Desde los bloques: Producción y Trabajo, PRO, UCR, Por Santa Cruz y Adelante Buenos Aires, de la Cámara de Diputados, presentaron un proyecto para consolidar un marco jurídico integral en materia de discapacidad. Salir de la emergencia y dejar una ley permanente que garantice lo mejor para las personas con discapacidad.

El propósito es que se pueda superar definitivamente la lógica de la emergencia y garantizar, con hechos y no con discursos, los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores que las acompañan todos los días.

En diálogo con El País Diario, una de las autoras de la iniciativa, Diputada Nancy Picón, explicó qie "durante años, la discapacidad fue usada como bandera por quienes prometieron derechos sin financiamiento, anunciaron políticas que nunca llegaron y dejaron un sistema con aranceles atrasados, prestadores endeudados y familias esperando".

Aseveró, además, que "a eso se sumó una inflación descontrolada, que en 2023 superó el 200% y licuó mes a mes los aranceles, las pensiones y los ingresos de quienes más necesitaban del Estado. Hoy, quienes dejaron ese sistema en ruinas hablan como si no hubieran tenido nada que ver y no se hacen cargo".

Según los diputados de los distintos bloques, "ese modelo del parche permanente, la emisión sin respaldo y la foto fácil es el que hoy tenemos que dejar atrás".

La Ley de Emergencia no resolvió el problema: fue un parche más sobre un sistema lleno de parches. Y un sistema del que dependen miles de personas no puede seguir funcionando de emergencia en emergencia, de parche en parche.

Cada prórroga renueva la incertidumbre: las familias no saben si las prestaciones van a continuar, los prestadores no pueden planificar y se posterga una vez más la solución de fondo.

"Prorrogar es cómodo para la tribuna, ordenar el sistema es lo responsable", aseveró uno de los diputados.

Los diputados, autores del proyecto de ley, afirmaron que vienen "trabajando en una ley de fortalecimiento, sostenibilidad y eficiencia permanente del sistema de discapacidad, que deja atrás esta lógica y convierta en política de Estado las herramientas que hoy sostienen el sistema".

Prioridades del nuevo proyecto

El nuevo proyecto contempla pago de las compensaciones a prestadores: un cronograma cierto, público y con plazos realistas, dejando claro que el fin de la emergencia no afecta el derecho de quienes cumplieron los requisitos.

Aranceles y nomenclador: sostener el arancel uniforme, con actualización automática y mensual por IPC, para que nunca más los valores queden congelados mientras la inflación los licúa.

Pensiones: garantizar la pensión para quienes tengan CUD y lo necesiten. Mantener la compatibilidad de la pensión con el trabajo formal mientras los ingresos laborales no superen los dos salarios mínimos.

Incentivos para contratar personas con discapacidad: ratificar el beneficio para los empleadores que incorporen trabajadores con discapacidad por tiempo indeterminado.

Control y transparencia: fortalecer las auditorías con debido proceso, para que cada peso llegue a quien realmente lo necesita y no se preste a un uso político.

Presupuesto, federalismo y transparencia: partidas suficientes cada año, articulación permanente con el COFEDIS e información pública y abierta sobre presupuesto, aranceles y pensiones.

Nuestro objetivo es claro: pasar del relato a la gestión y de la urgencia a la sostenibilidad. Un sistema previsible, transparente y financiado, que proteja de manera efectiva los derechos de las personas con discapacidad, hoy y en el futuro.