Sin acuerdo parlamentario, el Gobierno nacional llama a sesiones extraordinarias

El Ejecutivo enviará un paquete económico y la reforma del Consejo de la Magistratura pero sin el acuerdo con el FMI tiene pocas probabilidades que avancen. 

El Gobierno nacional finalmente definió que llamará a sesiones extraordinarias a partir del 20 de enero y, aunque está terminando de cerrar el temario, casi la totalidad de las normas que pondrá a disposición se refiere a un paquete de leyes económicas y productivas.

Sin embargo, las posibilidades del que temario avance parecen ser escasas si todo eso no llega de la mano del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, algo que a esta altura de la discusión con la oposición quedó en claro que es condición fundamental para poder avanzar.

“No hay mucho diálogo, lo que sabemos que van a enviar es lo que publican los medios de comunicación. No se está negociando ningún proyecto nuestro”, explicó un referente de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados.

En ese contexto, en donde el oficialismo cuenta con 118 diputados y Juntos por el Cambio con 116, sin un acuerdo parlamentario parece más una expresión de deseo que una realidad que se pueda avanzar en el recinto con los proyectos que planea enviar el Ejecutivo.

Respecto a este punto, lo que trascendió desde la Casa Rosada es que enviarán 9 proyectos de ley sin contar el posible acuerdo con el Fondo Monetario Interncional y el plan Pluarianual, y que en su mayoría son de carácter económico.

Enviaría la Ley de Hidrocarburos que propone generar un nuevo marco jurídico que fomente la inversión en gas y petróleo; la Ley Para el Desarrollo AgroIndustrial, que establece un plazo de 10 años para la amortización de las inversiones, el recupero anticipado del IVA, un bono a futuro para la inversión en semillas, la modificación de la ley de Compre Argentino, estableciendo preferencias a la adquisición, locación o leasing de bienes de origen nacional para entidades de la administración nacional, empresas y sociedades del Estado y organismos descentralizados.

Por el lado de la movilidad llegarían la Ley de Electromovilidad, con un plan de incentivos impositivo, exigencias de línea de producción y obligaciones contractuales para los próximos 10 años, y la Ley de Industria Automotriz que buscará declarar al sector Automotriz Autopartista como industria estratégica estableciendo en todos los eslabones de la cadena de producción beneficios fiscales para las nuevas inversiones que generen mayor rendimiento, exportaciones e integración de componentes locales.