas por Clarín.

Al respecto, consideraron que "alguien del gobierno se esfuerza para transformar esto en una nube de humo" y alertaron que la movida de la AFIP coincidió con una serie de acontecimientos que afectan a la empresa y que comenzaron a tomar fuerza tras el frustrado intento de expropiación del Gobierno nacional. "Hay una intencionalidad política", lamentaron.

AFIP denunció a Vicentin por evadir más de 110 millones de pesos

La entidad informó que denunció penalmente al directorio de la empresa agroexportadora por una presunta evasión fiscal durante el Gobierno de Mauricio Macri. La cifra es de 110 millones de pesos.

La Administración Federal de Ingresos Públicos denunció penalmente al directorio del Grupo Vicentin por una presunta evasión fiscal entre los años 2016 y 2019 que habría superado los 110 millones de pesos.

Dicha denuncia se enmarca en una nueva embestida judicial impulsada por el gobierno nacional contra la empresa agroexportadora, que arrastra una deuda de 100.000 millones de pesos, tras su intento fallido de intervención y expropiación de activos, que fue duramente cuestionado por amplios sectores ciudadanos.

El organismo pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería.

Por último, AFIP sostiene que "durante las tareas de fiscalización, Vicentin y sus representantes tuvieron oportunidad de verificar la legitimidad de los reintegros pero omitieron presentar explicaciones, indicar medidas de prueba o efectuar otro descargo sobre los hechos denunciados".

La denuncia fue realizada en el Juzgado Federal de Reconquista, en Santa Fe.

Murió Sergio Nardelli, CEO de la cerealera Vicentin

Este miércoles por la noche, el empresario de 59 años murió de un infarto. La empresa tiene una deuda millonaria y el Gobierno nacional intentó intervenirla y expropiarla.

El empresario fallecido en Santa Fe era el CEO de la empresa Vicentin. El Gobierno nacional había buscado intervenir la empresa agroexportadora, pero luego dio marcha atrás.

La noticia fue confirmada a El País Diario por Daniela Hacen, una de las accionistas de la empresa. "Estamos consternados con el fallecimiento de Sergio Nardelli en este momento en el que las familias estaban unidas tratando de sacar la empresa adelante", afirmó la empresaria.

Nardelli murió a los 59 años, tras un episodio cardíaco en su casa situada a pocos metros de la plaza principal de Reconquista.

Todo comenzó en junio, con la idea de intervención y luego se hablaba de expropiación. El 31 de julio, el Presidente Alberto Fernández anunció que derogaba el DNU 522/2020 que él mismo había firmado en junio.

Argumentó que no había podido conocer el "pasivo real" de la empresa, porque el juez interviniente había decidido mantener a los antiguos directores privados.

El 3 de julio, se conoció que bancos internacionales acreedores de la agroexportadora en concurso están acusando a la empresa argentina de desviar cientos de millones de dólares y pidieron a una corte de Estados Unidos que solicite registros de la compañía, incluyendo transferencias, declaraciones bancarias y cheques cancelados.

El caso, presentado por Cooperatieve Rabobank, ING Bank, la Corporación Internacional de Finanzas y otras entidades, está ante la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York y se desarrolla en momentos en que el Gobierno argentino examinaba alternativas al anunciado plan de expropiar a Vicentin que luego dio marcha atrás.

Trabajadores de Vicentin protestaron frente a la casa de uno de los dueños

Ocurrió este sábado. Los empleados de Algodonera de Avellaneda, una empresa del grupo empresario, reclamaba el pago de salarios dignos.

Un grupo de trabajadores de la Algodonera de Avellaneda, en la provincia de Santa Fe, protestó este sábado frente a la casa de uno de los dueños de Vicentin, empresa dueña de la algodonera.

La manifestación de esta tarde forma parte de un conjunto de medidas de fuerza tomadas en las últimas semanas en reclamo por el pago de salarios dignos de la empresa que debe millones de dólares al Banco Nación.

De acuerdo al reclamo de los trabajadores, los salarios promedio que reciben en la algodonera son entre 20 y 25 mil pesos. Parte de ellos es pagado con vales de mercadería que se descuentan del ingreso salarial. 

Además, en el marco de la pandemia, los trabajadores solo recibieron el ingreso correspondiente al pago del ATP, ya que la empresa no abonó el resto del salario.

Hace poco más de dos semanas, la empresa se ausentó en la audiencia en el ministerio de Trabajo de Santa Fe, hecho que agudizó el conflicto y llevó a los trabajadores a profundizar las medidas de fuerza.

Vicentin rechazó el plan de Perotti y fuerzan a Fernández a avanzar con la expropiación

Nardelli y Padoán se negaron a dejar sus lugares en la administración y a entregar las acciones a un fideicomiso, por lo tanto darán pelea política en contra de la expropiación.

A una semana que venza el plazo de intervención a Vicentin dispuesta por el Gobierno nacional, la audiencia entre los altos representantes de la firma con funcionarios provinciales fracasó: "En este marco de negociación institucional ante el juez es un capítulo cerrado", expresó el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia al finalizar el encuentro.

Los directivos rechazaron el plan propuesto por el Gobernador Omar Perotti y que contaba con el aval del Presidente Alberto Fernández para evitar que se avance con la expropiación. Sin embargo, los actuales directivos se negaron a dejar sus lugares en la administración, uno de los requisitos que habían establecido la provincia para encausar el salvataje.

A su vez, se rehusaron a que las acciones sean transferidas a un fideicomiso en administración que era la segunda condición. En consecuencia, el gobierno provincial dio por finalizada las instancias de acuerdo: "Hemos decidido dejar aquí la negociación, ponerle un punto. Esta es la línea de tolerancia. Ahora, el juez como conductor de este proceso podría volver a convocarnos en cualquier otro momento", sostuvo Somaglia dejando abierta la posibilidad que el diálogo se reencauce por decisión del magistrado de Reconquista, Fabián Lorenzini.

De no mediar una nueva instancia, el gobierno nacional avanzaría con la discusión de una ley de expropiación en el Congreso donde el oficialismo necesita del apoyo de bloques aliados como el de Roberto Lavagna que ya anticipó que no iba a acompañar la medida. En el mismo sentido se expresó el cordobés Juan Schiaretti a través de sus diputados.

Sobre todo, después de las manifestaciones en contra de la expropiación que en las poblaciones de la zona núcleo lograron una adhesión importante a pesar de haberse visto afectadas por el default de Vicentin.

A su vez, contaron con el apoyo del ala dura de Cambiemos, con quienes los directivos de Vicentín mantienen aceitados vínculos y desde un primer momento intentaron convertir el conflicto en una nueva 125.

Por otro lado, este jueves, el Juez federal Julián Ercolini, allanó la sede administrativa de la empresa a pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita en busca de documentación e información contable sobre el destino de los 18 mil millones de pesos que el Banco Nación le entregó a Vicentin sin las garantías necesarias y una gran parte de ese monto, a pocos días de declararse el default.

El operativo se centró en el balance 2019 que nunca apareció y donde debería estar registrado las operatorias de los últimos meses donde la empresa parece haberse ido en picada después de años de ganancias multimillonarias.

Por tal motivo, fueron procesados el exdirector del Banco Nación, Javier González Fraga, Guido Sandleris y a los directivos Gustavo y Sergio Nardelli, Alberto Padoan y en las últimas horas, al actual presidente, Alberto Macua.