Fue a partir de un pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, que investiga por qué el presidente Claudio Chiqui Tapia firmó dos contratos con empresas privadas de su entorno para la explotación de la imagen y los partidos de fútbol de la Selección argentina.

La Policía Federal realizó un operativo en las oficinas de la Asociación del Fútbol Argentino en la calle Viamonte. El mismo está relacionado a una investigación por defraudación y lavado de dinero que se inició a partir de una denuncia anónima.

Dicha denuncia había sido realizada ante la fiscalía de Guillermo Marijuán, quien encontró sustento para investigar, dio inicio a la causa y la envió a sorteo. Recayó en el Juzgado N° 12, a cargo de Sebastián Casanello, y en la fiscalía N° 8, donde subroga Eduardo Taiano, quien elevó el pedido del operativo y fue firmado por Ariel Lijo, dado que Casanello se halla de licencia.

La investigación tiene que ver con los contratos firmados en la AFA encabezada por Claudio Tapia en 2018 con la empresa que hoy tiene a cargo el manejo del marketing digital, Metro World. Y por el vínculo rubricado para llevar a todos el mundo los Institutos Tecnológicos de la entidad.

La Policía solicitó toda la documentación, que fue entregada por la dirigencia y luego pasará por la evaluación contable.

En el edificio, con personal reducido porque muchos empleados están trabajando en la modalidad de home office ante la pandemia de coronavirus, se encontraba el Presidente Tapia, quien se retiró al anochecer, mientras todavía se llevaba a cabo la requisitoria.

En consonancia con esta denuncia, por iniciativa de Graciela Ocaña, la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados había citado a Tapia y el Comité Ejecutivo a brindar explicaciones sobre los citados contratos.

"Estamos pidiendo que Tapia venga al Congreso a explicar una serie de contratos que firmó, entre ellos con esta empresa, World Eleven Sports S.A, a la que se le cede parte de los beneficios que la AFA recibe para organizar partidos no oficiales", dijo en declaraciones a Radio Rivadavia.

"El contrato que firman, de 2022 en adelante, incluye la conformación de un instituto de fútbol a nivel mundial, auspiciado por la AFA, donde no sabemos qué beneficios tendrán los clubes asociados", subrayó Ocaña.

"Hasta ahora, Tapia no ha contestado más que con una carta documento hacia mi persona y con acciones legales", concluyó.

De acuerdo con la denuncia, Metro World Digital está vinculada con Carlos Varela, un estrecho allegado al Presidente de la AFA, no sólo por lazos afectivos sino también a través de empresas recolectoras de residuos y a través del club Barracas Central, del cual fue presidente cuando Tapia asumió en la AFA y le dejó el cargo al hijo de Tapia luego de la firma del polémico contrato que está bajo la lupa de la Justifcia Federal.

La investigación judicial busca establecer si, tal como lo indica la denuncia, Varela es el dueño real de la empresa.

El contrato es una suerte de tercerización de la explotación digital de los productos que ofrece a AFA, e incluye la promoción en redes sociales, las publicaciones digitales, las transmisiones y el sponsoreo en esos medios fuera de los audiovisuales y gráficos tradicionales.

Se trata de un negocio millonario, que la AFA no explota por sí misma, sino que canaliza a través de empresas del rubro, que se dedican específicamente a eso.

El otro contrato bajo investigación judicial tiene relación con el empresario Guillermo Tofoni, quien tuvo a su cargo la organización de partidos internacionales del seleccionado argentino de fútbol y fue desplazado de esa tarea durante los tiempos finales de la presidencia de Julio Grondona, pero que en la firma del contrato que analiza la justicia, lo une nuevamente a la AFA hasta el 2030.

Según se desprende de otras causas judiciales, incluso de la denominada "Fifagate", que tramita en los tribunales de Estados Unidos, Tofoni se distanció de Grondona por diferencias en el manejo global de esos partidos internacionales y por las cuestiones económicas derivadas de ellos.

De acuerdo con la denuncia de Ocaña, Tofoni accedió a un contrato por el Instituto Tecnológico de la Selección Argentina, una suerte de escuela de formación integral de futbolistas desde la niñez, con una concesión a 20 años. 

En principio, el delito que se investiga es el de "administración infiel", que está incluido dentro del capítulo de fraude en el Código Penal y contempla una pena de hasta seis años de prisión.