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Alberto Fernández cuestionó a la querella por incumplimiento en la causa de violencia de género

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El exmandatario señaló que la defensa no cumplió con la presentación requerida para avanzar con el proceso judicial.

Este viernes, Alberto Fernández publicó un mensaje en sus redes sociales con críticas dirigidas a Mauricio D’Alessandro, abogado querellante en la causa por violencia de género impulsada por Fabiola Yañez.

"El penalista devenido en panelista olvidó presentar la acusación. El show no reemplaza al derecho. Game over", escribió.

Junto a su esposa, Mariana Gallego, D’Alessandro representa a Yañez en la denuncia que se tramita en la justicia federal.

En su mensaje, el exmandatario dio a entender que el letrado no respondió en tiempo y forma el traslado que había dispuesto la fiscalía antes de resolver si el caso se eleva a juicio oral.

El Fiscal Federal Ramiro González cerró la investigación el 30 de junio y notificó tanto a la defensa de Fernández como a la parte querellante para que opinaran antes de tomar una decisión final.

Ese trámite forma parte de los pasos previos obligatorios antes de que un expediente pase a la etapa oral.

Al no haber contestación en los plazos previstos, el Ministerio Público podrá continuar con el procedimiento y definir la elevación a juicio sin ese aporte.

De esta manera, Fernández aprovechó esa instancia para cuestionar públicamente el rol de D’Alessandro en el proceso.

Tras ser procesado por la causa Seguros, Alberto Fernández denunció que es perseguido por ser peronista

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El expresidente calificó de arbitraria la decisión judicial y pidió a la Justicia Federal que cumpla con su función sin influencias mediáticas.

Después de haber sido procesado en el marco de la causa Seguros por el delito de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública", el expresidente Alberto Fernández cuestionó la medida y le pidió a la Justicia Federal que "cumpla su función" y deje de persegurlo "por ser peronista".

Por medio de sus redes sociales, compartió un comunicado en el cual manifestó: "Ayer la Justicia Federal dispuso mi procesamiento. Ya no me cuestiona un decreto que firmé para poner fin a la cartelización y a los negociados que se hacían con los seguros del Estado. Ahora, repentinamente, se me imputa no haber advertido el 'riesgo' que suponía nombrar como secretaria a la esposa de un productor de seguros".

En ese sentido, continuó manifestando que "entiendo que la decisión judicial fuerza la interpretación de pruebas con el solo propósito de mantenerme arbitrariamente ligado al proceso".

"Cómo alguien que cree en la república, aún cuando advierto la enorme crisis que sufren hoy las formas republicanas, seguiré intentando que la Justicia Federal cumpla su función de impartir Justicia y deje de perseguirme por ser peronista para complacer a los medios de comunicación", concluyó.

El juez impuso un embargo que supera los $14.000.000 vinculado al decreto 823, con el que se eliminó el sistema de coaseguro y se otorgó exclusividad a Nación Seguros.

Procesaron a Alberto Fernández en la causa Seguros

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El Juez Sebastián Casanello también le aplicó un embargo por más de $14.000.000.

El expresidente Alberto Fernández fue procesado sin prisión preventiva en la causa Seguros por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

"Su solo nombramiento, dada la sensibilidad de las tareas a cumplir, en especial su contacto inmediato con la agenda y los quehaceres diarios de primer mandatario, suponía, ya de base, la creación de un riesgo objetivo que exigía mecanismos de mitigación proporcionales a la amenaza", expresó el fallo.

A lo que agregó: "La evidencia reunida mostró, además, que la vinculación entre Fernández, Martínez Sosa y Cantero, tanto en la etapa previa a la asunción del cargo como durante el desarrollo del mandato presidencial, excedió la de una mera relación de amistad y/o laboral".

"A la par de un trato frecuente y cercano, reflejado en múltiples intercambios por WhatsApp, llamadas telefónicas, visitas y registros fotográficos, se comprobó la entrega de obsequios, flujos dinerarios y gestión de favores personales", sostuvo.

El Juez Sebastián Casanello también le aplicó un embargo por más de $14.000.000 por la firma del decreto 823, que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros.

La querella de Fabiola Yáñez podría pedir hasta 12 años de condena para Alberto Fernández

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El exmandatario está procesado por lesiones leves en dos oportunidades y graves en una.

La querella de Fabiola Yáñez en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández, podría llegar a pedir hasta 12 años de prisión en el futuro juicio oral contra el expresidente, el máximo de la pena prevista para los delitos por los cuales buscará que se lo acuse.

El Fiscal federal, Ramiro González, dio por finalizada este lunes la investigación e inició la ronda de consultas para enviar el caso a sorteo de Tribunal Oral y, tanto la querella como la defensa, tienen seis días hábiles para presentar por escrito su opinión al respecto, aunque podrían pedir prórroga, informaron fuentes judiciales.

Hasta el momento, ninguna de las partes concretó ese paso necesario para que luego el Juez del caso, Julián Ercolini, resuelva si hace lugar al planteo fiscal y envía la causa a juicio.

La querella de Fabiola Yáñez, a cargo del abogado Mauricio D'Alessandro, contestará a la notificación fiscal dentro de ese plazo y pedirá que se juzgue al expresidente por delitos que contemplan penas de 4 a 12 años de prisión, anticiparon fuentes del caso.

Recién al término del juicio y a la hora de su alegato, quedará en condiciones de reclamar la pena máxima de 12 años de cárcel si considera que en el debate oral quedaron probadas las acusaciones.

Ya sea reclamando la pena mínima o algún otro monto, de cualquier forma se trata de expectativas de condenas que contemplan la prisión efectiva.

Fernández está procesado por lesiones leves en dos oportunidades y graves en una, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género, relación asimétrica de poder y amenazas con un embargo de diez millones de pesos.

El fiscal federal González dio por cerrada ayer la investigación "sin perjuicio de que las partes consideren que aún restan por producirse medidas de prueba" por entender que todas las necesarias y "pertinentes" ya se hicieron.

Fiscalía comenzó los trámites para enviar a juicio al expresidente Alberto Fernández

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El Fiscal federal, Ramiro González, dio por cerrada la investigación por violencia de género.

El Fiscal federal, Ramiro González, dio por cerrada este lunes la investigación por violencia de género contra el expresidente, Alberto Fernández, y comenzó los trámites de consulta a su defensa y a la querella de Fabiola Yáñez para el envío del caso a juicio oral.

"Sin perjuicio de que las partes consideren que aún restan por producirse medidas de prueba, esta representación del Ministerio Público Fiscal entiende que se han materializado todas aquellas pertinentes de modo que se debe dar por concluida la instrucción del sumario respecto de la participación que le cabe a Alberto Ángel Fernández por los hechos que le fueron imputados y por los que se encuentra procesado", explicó el dictamen del fiscal al que tuvo acceso Noticias Argentinas.

El fiscal consideró que "se debe dar por concluida la instrucción del sumario" e iniciar los pasos para sortear el caso ante un tribunal oral.

Al respecto se notificó a la defensa y a la querella y una vez concluida la ronda de consultas se resolverá sobre el envío del expediente a juicio.

La Fiscalía explicó que "durante el trámite de la instrucción se produjeron las medidas de prueba pertinentes a los efectos de corroborar o descartar las hipótesis delictivas".

"En tal dirección, respetando el principio de igualdad de armas, fueron llevadas a cabo las diligencias propuestas tanto por la defensa como por la querella tendientes a verificar o descartar los hechos denunciados o algunas aristas de los mismos", agregó.

En cambio, "fueron descartadas las inconducentes y todas aquellas dirigidas a dilucidar cuestiones que no se encuentran controvertidas en autos o que puedan ser realizadas en una posterior etapa del proceso".

Al respecto destacó que "se debe reparar en la metodología que tienen los hechos ilícitos en contexto de violencia de género del caso y las circunstancias domésticas y reservadas en las que se produjeron" y remarcó que no se autorizaron medidas de prueba que "pudiesen resultar revictimizantes para con la denunciante".

El expresidente está procesado y embargado por $10.000.000 por lesiones contra Yáñez en un "contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder" entre ambos desde 2016 hasta agosto de 2024.

La denuncia de Alberto Fernández contra Fabiola Yáñez avanzará en la Justicia ordinaria

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El caso por la supuesta filtración de material privado fue asignado al Tribunal Oral en lo Criminal N°4, que ya había sido respaldado por el dictamen de la Procuración.

El máximo tribunal del país determinó que la causa iniciada por el expresidente, Alberto Fernández, contra su expareja, Fabiola Yáñez, continuará tramitándose en la Justicia nacional ordinaria.

La denuncia había sido presentada por el propio Fernández, quien la acusó por presunta "violación de secreto" tras la difusión de videos privados.

En el escrito judicial, el exmandatario afirmó que Yáñez accedió al contenido de un celular que él le había dado a su hijo Francisco para ver videos y escuchar música.

Según su relato, desde ese dispositivo se accedieron y difundieron filmaciones privadas, entre ellas dos videos en los que aparece junto a Tamara Pettinato.

Las imágenes, en las que se observa un encuentro entre Fernández y Pettinato, fueron filmadas durante su gestión como presidente.

Allí se los ve en una charla distendida, bebiendo cerveza y en tono de coqueteo.

La publicación de ese material coincidió con la denuncia por violencia de género que Yáñez presentó contra él.

La causa comenzó en la Justicia Federal, donde recayó por sorteo en el juzgado a cargo de María Eugenia Capuchetti.

Desde allí, Fernández solicitó que se impidiera a los medios reproducir, mencionar o difundir cualquier contenido que afectara su privacidad o involucrara a terceras personas.

La jueza rechazó el pedido, se declaró incompetente y envió el expediente a la justicia criminal y correccional ordinaria.

En esa instancia, el caso fue asignado al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°4.

La Procuración General se pronunció a favor de que el expediente continuara en el ámbito de la justicia ordinaria, criterio que fue avalado por la Corte Suprema.

La decisión contó con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Confirmaron que la información que se obtuvo del celular de Alberto Fernández no podrá ser destruida

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La Cámara Federal porteña avaló la resolución del Juez Ercolini, que investiga al expresidente por violencia de género contra su expareja, Fabiola Yáñez.

La Cámara Federal porteña confirmó que la prueba que se obtenga de un peritaje al celular y a una tablet secuestrados al expresidente, Alberto Fernández, deberá preservarse para cuidar la "trazabilidad" de esa evidencia, al rechazar un pedido de su defensa al respecto en la causa por violencia de género a Fabiola Yáñez.

Además el Tribunal de Apelaciones volvió a rechazar este jueves un intento de Fernández para apartar del caso al Juez federal Julián Ercolini.

En ambos casos se trata de la investigación por lesiones a Yáñez en la que el expresidente tiene ya procesamiento confirmado y está en condiciones de ser enviado a juicio oral.

Por un lado, la sala II de la Cámara Federal porteña rechazó ordenar la destrucción de la "extracción forense" una vez terminado el peritaje que se ordenó en marzo pasado.

Se trata de encontrar mensajes por distintas vías, WhatsApp, texto, Telegram entre el Fernández, Yáñez y la madre de esta última.

Tanto el celular como la tablet están en manos de la Justicia desde un allanamiento del 9 de agosto del año pasado en el departamento del expresidente en Puerto Madero.

"Ya se ha obtenido la extracción forense de la totalidad de la información contenida en los dispositivos" y falta responder los puntos de pericia "para lo cual se estarán utilizando los discos en cuestión".

Una vez finalizado, no se puede aceptar el pedido de destrucción hecho por la defensa del expresidente porque se debe preservar la "trazabilidad" de la prueba con miras a un futuro juicio oral.

Además, esa misma evidencia será analizada en la Causa Seguros, a cargo del Juez federal Sebastián Casanello, en un peritaje también ya ordenado en busca de palabras clave vinculadas a esa investigación, como "brokers", "intermediario", "póliza" entre otras.

A esta negativa se sumó también el rechazo del Juez del Tribunal de Apelaciones, Eduardo Farah, a un nuevo reclamo para separar a Ercolini del caso por violencia de género, para lo cual Fernández acudió en persona a Comodoro Py 2002 el lunes último y habló ante el magistrado.

El expresidente dijo que Ercolini tendría "enemistad manifiesta" hacia su persona porque durante su gobierno se lo investigó por el viaje a la estancia del norteamericano Joe Lewis en Lago Escondido junto a otros miembros del Poder Judicial.

"Las razones que se mandaron a tratar aquí no pueden dar lugar a la recusación, porque son tardías e intempestivas", concluyó el Juez Farah al rechazar el planteo.

Alberto Fernández volvió a pedir que aparten al Juez Ercolini de la causa de violencia de género

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Fernández está acusado de lesiones contra Fabiola Yañez en un contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder.

El expresidente Alberto Fernández reiteró este lunes su pedido para apartar al Juez Federal Julián Ercolini de la causa en la que está procesado por violencia de género contra la exprimera dama Fabiola Yañez, al concurrir a una audiencia ante la Cámara Federal porteña.

Fernández se presentó en los tribunales federales de Retiro junto a su abogada defensora Silvina Carreira.

Expuso ante el camarista de la sala II del Tribunal de Apelaciones Eduardo Farah, en un nuevo planteo de recusación del juez Ercolini, informaron fuentes judiciales.

En esa audiencia el ex presidente sostuvo que el juez tiene "enemistad manifiesta" hacia su persona.

Esto es porque durante su Gobierno se hizo pública la denuncia por el viaje del magistrado a Lago Escondido, junto a otros jueces y fiscales, para una estadía en la estancia del estadounidense Joe Lewis en octubre de 2022.

Por este viaje se abrió una causa penal en la cual todos los investigados resultaron sobreseídos.

Ante la Cámara, Fernández retomó este argumento y dijo que con el magistrado que lo procesó por violencia de género lo unía anteriormente una amistad pero que luego se distanciaron.

Ahora el juez Farah deberá decidir si acepta o rechaza la recusación en el caso donde el ex presidente ya tiene procesamiento confirmado por ese Tribunal de Apelaciones y quedó en condiciones de ser enviado a juicio oral.

Antes de pasar a este siguiente paso, Ercolini dispuso peritar el teléfono celular y una tablet del expresidente para extraer mensajes que intercambió con Yañez y la madre de está última, Miriam Verdugo.

El expresidente está acusado de lesiones contra Yañez en un "contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder" entre ambos desde 2016 hasta agosto de 2024.

Fabiola Yáñez pidió perdón por la fiesta en Olivos: "Si tuviera que arrepentirme de algo, sería de eso"

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La exprimera dama sostuvo que sintió que le hicieron llevarse "toda la carga" de una "responsabilidad compartida" entre los asistentes a la cena.

En una entrevista con Infobae, la expareja del expresidente Alberto Fernández, Fabiola Yañez, pidió disculpas por la famosa cena en Olivos, un festejo que se realizó para su cumpleaños mientras Argentina estaba en cuarentena por la pandemia de Covid-19.

"Yo la verdad es que todavía siento eso. Fue una falta, fue una falta muy grande. Es algo de lo que me arrepiento mucho. Fue un error muy grande. Realmente le quiero pedir disculpas a todo el mundo que no se pudo despedir a sus familiares o por haber estado tanto tiempo en una cuarentena tan larga y sufriendo tantas cosas", comenzó la exprimera dama.

"Yo me arrepiento, fui parte de eso. No fui quien lo planeó, pero fui parte", expresó. Sin embargo, aclaró: "Por ahí la gente no sabe que la Casa Rosada se trasladó a Olivos, a la Jefatura de Gabinete. Todos los ministros trabajaron todos los días en la Jefatura de Gabinete de Olivos. Entonces eso era una normalidad".

"Y vos en Olivos de repente te decían: 'Hay una cena', y la cena ya estaba lista. Y eso era natural y normal. Entonces ese día era mi cumpleaños. Y hubo gente que estaba trabajando conmigo, que se quedó. Pero esto era algo que pasaba habitualmente. Fue algo que no tiene justificación para nada, por supuesto, pero no fue más que una comida, fue eso", explicó.

Consultada sobre el hecho de que había torta y elementos de cumpleaños, respondió: "Había una torta que no la mandé a comprar yo. No me quiero desligar de culpas ni de nada. Pero fue muy doloroso sentir que me llevé toda la carga"

"Soy responsable. Pido disculpas. Es horrible. Es horrible lo que sucedió. No tendría que haber sucedido jamás", manifestó Yañez. A lo que especificó: "Creo que todos los que estuvimos ahí tenemos un poco de responsabilidad".

"No soy una persona que se arrepiente de las cosas pero si tuviera que arrepentirme de algo en la vida, sería eso, obviamente. Porque yo sé todo lo que se hizo, todo lo que hacíamos todos los días por todo lo que estaba sucediendo en el país y la cantidad de gente que me escribía o las cosas que hacíamos para poder ayudar a los que no la estaban pasando bien", señaló.

"Yo lo estaba viviendo. A mí me dolía y también lo sentí. Si hay algo que me tendría que arrepentir realmente en la vida es ese momento del 2020 en plena pandemia, cuando la gente estaba toda encerrada en su casa y sin poder hacer muchísimas cosas y que también creo que fue un poco excesivo", dijo para cerrar el tema en la entrevista.

Causa Seguros: la Justicia recibió un informe clave sobre un posible testaferro de Fernández

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Se trata de un documento elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, que resulta fundamental para que el juez tome la decisión de procesar o no al expresidente.

La Justicia recibió un informe clave elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos que podría tener un papel preponderante en la Causa Seguros, que ahora está en menos del Juez federal, Sebastián Casanello.

El documento en cuestión tiene 600 páginas y según pudo saber Todo Noticias "demuestra la íntima vinculación de funcionarios públicos con los empresarios privados" involucrados en el caso.

Una de las personas que incluye el informe es Daniel Rodríguez, exintendente de la Quinta de Olivos y a quien muchos señalan como un eventual testaferro del expresidente.

El papel en cuestión, que ya está siendo analizado por la Justicia, será clave para definir el eventual procesamiento de Alberto Fernández.

En el informe también se analizó al broker Héctor Martínez Sosa amigo del expresidente y esposo de su exsecretaria privada María Cantero.

La Justicia tiene en la mira el decreto firmado por Alberto Fernández para determinar si este hombre se benefició por su cercanía con el poder.

En la causa, los 39 imputados ya fueron indagados y está pendiente su procesamiento, lo que se resolverá una vez que el magistrado termine de reunir la prueba que solicitó desde que se hizo cargo del caso.

Durante su presidencia, Alberto Fernández dictó un decreto que impuso la obligación a todos los organismos del Estado de contratar servicios de seguros exclusivamente a través de Nación Seguros S.A, una subsidiaria del Banco Nación.

Ese decreto fue derogado en la gestión de Javier Milei.

La Justicia federal investiga la participación y el cobro de comisiones por parte de brokers o intermediarios de esos contratos, entre los que figura Martínez Sosa.

A fines de abril, el Juez de la causa, Sebastián Casanello, dispuso levantar el secreto fiscal y bancario de Rodríguez y le solicitó a ARCA un informe detallado de su patrimonio, incluyendo propiedades, cuentas bancarias, cajas de seguridad, vehículos, embarcaciones o cualquier otro bien que pudiera estar a su nombre.

La hipótesis que investiga la Justicia es que Rodríguez podría estar ocultando parte del patrimonio de Alberto Fernández o del propio Héctor Martínez Sosa.

Un dato clave en esa línea de investigación es que, aunque Rodríguez vivía en la Quinta de Olivos durante la gestión de Alberto Fernández en la Casa Rosada, también ocupaba una vivienda ubicada en la calle Maestra Elizarraga al 2.600, Martínez, que en realidad pertenecía a Martínez Sosa.

Aunque no hay plazos definidos, en el juzgado trabajan para resolver "lo más pronto posible" la situación procesal de Fernández, que está imputado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles.

Semanas atrás, Casanello ordenó la inhibición general de bienes de Alberto Fernández; del expresidente de Nación Seguros, Alberto Pagliano; de Martínez Sosa; de su esposa, María Cantero; del broker Pablo Torres García; y de las firmas Bachellier, San Ignacio, San Germán, TGG Broker, entre otras.

En total, son 51 personas físicas y jurídicas alcanzadas por la medida.

Por su parte, en su presentación judicial, Alberto Fernández negó cualquier vínculo comercial con el empresario y sostiene que no intercedió a su favor en la contratación de seguros.

Sin embargo, la acumulación de pruebas, entre ellas el informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, podría cambiar el escenario judicial en los próximos días y acelerar una definición sobre su procesamiento.

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