La Rioja le reclama a San Juan la soberanía sobre Josemaría e Ischigualasto

El Gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, busca que el Senado revise los límites fijados en 1968, durante mandatos militares, y escaló la disputa territorial entre ambas provincias a un nivel institucional sin precedentes.

Quintela apuntó contra los acuerdos limítrofes vigentes desde 1968 y planteó que esos entendimientos, rubricados durante un gobierno de facto, deberían ser revisados por carecer de legitimidad democrática.

Las declaraciones fueron formuladas en Buenos Aires y rápidamente repercutieron a nivel nacional.

El gobernador peronista riojano volvió a poner el foco en el proyecto minero Josemaría y fue por más: amplió el reclamo al incluir la zona de Ischigualasto, un sitio emblemático de San Juan que adquirió valor histórico, científico y turístico para todo el país.

Quintela sostuvo que la discusión por los límites y la jurisdicción de las áreas en disputa debería ser abordada por el Senado de la Nación, lo que implicaría trasladar el conflicto a la órbita federal.

Este nuevo posicionamiento se da en paralelo a una reciente resolución judicial que impacta directamente en el desarrollo del proyecto minero de cobre, situado en San Juan, muy cerca del límite con La Rioja.

La medida fue dictada por la Jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, a partir de una presentación impulsada por la Fiscalía de Estado de La Rioja.

El fallo establece la suspensión por 30 días de ciertas actividades vinculadas a Josemaría y, además, restringe el uso de un acceso logístico clave desde territorio riojano, utilizado habitualmente para el traslado de personal e insumos.

Desde La Rioja justificaron la decisión en posibles riesgos ambientales. Según indicaron, el planteo se originó ante la falta de respuestas de la empresa a requerimientos relacionados con la Evaluación de Impacto Ambiental y el uso de caminos provinciales.

Es por eso que la magistrada entendió que existía urgencia suficiente como para avanzar con una medida preventiva, sin dar intervención previa a la firma involucrada.

El conflicto, que ya venía generando cruces entre funcionarios de ambas provincias, sumó también un componente político, judicial y ahora también simbólico, al incorporar a Ischigualasto dentro de la disputa.