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Ley de Alquileres: qué cambios se proponen para debatir en el Congreso

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Durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Alberto Fernández confirmó que se avanzará en modificaciones. Las iniciativas del sector privado.

Durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, el Presidente Alberto Fernández confirmó que se avanzará en modificaciones a la Ley de Alquileres.

"Necesitamos reconocer que hay problemas con el valor de los alquileres. Pensando en todos los argentinos y argentinas que hoy son inquilinos, le pido al Congreso de la Nación que asuma la tarea de avanzar en los cambios que sean necesarios para mejorar la ley actual y generar un mejor acceso a la vivienda", dijo en un tramo de su Mensaje a la Asamblea Legislativa.

En medio del debate por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el tema puede demorarse un poco más de lo previsto. Sin embargo, estos últimos días comenzaron algunas reuniones entre legisladores y referentes de los distintos sectores vinculados a los alquileres. Uno de los temas que debe definirse es si se va a conformar una comisión especial para el tratamiento de las modificaciones, algo que impulsa el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa o si se hará a través de las comisiones permanentes.

"Estamos esperando la semana que viene la conformación de las comisiones y también nos vamos reuniendo con los distintos actores que van pidiendo audiencia. Estuve con el Colegio de Martilleros y la semana que viene me reúno con la Cámara Inmobiliaria. De esta forma, vamos generando los contactos para cuando se debata el tema, ya sea en comisión especial o a través de las comisiones permanentes", dijo la Diputada Marcela Passo, que impulsará el debate legislativo.

Según adelantó la legisladora, los puntos clave a cambiar son dos: la actualización de los alquileres, que hoy se hace una vez por año de acuerdo a un índice que combina 50% la variación de los salarios y 50% la inflación, y la duración de los contratos, que se extendió de dos a tres años de plazo. Lo que no está definido es si una vez que se presente el proyecto se suspenderá la aplicación de la ley vigente.

"El plazo de los contratos y el mecanismo de actualización van a ser los ejes. No tanto la fórmula del índice sino su periodicidad, que sean al menos dos ajustes anuales en lugar de uno. La ley actual también trajo cuestiones interesantes, como el tema de la multiplicidad de opciones de garantías. Pedir una garantía hipotecaria para un alquiler no funciona. ¿Cuándo se ejecutó una casa por una deuda de un inquilino?", señaló.

Desde la Cámara Inmobiliaria Argentina resaltaron que su propuesta es que la actualización de los contratos sea cada seis meses y de acuerdo al índice actual o a otros índices alternativos, como puede ser el que mide la evolución de los salarios. "También creemos que las provincias deben tener injerencia en la aplicación, porque no todo el mercado inmobiliario es igual a lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires", dijo Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina.

La Cámara también va a pedir que la extensión del blanqueo para la construcción incluya una opción que permita destinar el dinero no declarado a la compra de propiedades usadas con beneficios en el caso de que luego se destine al mercado de alquileres.

La Ley de Alquileres, vigente desde mediados de 2020, fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante el Gobierno de Mauricio Macri pero terminó siendo sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández.

Los principales cambios que introdujo en los contratos de alquileres fueron la duración -el mínimo pasó de dos a tres años- y la actualización anual de los valores a través de un índice que publica el Banco Central y que combina la evolución de la inflación y los salarios en partes iguales.

Desde el mercado inmobiliario aseguran que desde la implementación de la nueva ley la cantidad de propiedades en alquiler se redujo, lo que provocó un aumento de los precios iniciales de los nuevos contratos. Y que las subas anuales terminan siendo muy altas para los inquilinos. Este mes, por ejemplo, la actualización para los que cumplían 12 meses de contrato se acercó al 52%.

La oferta de propiedades en alquiler sigue acotada: el volumen actual de avisos es 15% menor al de 2020 y 25% menor al de 2019, de acuerdo a los datos de la plataforma. En 2022 el precio medio de alquiler, para los nuevos contratos, acumula una suba de 8.5%.

Suba de alquileres en marzo: cómo calcular el aumento

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Por el lado de los locatarios, el principal problema es el porcentaje de aumento fijado por el Banco Central, que actualmente se encuentra en casi un 53%. Y aunque el incremento coincide con el índice de inflación, la mayoría de los salarios no acompañaron esa cifra.

Para el mes de marzo se espera una nueva actualización anual de los alquileres de propiedades. La suba establecida por la ley 27.551 en 2020, genera gran preocupación entre los inquilinos, y también entre los propietarios.

Por el lado de los locatarios, el principal problema es el porcentaje de aumento fijado por el Banco Central, que actualmente se encuentra en casi un 53% y aunque el incremento coincide con el índice de inflación, la mayoría de los salarios no acompañaron esa cifra.

Para los propietarios también se convierte en un dolor de cabeza, ya que, si los inquilinos optan por rescindir el contrato con 90 días de anticipación, deberán gestionar la contratación de un corredor, la firma del contrato, el cambio de titularidad de servicios y otros gastos.

El ajuste se puede calcular en las páginas de colegios de martilleros, o directamente ingresando a la sección Índice de Contratos de Locación en la web oficial del Banco Central (BCRA).

Allí, se deberá seleccionar la fecha de inicio del contrato para saber cuál era el índice en ese momento, y en la que se hará la actualización.

A continuación, se debe tomar el precio actual del alquiler y dividirlo por el valor del índice con fecha del inicio del contrato. Por último se debe multiplicar esa cifra por el índice de la fecha en la que cambia el monto del alquiler.

En resumen, es el total del alquiler, dividido por el índice con fecha de cuando se firmó el contrato, multiplicado por el índice del día en que se aplica el aumento sobre el mismo.

El valor que arroje esa cuenta será el monto del alquiler que el inquilino deberá pagar durante el próximo año, hasta que vuelva a actualizarse.

El Gobierno nacional analiza cambios en los alquileres y apunta a las viviendas vacías para ampliar la oferta

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El Secretario de Comercio Interior Roberto Feletti señaló que el “mercado no asigna bien los recursos”. Las reuniones con los sectores.

El Gobierno nacional analiza modificaciones en la regulación de los alquileres debido a la baja en la oferta de unidades sumada a la caída en la rentabilidad de los precios para los propietarios, pero con valores que cada día son más complicados de afrontar para los inquilinos.

Lo confirmó el Secretario de Comercio Interior Roberto Feletti, que apuntó a intervenir sobre las viviendas vacías para poder ampliar la oferta.

"En todos los países hay regulaciones respecto del costo de la vivienda vacía. En CABA hay un boom de construcción y de renta inmobiliaria que no se puede realizar porque no tiene liquidez, pero a su vez tampoco lo ponen en alquiler. Hay que resolver esto porque sino estamos en una situación de construcción, viviendas vacías y gente que se hacina", indicó.

Ley de alquileres: inflación, poco crédito y baja oferta

El Gobierno había anticipado que planeaba modificar la Ley de Alquileres aprobada en 2020, ya que reconoció que no logró los objetivos que se había planteado.

Ahora, entre el aumento de la demanda habitacional, sumado a la reducción de la oferta en alquiler y el incremento de los desarrollos de construcción, se planteó a nivel interno un análisis concreto de la situación.

"Evidentemente, el mercado no asigna bien los recursos. En grandes distritos urbanos, particularmente la Ciudad de Buenos Aires, hay un hecho en el cual el propietario no obtiene del alquiler la renta que razonablemente podría tener por el capital que compró, y el inquilino no puede pagar esa renta", sostuvo Feletti.

A la vez, en un contexto de alta inflación, sin créditos hipotecarios, no se generaron instrumentos para agilizar el acceso a la vivienda propia.

Según los dichos del secretario de Comercio Interior, existe una "falla de mercado", dado que "el ingreso medio del inquilino no permite retribuir razonablemente la renta que el propietario espera".

La semana pasada se conformó una mesa de trabajo para que participen los distintos sectores involucrados: inquilinos, propietarios e inmobiliarias, con vistas a resolver esta situación mientras se demoran los cambios en la ley por parte del Congreso de la Nación.

De acuerdo a los datos de cámaras del sector inmobiliario, en 2021 hubo subas por encima del 52%. Sin embargo, a raíz de la poca oferta que se profundizó con la sanción de la Ley de Alquileres, el alquiler de un inmueble toma menos de 15 días.

Días atrás, fue el turno de las autoridades de la Cámara Inmobiliaria Argentina que se reunieron con Feletti y el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezian.

Durante el encuentro, las autoridades de la cámara analizaron la coyuntura del mercado actual: la escasez de oferta de propiedades para alquilar y la sobreoferta de propiedades a la venta, a pesar del bajo nivel de operaciones. "Nuestra idea es reunirnos con la mente lo más abierta posible, primero pensamos en cómo ampliar la oferta", dijo Feletti en diálogo con C5N.

"Quiero escuchar y tratar de trazar un rumbo que permita volver a interseccionar el valor del alquiler entre las dos partes", agregó.

A principios de enero el funcionario recibió a Gervasio Muñoz, representante de la Federación de Inquilinos Nacional, que consideró que el Estado tiene que recuperar su rol en la medición y control del mercado del alquiler de vivienda.

Según publicó la asociación en ese momento, fue una "excelente reunión" en la que se estableció "una agenda de trabajo en el que la Secretaría empiece a estudiar la situación de la vivienda en alquiler".

Alquileres: el Gobierno convocó a inmobiliarias e inquilinos para bajar los precios

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Quieren conformar una mesa de trabajo, los cambios a la Ley de Alquileres se demoran en el Congreso.

Con cada vez menos propiedades en alquiler y con precios en alza, la Secretaría de Comercio Interior, que encabeza Roberto Feletti, comenzó a buscar alternativas para poder incentivar la oferta de y una mejora en la situación de los inquilinos, que podrían incluir algún tipo de castigo para quienes tengan inmuebles desocupados.

Esta semana, se conformó una mesa de trabajo donde participarán los distintos sectores involucrados: inquilinos, propietarios e inmobiliarias.

"El propietario no quiere alquilar o no quiere alquilar a un precio que el inquilino pueda pagar. El inquilino no puede pagar el precio. No hay punto de contacto entre oferta y demanda. Hay una retirada fuerte de propiedades. En la actualidad hay 120.000 viviendas publicadas ofrecidas en la ciudad de Buenos Aires, cuando el promedio es 50.000", dijo Feletti en declaraciones a Radio El Destape.

"Yo no tengo ahora la solución. Tal vez sea una mezcla de palo y zanahoria hacia los propietarios para que oferten sus propiedades. Si las ofertan, se les puede dar algún beneficios y si nos las ofertan se les puede aumentar algún gravamen. Hay que mirarlo. Es raro esa sobreoferta inmobiliaria que hay en un mercado donde no se vende. El Estado debe reunir una mesa y buscar un consenso", agregó el secretario de Comercio.

El mes pasado, los funcionario de la Secretaría mantuvieron una reunión con el titular de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, que consideró que el Estado tiene que recuperar su rol en la medición y control del mercado del alquiler de vivienda.

Muñoz planteó que el precio del alquiler representa un gasto fundamental en más de 3 millones hogares inquilinos y por lo tanto tiene que ser una política de la secretaría de comercio, como los alimentos.

Esta semana, en tanto, fue el turno de las autoridades de la Cámara Inmobiliaria Argentina que tuvieron un encuentro con Feletti y el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezian. Durante la reunión, las autoridades de la cámara analizaron el mercado actual, la escasez de oferta de propiedades para alquilar y la sobreoferta de propiedades a la venta, a pesar del bajo nivel de operaciones.

Por su parte, Feletti manifestó la necesidad de fomentar el incremento de la oferta y remarcó su preocupación por lo que definió como una situación "cada vez más precaria" de los inquilinos. Aunque no anticipó qué tipo de políticas se podrían implementar para el sector.

"La Ley de Alquileres generó que haya más propiedades en venta y menos oferta de propiedades en alquiler. Es muy importante que haya una mesa de trabajo y que se escuche a todas las partes. Nosotros proponemos algunos cambios en la ley, creemos que el índice de actualización debería tenga algún índice alternativo hoy el salto es de 52% en un año y de una sola vez. Proponemos al menos dos ajustes anuales", dijo Alejandro Bennazar, presidente de la CIA.

"El mercado no acepta el tiempos de los contratos, que tiene un mínimo de tres años. Es muy largo, incluso también para los inquilinos. El tema es muy sensible. No hay incorporación de unidades nuevas al mercado locativo", agregó Bennazar.

La Ley de Alquileres, vigente desde julio del 2020, provocó cambios en el mercado de los alquileres, con menor oferta de propiedades y subas de precios en los nuevos contratos.

Además, la actualización anual a través de un índice que combina la evolución de los precios y los salarios provocó saltos en los alquileres de más del 50%.

En noviembre del año pasado, el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa anunció que el Gobierno impulsaría en el Congreso un nuevo proyecto que reemplace a la actual Ley de Alquileres.

La norma fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante el Gobierno de Mauricio Macri pero terminó siendo sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández.

"Tenemos que discutir una nueva Ley de Alquileres, que le de certeza al propietario y garantías y tranquilidad al inquilino para que el sector pueda desarrollar libremente ese emprender noble que tiene a lo largo y a lo ancho del país", agregó Massa en ese momento.

Sin embargo, hasta el momento la iniciativa no tuvo tratamiento parlamentario, lo que generó más incertidumbre entre propietarios e inquilinos. Los puntos clave a modificar, según anticiparon fuentes legislativas, son dos: la actualización de los alquileres, que hoy se hace una vez por año de acuerdo a un índice que combina 50% la variación de los salarios y 50% la inflación y la duración de los contratos, que se extendió de dos a tres años de plazo.

La derogación de los artículos más cuestionados de la Ley de Alquileres también fue una de las promesas de campaña de la oposición.

Según una encuesta realizada por la plataforma inmobiliaria Zonaprop, 8 de cada 10 propietarios consideraron que la Ley de Alquileres los perjudicó, un 58% se vio afectado por la indexación anual del aumento del alquiler y otro 58% por la extensión del plazo del contrato a tres años. En tanto, un 44% no está de acuerdo con tener que registrar el contrato de alquiler en la AFIP.

Más aumentos: GNC, expensas y alquileres suben en agosto

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Mientras tanto, se debe definir qué ocurrirá con las cuotas de las prepagas luego de que la Justicia anulara resoluciones del Gobierno que habían frenado un aumento.

Agosto llegará con incrementos en el GNC, expensas y alquileres, los cuales pondrán más presión sobre el costo de vida, que en sólo seis meses escaló 25,3%, según el Indec.

El Índice de Precios al Consumidor de junio se ubicó en 3,2%, con lo que marcó una leve desaceleración desde el pico de marzo, pero sigue existiendo preocupación por una inflación que se encamina al 45% anual, muy por encima de la pauta del 29% prevista en el Presupuesto.

En los últimos doce meses la inflación acumuló una suba del 50,2%, de acuerdo con los índices oficiales.

En agosto continuarán los incrementos, en un contexto en el que el tipo de cambio oficial se mantiene estable pero el dólar blue volvió a la zona de los $180, y las tarifas se encuentran casi congeladas.

El precio del metro cúbico del GNC subirá entre $2 y $3 a partir de agosto, para venderse a un promedio de $40 en estaciones de servicio del área metropolitana.

El último aumento de este combustible se había aplicado en abril de este año, del 5%.

En noviembre habrá un nuevo y último incremento en el año, cuyo porcentaje dependerá de eventuales subas en el precio de las naftas.

Es que a raíz de los nuevos contratos que se firmaron de GNC, corresponde que el valor del gas en boca de pozo pase a representar el 14% del precio de nafta súper, sobre el 13,5% actual.

Tanto distribuidoras como estaciones de GNC acordaron una suba suba de 0,5 puntos porcentuales cada tres meses, hasta llegar a un 15,5%.

En tanto, el ajuste de la paritaria conseguido por el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal, con aumentos salariales que subieron del 32% al 44,8%, comenzó a impactar en julio sobre las expensas que deberán pagarse en agosto.

El gremio de los encargados logró ese aumento para compensar el desfasaje con el índice de inflación. El nuevo aumento consiste en un pago adicional de $8.000 mensuales hasta febrero del 2021.

Este incremento tendrá impacto directo sobre las expensas, que representará un 8% aproximado de costo extra para los habitantes de edificios.

Si se tiene en cuenta que se considera que el sueldo percibido por los encargados de edificios representa entre 55% y 60% del valor neto de las expensas, el incremento rondará entre el 25% y el 30% promedio.

A partir de agosto también se pondrá en marcha el aumento para quienes firmaron contrato de alquiler luego de que se aprobara la nueva ley.

En esos casos, la suba se ubicará en torno al 50%, dado que la nueva formula toma en cuenta un índice conformado por las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor y el de salarios.

Según un informe elaborado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, el salario mínimo, vital y móvil alcanzó en julio para pagar el 97,2% del alquiler de un departamento de un ambiente en la Ciudad de Buenos Aires.

El análisis consideró que se dio una mejora, si se tiene en cuenta que en junio solo alcanzó el 90,3%.

En junio, el salario mínimo fue de $25.272 y en julio se elevó a $27.216, en tanto la mediana de los monoambientes ofertados en la Ciudad de Buenos Aires se mantuvo sin variantes en $28.000.

Mientras tanto, se debe definir qué ocurrirá con las cuotas de las prepagas luego de que la Justicia anulara resoluciones del Gobierno que habían frenado un aumento, pero aclarara que no estaba en condiciones de definir cuál debería ser el nivel del ajuste.

Se trata de una resolución que hizo lugar de manera parcial a un pedido formulado a través de un recurso de amparo por parte de una veintena de empresas de salud.

En la presentación se había pedido autorización para aplicar un aumento del 9,77% a los asociados.

El Gobierno analiza volver a frenar los desalojos y congelar los alquileres

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Lo dijo el Presidente Alberto Fernández. "Mientras la excepción siga, tenemos que seguir pensando en un mundo excepcional", indicó.

El Presidente Alberto Fernández estudia volver a congelar el precio de los alquileres y frenar nuevamente los desalojos, ante las nuevas restricciones que regirán hasta fin de mes para intentar frenar la segunda ola de contagios de coronavirus.

El mandatario planteó este jueves que le preocupa de manera particular la situación de los inquilinos y la posibilidad que pierdan su vivienda ante falta de pagos motivadas por la "situación excepcional" de la pandemia, "que está de vuelta".

Por eso adelantó que en su retorno a la actividad, tras permanecer aislado 14 días por dar positivo de Covid-19, se reunirá con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, para definir los pasos a seguir en ese sentido.

"Una de las primeras cosas que tengo que hacer en mi regreso a casa de Gobierno es llamar a Jorge Ferraresi para hablar de ese tema, que me preocupa. El momento de excepción no ha desaparecido. Pasó una primera hora y ahora viene una segunda ola, mucho más complicada", dijo.

Y agregó que "quiero que todos entiendan que aparecen variantes del virus todo el tiempo, acá y en todo el mundo. Tenemos que ser muy cuidadosos. Mientras la excepción siga, tenemos que seguir pensando en un mundo excepcional".

Aprueban un protocolo de alerta para desalojos de inquilinos

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Es para asistir a las familias que no pudieron pagar el alquiler durante la pandemia.

Con el fin de marzo, terminó también el congelamiento de los alquileres y la prohibición de desalojar a inquilinos, una medida que se extendió por un año. Ante la situación y la preocupación de los que alquilan, el Gobierno estableció el camino por el cual buscará asistir a las familias en riesgo por haber incumplido con los contratos de locación durante la pandemia de coronavirus.

A través de la resolución 5 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, publicada este martes en el Boletín Oficial, se aprobó el "Protocolo nacional de alerta temprana de desalojos de vivienda única y familiar en regímenes de alquileres formales", que dispone las pautas para conocer la situación de los inquilinos en riesgo, a la vez que fija qué grupos serán prioritarios en la asistencia estatal.

Con el protocolo, el Ejecutivo apunta a sistematizar datos sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre la existencia de sentencias judiciales contra los inquilinos. Apunta a "caracterizar los hogares que se encuentren atravesando y lograr la identificación de la persona, familia o grupo conviviente". Además, propone "convenios de colaboración y asistencia a los fines de establecer marcos de actuación que propendan a evitar situaciones de vulneración de derechos humanos fundamentales".

El protocolo se implementará en aquellos casos en los que locatarios de vivienda única y familiar en regímenes de alquileres formales, es decir aquellos que estén declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, que hayan sido alcanzado por el decreto y sus modificatorias que congeló aumentos y prohibió los desalojos.

Inquilinos Agrupados presentó amparo solicitando la suspensión de los desalojos

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Desde la agrupación señalaron que la medida es hasta tanto se cree un plan real para contener y proteger la vivienda frente a la llegada de la segunda ola de coronavirus.

El decreto que congela alquileres y suspende desalojos finalizó el 31 de marzo pasado, y a partir de ese momento los inquilinos que tuvieron dificultades durante la pandemia para cumplir con los contratos deberán comenzar a pagar en cuotas la diferencia acumulada.

En este contexto, asociaciones de inquilinos reclaman al Gobierno nacional que extienda el decreto que congela los precios de alquileres y prohíbe los desalojos.

"Presentamos un amparo y una medida cautelar para que la justicia le pida al Estado que frene los desalojos hasta tanto tenga un plan real para contener y proteger la vivienda ya que el protocolo difundido por el ministro de desarrollo territorial y hábitat aún es un proyecto y los inquilinas e inquilinas necesitan no quedar en la calle hoy frente a la emergencia sanitaria y la llegada de la segunda ola. Sin vivienda, hoy, se pone en riesgo la vida", señalaron desde Inquilinos Agrupados.

Por su parte, Leilani Farha, Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas, explicó que "la vivienda se ha convertido en la primera línea de defensa frente al coronavirus. Pocas veces anteriormente el hogar ha supuesto un asunto de vida o muerte".

Desde la agrupación de Inquilinos manifestaron que "la reactivación de desalojos de vivienda en momentos donde el gobierno nacional oficializa la segunda ola con circulación de nuevas cepas puede provocar una crisis humanitaria sin precedentes en el país".

Final del congelamiento de alquileres: ¿qué pasará con los inquilinos y los precios?

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El gobierno nacional decidió no renovar el decreto que establecía el congelamiento del precio y la prohibición de los desalojos.

El decreto que congela alquileres y suspende desalojos finaliza este miércoles, y a partir de ese momento los inquilinos que tuvieron dificultades durante la pandemia para cumplir con los contratos deberán comenzar a pagar en cuotas la diferencia acumulada.

Estas medidas sucedieron en un contexto en que los alquileres aumentaron en promedio un 60% durante el último año, según el informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales y que no incluye las expensas las cuales son un 20% del valor de la propiedad por mes.

Por su parte el Presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñóz,calificó de "grave situación" e indicó que se contactó con la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, quién le dijo que ante esta situación habrá instancias de mediación y cuotas para pagar las deudas. "No es un problema de comprensión, acá hay un problema de negación" calificó el referente del sector.

Es que según el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional hay 300 mil familias en todo el país que tienen deudas de hasta cinco meses de alquiler. "El que usó el decreto es porque se quedó sin trabajo o gana la mitad" describió la situación en estos hogares. "Para estas personas o se extiende el decreto o es la calle" graficó.

Muñóz confirmó que por estas horas presentarán un amparo judicial y que ayudarán a las familias que queden en la calle. "Esto es un pedido del mercado inmobiliario" dijo y agregó "el gobierno tiene que dejar de permitir que el mercado lleve la política de vivienda".

Alquileres: ponen en marcha un protocolo para asistir a familias en situación de desalojo

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El Secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, dijo que el mecanismo buscará "caracterizar el universo de desalojos posible, y arbitrar las herramientas para conseguir soluciones habitacionales". El 31 vence el decreto que prorrogaba de forma automática los contratos de los alquileres.

El Gobierno asistirá a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento, el próximo 31, de la vigencia del decreto que prorrogaba de forma automática los contratos de los alquileres y prohibía desalojos.

El Secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, remarcó que "esta decisión representa un Estado sensible que no mira para el costado ante una circunstancia que todos deseamos que no se produzca, que tiene que ver con el desalojo de familias".

"Esa mirada de un Estado presente hace que busquemos alternativas para evitar el daño que produce un desalojo", indicó Scatolini.

A través de la Resolución 88/2021 publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo Territorial instruyó a la Secretaría de Desarrollo Territorial a elaborar y aprobar el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.

Al respecto, el secretario señaló que se va a trabajar en "un protocolo que permita caracterizar el universo de desalojos posible, y arbitrar las herramientas para conseguir soluciones habitacionales".

"El objetivo de este gobierno es poner muchos recursos como no se hizo en los últimos años en Argentina, en la construcción de vivienda con las unidades ejecutoras en las provincias y también a través del Procrear", destacó el funcionario.

El protocolo

Para la elaboración del protocolo, se convocó al Ministerio de Justicia y a otros organismos nacionales, y se invitó a aquellos organismos provinciales pertinentes a la suscripción de convenios de cooperación.

Esto se hizo con el fin de recabar información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo, en los casos comprendidos en contratos de locación alcanzados por el Decreto 320/20 y sus sucesivas prórrogas y modificaciones, que extendieron los contratos de los alquileres y prohibieron los desalojos.

Asimismo, el Ministerio instruyó a la secretaría a arbitrar los medios necesarios para coordinar acciones de colaboración y cooperación con los entes ejecutores provinciales y locales de los proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado Nacional para abordar soluciones habitacionales para aquellos hogares que requieran asistencia pública.

El decreto remarcó que a tal efecto, se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.

"Vamos a trabajar en articular el esfuerzo del Estado en revertir esta situación habitacional a partir de una oferta de viviendas, y mientras tanto tener una respuesta, con un protocolo con pasos concretos, para atender la situación de cada familia", señalo Scatolini.

Explicó que se hará "un relevamiento de información fehaciente de sentencias que se podrían llegar a ejecutar, con un criterio de prioridad de situaciones de mayor vulnerabilidad".

Y agregó que "también vamos a realizar un relevamiento con las unidades ejecutoras de soluciones habitacionales de todo el país que arman el listado de adjudicatarios de viviendas para que dentro de esos listados se priorice a personas en situación de desalojo".

El secretario remarcó que el plan del Gobierno es "en tres años generar 264.000 soluciones habitacionales", pero puntualizó que "no es lo único en lo que se trabaja".

"Venimos de cuatro años de un Gobierno insensible que no sólo no generó nuevas viviendas, no construyó, ni financió, sino que cuando lo hizo fue a través del sistema de créditos en UVA que sabemos los perjuicios que generó", concluyó el funcionario.

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