La UFI Delitos Especiales comunicó a exfuncionarios del Gobierno peronista de Sergio Uñac y a otras personas que están siendo investigadas. La medida es previa a una eventual formalización y no implica, por ahora, imputación penal. También fue notificado el exgobernador Sergio Uñac y el Diputado nacional Cristian Andino.

Se trata de una medida prevista en el Código Procesal Penal de San Juan. Consiste en informar a las posibles personas involucradas, las cuales pueden ser imputadas, que se está llevando adelante una investigación.

Las notificaciones fueron enviadas este viernes por la mañana y alcanzaron a Sergio Uñac, quien se desempeñó como vicegobernador de Gioja y gobernador de San Juan. Es pariente de Gustavo Horacio Monti, empresario fallecido, y actualmente ocupa una banca como Senador.

Lista de los que fueron notificados

Cristian Andino: expresidente de OSSE entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015. Actualmente es diputado nacional. 

Guillermo Sirerol: expresidente de OSSE entre diciembre de 2019 y octubre de 2023. 

Sergio Ruiz: expresidente de OSSE entre diciembre de 2015 y febrero de 2019. Actualmente se desempeña como asesor del Senador Sergio Uñac.

Gustavo Mastelono: presidente y representante de Krah América Latina S.A., firma adjudicataria de la obra, que tenía como representante en San Juan a Gustavo Monti.

Humberto Caballero: exjefe del Departamento Jurídico de OSSE. Actualmente es juez laboral.

Juan Sánchez: funcionario actual de OSSE, vinculado a la implementación del proyecto del Acueducto.

Julio Ortiz Andino: se desempeñó como ministro de Infraestructura de San Juan entre 2015 y 2023.

Francisco Javier Correa: funcionario de OSSE, auditor técnico de la repartición y gerente de Obras.

Rolando Vicente Caruso: jefe del Departamento Proyectos de OSSE.

Juan Carlos Caparros: expresidente de OSSE entre febrero y diciembre de 2019.

La medida fue dictada en el marco de la investigación iniciada por presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum, una causa que se encuentra bajo análisis de la UFI Delitos Especiales.

La denuncia original, realizada por el abogado Marcelo Arancibia, menciona posibles delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, defraudación, dádivas, administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público, entre otros.

Es una hipótesis que deberá ser determinada a partir de las pruebas reunidas durante la investigación. Por ahora no implican una imputación formal contra las personas notificadas.

Qué comunicó Fiscalía

Desde el equipo de Prensa del Ministerio Público Fiscal, informaron que "ante el requerimiento de los medios de comunicación, el Ministerio Público de San Juan informó que, en el marco del legajo fiscal caratulado Actuaciones por denuncia en perjuicio de la Administración Pública, se dispuso la notificación judicial a once personas respecto de la investigación previa a la formalización de la Investigación Penal Preparatoria. Las actuaciones corresponden al caso conocido públicamente como “Acueducto Gran Tulum” y se encuentran a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales".

Los ciudadanos notificados fueron informados de la existencia de las actuaciones y de los derechos que les asisten, entre ellos, el de designar abogado particular o, en su defecto, contar con un defensor público, conforme lo establecido por el artículo 121 del Código Procesal Penal.

La comunicación realizada constituye una actuación procesal previa a la audiencia de formalización y no implica una declaración de responsabilidad penal.

Los hechos adjudicados, la calificación jurídica correspondiente, el grado de participación que eventualmente se atribuyera a cada persona y los elementos de evidencia existentes serán comunicados en audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria ante el Juez de Garantías.

Una vez celebrada dicha audiencia, los fiscales a cargo se referirán públicamente a los aspectos centrales de la investigación, dentro del marco establecido por la legislación vigente y en resguardo de la investigación en curso.

La causa

Para concretar una parte mínima de la obra, que nunca se terminó, hubo una licitación que fue ganada por la empresa Krah América Latina S.A. en 2018, cuyo apoderado era Gustavo Monti. Se pagaron al menos 1.300 millones de pesos por las cañerías.

Es preciso recordar que la causa está en manos del Fiscal Sebastián Gómez, quien investiga el proceso administrativo y licitatorio del Acueducto Gran Tulum, obra hídrica que se ejecutó en parte durante el Gobierno del peronista Sergio Uñac, pero que, sin embargo, no se terminó, aunque los dólares se gastaron y los materiales usados parecen presentar irregularidades.

Es por eso que la Justicia vernácula investiga la contratación de caños y tuberías adjudicada a la empresa Krah América Latina S.A., y, en ese contexto, también se está evaluando cuál fue el papel que jugó el finado Gustavo Monti, quien podría haber sido representante o intermediario local de la compañía alemana.

En medio de este escenario, aparecen también presuntas comisiones facturadas por la empresa PVC San Juan SRL.

Según se desprende de la investigación judicial, las tuberías que puso la compañía Krah América Latina S.A. podrían no ser aptas para el transporte de agua potable.

Aseguran, además, que los caños estarían fabricados con insumos no aptos para el consumo humano y que podrían ser potencialmente tóxicos para las personas.

Es importante señalar que la Unidad Fiscal de Investigación Delitos Especiales avanzó hace tiempo en la causa que se inició gracias a la denuncia del abogado Marcelo Arancibia.

Mientras el Gobierno de San Juan sigue pagando a Kuwait la deuda que dejaron los gobiernos peronistas de Uñac y Gioja, que consiste en la friolera de 100.000.000 de dólares por materiales, más 100.000.000 de verdes por la obra civil, la Justicia de la provincia sigue con la investigación para saber si hubo o no un perjuicio contra el Estado.

En diciembre del 2025, el abogado Marcelo Arancibia presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal solicitando que se investigue la licitación de la obra, la cual hace años fue concedida a una empresa alemana cuyo apoderado, Gustavo Monti, era un pariente del exgobernador Sergio Uñac.

Se busca comprobar si hubo o no malversación de fondos, además de conocer la calidad de los insumos, entre otras posibles irregularidades que se habrían cometido en la obra.

En febrero de 2026, la provincia de San Juan se presentó en la causa como parte querellante.

Desde la actual gestión del Gobernador Marcelo Orrego se estima que la pérdida asociada a los 10 kilómetros de caños que se instalaron, y que luego debieron retirarse, demandó una inversión de 50.000.000 de dólares.

La cifra surge del financiamiento comprometido para la obra, que fue licitada por un total de 200.000.000 de verdes.

El proyecto fue financiado en dos tramos: un 50% a través de un préstamo internacional que llegó desde Kuwait y Australia, y el otro 50% con fondos aportados por el Estado nacional durante el Gobierno peronista.