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Avanza la investigación sobre Adorni: la Justicia pidió nuevos informes por sus bienes y viajes

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La Justicia pidió nuevos informes sobre propiedades e historial de viajes para reconstruir el patrimonio del jefe de Gabinete y esclarecer inconsistencias detectadas en sus declaraciones y operaciones inmobiliarias.

El Fiscal federal, Gerardo Pollicita, solicitó informes adicionales para profundizar el análisis sobre las propiedades adquiridas por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y sus viajes recientes al exterior, en el marco de la causa que busca determinar si su evolución patrimonial es compatible con sus ingresos declarados.

El expediente, que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, se originó a partir de una denuncia que señala un incremento significativo en los bienes de Manuel Adorni en un corto período.

Según la presentación, existirían "severas discrepancias" entre sus declaraciones juradas, incluyendo la presunta omisión de activos financieros y movimientos de dinero que no tendrían justificación clara.

Ahora, la Fiscalía apunta a reconstruir con mayor precisión el patrimonio de Adorni.

Pollicita pidió información a registros públicos y organismos para averiguar quién es el dueño, el valor y cómo se adquirieron diferentes propiedades conectadas a Adorni y su círculo cercano.

Uno de los focos principales está puesto en un departamento en el barrio porteño de Caballito, adquirido en 2025, y en una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Sobre esta última, la documentación incorporada al expediente indica que habría estado registrada a nombre de un tercero, mientras que gastos como expensas figuran asociados a la esposa del funcionario, lo que alimenta dudas sobre su verdadera titularidad.

La Fiscalía también busca establecer el valor real de estas propiedades mediante tasaciones, ya que existen sospechas de que algunas operaciones podrían haberse realizado por montos inferiores a los de mercado o mediante mecanismos de financiamiento poco habituales, como préstamos privados otorgados por particulares.

Otro eje de la investigación se vincula a los viajes realizados de Manuel Adorni. La denuncia da cuenta de salidas al exterior y traslados en vuelos privados como el de Punta del Este durante los feriados de carnaval, cuyos costos y formas de pago son objeto de análisis.

En particular, se intenta determinar si estos gastos guardan relación con sus ingresos o si podrían haber sido cubiertos por terceros, lo que abriría nuevas líneas de investigación.

La Dirección de Migraciones aportó un listado de entre 15 y 19 viajes realizados por Adorni desde 2023. Ese número contrasta con lo que el propio funcionario dijo públicamente.

Mientras Adorni sostenía que su única salida recreativa en un año y medio fue ese viaje a Punta del Este, los registros muestran un itinerario que incluye Perú y Ecuador, con sospechas de un destino final en la isla de Aruba.

Ante ello, Pollicita envió oficios a la Dirección Nacional de Migraciones para ampliar información sobre salidas del país de los investigados, con datos sobre planes de vuelo, rutas, escalas y horarios, y pidió a compañías aéreas que informen quién contrató y abonó cada viaje.

Esta semana se sumará un testimonio clave, el de Adriana Mónica Nechevenko, la escribana que intervino en la compra del departamento, con el objetivo de esclarecer las condiciones en que se realizaron las operaciones inmobiliarias y verificar la documentación respaldatoria.

Ruta del dinero K: la Corte activó el traspaso de bienes millonarios decomisados a Lázaro Báez

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El máximo tribunal inició el proceso administrativo para incorporar al patrimonio estatal más de U$S60.000.000.

La Corte Suprema puso en marcha el procedimiento para que más de U$S60.000.000 y varios inmuebles decomisados a Lázaro Báez y su hijo Martín pasen formalmente al Estado, en el marco del expediente conocido como la ruta del dinero K.

La comunicación salió mediante un oficio firmado por Sergio Romero, director general de Gestión Interna e Infraestructura, que fue enviado al Juez del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel.

El decomiso fue ordenado por el TOF 4 en abril de 2021 y ratificado por la Cámara de Casación en 2023.

Los montos establecidos ascienden a U$S61.130.860 y $4.174.697, estos últimos sujetos a actualización conforme al IPC del Indec.

En el oficio, Romero requirió además que el dinero sea transferido a dos cuentas del máximo tribunal y pidió toda la documentación vinculada a las subastas del expediente 3017/2013/TO2/14.

El avance se destrabó después de la resolución del 29 de mayo de 2025, cuando Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisibles los recursos de las defensas.

Esa decisión dejó firmes tanto las condenas como los decomisos y abrió la puerta para iniciar la ejecución administrativa de los bienes.

Mientras el proceso judicial avanzaba, el Poder Ejecutivo había creado por decreto el Consejo de Bienes Recuperados, dependiente del Ministerio de Justicia, para administrar los activos provenientes de causas penales.

Pero en octubre, el Juez Pablo Cayssials frenó la medida con una cautelar al considerar que el decreto "altera de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito" y afecta la autonomía y la autarquía presupuestaria del Poder Judicial.

Con los decomisos confirmados y los trámites administrativos ya activados, la Corte continúa ahora los pasos necesarios para completar el traspaso del dinero y las propiedades al patrimonio estatal.

Chiqui Tapia: ganancias por más de $800.000.000, un terreno y una casa en San Juan

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El Presidente de la AFA, Chiqui Tapia, aseguró que percibe ingresos como vicepresidente de Conmebol. Entre otros bienes, tiene un terreno y una casa en San Juan.

Para justificar su extraordinario ingreso patrimonial, Tapia dijo que tiene tres trabajos, aunque solo cobra por dos.

Con relación a su patrimonio inmobiliario, declaró 7 propiedades, todas gananciales y con titularidad del 100%.

Mi querido San Juan

En San Juan, su provincia natal, posee un terreno fiscalmente tasado en $153.708 y una casa de $250.673.

Más inmuebles

En Ciudad de Buenos Aires acreditó un departamento valuado en $1.084.787, mientras que en provincia de Buenos Aires manifestó una casa en Cañada, de $387.650, y una segunda propiedad en Río Luján, de $1.450.377, la única adquirida mediante préstamos.

La más importante es una casa en Beccar, valuada en US$15.740.190, y una vivienda en Río Luján, por $3.265.421.

También registró en su declaración dos autos gananciales, valuados en $22.052.800 y $5.000.200, ambos adquiridos con ingresos propios, según el documento.

Hombre trabajador

Por la AFA no cobra una suma fija pero sí viáticos. Además, percibe más de $818.000.000 anuales en ingresos netos por su rol de vicepresidente segundo de la Conmebol y presidente en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado.

Al presidir la empresa pública de residuos, Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, que administran en conjunto los gobiernos de Ciudad Autónoma y de provincia de Buenos Aires, Tapia presentó una declaración jurada patrimonial en julio pasado.

En su declaración patrimonial, Tapia informó que percibe más de $818.000.000 anuales en ingresos netos. Son unos $68.000.000 por mes.

Alrededor de $8.000.000 provienen de su trabajo en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado.

Allí trabaja unas 15 horas semanales, lo que equivale a 3 horas por día como presidente de esta sociedad del Estado.

Ocupa ese lugar desde enero, luego de haber sido vicepresidente de la entidad por casi 10 años, en representación de Ciudad de Buenos Aires.

En enero, cuando la gestión de Jorge Macri lo desplazó del cargo, fue el Gobernador Axel Kicillof quien lo ubicó en la presidencia.

La Conmebol, cuya sede central está en Paraguay, es su principal empleador, según el documento.

La confederación de fútbol sudamericano le abona cerca de $60.000.000 al mes. Lo curioso es que Tapia informó que le dedica 120 minutos por semana a ese laborioso empleo. Es decir, le pagan $7.500.000 la hora de dedicación.

Aunque declaró tres trabajos, en Anses aparece una relación de dependencia más. Figura activo como empleado de Solbayres, una sociedad anónima dedicada también al servicio de limpieza.

Con estos dos contratos, técnicamente se encuentra de los dos lados del mostrador: el privado y el público dentro del negocio de la basura.

Por otra parte, Tapia sumó en su declaración jurada algunos ingresos extraordinarios por venta de bienes, intereses financieros y viáticos que superan los $200.000 adicionales.

Unos $44.000.000 se generaron a partir de la venta de un vehículo, aunque no especifica de qué automóvil se trata.

La segunda vía de ingresos son viáticos de la AFA. La asociación le habría desembolsado unos $30.000.000 para traslados y comidas, entre otras necesidades.

Asimismo, reporta como fuente de dinero el pago de "intereses e ingresos financieros". Específicamente, declara intereses de plazos fijos y "diferencia de cambio de dólares". En total, acumuló $130.033.118.

Otra curiosidad: en la misma declaración asegura "no poseer títulos ni otras inversiones, como así tampoco mi grupo familiar sujeto a declarar".

De hecho, dice que ni él ni ningún miembro de su núcleo familiar posee dinero en efectivo ni en entidades bancarias. Tampoco participación en sociedades ni derechos reales sobre bienes de terceros.

En su descargo final, Tapia afirmó bajo juramento que no omite bienes ni datos relevantes y que conoce las obligaciones previstas vinculadas al enriquecimiento ilícito.

Caso Libra: la Justicia argentina liberó bienes de los principales acusados y fijó embargos mínimos

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El Juez Martínez de Giorgi redujo drásticamente las medidas cautelares contra Hayden Davis y otros acusados. Los embargos quedaron fijados en apenas U$S25.400 por 90 días.

El Juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, decidió revocar la inhibición general sobre los bienes de los principales imputados y reemplazarla por embargos mínimos de U$S25.400, un monto insignificante frente a los reclamos que, según los propios querellantes, alcanzarían al menos U$S5.000.000 millones.

La decisión se tomó con el aval del Fiscal federal, Eduardo Taiano, quien aseguró que no tenía objeciones al pedido de las defensas.

La medida beneficia directamente al empresario estadounidense Hayden Davis, al exfuncionario de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales, y a los operadores argentinos, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, junto con su madre y su hermana.

Todos habían solicitado la revisión de la cautelar que congelaba la totalidad de sus bienes, argumentando que se trataba de una acción "desproporcionada" y un "exceso inadmisible".

Los abogados señalaron que los reclamos acreditados en el expediente apenas alcanzaban los U$S20.000, y que bloquear la totalidad del patrimonio de sus clientes representaba una afectación indebida al derecho de propiedad.

También sostuvieron que la investigación patrimonial, que incluyó movimientos bancarios, fiscales y financieros, invadía la privacidad de los imputados.

La Corte Suprema administrará y subastará el decomiso de bienes de Cristina Kirchner

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Esto sucedió después de la decisión del Tribunal Oral Federal N° 2.

La Corte Suprema de Justicia será la encargada de administrar y subastar el decomiso de los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner.

Así lo supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales, luego de la decisión del Tribunal Oral Federal N° 2 de decomisar bienes de la ex mandataria.

El Tribunal Oral Federal N° 2 solicitó este martes decomisar los bienes de la ex presidenta, quien cumple una condena de prisión domiciliaria de seis años, junto a los de otros condenados por ese expediente.

La medida, dispuesta luego de que la sentencia dictada en diciembre de 2022 fuera ratificada en junio pasado, alcanza a 122 bienes inmuebles que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o bien como activos incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.

El monto original fijado en concepto de decomiso había sido de $84.835 millones, pero fue actualizado a $684.990.000.000 por peritos contadores, en función de criterios técnicos ratificados por la Corte Suprema de Justicia.

Ante el incumplimiento de los condenados, el tribunal ordenó su ejecución mediante la realización y venta de los activos identificados.

Entre los bienes decomisados se encuentran propiedades de Lázaro Báez y de sociedades vinculadas a su grupo empresario, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, además de terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También se incluye un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y un conjunto de bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

Causa Vialidad: ordenaron decomisar bienes de Cristina Kirchner y otros condenados

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Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal 2 que integran Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

El tribunal de la causa Vialidad solicitó este martes decomisar los bienes de la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple una condena de prisión domiciliaria de seis años, junto a los de otros condenados por ese expediente.

Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal 2, que integran Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

La medida, dispuesta luego de que la sentencia dictada en diciembre de 2022 fuera ratificada en junio pasado, alcanza a 122 bienes inmuebles que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito.

O bien como activos incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.

El monto original fijado en concepto de decomiso había sido de $84.835.000.000, pero fue actualizado a $684.990.000.000 por peritos contadores, en función de criterios técnicos ratificados por la Corte Suprema de Justicia.

Ante el incumplimiento de los condenados, el tribunal ordenó su ejecución mediante la realización y venta de los activos identificados.

Entre los bienes decomisados se encuentran propiedades de Lázaro Báez y de sociedades vinculadas a su grupo empresario, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto.

Además de terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También se incluye un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y un conjunto de bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

La sentencia consideró probada la existencia de un circuito de beneficios indebidos derivados de la adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz, que implicó sobreprecios, cartelización y falta de controles, en favor del empresario Báez. 

Ese flujo de fondos públicos, según la Justicia, redundó en un crecimiento patrimonial ilícito que se tradujo en propiedades, inversiones y negocios compartidos con la familia Kirchner.

Los jueces rechazaron los argumentos de las defensas, que habían planteado la falta de nexo causal entre los bienes y el delito, la existencia de sobreseimientos previos por enriquecimiento ilícito y la supuesta afectación de derechos de terceros.

En su resolución, el tribunal remarcó que el decomiso no requiere una trazabilidad contable exacta, sino una vinculación razonable con los beneficios derivados de la maniobra.

Además, fundamentó su decisión en tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que reconocen la recuperación de activos como un principio fundamental. 

También advirtió que la interpretación restrictiva del decomiso puede favorecer la impunidad económica en casos de corrupción estructural.

En este contexto, el tribunal dejó constancia de que, una vez efectuada la tasación de los bienes, se comunicará lo resuelto a la Corte Suprema para su eventual afectación al servicio de justicia.

Y se ordenó su inscripción en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados. 

Asimismo, se instó a garantizar que los fondos recuperados puedan ser destinados a la reparación del daño social causado, en particular en Santa Cruz, cuya infraestructura vial resultó severamente perjudicada por las obras inconclusas.

Causa Vialidad: Casación rechazó los últimos planteos de Cristina Kirchner para evitar la ejecución de bienes

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Los jueces confirmaron que corresponde al Tribunal Oral Federal 2 llevar adelante el decomiso fijado en la sentencia

La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que el Tribunal Oral Federal 2 será el encargado de llevar adelante el decomiso establecido en esa sentencia, al rechazar recursos de las defensas de ambos, que habían planteado la incompetencia.

Es el tribunal que condenó a la expresidenta Cristina Kirchner y a Lázaro Báez en la causa Vialidad

Los Jueces del máximo tribunal penal federal del país Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña rechazaron los recursos de Casación de las defensas y confirmaron que corresponde al Tribunal Oral Federal 2 que llevó adelante el juicio Vialidad.

Fue en una tarea conjunta con la fiscalía llevar adelante el decomiso fijado en la sentencia y que, actualizado, asciende a $684.990.350.139.

En la resolución se advirtió que el decomiso del producto de un hecho delictivo "se ha transformado en un eslabón central de una investigación penal".

"Situación que obliga a los distintos operadores judiciales a efectuar responsables, precisas e incisivas investigaciones patrimoniales a tal fin", agregó.

"En otras palabras, se impone a los magistrados la obligación de proceder a la confiscación no sólo de las cosas que han servido para cometer el hecho delictivo sino también de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho de ese delito", sostuvo el juez Hornos.

La expresidenta fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta y cumple arresto domiciliario luego que el fallo quedó firme en la Corte Suprema.

Báez, en tanto, tiene una condena unificada a 15 años de prisión por la causa Vialidad y "la ruta del dinero".

La defensa de Cristina Kirchner planteó la incompetencia del TOF 2 que llevó adelante el juicio para concretar el decomiso en lo referido a su persona y postuló que el tema correspondía a otro fuero, el comercial federal.

Báez, por su parte, postuló que en su caso sus bienes ya estaban cautelados ante el Tribunal Oral Federal 4 en la causa por la "ruta del dinero", donde tiene una condena firme por lavado de activos.

Casación rechazó los argumentos y confirmó que el decomiso establecido en Vialidad y que deben cumplir de manera solidaria todos los condenados será ejecutado por los jueces del Tribunal Oral Federal 2 con intervención de los Fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

En cuanto al planteo de Cristina Kirchner, Borinsky remarcó que la resolución apelada "no vulnera las garantías invocadas, no comporta un exceso de jurisdicción ni se aparta del marco normativo aplicable".

"Por el contrario, se adecua a los principios que rigen la ejecución de penas pecuniarias", aclaró.

"Por ello, los agravios deducidos por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner no pueden prosperar", concluyó.

Causa Vialidad: Luciani y Mola insistieron nuevamente en el remate de bienes de Cristina Kirchner

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Los fiscales reclaman al Tribunal Oral Federal N° 2 que inicie el decomiso con remate de bienes de ser necesario.

Los fiscales federales, Diego Luciani y Sergio Mola, volvieron a reclamar que se ejecute el decomiso de bienes a la expresidenta Cristina Kirchner y demás condenados del caso Vialidad.

Lo hicieron al rechazar planteos de los hijos de la expresidenta Máximo y Florencia Kirchner, quienes se oponen a que se ejecuten propiedades que les fueron cedidas por su madre.

Cristina Kirchner tiene condena firme a 6 años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad.

En esa sentencia, se ordenó el decomiso de bienes solidario entre los condenados, actualizado a 685.000 millones de pesos.

Los fiscales reclamaron al Tribunal Oral Federal N° 2 que inicie el decomiso con remate de bienes de ser necesario.

Los Jueces, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Fabián Basso, decidieron dar antes vista a las defensas de todos los condenados.

"La resistencia de los condenados a devolverle al Estado argentino parte de la defraudación colosal y sistemática que llevaron adelante durante 12 años constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley", advirtieron ahora los fiscales.

Sobre la oposición de los hijos de la expresidenta al decomiso de departamentos en complejos en el sur del país, los fiscales sostuvieron que "no responde a una supuesta participación de ellos en los hechos".

Sin embargo, esos bienes deben ser decomisados porque la expresidenta los cedió a sus hijos en marzo de 2016 "cuando el fraude ya estaba consumado".

Por eso, interpretan, entran en el lapso de tiempo fijado por el tribunal para el rastreo de bienes, entre 2003 y 2015.

Causa Vialidad: revisarán el monto del decomiso, pero continuarán con la ejecución de bienes

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Se concedió la apelación para que la Cámara Federal de Casación revise la actualización del monto del decomiso calculado en $684.990.350.139.

El Tribunal Oral Federal 2 que juzgó y condenó a la expresidenta, Cristina Kirchner, en la causa Vialidad concedió una apelación para que Casación revise el monto dispuesto para el decomiso, pero seguirá adelante con las ejecuciones de bienes.

Los Jueces del Tribunal, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, decidieron que la apelación se conceda "sin carácter suspensivo", según la resolución a la que tuvo acceso Noticias Argentinas.

"La concesión del recurso se hará sin suspender el trámite del decomiso que se encuentra en curso", advirtieron los magistrados que además rechazaron "in limine" las nulidades que presentó la defensa de la expresidenta contra esa medida.

La apelación se concedió para que la Cámara Federal de Casación revise la actualización del monto del decomiso que quedó calculado $684.990.350.139 a pagar de manera solidaria entre todos los condenados.

"Es imperativo recordar que este proceso se encuentra transitando ya la etapa de ejecución" y que el monto fijado en el veredicto de diciembre de 2022 quedó firme por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con lo cual es "cosa juzgada".

La ex vicepresidenta cumple arresto domiciliario tras ser condenada a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Causa Vialidad: la Justicia rechazó el pedido de Cristina Kirchner para evitar el decomiso de sus bienes

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Además, Casación tendrá que determinar si la cifra ordenada por el Tribunal Oral Federal 2, respecto al dinero que los condenados deben devolverle al Estado, es correcta.

El Tribunal Oral Federal 2 rechazó el jueves el pedido presentado por Cristina Kirchner para evitar la ejecución de sus bienes, ordenada tras la condena por la causa Vialidad.

También le concedieron el recurso de Casación para que dicho tribunal resuelva si es correcto el índice que se usó para actualizar el monto a devolver, que fue cuestionado por la defensa de la expresidenta.

Para los Jueces, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, "la arbitrariedad que se denuncia resulta ser, al final de cuentas, una discrepancia con la decisión del tribunal de cumplir con lo anunciado desde el dictado de la sentencia: intimar a las partes a abonar, en concepto de decomiso, la suma determinada en la sentencia definitiva, actualizada por un organismo técnico, el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia".

"Ninguna de las cuestiones introducidas en el escrito bajo análisis logra la tacha de arbitrariedad que nulificaría lo decidido, más allá de exhibir el desacuerdo de esa parte con una tesitura adoptada por esta judicatura en contra de sus intereses", agregaron los magistrados al respecto.

En cuanto al agravio basado en una supuesta doble vara al momento de calcular el monto, profundizaron los jueces, "la conclusión es obvia: que se haya calificado un método como "razonable" no implica, en modo alguno, que se lo considere ideal como criterio a aplicar, sino, sencillamente, que para resolver una cuestión puntual" y que "servía a los fines de dar respuesta a una necesidad concreta de actualización de ciertos conceptos".

"Amén de las referencias al análisis desarrollado en la sentencia de fondo para determinar la suma monetaria a decomisar, estratégicamente empleadas para ampliar el cuestionamiento a consideraciones que fueron harto revisadas en diversas instancias, lo cierto es que ese pronunciamiento resulta a esta altura inconmovible por haberse agotado las vía recursivas", se leyó en la sentencia, a la que tuvo acceso TN.

Por último, los miembros del tribunal fueron tajantes: "forzar una supuesta excepción dirigida específicamente a una persona, en este caso, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, es hacer decir a los fallos algo más, y distinto, de lo que dicen".

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