Lo decidió la Jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York.
En un duro revés para Argentina, pero esperado, la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la Jueza Loretta Preska, heredera del despacho de Thomas Griesa, determinó que el juicio multimillonario por la estatización de YPF se mantendrá en los Estados Unidos, pese al pedido de los abogados del país, que aspiraban a trasladar la controversia a los tribunales locales.
La próxima reunión entre las partes será el 19 de junio. Ese día se definirá cómo se sigue adelante en la demanda por la expropiación del 51% de las acciones de YPF, en 2012. El Estado, como principal accionista, en caso de perder el juicio, deberá hacer frente a la indemnización, que podría costar por lo menos US$3000 millones.
La jueza se pronunció luego de que tres cortes estadounidense -incluida la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema- fallaran en contra de dirimir el juicio en jurisdicción argentina, como quería el país para alejar la amenaza de la millonaria demanda del fondo Burford Capital, que adquirió el derecho de las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, de litigar contra la Argentina.
Ahora Burford Cap y Eton Park, otro de los fondos que demanda al país por la estatización de YPF, pidieron a la jueza que ordene a la petrolera y al gobierno argentino abonarles entre US$1700 y US$9000 millones por daños económicos estimados, según explicó el analista financiero Sebastián Maril. Tras conocerse el fallo, las acciones de Burford Capital subieron más del 7%.
"Ya había un fallo que decía que los demandantes tenían razón y que debían cobrar. Luego la Argentina dijo que tenía nuevos argumentos para apelar y Preska dio lugar para escucharlos. Pero hoy falló en contra. Ya no hay más instancias. La Argentina está perdiendo 4 a 0 este juicio [por todas las instancias que fallaron en contra]. Es imposible remontar esto", dijo Maril.
El director de Fin.Guru estimó que el monto que podría llegar a pagar el país es de entre US$3800 y US$12.100 millones. "Este cálculo surge de una combinación de información que presentó Burford en la bolsa de Londres y de operaciones que hizo en mercados secundarios, cuando vendió parte del caso a inversores. También surge del valor que estableció Eton cuando realizó la demanda y del mismo estatuto de YPF", explicó Maril.
La representación argentina está en manos de los estudios en Nueva York Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, que fue contratado durante el gobierno de Mauricio Macri, y de Sullivan & Cromwell, que sumó el nuevo Procurador del Tesoro, Carlos Zannini. En representación de YPF sigue Cravath, Swaine & Moore.
El caso
En abril de 2015, tres años después de la estatización de YPF, Burford Capital Limited presentó en la Corte de Distrito Sur una demanda contra la petrolera y el Estado por el supuesto incumplimiento de compromisos asumidos con los tenedores de acciones de YPF.
Burford sostenía que al momento de la estatización no se cumplió con los estatutos de la compañía, según los cuales quien se quedara con el 51% de las acciones debía hacerle una oferta al resto de los socios. Las firmas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora tenían el 25% de YPF cuando la controlante era Repsol.
Petersen Energía y Petersen Energía terminaron yendo a la quiebra, al acusar que no podían cubrir sus deudas tras la expropiación. Así apareció el fondo Burford, un megabufete que compra juicios por poca plata con la expectativa de ganar mucho un tiempo después. Por esta operación, además, se está llevando adelante otro juicio en España, para determinar si la adquisición de las empresas Petersen fue legal o no.
Burford justificó que la demanda contra YPF se haga bajo jurisdicción Nueva York porque la empresa cotiza en Wall Street y violó el contrato entre compañía e inversores.
La Argentina, por su parte, intentó trasladar el juicio a los tribunales locales con el argumento de que la compra del 51% de las acciones de la petrolera fue una expropiación, que se determinó a través de una ley local y, por lo tanto, la disputa se debía resolver bajo legislación argentina. Esa ley no obligaba al país a realizar una oferta a todos los accionistas para adquirir el control de la compañía.
Con el fallo de este viernes, la jueza ya dirimió que el resto del juicio se mantendrá en Estados Unidos. La Argentina buscará ahora convencer a la magistrada de que el gobierno de Cristina Kirchner no estaba obligado a realizar una oferta al resto de los accionistas, como marca el estatuto, ya que una ley local lo eximía.
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