El empresario Gustavo Horacio Monti ha notificado a la Cámara de Apelaciones su decisión de no apelar la sentencia anterior, poniendo fin al litigio que él mismo inició contra el periodista Osvaldo Pájaro Benmuyal.

Gustavo Monti presentó un escrito formal donde declaró que no apelará el fallo del 1 de diciembre de 2025, a pesar de su desacuerdo.

La razón principal esgrimida es la necesidad de priorizar su salud, alegando que el estrés del proceso judicial le provocó graves problemas, incluyendo una obstrucción intestinal que requirió dos cirugías y le causó parálisis.

Este desistimiento sella la victoria judicial de Benmuyal. Sus dichos fueron validados por cuatro magistrados: el Juez Rollan en primera instancia y los tres Jueces de la Cámara Civil: Dr. Carlos Fernandez Collado, Presidente; y Dr. Sergio, D. Saffe Peña y Dr. Abel L. Soria, en la apelación.

Quedó demostrado que las críticas de Benmuyal se enmarcaban en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, y, por sobre todas las cosas, quedó probado que Benmuyal no mintió ni faltó a la verdad.

Sus aseveraciones sobre el enriquecimiento de Monti fueron consideradas dignas de ser investigadas por la justicia.

A pesar de abandonar la vía legal por motivos de salud, la contraparte no ha mostrado humildad en su retirada. En el mismo escrito, se insiste en tildar la labor periodística como "falaz y mentirosa".

Esta postura resulta contradictoria, ya que la vía para probar la falsedad era continuar el proceso, y no desistir citando cuestiones físicas.

De paso, es dable mencionar que difícilmente el "estrés" citado por Monti, desaparezca luego de desistir de esta contienda.

Lo que viene periodísticamente y en los pasillos de Tribunales seguramente será mucho más preocupante para el dueño de PVC San Juan.

Es importante recordar que, en medio de este conflicto judicial, el señor Monti, empresario de altísimo poder adquisitivo, ha recurrido al aporte de drogas en forma gratuita por parte del Estado provincial para costear su tratamiento oncológico.

Utilizando recursos públicos para su salud, mientras sostenía un costoso litigio contra la prensa.

En este contexto, es fundamental destacar la gran labor del abogado Arancibia, quien ha representado a Benmuyal en esta causa.

Siguiendo la línea de investigación periodística que originó el conflicto, Arancibia ha impulsado un nuevo frente judicial presentando una demanda penal para que se investigue a fondo todo lo concerniente al Acueducto Gran Tulum.

Un tema que fue abordado reiteradamente por Benmuyal en su programa Con Alma y Vida.

Este fallo unánime a favor de la labor periodística se consolida como un hito significativo para la prensa de San Juan.

Representa uno de los primeros resultados contundentes que valida judicialmente la crítica directa y sostenida contra figuras ligadas al poder provincial mientras este se encontraba en ejercicio, en este caso la gestión de Uñac.

Sentando un precedente sobre las garantías de los comunicadores que fiscalizan a los funcionarios y empresarios vinculados al Gobierno.

Se podrían sostener dos hipótesis principales para explicar la sorpresiva decisión de Monti de no apelar:

Orden y apriete de Uñac a Monti: la decisión se debería al impacto de la denuncia penal presentada por el abogado de Benmuyal, Marcelo Arancibia, forzando una salida negociada para evitar mayores repercusiones políticas.

Costos Legales: los abogados de Monti le habrían solicitado una suma considerable de dinero para afrontar el recurso de apelación, lo que habría inclinado la balanza hacia el desistimiento.

Martín Castro Gabaldo logró la estéril y carísima presencia del conocido jurista Marcelo López Mesa en este litigio contra Benmuyal.

Las investigaciones judiciales contra Monti, continuarán si el fiscal de la UFI de Delitos Especiales Sebastián Gómez a cargo de la denuncia de Arancibia, es aceptada para esclarecer todos los hechos relacionados con el Acueducto Gran Tulum.

Al final Benmuyal tenía razón. A Monti no le cierra el blanco, y lo dijo en medio de la gestión de Sergio Uñac cuando era gobernador.

Benmuyal y Arancibia presentaron pruebas suficientes que la Justicia analizó, corroboró y avaló a través de cuatro jueces que dictaron fallo.