El Gobernador Orrego ratificó la posición de San Juan ante el insólito planteo de La Rioja

El Gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, nuevamente se expresó y ratificó la defensa de la jurisdicción provincial sobre Ischigualasto y sobre el Proyecto Vicuña. "Vamos a defender con la ley en la mano, siempre, a San Juan y a los sanjuaninos, contra cualquier tipo de ataque", aseguró taxativo.

En relación al reclamo que el Gobernador Quintela, de La Rioja, formuló, donde la vecina provincia le reclama a San Juan la soberanía sobre Josemaría e Ischigualasto, Orrego se refirió al planteo sobre los límites interprovinciales y la jurisdicción del Proyecto Vicuña, y ratificó la posición del Gobierno de San Juan respecto de la "validez del marco legal vigente".

"Vamos a defender con la ley en la mano, siempre, a San Juan y a los sanjuaninos, contra cualquier tipo de ataque", dijo Orrego, quien agregó que "el límite entre San Juan y La Rioja fue fijado por la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso de la Nación".

"Es una ley, no un acuerdo de funcionarios. Está plenamente vigente, y lleva más de medio siglo de aplicación ininterrumpida, atravesando todos los gobiernos democráticos", aclaró el gobernador de San Juan.

Subrayó además que la jurisdicción sanjuanina sobre el yacimiento es "clara, legal y reconocida", y remarcó que los recursos naturales ubicados en el territorio provincial corresponden exclusivamente a la provincia de San Juan, conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional.

"No existe ninguna norma en la Argentina que obligue a una provincia a compartir las regalías de sus recursos con otra", señaló, y aseveró que "lo que está en el subsuelo sanjuanino es de los sanjuaninos, y lo vamos a defender con la ley en la mano, no con declaraciones en los medios".

Orrego llamó a encauzar cualquier diferencia por los canales institucionales: "San Juan es una provincia de diálogo y de trabajo", dijo.

Asimismo, aseguró que desde San Juan "tenemos el mayor respeto por La Rioja, pero una cosa es el diálogo institucional y otra es abrir debates que no tienen sustento jurídico. La ley es la ley, y las provincias no se corren con declaraciones".