La Unidad Fiscal de Investigación Delitos Especiales avanzó esta semana en la causa que se inició gracias a la denuncia de Marcelo Arancibia. Se busca determinar si hubo irregularidades en los materiales y la ejecución del proyecto del Acueducto Gran Tulum durante el Gobierno del peronista Sergio Uñac.
Mientras la provincia de San Juan sigue pagando a Kuwait la deuda que dejaron los gobiernos de Uñac y Gioja, que consiste en la friolera de 100.000.000 de dólares, la Justicia de la provincia sigue con la investigación para saber si hubo o no un perjuicio contra el Estado.
El Fiscal Francisco Pizarro ofreció este jueves una conferencia de prensa y confirmó que la inspección que se hizo recorrió puntos críticos, desde el obrador en el dique Punta Negra hasta la planta potabilizadora de OSSE en Marquesado.
Consultado por el periodismo vernáculo acerca de los matreiales que se usaron para el Acueducto Gran Tulum, el funcionario judicial dijo que "los caños existen", al tiempo que señaló: "No podemos certificar aún si la cañería utilizada sirve o no".
En la investigación podría estar involucrado un pariente del exgobernador Sergio Uñac. La Justicia local deberá determinar si existe la comisión de algún delito o si la denuncia debe ser desestimada.
El fiscal informó que el día 10 de marzo, en el marco del legajo 33347/25 Caratulado "Actuaciones por Denuncia e/p Administración pública", se llevó a cabo inspección ocular, "contando con la autorización correspondiente de la Jueza Lucero, en las zonas donde, según proyecto original, atraviesa el ramal de caños de la obra Acueducto Gran Tulum, cuya realización es objeto de investigación".
Se comenzó en el obrador de la UTE encargada de la obra, ubicada a orillas del paredón de dique Punta Negra, Zonda, y luego se prosiguió en distintos puntos de Ruta 12, en el interior de Villa Tacu, en una zona del cerro donde se proyecto realización de un túnel, y en la obra ubicada al costado norte de avenida Libertador General San Martín, cercana del cementerio El Mirador.
Además, se inspeccionó la planta potabilizadora de OSSE en Marquesado.
Durante la acción de Fiscalía, en busca de recolectar pruebas para la causa, se contó con la colaboración de personal de Brigada de Delitos, de Policía Científica y de Policía Rural que aporto los drones necesarios, además de personal de la Seccional 14 y de OSSE.
Los funcionarios judiciales que intervinieron en el procedimiento son: los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, y los ayudantes fiscales, Maximiliano Gerarduzzi y Adrián Elizondo Sierra.
Por la policía intervino el oficial Ricardo Villalba.
Este jueves, dos días después de la inspección ocular, el Fiscal Pizarro habló ante lo más granado del periodismo vernáculo, y aseguró que se está "analizando la documentación que se le ha pedido tanto a OSSE como al Gobierno de la provincia, la cual empezamos a recibir en los primeros días de febrero".
Es preciso señalar que la Justicia dispone de un plazo de 90 días hábiles, prorrogables por otros 90, para concluir esta etapa de investigación previa y decidir si se formaliza la imputación contra los responsables del proyecto.
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