El Gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, nuevamente se expresó y ratificó la defensa de la jurisdicción provincial sobre Ischigualasto y sobre el Proyecto Vicuña. "Vamos a defender con la ley en la mano, siempre, a San Juan y a los sanjuaninos, contra cualquier tipo de ataque", aseguró taxativo.
En relación al reclamo que el Gobernador Quintela, de La Rioja, formuló, donde la vecina provincia le reclama a San Juan la soberanía sobre Josemaría e Ischigualasto, Orrego se refirió al planteo sobre los límites interprovinciales y la jurisdicción del Proyecto Vicuña, y ratificó la posición del Gobierno de San Juan respecto de la "validez del marco legal vigente".
Como ya dije, quiero ser claro: la jurisdicción de San Juan es legal y está respaldada por la Ley 18.004 y la Constitución Nacional.
No es un acuerdo entre funcionarios, es una ley vigente desde hace más de 50 años.
Los recursos que están en el subsuelo sanjuanino son de los…
"Vamos a defender con la ley en la mano, siempre, a San Juan y a los sanjuaninos, contra cualquier tipo de ataque", dijo Orrego, quien agregó que "el límite entre San Juan y La Rioja fue fijado por la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso de la Nación".
"Es una ley, no un acuerdo de funcionarios. Está plenamente vigente, y lleva más de medio siglo de aplicación ininterrumpida, atravesando todos los gobiernos democráticos", aclaró el gobernador de San Juan.
Subrayó además que la jurisdicción sanjuanina sobre el yacimiento es "clara, legal y reconocida", y remarcó que los recursos naturales ubicados en el territorio provincial corresponden exclusivamente a la provincia de San Juan, conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional.
"No existe ninguna norma en la Argentina que obligue a una provincia a compartir las regalías de sus recursos con otra", señaló, y aseveró que "lo que está en el subsuelo sanjuanino es de los sanjuaninos, y lo vamos a defender con la ley en la mano, no con declaraciones en los medios".
Orrego llamó a encauzar cualquier diferencia por los canales institucionales: "San Juan es una provincia de diálogo y de trabajo", dijo.
Asimismo, aseguró que desde San Juan "tenemos el mayor respeto por La Rioja, pero una cosa es el diálogo institucional y otra es abrir debates que no tienen sustento jurídico. La ley es la ley, y las provincias no se corren con declaraciones".
El Gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, busca que el Senado revise los límites fijados en 1968, durante mandatos militares, y escaló la disputa territorial entre ambas provincias a un nivel institucional sin precedentes.
Quintela apuntó contra los acuerdos limítrofes vigentes desde 1968 y planteó que esos entendimientos, rubricados durante un gobierno de facto, deberían ser revisados por carecer de legitimidad democrática.
Las declaraciones fueron formuladas en Buenos Aires y rápidamente repercutieron a nivel nacional.
El gobernador peronista riojano volvió a poner el foco en el proyecto minero Josemaría y fue por más: amplió el reclamo al incluir la zona de Ischigualasto, un sitio emblemático de San Juan que adquirió valor histórico, científico y turístico para todo el país.
Quintela sostuvo que la discusión por los límites y la jurisdicción de las áreas en disputa debería ser abordada por el Senado de la Nación, lo que implicaría trasladar el conflicto a la órbita federal.
Este nuevo posicionamiento se da en paralelo a una reciente resolución judicial que impacta directamente en el desarrollo del proyecto minero de cobre, situado en San Juan, muy cerca del límite con La Rioja.
La medida fue dictada por la Jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, a partir de una presentación impulsada por la Fiscalía de Estado de La Rioja.
El fallo establece la suspensión por 30 días de ciertas actividades vinculadas a Josemaría y, además, restringe el uso de un acceso logístico clave desde territorio riojano, utilizado habitualmente para el traslado de personal e insumos.
Desde La Rioja justificaron la decisión en posibles riesgos ambientales. Según indicaron, el planteo se originó ante la falta de respuestas de la empresa a requerimientos relacionados con la Evaluación de Impacto Ambiental y el uso de caminos provinciales.
Es por eso que la magistrada entendió que existía urgencia suficiente como para avanzar con una medida preventiva, sin dar intervención previa a la firma involucrada.
El conflicto, que ya venía generando cruces entre funcionarios de ambas provincias, sumó también un componente político, judicial y ahora también simbólico, al incorporar a Ischigualasto dentro de la disputa.
El Presidente Milei recibió a los accionistas de la minera Vicuña Corp, compañía integrada por la minera australiana, BHP, y la canadiense, Lundin Mining. El encuentro se realizó en Casa Rosada y los empresarios habrían pedido por la flexibilización de la Ley de Glaciares.
Vicuña Corp prometió invertir en Argentina hasta U$D 15.000.000.000. Se trata de un proyecto de cobre, oro y plata explotado por la compañía del sector más grande del mundo. Está situado en San Juan.
La información fue publicada en el sitio oficial de Presidencia, Argentina.gob.ar, donde se consignó que el Presidente Javier Milei recibió este jueves 8 de enero a los ejecutivos del proyecto Vicuña, que explotará una de las mayores reservas de cobre, oro y plata del mundo en la provincia de San Juan.
Durante la reunión en Casa Rosada con Milei, estuvo el Canciller, Pablo Quirno, y por parte de las empresas participaron: Jack Lundin, CEO de Lundin Mining; Carlos Ramírez, Vicepresidente en BHP de la Joint Venture Vicuña; Ron Hochstein, CEO de Vicuña Corp, y José Morea, Director para Argentina y Chile de Vicuña Corp.
La empresa Vicuña Corp está compuesta de una alianza entre dos gigantes de la minería, tal el caso de BHP, la más grande del mundo, y Lundin Mining. Aplicaron al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones y ahora esperan la modificación de la Ley de Glaciares.
Vicuña trabaja a más de 4.200 metros de altura sobre el nivel del mar en los emprendimientos mineros Josemaría y Filo del Sol.
La multinacional extractiva busca que el Gobierno nacional lo declare como un Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo, para así proteger jurídicamente su actividad y destinar unos U$D 2.000.000.000 en los primeros dos años, a partir de que se apruebe su solicitud de RIGI.
El total de la inversión garantizada rondaría los US$ 15.000.000.000, una de las mayores inversiones extranjeras directas de la historia argentina, pero el número certero se conocerá más adelante.
En el primer trimestre de 2026, Vicuña presentará un informe técnico donde se definirá cómo funcionará el proyecto, las campañas de perforación, los objetivos, la infraestructura necesaria y otros servicios asociados.
En 2025, las mineras BHP, de Australia, y Lundin Mining, de Canadá, desembolsaron unos U$D 400.000.000 en San Juan, cifra que aproximadamente duplicó lo del año anterior y que en 2026 podría volver a duplicarse.
Los fondos serán destinados a campañas de perforación, trabajos previos necesarios antes de comenzar la preconstrucción, como por ejemplo, caminos hacia la mina y el campamento y la contratación de proveedores, en gran parte locales, como el servicio de catering, que fue adjudicado a la compañía sanjuanina Caterwest, del empresario Martín Ossa.
Desde Casa Rosada informaron que "durante el encuentro se destacó la importancia de continuar avanzando con la agenda de reformas para acelerar inversiones de gran escala, con previsibilidad y reglas claras".
Entre las reformas que las mineras extranjeras piden al presidente se encuentra la adaptación de la Ley de Glaciares, cuya discusión se reactivará en el Congreso a partir de febrero de este año.
Compañía australiana BHP, la empresa minera más importante del mundo, llegó a un acuerdo con la canadiense Lundin Mining para participar en dos grandes proyectos de cobre en San Juan.
Lundin Mining y BHP firmaron un acuerdo definitivo para adquirir conjuntamente el 100% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación del proyecto Filo del Sol, que no son ya propiedad de Lundin Mining y BHP, todo de conformidad con un plan aprobado por ambas compañías.
Simultáneamente con la finalización de la adquisición de Filo del Sol, Lundin Mining y BHP formarán una empresa conjunta: 50% cada una, para desarrollar los proyectos de cobre Filo del Sol y Josemaría, de Lundin Mining.
BHP pagará a Lundin Mining en efectivo 690 millones de dólares como contraprestación por la contribución de Lundin Mining al proyecto Josemaría a la empresa conjunta.
La empresa conjunta creará una asociación a largo plazo entre Lundin Mining y BHP para desarrollar un distrito de cobre emergente con un potencial de clase mundial, el cual podría constituirse en un complejo minero que se ubicaría entre los más grandes del planeta.
Tanto funcionarios de Lunding, como así también de la empresa BHP, ya tomaron contacto con el Gobernador Marcelo Orrego para adelantar en forma previa la noticia que durante el lunes 29 de julio se hizo pública.
Fue clave, según indicaron desde ambas empresas, para llegar a este acuerdo, la sanción de la Ley Bases a nivel nacional, junto con el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, conocido como RIGI.
Las multinacionales expresaron su confianza en que la Legislatura de San Juan sancionará la adhesión al RIGI.
Así lo informó el Presidente ejecutivo de la compañía Lundin, Peter Rockandel, quien lo confirmó a una agencia de noticias la posible venta. La actual propietaria de Josemaría es una empresa familiar vinculada al Opus Dei, una de las órdenes religiosas de la Iglesia Católica más poderosa del mundo.
El yacimiento es explotado por Desarrollo de Proyectos Mineros SA, subsidiaria argentina de la canadiense Josemaría Resources, y es un concentrado de cobre con contenido de oro y plata. Josemaría tiene recursos por 7.400.000 de libras de cobre, 7.400.000 de onzas de oro y 34.500.000 de onzas de plata.
Es un proyecto minero de cobre con una vida útil aproximada de 20 años. Se encuentra a 350 kilómetros de la ciudad Capital de San Juan. Está ubicado sobre la cordillera iglesiana frontal, a 4.295 metros sobre el nivel del mar y 10 kilómetros del límite con Chile.
El ejecutivo también indicó a la agencia de noticias Bloomberg que además la empresa está discutiendo un acuerdo de transmisión similar a los de otras minas de Lundin en América del Sur.
Según la información difundida, si Lundin concreta un acuerdo con alguna compañía minera interesada, "es más probable que quieran tener una posición de control", dijo Rockandel tras el anuncio de compra de la mina Caserones en Chile.
La operación comercial sería por 950.000.000 de dólares.
Lundin adquirió Josemaría por 483.000.000 de verdes en 2021 y proyecta una producción promedio anual de 130.000 toneladas métricas durante los 19 años de vida útil de la mina del proyecto. Se calcula que comenzaría a operar en 2026.
La agencia Bloomberg indicó además que el Opus Rockandel no especificó un cronograma para un acuerdo de financiamiento.
Desde la empresa admitieron que podría darse la venta, luego de una seguidilla de malos manejos administrativos y financieros, a lo que se agrega un fracaso en lograr la licencia social con su cadena de abastecimiento, por las continuas promesas incumplidas a sus proveedores y más allá de la publicidad que Josemaría destina a medios cipayos de San Juan.
Quién fue Josemaría
Josemaría Escrivá de Balaguer y Albás, bautizado con el nombre José María Julián Mariano, nació en Aragón, España, el 9 de enero de 1902, y murió en Roma, Italia, el 26 de junio de 1975.
Fue un nefasto sacerdote español, fundador en 1928 del Opus Dei y santo de la Iglesia Católica. Su fiesta se celebra el 26 de junio.
Josemaría Escrivá obtuvo un doctorado en Derecho Civil por la Universidad Central de Madrid y otro en Teología por la Pontificia Universidad Lateranense.
Su obra principal fue la fundación, administración y expansión del Opus Dei, una institución perteneciente a la Iglesia católica con mucho poder financiero y gran influencia en el Vaticano.
Su publicación más conocida es Camino, obra traducida a decenas de idiomas y con varios millones de ejemplares vendidos.
Lo dijo en un acto donde se refirió a la Constitución nacional para mencionar por elevación el reclamo de La Rioja sobre las regalías de la mina Josemaría, situada en San Juan.
Durante la mañana del lunes 23 de agosto, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, llegó a San Juan, visitó una fábrica textil y dos barrios en construcción en el departamento Rivadavia.
Inversiones, producción, obras y trabajo, fueron los ejes de la agenda que llevamos adelante junto al presidente @alferdez y sobre los cuales vamos a seguir trabajando para transformar, aún más, nuestro querido #SanJuan. pic.twitter.com/p1XgemoDt2
Junto al Gobernador Sergio Uñac, Fernández cerró su visita a la provincia con un acto político en el que dejó claro que los recursos naturales son de las provincias, en alusión a las pretensiones de La Rioja respecto al proyecto minero Josemaría, ubicado en San Juan.
Utilizando un tono netamente de campaña, el presidente de los argentinos también pidió a los sanjuaninos y sanjuaninas que voten a los precandidatos del Frente de Todos en las próximas PASO de este año, y en las generales de noviembre de 2021.
En el acto de cierre, acompañaron a Fernández los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; y a los precandidatos Fabiola Aubone y Luis Rueda.
Primero habló el gobernador de San Juan, quien dijo al presidente que cada vez que visitó la provincia trajo soluciones que ayudaron a seguir transformando la provincia.
Luego Uñac planteó el reclamo de La Rioja que busca obtener beneficios del proyecto de oro y cobre Josemaría, ubicado en San Juan, al límite con esa provincia.
"En San Juan queremos colaborar con cada provincia que quiera ser parte del desarrollo que genera la actividad minera, pero en el marco de la estricta legalidad. Tenemos que ser claros, la empresa Lundin lleva 15 años trabajando en San Juan, tributando acá", dijo.
Asimismo agregó que "es necesario ponernos de acuerdo en que los recursos naturales son de la provincia, Josemaría es de San Juan, debe tributar acá y generar desarrollo para todo el empresariado nacional".
A su turno, el presidente tomó el guante y apoyó las palabras del gobernador: "Soy hijo de un riojano y amo a La Rioja tanto como a la Constitución que es muy clara. Los recursos naturales son de la provincia, los hermanos riojanos tienen que ver cómo ayudan y pueden ganar en ese desarrollo. El tema es hacer minería con responsabilidad política y acuerdo social, como se hace en San Juan".
Desde el emprendimiento de la multinacional canadiense Josemaría Resources evalúan la posibilidad de poner en marcha un proyecto hidroeléctrico, además de fuentes fotovoltaicas y eólicas. Mientras eso no suceda, la mina consumirá la energía de sanjuaninos y sanjuaninas.
Josemaría es un emprendimiento minero que explotará el cobre en San Juan, además de extraer oro y plata. Está situada en el departamento Iglesia, en el límite con Chile.
Se calcula que el proyecto consumirá la misma cantidad de energía que toda la provincia de San Juan. Una de las moledoras que se utilizarán en el procesamiento de la roca en este emprendimiento minero consume entre 30 a 35 Mw, lo cual equivale a un 7.5% del consumo total de todo San Juan.
Mina Josemaría
Es un proyecto minero de cobre con una vida útil aproximada de 20 años. Se encuentra a 350 kilómetros de la ciudad Capital de San Juan. Está ubicado sobre la cordillera iglesiana frontal a 4.295 metros sobre el nivel del mar y 10 kilómetros del límite con Chile.
El yacimiento es explotado por Desarrollo de Proyectos Mineros SA, subsidiaria argentina de la canadiense Josemaría Resources, y es un concentrado de cobre con contenido de oro y plata. Josemaría tiene recursos por 7.400.000 de libras de cobre, 7.400.000 de onzas de oro y 34.500.000 de onzas de plata.
Desde la agrupaciónAgüita pura para San Juanpresentaron ante la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera, observaciones al proyecto megaminero Josemaría.
La CIEAM funciona en el Ministerio de Minería de San Juan. Se trata de una Comisión Interdisciplinaria Evaluación Ambiental Minera que sigue de cerca el proceso de Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Josemaría, situado en Iglesia, San Juan.
Desde la agrupación expresaron "objeciones al informe de impacto ambiental del proyecto Josemaría, explotado por la empresa canadiense Josemaría Resources.
Mina Josemaría
Es un proyecto minero de cobre con una vida útil aproximada de 20 años. Se encuentra a 350 kilómetros de la ciudad Capital de San Juan. Está ubicado sobre la cordillera iglesiana frontal, a 4.295 metros sobre el nivel del mar y 10 kilómetros del límite con Chile.
El yacimiento es explotado por Desarrollo de Proyectos Mineros SA, subsidiaria argentina de la compañía canadiense Josemaría Resources, y es un concentrado de cobre con contenido de oro y plata.
Josemaría tiene recursos por 7.400.000 de libras de cobre, 7.400.000 de onzas de oro y 34.500.000 de onzas de plata.
El informe
"Cumpliendo con el plazo establecido para la presentación de dichas objeciones, manifiesto que el acceso a dicho informe es dificultoso ya que los horarios para retirar el mismo se superponen con el horario de trabajo o estudio del ciudadano promedio lo que implica dejar de realizar tareas fundamentales", indicaron.
"También dejo expresado que el tiempo para el análisis del mismo es escaso para su lectura en comparación con los 8 meses de los que dispone la Dirección de Evaluación Ambiental Minera del Ministerio de Minería de la provincia", asevera el informe.
Las objeciones presentadas ante la CIEAM
Lo expresado a continuación reproduce la mirada de un grupo interdisciplinario de profesionales y pobladores de la provincia:
1 - Viola La Ley de Emergencia Hídrica Provincial N° 1263-L. El Proyecto megaminero Josemaría pretende una dotación de agua de aproximadamente 1000L/s, lo que equivale a un 20% del agua que trae el río Jáchal en promedio. Esta tremenda concesión de agua que pretende otorgar la provincia atenta contra los derechos de agua previos a este proyecto, y agudizará la crisis hídrica, productiva y ambiental de los valles y pueblos allí establecidos (Jáchal e Iglesia en su conjunto).
A continuación se adjuntan los 3 primeros artículos de la Ley de Emergencia Hídrica que entró en vigencia nuevamente el 26 de Noviembre del 2020.
LEY Nº 1263-L
ARTÍCULO 1º.- Declarase el Estado de Emergencia Hídrica, en todo el territorio de la provincia, por el término de un (1) año a partir del 26 de noviembre de 2020.
ARTÍCULO 2º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a celebrar con el Estado Nacional los convenios de asistencia financiera necesarios para realizar las acciones y obras de refuerzo, mantenimiento y conservación, tendientes a la prevención de los daños que pudieran ocurrir por las inclemencias climáticas y escasez de recursos hídricos en la provincia.
ARTÍCULO 3º.- Promuévase la utilización racional del recurso hídrico, procurándose la utilización del agua subterránea en los diferentes usos para compensar el déficit de agua superficial. El Departamento de Hidráulica, en uso de las facultades y atribuciones que la Constitución y las leyes le acuerdan, dispondrá las medidas necesarias para distribuir el agua ajustadamente a la oferta, a la demanda, a los usos empadronados y a las prioridades legales.
2 - El proyecto Josemaría Ignora la Ley Nacional de Glaciares. Toma como referencia la ley provincial de glaciares (una ley más flexible e incompleta en lo que respecta a la proyección de los glaciares y el ambiente periglaciar). La Ley provincial debería proteger por encima de la Nacional, nunca por debajo.
Ley Nacional de Glaciares
El 30 de septiembre de 2010 se aprobó en el Congreso de la Nación la Ley Nacional de Glaciares nº 26639. La norma define un Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares del Ambiente Periglacial, con el objetivo central de preservar estas reservas estratégicas de recursos hídricos.
En su artículo 3, la ley crea el Inventario Nacional de Glaciares para individualizar todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional y registrar así toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.
La ley restringe todas aquellas actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares, entre ellas:.
La liberación de sustancias contaminantes.
La construcción de obras de arquitectura o infraestructura.
La exploración y explotación minera e hidrocarburífera.
La instalación de industrias.
La Ley N° 26.639 viene a suplir la necesidad de relevar un recurso hídrico estratégico para el consumo humano, la agricultura, la biodiversidad y recarga de las cuencas hidrográficas en zonas signadas por condiciones desérticas. Científicos y cuerpo técnico liderado por el IANIGLA, instituto del CONICET, fueron convocados para realizar el primer inventario de glaciares de la Argentina, coordinada por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
574.000 km2 del territorio distribuidos en 69 subcuencas fueron relevados de acuerdo a rigurosos protocolos científicos internacionales y validados en terreno durante 5 años ininterrumpidos. De ello se estableció, por primera vez, la magnitud del área englazada de la Argentina: 16.968 cuerpos de hielo que ocupan una superficie de 8.484 km2 a lo largo de más de 5.000 km de extensión, desde Jujuy a Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur. Los logros que se presentan en este libro constituyen el respaldo necesario para proyectar el análisis profundo de la dinámica de los recursos hídricos cordilleranos y su gestión, y velar por su conservación.
3 - Josemaría atenta con la Ley de Educación ambiental, confundiendo, desinformando e interviniendo en la educación de la población a través de publicidad engañosa, prometiendo sustentabilidad en un proyecto extraxtivo de gran escala que utilizará toneladas de explosivos, sustancias tòxicas, una cantidad muy considerable de agua cuando atravesamos una sequía extrema. A continuación se adjunta los objetivos, principios y fundamentos básicos de la reciente Ley de Educación Ambiental Integral:
Abordaje interpretativo y holístico. La educación ambiental debe ser pensada desde un enfoque que permita comprender la interdependencia de todos los elementos que conforman e interactúan en el ambiente, de modo de llegar a un pensamiento crítico y resolutivo en el manejo de temáticas y de problemáticas ambientales, el uso sostenible de los bienes y servicios ambientales, la prevención de la contaminación y la gestión integral de residuos.
Respeto y valor de la biodiversidad. Reconocer la fragilidad que amenaza la sostenibilidad y perdurabilidad de los ecosistemas. Su importancia no es solo biológica, sino que también tiene relación estrecha con la calidad de vida que pretendemos los humanos y las comunidades en las que vivimos.
Principio de equidad. Propender a la igualdad, el respeto, la inclusión y la justicia, tanto entre humanos, como en sus relaciones con otros seres vivos. Esto parte de considerar las diferencias y diversidades de las personas, promoviendo la igualdad de derecho y trato jurídico, sin discriminación y fomentando la autonomía y la libertad.
Principio de igualdad desde el enfoque de género. Es la piedra angular de los derechos humanos que debe orientar las políticas de Estado para eliminar la discriminación en las relaciones de género y garantizar el pleno goce de derechos para varones, mujeres y otras disidencias, respetando sus diversidades.
Reconocimiento de la diversidad cultural, el rescate y la preservación de las culturas de los pueblos originarios. Integrar la diversidad cultural en las estrategias democráticas, al tiempo que fomentar el respeto hacia las personas que aprenden, su diversidad, costumbres, modelos de pensamiento, esquemas y patrones culturales.
Participación y formación ciudadana. Apuntar al desarrollo de procesos educativos integrales que orienten a la construcción de una perspectiva ambiental, en la cual los distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas ambientales confluyan en una conciencia regional y local de las problemáticas, y permitan fomentar la participación ciudadana orientada a la acción y hacia un pensamiento global.
Cuidado del patrimonio natural y cultural: Incluir la valoración de la identidad cultural y el patrimonio natural y cultural en todas sus formas.
Problemática ambiental. Considerar el abordaje de las problemáticas ambientales, permitiendo integrar las interrelaciones de los factores económicos, políticos, culturales y sociales, además de las implicancias locales y globales que se presentan como causa o consecuencia, abordando el conflicto como una oportunidad de aprendizaje y construcción de nuevas lógicas en el hacer.
Educación en valores. La educación ambiental debe estar fundada en una ética que permita. a quien facilita el aprendizaje y a quien lo recibe, la construcción de un pensamiento basado en valores tales como respeto, solidaridad, integridad, inclusión, equidad e igualdad.
Pensamiento crítico e innovador. Promover la formación de personas capaces de interpretar la realidad a través de la innovación en sus enfoques, basados en la interdisciplinariedad y en la transdisciplinariedad y en la incorporación de nuevas técnicas, modelos y métodos que permitan cuestionar los modelos vigentes, generando alternativas posibles.
Concientización sobre el derecho constitucional a un ambiente sano. La educación ambiental debe promover el desarrollo de una ética de la solidaridad con las generaciones futuras y el derecho de la sociedad a un ambiente sano para su desarrollo.
Josemaría viola la Ley General del Ambiente n° 25.675 que protege el ambiente garantizando su cuidado, la educación y participación del ciudadano, controlando el impacto y el daño ambiental que puede causar el hombre.
Este Informe de Impacto Ambiental de Josemaría de ninguna manera contempla la participación ciudadana.
Además, el Gobierno jamás realizo ningún tipo de consulta pública ni participación ciudadana. Definitivamente la presentación de este informe no puede ser considerada como una audiencia pública real.
Este proyecto generará una contaminación inevitable e irremediable, que no sabemos a ciencia cierta en cuanto tiempo puedan impactar esas consecuencias, pero que al fin y al cabo comprometemos el ambiente para las generaciones futuras y el ecosistema en general.
Si bien algunos medios locales informaron que "la gente ya puede participar en el impacto ambiental del gigante minero Josemaría", se trata de una mentira a medias o una verdad parcial.
Hace días, un diario de San Juan publicó que el Informe de Impacto Ambiental del emprendimiento Josemaría "está a disposición de la ciudadanía". Es cierto a medias y es casi una trampa mentirosa que deja al ciudadano común sin información sobre lo que hará la empresa canadiense Josemaría Resources en la etapa de explotación del proyecto que tiene asiento en Iglesia, San Juan.
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El Gobierno de San Juan informó en el Boletín Oficial del 10 de marzo que el Ministerio de Minería, comandado por Carlos Astudillo, invitaba a sanjuaninos y sanjuaninas a participar del llamado que consiste en "poner a disposición de cualquier persona interesada el Informe de Impacto Ambiental".
Hay un pequeño detalle omitido: el informe no está colgado en internet. Al no estar online dificulta el acceso público al documento. Llegar a la información es un obstáculo casi infranqueable.
Los diarios de San Juan, leales al Imperio, indicaron que "los interesados tendrán que presentarse por escrito en la Mesa de Entradas del Ministerio de Minería de la provincia de San Juan dentro del plazo de 15 días corridos, contados a partir del siguiente día hábil al vencimiento del plazo de puesta a disposición para la consulta pública".
Si bien el proyecto minero Josemaría presentó el Informe de Impacto Ambiental y la apertura de la Convocatoria de Consulta Pública, por ahora, para acceder a un expediente de más de 3.000 fojas hay que presentarse en el Centro Cívico, en el Ministerio de Minería, solicitar el informe, sacarle fotocopias, pagadas del propio bolsillo del ciudadano, y luego irse a casa a leer todo el material.
Teniendo en cuenta la difícil situación económica que atraviesa el país, y atendiendo a que una fotocopia hoy cuesta entre 5 y 10 pesos, cualquier persona que esté interesada en acceder al Informe de Impacto Ambiental de 3.000 fojas deberá contar con la friolera de 15.000 pesos mínimos, los cuales deberán ser destinados a pagar las copias, pudiendo llegar el costo a unos 30.000 pesos.
La otra opción es ir todas las mañanas al Ministerio de Minería y ponerse a leer el informe hasta la hora de cierre, y rogar que nadie lo solicite porque, en ese caso, se vería interrumpida la paciente lectura de unas 3.000 páginas.
Leyes de acceso a la información pública
Existen en Argentina dos normas que rigen el acceso del ciudadano a la información: la Ley 25831 y la Ley 27275.
La Ley 27275 versa sobre la "transparencia y máxima divulgación", e indica que "toda la información en poder, custodia o bajo control del sujeto obligado debe ser accesible para todas las personas".
"El acceso a la información pública sólo puede ser limitado cuando concurra alguna de las excepciones previstas en esta ley, de acuerdo con las necesidades de la sociedad democrática y republicana, proporcionales al interés que las justifican", afirma la norma.
Además, hay un punto denominado "Informalismo", allí se establece que "las reglas de procedimiento para acceder a la información deben facilitar el ejercicio del derecho y su inobservancia no podrá constituir un obstáculo para ello. Los sujetos obligados no pueden fundar el rechazo de la solicitud de información en el incumplimiento de requisitos formales o de reglas de procedimiento".
En este punto también se ha legislado sobre el "Máximo acceso", y la ley establece que "la información debe publicarse de forma completa, con el mayor nivel de desagregación posible y por la mayor cantidad de medios disponibles".
La ley también habla de "Apertura", e indica taxativamente que "la información debe ser accesible en formatos electrónicos abiertos, que faciliten su procesamiento por medios automáticos que permitan su reutilización o su redistribución por parte de terceros".
Acá surge entonces una pregunta: ¿No hubiese sido sencillo tomar el archivo word del Informe de Impacto Ambiental de Josemaría, pasarlo a PDF y colgarlo en el sitio oficial del Ministerio de Minería o en SÍ San Juan? Parece mentira que el Ministro Astudillo no lo haya pensado, pues él es un prestigioso ingeniero, debería resolver con pragmatismo este tipo de obstáculos.
Por su parte, la Ley 25831 indica que "la denegación total o parcial del acceso a la información deberá ser fundada y, en caso de autoridad administrativa, cumplimentar los requisitos de razonabilidad del acto administrativo previstos por las normas de las respectivas jurisdicciones".
Esta misma norma, en su artículo 7°, aclara que "la información ambiental solicitada podrá ser denegada únicamente en los siguientes casos:
a) Cuando pudiera afectarse la defensa nacional, la seguridad interior o las relaciones internacionales.
b) Cuando la información solicitada se encuentre sujeta a consideración de autoridades judiciales, en cualquier estado del proceso, y su divulgación o uso por terceros pueda causar perjuicio al normal desarrollo del procedimiento judicial.
c) Cuando pudiera afectarse el secreto comercial o industrial, o la propiedad intelectual.
d) Cuando pudiera afectarse la confidencialidad de datos personales.
e) Cuando la información solicitada corresponda a trabajos de investigación científica, mientras éstos no se encuentren publicados.
f) Cuando no pudiera determinarse el objeto de la solicitud por falta de datos suficientes o imprecisión.
g) Cuando la información solicitada esté clasificada como secreta o confidencial por las leyes vigentes y sus respectivas reglamentaciones".
Acerca de la mina Josemaría
Es un proyecto minero de cobre con una vida útil aproximada de 20 años. Se encuentra a 350 kilómetros de la ciudad Capital de San Juan. Está ubicado sobre la cordillera iglesiana frontal a 4.295 metros sobre el nivel del mar y 10 kilómetros del límite con Chile.
El yacimiento es explotado por Desarrollo de Proyectos Mineros SA, subsidiaria argentina de la canadiense Josemaría Resources, y es un concentrado de cobre con contenido de oro y plata. Josemaría tiene recursos por 7.400.000 de libras de cobre, 7.400.000 de onzas de oro y 34.500.000 de onzas de plata.
Exigir a las trasnacionales que cumplan con la ley
Habrá que esperar a que la empresa termine con los requerimientos de las leyes argentinas y que el Ministerio de Minería de San Juan decida cumplir con los requisitos que se establecen en las normas nacionales y constitucionales del país.
Si así no sucede, que Dios, la patria y la ciudadanía se lo demanden.
Es una mina situada en San Juan. El Gobernador Sergio Uñac recibió este lunes la documentación presentada por la empresa minera Josemaría Resources, la cual proyecta una inversión de 3.090 millones de dólares.
Este lunes se realizó la presentación y entrega del informe de impacto ambiental para la etapa de explotación del proyecto minero Josemaría, ubicado en Iglesia.
El acto de entrega tuvo lugar en la Sala Rogelio Cerdera de Casa de Gobierno.
El Gobernador de San Juan, Sergio Uñac, encabezó la actividad acompañado por el Vicegobernador Roberto Gattoni, el Secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel; el Ministro de Minería de la provincia, Carlos Astudillo y el Gerente general del proyecto Josemaría y presidente de Deprominsa, subsidiaria de Josemaría Resources, Alfredo Vitaller.
Sobre la mina Josemaría
Josemaría es un proyecto minero pórfido de cobre y oro localizado en el extremo noroeste de la provincia, sobre la cordillera de Iglesia frontal, a 4.295 metros sobre el nivel del mar, uno de los cuatro proyectos cupríferos de gran escala y en estado avanzado que posee San Juan.
Cuenta con recursos por 6,7 millones de libras de cobre, 7,0 millones de onzas de oro y 31 millones de onzas de plata. La vida útil del yacimiento ha sido estimada en 19 años.
Josemaría, Filo del Sol, Los Azules, Altar y Pachón, son otros proyectos de cobre que se explotarán en San Juan al llegar a la etapa de producción.
La provincia representa el 80% de la oferta cuprífera de Argentina, con recursos estimados en 8.834 millones de toneladas.
Josemaría Resources Inc, del Grupo Lundin, es la firma que invertiría 3.090 millones de dólares para avanzar a la etapa de construcción de la mina ubicada a 410 kilómetros de la ciudad de San Juan y a 10 kilómetros del límite con Chile.
La explotación será una mina a cielo abierto que alimentará una planta de proceso convencional de 152.000 toneladas por día durante la vida útil del yacimiento, lo que arrojaría una producción anual de 136.000 toneladas de cobre (Cu), 231,000 onzas de oro (Au) y 1, 164,000 onzas de plata (Ag) por año.
La vida útil de la mina ha sido estimada en 19 años y se prevén oportunidades potenciales con la exploración continua en el área de operaciones.
Los discursos
Al respecto, el Gobernador Uñac destacó al departamento de Iglesia y sus habitantes que "supieron interpretar, mantener y defender una actividad que es vital para los sanjuaninos, situación que no pasa en otras provincias".
Dijo además que "es un día sumamente importante que quizás no podamos dimensionar lo que significa para San Juan, producto del esfuerzo de todos, y en especial para los que confiaron en San Juan como Alfredo Vitaller y la familia de la empresas Lundin".
El mandatario aseveró que "hay condiciones objetivas que permiten pensar que esto puede darse, porque hay una empresa que trabaja de manera muy seria, hay un Estado que apoya y defiende la diversificación".
Por su parte, el Secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, valoró el proyecto como "una enorme oportunidad la que se presenta para San Juan y el país y fundamentalmente para las comunidades locales específicamente en el departamento de Iglesia".
Afirmó también que "el Gobierno Nacional está convencido de que Josemaría es el proyecto que va a poner en marcha una nueva era del cobre en la República Argentina. El presidente Alberto Fernández expresó claramente que necesitamos producir, crecer, exportar y generar divisas, para eso necesitamos inversiones y desde ese punto de vista la minería se presenta como una gran oportunidad para poner de pie a nuestro país. San Juan ha hecho de la minería una política de Estado y esperamos que pueda replicarse en otros territorios".
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