Mediante un escueto comunicado, el Ministerio de Educación de San Juan aclaró que el decreto nacional 787/2025, que elimina el control del Estado sobre los aranceles en escuelas privadas, no tiene vigencia en San Juan, que mantiene regulación mediante legislación provincial.
El Gobierno libertario de Javier Milei derogó la regulación de aranceles en instituciones educativas de gestión privada. La medida no es aplicable en San Juan, ya que la provincia cuenta con su propia normativa.
En virtud del federalismo educativo, prevalece la normativa jurisdiccional, es decir que si bien el decreto 787/2025 es válido en todo el país, no alcanza a la provincia de San Juan porque esta jurisdicción ejerce su poder de policía mediante normativa propia: Ley 1327-H, Dto. 7-2018-H y Resoluciones IPADEP, las cuales mantienen la obligación de autorización previa de la autoridad educativa provincial para cualquier aumento de arancel: Art. 142 inc. III.6 y IV.6 Dto. 7-2018-H.
Por lo tanto, el Ministerio de Educación detalló que "la normativa aplicable y obligatoria para los establecimientos educativos de gestión privada en San Juan, en cuanto a la fijación y modificación de aranceles, continúa siendo la jurisdiccional, la que exige la intervención y autorización previa de la Dirección de Educación Privada".
Esto se fundamenta en el principio constitucional de federalismo y en la transferencia de servicios educativos a las provincias (Ley N° 24.049), lo que otorga a San Juan la potestad exclusiva para administrar y gestionar la educación, incluida la de gestión privada.
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