Rafael Muñoz tenía 6 años y sus padres habían viralizado el pedido para que un laboratorio libere el medicamento que necesitaba.
Su lucha y la de su familia habían conmovido a todo San Juan, pero finalmente el remedio nunca llegó.
A fines de abril, la Justicia había ordenado a una empresa farmacéutica, Merck Sharp and Dohme, para que le entregue a Rafael un remedio llamado Sotatercep, el cual aún no tiene la autorización formal para ser vendido.
Sin embargo, la droga arrojó resultados positivos para atacar la enfermedad que padecía el niño, que estaba diagnosticado con hipertensión arterial pulmonar.
El fallo había planteado una multa diaria si la empresa no acataba la resolución. Pasó más de un mes de la sentencia y ante el incumplimiento, la Justicia elevó la sanción a 150.000 pesos diarios hasta que la compañía entregara el remedio.
No obstante, la empresa se negó a entregar el remedio porque señalaba que no se encuentra en el país y que no puede importarlo desde Estados Unidos, donde se está desarrollando, siempre teniendo en cuenta que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología aprobó su ingreso.
Los familiares del niño lucharon hasta último momento en el intento de conseguir la droga que podía mitigar los efectos de esta terrible enfermedad, pero no pudo ser porque la burocracia y el empecinamiento de una empresa pudo más que el derecho a la vida.
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