El Ministro de Minería del Gobierno de San Juan, Juan Pablo Perea, detalló que el proyecto minero es sanjuanino, que el glaciar riojano no influye en el área explorada y descartó un "área común".
El funcionario de San Juan salió a responder un nuevo ataque de La Rioja a un proyecto minero sanjuanino, esta vez Lunahuasi.
En un punteo de las razones legales, explicó por qué los argumentos del ministro de Producción vecino, Ernesto Pérez, son falsos y todas las aprobaciones del proyecto dependen de San Juan.
El punto más importante que señaló Perea tiene que ver con lo legal.
La Rioja argumenta que la actividad se realiza también en minerales que pertenecen a la provincia vecina, pero Perea aclaró que "Lunahuasi está íntegramente en territorio sanjuanino".
Además, aseguró que "llevamos 57 años con esos límites aplicados sin interrupción, atravesando gobiernos de todos los signos políticos", luego de la ratificación por el Digesto Jurídico en 2014.
Asimismo, explicó que "San Juan defiende su territorio con la ley en la mano".
En sus redes sociales, Pérez de La Rioja había señalado que la mina Lunahuasi estaba en el área de influencia de un glaciar descubierto que pertenece a la provincia vecina.
Perea dijo que esto es falso, que la geoforma El Potro "está separado del proyecto por una cadena montañosa que impide cualquier vinculación física o ambiental".
Todo está documentado en el Instituto Geográfico Nacional, y el sanjuanino remarcó que "La Rioja Sabe que esa afirmación no resiste el menor análisis técnico y aun así la sostiene públicamente".
El proyecto se encuentra en regla con aprobación para sus actividades de exploración vigente y permisos sectoriales, según detalló Perea quien además recordó que "la única autoridad competente para otorgar esos permisos en territorio sanjuaninos es el Gobierno de San Juan", y aseveró que "el proyecto avanza, como debe avanzar, en un marco de plena legalidad".
Hace unas semanas, el Gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, buscó que el Senado revise los límites fijados en 1968, durante mandatos militares, y escaló la disputa territorial entre ambas provincias a un nivel institucional sin precedentes.
Quintela apuntó contra los acuerdos limítrofes vigentes desde 1968 y planteó que esos entendimientos, rubricados durante un gobierno de facto, deberían ser revisados por carecer de legitimidad democrática.
Finalmente no tuvo suerte y todo quedó en la nada.
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