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ANDIS: los dueños de Suizo Argentina exigieron que se investigue si los audios fueron alterados con IA

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En detalle, el pedido de la defensa de los empresarios busca dilucidar si hay indicios de clonación de la voz de Diego Spagnuolo, extitular de la agencia nacional, o modificación mediante IA. En esta línea, el exfuncionario ya había presentado su perito de parte, cuestiono la pericia y detalló que no aportará su voz.

La defensa de Jonathan y Eduardo Kovalivker, de la Droguería Suizo Argentina designó una perito informática, solicitó ampliar los puntos de pericia sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo en el caso ANDIS y pidió que la experta analice si el material pudo haber sido manipulado mediante herramientas de inteligencia artificial, clonación de voz o técnicas de edición digital avanzadas.

En una presentación judicial, el abogado de la familia Kovalivker, Martín Magram, reclamó que la perito determine si los registros presentan "indicios de clonación de voz", "modificación mediante inteligencia artificial", "procesamiento mediante voice synthesis", "deep voice manipulation" o "utilización de herramientas de postproducción automatizada".

El planteo busca que la pericia ordenada por el Juez, Ariel Lijo, sobre los audios atribuidos a Spagnuolo en los que se describen hechos de corrupción en la ANDIS vaya más allá de la autenticidad básica de los archivos y avance sobre posibles intervenciones tecnológicas que podrían haber alterado el contenido difundido.

"Dado que el material auditivo en cuestión haber sido: editado, segmentado, recompuesto, comprimido múltiples veces, retransmitido, o manipulado mediante herramientas digitales, resulta imprescindible que la fuerza pericial interviniente efectúe un análisis técnico completo bajo estándares internacionales de informática forense y acústica forense", dice la presentación de los Kovalivker

Además, la defensa pidió un análisis técnico destinado a establecer la existencia de múltiples generaciones digitales del material. En ese sentido, solicitó que se determine la "cantidad de recompresiones detectables", el "tipo de codec utilizado", la presencia de "alteraciones por exportación sucesiva" y posibles "incompatibilidades entre metadata y estructura digital".

Los Kovalivker designaron como perito de parte a la licenciada Cecilia Vera, una especialista en informática.

Otro de los puntos incorporados apunta a reconstruir la historia de los archivos. Los abogados requirieron que se intente establecer la "secuencia temporal de edición", identificar "puntos de corte", eventuales "superposiciones de capas", "inserciones no naturales" y posibles "pérdidas de continuidad lógica y acústica".

La presentación también reclama un análisis comparativo entre todas las versiones disponibles de los audios.

Concretamente, pidió que se cotejen "los archivos obrantes en autos", aquellos "difundidos en medios" y "cualquier otra versión circulante", con el objetivo de detectar diferencias técnicas o modificaciones entre las distintas copias.

Pedido de máxima preservación de la evidencia

La defensa también hizo especial hincapié en la preservación de la prueba digital y solicitó medidas de resguardo para garantizar la integridad de los archivos.

Entre otras cuestiones, requirió que "toda manipulación del material quede registrada", que se documenten los accesos realizados por los especialistas y que se generen "hashes criptográficos" herramientas utilizadas para verificar que un archivo no haya sido alterado durante su análisis.

Asimismo, pidió que se conserve una "bitácora completa de intervenciones" y que se evite "cualquier sobreescritura o alteración del soporte original".

Por último, reclamó que las tareas periciales se realicen únicamente sobre copias forenses verificadas y no sobre los archivos originales, una práctica habitual en investigaciones informáticas destinada a preservar la evidencia sin riesgo de modificación.

Con esta propuesta de los puntos de pericia, los dueños de Droguería Suizo Argentina buscan que los expertos determinen no sólo si los audios son auténticos, sino también si pudieron haber sido editados, reconstruidos o modificados mediante herramientas digitales o inteligencia artificial.

La droguería es nombrada en los audios, pero aún los Kovalivker, que fueron allanados al comienzo de la investigación, no fueron citados a indagatoria. En la causa está procesado Spagnuolo, entre otras personas.

Causa Andis: la Justicia ordenó peritar los audios que vinculan a Karina Milei con presuntas coimas

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El Juez, Ariel Lijo, dispuso que la Gendarmería Nacional analice las grabaciones que complican al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo.

En el marco de la investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, el Juez federal Ariel Lijo, a cargo temporalmente del juzgado que antes lideraba Sebastián Casanello, ordenó un peritaje oficial sobre las grabaciones de audio donde se menciona el cobro de presuntos sobornos equivalentes al 3% en las compras oficiales de medicamentos de alto costo.

El principal implicado en la causa, el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, sostiene que las piezas de audio difundidas a través del canal de streaming Carnaval son falsas.

Ante este escenario, la Gendarmería Nacional será la encargada de realizar el estudio informático y acústico para determinar la autenticidad, integridad y procedencia de la prueba digital.

La estrategia de la defensa para voltear el caso

La representación legal del exfuncionario, encabezada por el abogado Mauricio D'Alessandro, busca demostrar que las grabaciones sufrieron alteraciones y montajes maliciosos con el objetivo de impugnar su validez legal y solicitar la nulidad de las actuaciones.

Para ello, la defensa designó como perito de parte al ingeniero informático y especialista forense Marcelo Torok.

El consultor técnico presentó un pliego de diez puntos de pericia orientados a auditar la cadena de custodia del material y verificar si existen saltos temporales o ediciones digitales.

La hipótesis de la defensa señala que el archivo constituye un ensamble artificial de diálogos tomados en ambientes públicos combinados con fragmentos de llamadas telefónicas. 

De hecho, los abogados aportaron un informe privado previo realizado en España que aduce un 65% de probabilidades de manipulación mediante herramientas de Inteligencia Artificial.

En paralelo, el fiscal Franco Picardi designó a cinco especialistas de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal para controlar la medida, mientras que las firmas farmacéuticas y los empresarios involucrados en el expediente también sumaron sus propios técnicos.

Red de sobreprecios y desvío de fondos

A pesar de la centralidad mediática de las grabaciones, las autoridades judiciales aclararon que la causa no se sostiene de forma exclusiva en dicho material, sino que cuenta con un andamiaje de pruebas documentales e informáticas independientes. 

Spagnuolo ya se encuentra procesado sin prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita, fraude al Estado, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles, bajo un embargo de $202.000.000.000.

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal describe una estructura cartelizada donde exfuncionarios de la Andis direccionaban las licitaciones públicas.

La pesquisa detectó sobreprecios millonarios no solo en remedios complejos, sino también en insumos ortopédicos básicos como andadores.

Hasta el momento, la acción penal no avanzó sobre los familiares del Poder Ejecutivo mencionados en las escuchas de streaming.

Sin embargo, la investigación avanza sobre los supuestos canales de lavado de dinero de la red corporativa.

Para este miércoles, la Fiscalía citó a indagatoria al empresario Alan Pocoví, sospechado de movilizar importantes sumas de divisas y canalizar los fondos desviados del organismo estatal hacia la compra de criptomonedas.

Caso ANDIS: citaron a indagatoria a 29 personas, incluido el extitular Spagnuolo

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El Juzgado Criminal y Correccional FEl Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 avanzó con la medida solicitada por la fiscalía para investigar el desvío de fondos públicos millonarios.

En línea con el requerimiento de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 citó a prestar declaración indagatoria a 29 personas involucradas en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Entre los convocados figura el extitular del organismo, Diego Spagnuolo, quien ya cuenta con un procesamiento previo.

El cronograma de audiencias se desarrollará entre el 28 de abril y el 26 de mayo. La nómina incluye la ampliación de testimonios de cinco personas que ya se encontraban procesadas, tales como el propio Spagnuolo, el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, y el presunto lobbista de laboratorios y droguerías, Miguel Ángel Calvete.

El Juez, Ariel Lijo, en sintonía con el planteo del Ministerio Público Fiscal, advirtió sobre la naturaleza del entramado delictivo.

"La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público", dijo.

Según la investigación, el mecanismo implicó salidas de fondos por más de $75.000.000.000, los cuales habrían terminado en los bolsillos de un reducido grupo empresarial.

Ante este escenario, el juzgado decretó la inhibición general de bienes para los implicados y las empresas vinculadas.

El magistrado fundamentó la medida en la necesidad de evitar el desprendimiento de activos que pudieron haber sido "instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos", y que resultan indispensables para que el Estado pueda recuperar los recursos malversados.

La causa busca desarticular la estructura que involucra a más de 20 empresarios. Cabe recordar que Spagnuolo ya fue indagado anteriormente por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público, en el marco de una compleja red que desvió recursos destinados a la asistencia de personas con discapacidad.

Compras irregulares y el impacto en el sistema de salud

Los hechos investigados adquieren especial gravedad por el tipo de insumos involucrados. Se trata de dispositivos médicos de alto costo, como prótesis para amputaciones, implantes cocleares, materiales para cirugías complejas y sillas de ruedas motorizadas, entre otros.

Estos productos eran gestionados a través del Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad o enfermedades crónicas en situación de vulnerabilidad, sin cobertura médica específica.

Según determinó la investigación, el Programa Incluir Salud, dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad, fue utilizado como plataforma para implementar un sistema ilegal de pagos permanentes en favor de determinados proveedores.

La Fiscalía sostuvo que, en lugar de cumplir con su función social, el programa fue utilizado para canalizar recursos públicos hacia intereses privados, afectando tanto al Estado como a la población destinataria de estas políticas.

Otras acusaciones en la Agencia Nacional de Discapacidad

El esquema incluyó prácticas como la autorización selectiva de comercialización con la ANDIS, la filtración de información privilegiada para facilitar adjudicaciones y la coordinación entre empresas para manipular procesos de contratación.

Además, se detectó la participación directa de empresarios en decisiones clave, como la definición de precios, la selección de proveedores adjudicatarios y la contratación de personal.

Tras siete meses de investigación, la Fiscalía concluyó que la ANDIS operó como una estructura discrecional destinada a concentrar beneficios económicos en proveedores específicos, mediante contrataciones por fuera de los principios de transparencia, competencia y control que rigen la administración pública.

Actualmente, la causa cuenta con 19 personas procesadas y más de 20 involucrados adicionales sobre los cuales se solicitó el llamado a indagatoria.

Caso ANDIS: solicitaron nuevas indagatorias para Spagnuolo por un fraude de $75.000.000.000

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El requerimiento del fiscal y la PIA alcanza a 29 implicados por el uso de claves oficiales para direccionar licitaciones y el cobro de retornos en la compra de insumos médicos de alto costo.

El Fiscal Federal Franco Picardi y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, citaron a indagatoria a 29 personas en el marco de la investigación por presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. 

El requerimiento alcanza al extitular del organismo, Diego Spagnuolo, y a otros funcionarios y empresarios.

La fiscalía detectó una ampliación significativa en el monto del fraude, estimando ahora un desvío superior a los $75.000.000.000 mediante el direccionamiento de compras de insumos médicos y medicamentos de alto costo entre finales de 2023 y 2025.

Según el dictamen judicial, se articulaba a través del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones, donde se habría montado un "circuito especial" o paralelo de contrataciones.

Los investigadores determinaron que funcionarios de la ANDIS habrían facilitado sus claves de acceso a actores privados para que estos gestionaran directamente las licitaciones desde sus propias oficinas.

Esta "ventanilla de pagos direccionados" permitía la adjudicación de contratos a un grupo reducido de droguerías y empresas pantalla, registrándose sobreprecios que en algunos casos alcanzaron el 90% respecto a los valores de mercado.

El pedido de indagatorias, que ahora deberá ser resuelto por el juez federal Ariel Lijo, quien subroga el juzgado tras la salida de Sebastián Casanello, incluye también a Miguel Ángel Calvete y a una veintena de empresarios vinculados a las firmas beneficiadas.

En sus fundamentos, Picardi señaló que se consolidó una "estructura organizada para desviar fondos públicos asignados a un sector extremadamente vulnerable", donde el dinero que debía destinarse a la asistencia de personas con discapacidad terminaba financiando retornos y beneficios personales.

La causa se apoya en una copia forense de teléfonos celulares, mensajes recuperados y cuadernos secuestrados donde se detallaban pagos ilegítimos y repartos de dinero en efectivo.

Causa ANDIS: pidieron indagar al jefe de Sistemas de Suizo Argentina

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El planteo se dio en una causa desprendida del expediente que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.

El Fiscal federal Carlos Rívolo solicitó la indagatoria del jefe de Sistemas de la Droguería Suizo Argentina S.A., Daniel Díaz, por haberse negado a realizar el blanqueo de claves de directivos de la empresa, lo que impidió que la Justicia pudiera acceder a los correos corporativos requeridos en el marco de una investigación judicial.

El planteo se da en una causa desprendida del expediente que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.

La negativa del responsable del área informática habría bloqueado el acceso judicial a los correos electrónicos cooperativos de directivos de la compañía, considerados una prueba relevante dentro de la investigación.

El expediente busca determinar si existieron maniobras para obstaculizar el acceso a información que podría resultar clave para el avance de la causa.

El caso forma parte de una investigación más amplia que analiza el vínculo entre la droguería Suizo Argentina y contrataciones realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad.

La empresa pertenece a la familia Kovalivker, un grupo empresario que controla la firma desde hace décadas y que actualmente está bajo la lupa judicial por su participación en operaciones vinculadas al sistema de salud pública.

Dentro de ese entramado aparece Jonathan Simón Kovalivker, uno de los accionistas relevantes de la compañía junto a su padre Eduardo y sus hermanos, quien habría ocupado una posición estratégica en la relación entre la droguería y el organismo estatal.

La causa ANDIS se inició en 2025 tras la difusión de audios atribuidos al entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, que mencionaban presuntas irregularidades en la contratación de medicamentos y posibles pagos indebidos vinculados a empresas proveedoras.

A partir de esas revelaciones, la Justicia abrió distintas líneas de investigación que involucran a funcionarios y empresarios del sector.

En ese contexto, el pedido de indagatoria apunta ahora a determinar si hubo un intento de entorpecer la investigación judicial al impedir el acceso a comunicaciones internas de la empresa, una medida que podría resultar clave para reconstruir las decisiones y vínculos entre los directivos de la firma y los contratos investigados.

ANDIS: Spagnuolo pidió a la Cámara que revoque el procesamiento y declare la nulidad de la causa

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La defensa del extitular de la agencia apeló ante la Cámara Federal y reclamó la nulidad de la causa por presuntas coimas y sobreprecios.

La apelación presentada por Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, encendió una nueva disputa judicial con argumentos que buscan anular el avance de la investigación por supuestas coimas y sobreprecios en el organismo.

Spagnuolo está procesado junto a otros imputados por una presunta asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación agravada por administraciones fraudulentas dentro del organismo.

Este jueves, apeló ante la Cámara Federal porteña el procesamiento dictado en su contra.

En su presentación, la defensa sostuvo que los audios que desencadenaron la causa "fueron obtenidos de forma ilícita, adulterados o incluso creados mediante inteligencia artificial".

Lo que para el equipo defensor sería motivo suficiente para invalidar toda la investigación judicial.

"Si la prueba inicial es inválida, toda la investigación debe anularse", señaló el escrito, que argumentó además que las grabaciones presentan "fallas técnicas", como cortes, ausencia de metadatos y posibles manipulaciones.

En el escrito se remarcó que la propia Cámara Federal ordenó una pericia sobre los audios para determinar su veracidad o no, y que "nada de ello fue cumplido".

Respecto de la imagen en la que se lo ve con una mochila en el domicilio de otro imputado, Miguel Ángel Calvete, la defensa de Spagnuolo alegó que ello no puede ser un motivo para sospechar que una persona es miembro de una asociación ilícita o que hubiera recibido dádivas.

Gobierno nacional anunció la eliminación de ANDIS y el traspaso de funciones al Ministerio de Salud

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Lo anunció el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y reveló que incluye reducción de estructuras y aclaró que no se eliminarán prestaciones.

Tras el escándalo a raíz de la filtración de los audios del exfuncionario, Diego Spagnuolo, el Gobierno finalmente concretó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad y traspasó sus atribuciones al Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones.

Se trata de una decisión que se maduraba desde la detección de irregularidades en la agencia que conducía el exabogado del Presidente, Javier Milei.

Este martes por la mañana, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció su cierre aunque aclaró que las prestaciones no serán recortadas ni se eliminarán.

"La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud", anunció desde la sala de conferencias.

Asimismo, remarcó: "La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente".

Para Adorni, la situación "provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario".

"Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades", sentenció el funcionario.

"Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica", completó.

Por su parte, aclaró: "Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación".

La causa ANDIS llegará a la Cámara Federal: revisarán los planteos de nulidad

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La audiencia se centrará en determinar si continúan vigentes los recursos de la familia Kovalivker y del ex titular de la Agencia de Discapacidad.

La Cámara Federal porteña intervendrá el martes 28 de octubre en la causa ANDIS en una audiencia para revisar los planteos de nulidad del caso.

En el caso investiga el supuesto pago de sobornos por parte de droguerías para la compra de medicamentos en el área de discapacidad.

El Juez federal Sebastián Casanello había rechazado los recursos presentados por la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina, y por el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

Ahora, la apelación será evaluada por la sala II del Tribunal de Apelaciones, integrada por los Jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah.

El Fiscal Federal Franco Picardi solicitó el 9 de octubre 25 allanamientos simultáneos en droguerías y domicilios particulares.

Lo hizo argumentando que se detectaron graves irregularidades y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la Agencia de Discapacidad.

Picardi sostuvo que los pedidos de nulidad fueron "errados" y "contradictorios" y que tuvieron como fin "entorpecer una pesquisa incipiente".

El planteo de nulidad se fundamenta en que la causa se abrió a partir de audios de Spagnuolo, que según la defensa de los Kovalivker fueron obtenidos de manera ilegal.

El abogado Martín Magram reclamó la nulidad absoluta de la investigación, señalando que las grabaciones fueron "adulteradas, obtenidas de forma ilícita o incluso creadas por inteligencia artificial".

En esos audios se mencionaba a la droguería Suizo Argentina como parte de un esquema de pago de sobornos y se aludía a la hermana del Presidente Javier Milei, Karina Milei, y a Eduardo Lule Menem.

Durante la audiencia, la fiscalía deberá sostener su rechazo a los planteos de nulidad ante la Cámara.

Causa ANDIS: la Justicia desestimó los planteos de la defensa de los Kovalivker

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El magistrado rechazó la nulidad planteada por los dueños de Suizo Argentina y afirmó que una denuncia es un “acto básico de información”.

El Juez Federal Sebastián Casanello rechazó los pedidos de nulidad presentados por la defensa de Eduardo Kovalivker y sus hijos Jonathan y Emmanuel, propietarios de la droguería Suizo Argentina.

Es en el marco de la causa que investiga un presunto esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

El planteo había sido impulsado por el abogado de los empresarios, Martín Magram, quien cuestionó que el proceso judicial se originara en grabaciones no autorizadas atribuidas al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo.

También sostuvo que los hechos ya habían sido objeto de una investigación anterior que fue archivada.

En la resolución, Casanello aclaró: "En cuanto a si una denuncia puede tomar el contenido de conversaciones privadas, es bueno recordar la diferencia entre medios de investigación y medios de prueba, en la medida en que los primeros permiten llegar a los segundos".

En la misma línea agregó que una denuncia "es un acto básico de información que, de no ser desestimada, da pie a un procedimiento de descubrimiento de la verdad".

La decisión se conoció en sintonía con la postura del Fiscal Franco Picardi, quien había manifestado días atrás su oposición a los planteos de nulidad.

Frente al fallo, la defensa de los Kovalivker quedó habilitada a apelar ante la Cámara Federal.

El expediente judicial se inició en agosto, luego de la difusión de audios por parte de un canal de streaming, en los que Spagnuolo, por entonces al frente de la ANDIS, hablaba sobre supuestos pagos de coimas por parte de droguerías.

Tras la aparición de esas grabaciones, el funcionario fue desplazado de su cargo.

Además de los empresarios, en la causa se encuentran imputados el propio Spagnuolo, el Presidente, Javier Milei; la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor, Eduardo Lule Menem, todos mencionados en los audios difundidos.

El 19 de septiembre la Justicia informó que Spagnuolo había eliminado contenido de su celular antes de entregarlo y que luego intentó transferir esa información a otro dispositivo, tras hacerse públicas las grabaciones.

Los peritajes sobre los elementos electrónicos secuestrados todavía se encuentran en desarrollo.

La oposición avanzó con el dictamen para interpelar a Karina Milei por las supuestas coimas

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En un plenario de comisiones de Diputados, también se avaló la interpelación al Ministro de de Salud, Mario Lugones.

La oposición logró avanzar con la firma del dictamen de mayoría para interpelar en la Cámara de Diputados a la Secretaria general de la Presidencia, Karina Milei en el marco del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

También avanzaron con el fin de interpelar al Ministro de Salud, Mario Lugones, por el mismo caso. 

Al cabo del plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y Asuntos Constitucionales, que tuvo que ser emplazado en la sesión pasada para doblegar el bloqueo del oficialismo, se pasó a la firma del despacho de mayoría que cosechó 41 rúbricas.

Lo firmaron los diputados de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda, y Marcela Pagano del flamante bloque de exlibertarios Desarrollo y Coherencia. 

El dictamen de rechazo, en tanto, fue suscrito por una docena de legisladores de La Libertad Avanza y aliados del PRO.

El proyecto con las interpelaciones de la hermana del presidente y del jefe de la cartera sanitaria quedó listo para ser votado por el pleno en la próxima sesión, prevista para los primeros días de octubre.

Al inicio del plenario, el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, de Unión por la Patria, remarcó que la finalidad de las interpelaciones es obtener "explicaciones y respuestas de los audios filtrados sobre presuntos pagos ilegales". 

En tanto, el tucumano lamentó que "los informes escritos hayan quedado siempre sin respuesta" de parte de los funcionarios.

La diputada nacional de Unión por la Patria, Sabrina Selva, autora de uno de los proyectos en cuestión, aseguró que si es interpelada, Karina Milei tiene que comparecer obligadamente y no puede excusarse en el hecho de no tener rango de ministro.

"El artículo 204 del reglamento de la Cámara de Diputados habilita, en uso del articulo 71 de la Constitución Nacional y la citación a un ministros, se pueda citar a los secretarios que consideremos tengan la responsabilidad de dar explicaciones", explicó.

Y agregó que "nadie duda que la secretaria general de la Presidencia tiene jerarquía de ministra".

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