Discapacidad: los aranceles de prestaciones tendrán una suba del 2,1% en medio de reclamos del sector

La actualización alcanza a centros de día, centros educativos terapéuticos, servicios de rehabilitación, estimulación temprana, transporte y alimentación, entre otras prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

En medio de los reclamos por la implementación plena de la ley de emergencia en discapacidad, la Secretaría Nacional de Discapacidad oficializó una nueva actualización de 2,1% a partir de junio para los aranceles que perciben los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad.

La medida fue establecida mediante la Resolución 1297/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial y firmada por el titular del organismo, Alejandro Vilches.

El ajuste se definió en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a mayo.

La actualización alcanza a centros de día, centros educativos terapéuticos, servicios de rehabilitación, estimulación temprana, transporte y alimentación, entre otras prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

Cómo quedaron los valores de las prestaciones

Con el nuevo cuadro arancelario, una prestación de centro de día con jornada doble pasará a percibir $1.058.79, mientras que la modalidad de jornada simple alcanzará los $563.272.

Por su parte, los centros educativos terapéuticos recibirán hasta $1.189.351,59 por jornada doble, en tanto que también se ajustaron los montos correspondientes a transporte, apoyo alimentario y servicios de rehabilitación.

La resolución ratificó además un adicional del 20% para las prestaciones brindadas en las provincias patagónicas.

El Gobierno justificó ese diferencial por los mayores costos operativos y logísticos que enfrentan los prestadores de esa región.

La recomposición de aranceles fue oficializada en medio de los reclamos de organizaciones de discapacidad, instituciones prestadoras y familias, que vienen advirtiendo sobre las dificultades para sostener la atención frente al aumento de costos.

El sector reclama desde hace meses una mejora en los valores de las prestaciones y la implementación plena de la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso durante el año pasado.

Las entidades sostienen que los incrementos otorgados resultan insuficientes para cubrir salarios, transporte, alquileres y otros gastos operativos, lo que pone en riesgo la continuidad de algunos servicios.

Avanza el debate por las pensiones por invalidez

En paralelo, el Gobierno impulsa en el Senado el proyecto denominado Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, una iniciativa que busca modificar el régimen de pensiones no contributivas.

La propuesta contempla un reempadronamiento obligatorio de beneficiarios, mayores controles y mecanismos de fiscalización, además de cambios en los requisitos para acceder y mantener el beneficio.

Entre los puntos más relevantes, el proyecto establece que las pensiones por invalidez equivalgan al 70% de la jubilación mínima y redefine las incompatibilidades para quienes accedan a empleos formales.