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Argentina se abstuvo de apoyar una investigación sobre violación de derechos humanos en Venezuela

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El País Diario
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El Gobierno se abstuvo en una votación para renovar por dos años la misión que investiga lo que ocurre en el país que Gobierna Nicolás Maduro. Afirmaron que no se da en el terreno y no dialoga con todos los actores. 

El Gobierno a cargo del Presidente Alberto Fernández optó por abstenerse en la votación que investiga violaciones a los derechos humanos en Venezuela, bajo la gestión de su par Nicolás Maduro. A pesar de la falta de apoyo de Argentina, el proyecto de resolución fue aprobado con el respaldo de 19 países contra 5 que votaron en contra y 23 abstenciones.

Por tanto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó por dos años la Misión para investiga y supervisar la situación en país gobernador por el régimen chavista.

"Argentina ha decidido abstener en el presente proyecto de resolución por entender que el diagnóstico realizado por la FFM no responde a un trabajo producto de investigación en el terreno y al diálogo directo con todos los actores gubernamentales y no gubernamentales involucrados", argumentó el ministro Sebastián Rosales durante su intervención.

"Si bien coincidimos que es el propio gobierno de Venezuela quien debe permitir el acceso de la FFM al país para investigar adecuadamente las denuncias recibidas, la renovación de la FFM en las actuales condiciones solamente contribuye a continuar un mecanismo que en la práctica y el terreno no puede mejorar los ddhh del pueblo venezolano", agregó.

En la misma línea, aclaró: "Argentina está preocupada por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Resulta imprescindible que este Consejo acompañe el proceso que permita que el pueblo venezolano recupere la convivencia pacífica y democrática para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible".

Durante el debate en Ginebra, América Latina se mostró dividida, tanto Brasil como Paraguay apoyaron la prórroga, y Bolivia, Cuba y Venezuela rechazaron su continuidad y Argentina junto con México se abstuvieron.

A su parte, Estados Unidos, el Reino Unido y Japón votaron en favor de la comisión investigadora, China y Eritrea denegaron su apoyo.

En otro pasaje de su exposición, Rosales planteó: "Desde un inicio mi país ha apoyado el diagnóstico y trabajo realizado por la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en el país que indican claramente que existen desafíos para lograr el pleno respeto de los derechos humanos en Venezuela; pero que también es el diálogo y la cooperación con todos los actores del gobierno y de la sociedad civil venezolanas, el único camino para lograr que estos desafíos sean enfrentados adecuadamente y que el estado venezolano cumpla con todas sus obligaciones internacionales".

Asimismo, subrayó que fue "el diálogo y la cooperación" lo que permitió "registrar el mejoramiento de las condiciones de detención y la reanudación de las visitas de familiares, la disolución oficial de las FAES y la autorización para establecer una oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional en Caracas".

Por último, Rosales indicó que espera que el Gobierno venezolano "permita que el trabajo de la FFM pueda incorporarse como mecanismo de investigación de la propia oficina del Alto Comisionado".

Y concluyó: "Si los informes de la misión fueran el resultado de investigaciones realizadas con la anuencia del gobierno venezolano, sus conclusiones tendrían más posibilidades de producir cambios y efectos concretos en el mejoramiento de los DDHH del pueblo venezolano".

Argentina tampoco condenó la violación de los derechos humanos en China

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El País Diario
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El gobierno de Alberto Fernández resolvió no apoyar la iniciativa de países democráticos para que se averigüen los excesos que el régimen de Xi Jinping comete contra las minorías en Xinjiang.

Esta semana, Argentina decidió darle la espalda dos veces a las principales potencias democráticas al eludir apoyar declaraciones presentadas ante la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que preside Michelle Bachelet. En la primera de ellas se hizo referencia a la falta de garantías constitucionales que viven los opositores en la Nicaragua de Daniel Ortega, mientras que en la segunda se repudiaba y se pedía investigar la violación sistemática de los derechos humanos que padecen las minorías étnicas en la región de Xinjiang, China.

La presentación fue escrita por Leslie E. Norton, Embajadora y Representante Permanente de Canadá ante la ONU en Ginebra, y apoyada por 43 países. Entre ellos se destacan: Albania, Australia, Austria, Bélgica, Belice, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Finlandia, Alemania, Haití, Honduras, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Islas Marshall, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Palau, Polonia, Portugal, Rumania, San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.

Norton, en su nota elevada a Bachelet, mostró la preocupación conjunta de los 44 países sobre la gravísima situación que viven las minorías étnicas en China y pidió a Beijing autorizar la entrada de observadores internacionales a esa región. "Estamos profundamente preocupados por la situación de los derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang. Informes fidedignos indican que más de un millón de personas han sido detenidas arbitrariamente y que existe una vigilancia generalizada dirigida desproporcionadamente a los uigures y miembros de otras minorías y restricciones a las libertades fundamentales y la cultura uigur", señala la declaración que solicita a las autoridades del régimen que permita un monitoreo para determinar la certeza de esas denuncias.

"Instamos a China a que permita el acceso inmediato, significativo y sin restricciones a Xinjiang de observadores independientes, incluido la Alta Comisionada, y a que aplique urgentemente las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial relacionadas con Xinjiang, incluso poniendo fin a la detención arbitraria de uigures y miembros de otras minorías musulmanas", continúa el comunicado conjunto.

Desde Cancillería aseguraron que Argentina no suele apoyar declaraciones que se refieren a terceros países. "Otra vez estamos hablando de una intervención de un grupo de países sobre el caso particular de un país. Nosotros no adherimos a declaraciones colectivas sobre casos de países particulares", aseguraron desde el ministerio conducido por Felipe Solá.

La postura del Palacio San Martín es llamativa por partida doble. El lunes emitió un comunicado con México en el cual se anunciaba el llamado a consultas a los respectivos embajadores en Nicaragua, Daniel Capitanich y Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, y en cuyas líneas se le reprochaba al dictador Ortega el trato dado a los candidatos presidenciales. Sin embargo, 24 horas después evitó suscribir la declaración de 59 países bajo el argumento de “no intervención”.

Por otro lado, el pasado 27 de mayo, Argentina, junto a otros 24 países, votó a favor de la creación de una Comisión de ONU que investigue supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas por Israel durante la respuesta que dio ese gobierno ante los ataques terroristas de Hamas. La declaración de Norton se expresa en términos similares: un equipo de expertos internacionales independiente que pudiera determinar si en los “campos de reeducación” de Xinjiang se cometen crímenes contra la Humanidad.

El gobierno de Alberto Fernández mantiene una estrecha relación con Xi Jinping que se ve reflejada en cada una de las declaraciones que la administración pronuncia sobre sus pares en Beijing. Uno de los más entusiastas defensores del gigante oriental es el embajador argentino en la capital china.