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Libra: el Fiscal Taiano se defendió por el sumario que rige sobre la causa

Reafirmó su compromiso con el "avance de la investigación y con el resguardo del proceso y la información".

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, Eduardo Taiano, aclaró este viernes que las demoras en el avance de la causa tuvieron que ver con el sumario administrativo dictado por el procurador Eduardo Casal.

Taiano, que subroga esa Fiscalía, señaló que "luego del secuestro de dispositivos electrónicos, se encomendó su apertura y análisis a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal".

"Durante ese proceso, se emitió el 17 de noviembre de 2025 un informe preliminar, en el que se consignó, entre otras circunstancias, que el trabajo se encontraba en curso. Ese informe es privado en tanto no aborda conclusiones definitivas. Es orientador", añadió.

El informe final con conclusiones rigurosas fue "elevado a esta fiscalía el 13 de enero y, tras su incorporación al sistema de gestión judicial el 24 de febrero, quedó disponible para las partes, con anterioridad a la difusión pública de documentación vinculada a la causa acontecida el 6 de marzo".

La Fiscalía indicó que "la citación testimonial de la periodista Natalia Volosin no tuvo otra finalidad que hacer lugar a una medida solicitada por una de las partes querellantes, a raíz de las inquietudes generadas por la filtración de documentación privada de los imputados".

Pero esa medida "fue dejada sin efecto al conocerse que el procurador general Casal había iniciado un sumario administrativo —Res PER 171/2026— y promovido una investigación penal por esa irregularidad".

La denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10, Secretaría N°20, causa N° 1007/2026).

Las precisiones servirán para "llevar claridad respecto de lo acontecido más allá de que esta fiscalía reafirma su compromiso con el avance de la investigación, el respeto de las garantías procesales y la adecuada preservación de la información sensible, en resguardo de la eficacia del proceso", concluyó.

Fiscalía realizó inspección ocular en los caños del Acueducto Gran Tulum

La Unidad Fiscal de Investigación Delitos Especiales avanzó esta semana en la causa que se inició gracias a la denuncia de Marcelo Arancibia. Se busca determinar si hubo irregularidades en los materiales y la ejecución del proyecto del Acueducto Gran Tulum durante el Gobierno del peronista Sergio Uñac.

Mientras la provincia de San Juan sigue pagando a Kuwait la deuda que dejaron los gobiernos de Uñac y Gioja, que consiste en la friolera de 100.000.000 de dólares, la Justicia de la provincia sigue con la investigación para saber si hubo o no un perjuicio contra el Estado.

El Fiscal Francisco Pizarro ofreció este jueves una conferencia de prensa y confirmó que la inspección que se hizo recorrió puntos críticos, desde el obrador en el dique Punta Negra hasta la planta potabilizadora de OSSE en Marquesado.

Consultado por el periodismo vernáculo acerca de los matreiales que se usaron para el Acueducto Gran Tulum, el funcionario judicial dijo que "los caños existen", al tiempo que señaló: "No podemos certificar aún si la cañería utilizada sirve o no".

En la investigación podría estar involucrado un pariente del exgobernador Sergio Uñac. La Justicia local deberá determinar si existe la comisión de algún delito o si la denuncia debe ser desestimada.

El fiscal informó que el día 10 de marzo, en el marco del legajo 33347/25 Caratulado "Actuaciones por Denuncia e/p Administración pública", se llevó a cabo inspección ocular, "contando con la autorización correspondiente de la Jueza Lucero, en las zonas donde, según proyecto original, atraviesa el ramal de caños de la obra Acueducto Gran Tulum, cuya realización es objeto de investigación".

Se comenzó en el obrador de la UTE encargada de la obra, ubicada a orillas del paredón de dique Punta Negra, Zonda, y luego se prosiguió en distintos puntos de Ruta 12, en el interior de Villa Tacu, en una zona del cerro donde se proyecto realización de un túnel, y en la obra ubicada al costado norte de avenida Libertador General San Martín, cercana del cementerio El Mirador.

Además, se inspeccionó la planta potabilizadora de OSSE en Marquesado.

Durante la acción de Fiscalía, en busca de recolectar pruebas para la causa, se contó con la colaboración de personal de Brigada de Delitos, de Policía Científica y de Policía Rural que aporto los drones necesarios, además de personal de la Seccional 14 y de OSSE.

Los funcionarios judiciales que intervinieron en el procedimiento son: los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, y los ayudantes fiscales, Maximiliano Gerarduzzi y Adrián Elizondo Sierra.

Por la policía intervino el oficial Ricardo Villalba.

Este jueves, dos días después de la inspección ocular, el Fiscal Pizarro habló ante lo más granado del periodismo vernáculo, y aseguró que se está "analizando la documentación que se le ha pedido tanto a OSSE como al Gobierno de la provincia, la cual empezamos a recibir en los primeros días de febrero".

Es preciso señalar que la Justicia dispone de un plazo de 90 días hábiles, prorrogables por otros 90, para concluir esta etapa de investigación previa y decidir si se formaliza la imputación contra los responsables del proyecto.

Stornelli aseguró que la Causa Cuadernos es la "punta del iceberg" de una vasta operación ilícita

El fiscal federal dijo que el dinero ilícito detectado es "una parte", no todo el que se utilizó para maniobras ilegales vinculadas a la obra pública.

El Fiscal Federal Carlos Stornelli expresó este jueves su "satisfacción" al referirse al inicio del juicio por la Causa Cuadernos y aseguró que este proceso judicial es la "punta del iceberg" de una vasta operación ilícita.

"Que se haya llegado al juicio oral donde se ventilen todas estas cuestiones es una gran satisfacción después de todos estos años de muchísimo trabajo", aseguró Stornelli en diálogo con Radio Rivadavia.

En esa línea, el fiscal de la causa que involucra, entre otros, a la expresidenta Cristina Kirchner, dijo que el dinero ilícito detectado es "una parte", no todo el que se utilizó para maniobras ilegales vinculadas a la obra pública.

"Es lo que hemos podido detectar, quizás la punta del iceberg", precisó Stornelli sobre una causa que tiene también en el banquillo a gran parte de los empresarios más importantes de la construcción.

Con relación a la posible devolución por parte de los acusados respecto del dinero que pudo haber sido parte de maniobras ilegales, el fiscal sostuvo que no cree que "devolver" sea un verbo que los implicados en la causa conozcan.

"Devolver es un verbo que no creo que conozca ninguno. El asunto es lo que se pudo encontrar e incautar, que es bastante: dinero en el extranjero, empresas incautadas e inmuebles", describió el fiscal.

Sobre la duración del juicio, Stornelli expresó su aspiración de que el tribunal haga "más intensa" la frecuencia de las audiencias para darle mayor celeridad al proceso.

Triple femicidio narco: el fiscal pidió la prisión preventiva para todos los acusados

Arribas también solicitó que la causa sea remitida al fuero federal por la gravedad de los delitos y los posibles vínculos con el narcotráfico.

El Fiscal Adrián Arribas pidió que todos los detenidos por el triple crimen de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi continúen presos con prisión preventiva y solicitó que el expediente pase al fuero federal.

La decisión fue confirmada por fuentes judiciales cercanas a la investigación.

Entre los acusados se encuentran Lázaro Víctor Sotacuro, identificado como uno de los jefes de la banda.

También Celeste Magalí Guerrero, propietaria de la vivienda donde fueron hallados los cuerpos y su pareja, Miguel Silva; Daniela Ibarra, que fue encontrada lavando manchas de sangre junto a Maximiliano Parra.

A su vez, están Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro y vinculada al vehículo de apoyo; y Matías Agustín Ozorio, quien fue detenido en Perú.

Arribas agravó las imputaciones contra los principales acusados. A Giménez, Sotacuro, Silva, Ibarra, Parra y Ozorio los señaló por privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad.

En concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, cometido con alevosía y ensañamiento, por haber sido perpetrado por un hombre contra una mujer mediante violencia de género y por ser criminis causa, tres hechos.

En el caso de Guerrero, Ibáñez y nuevamente Ibarra, el fiscal decidió quitar el agravante de violencia de género pero mantener el resto de los cargos: privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes.

Y por ser una de las víctimas menor de edad, en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, cometido con alevosía y ensañamiento, y por ser criminis causa, tres hechos.

Debido a la naturaleza de los delitos, que incluyen elementos vinculados al narcotráfico y al secuestro, Arribas solicitó que la investigación quede bajo la órbita de la Justicia Federal. La resolución sobre ese traspaso se conocería en las próximas horas.

El Fiscal Stornelli pidió que se abra una causa por los audios respetando la confidencialidad de periodistas

La medida de Stornelli en resguardo de los periodistas "incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente", según el dictamen.

El Fiscal Carlos Stornelli dispuso esta tarde que se prosiga con la investigación por presunto espionaje ilegal en torno a las escuchas atribuidas a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Pero aclaró que la investigación "no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, por mandato constitucional".

La medida de Stornelli en resguardo de los periodistas "incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente", según el dictamen.

"Debo decir que en la investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional", aseveró Stornelli.

"Y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad", añadió.

Aclaró que "esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente, no obstante lo cual, no empiece al análisis de las conductas ya efectuadas".

El Gobierno había denunciado ante la Justicia Federal una "operación de inteligencia ilegal" a raíz de la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, en tanto un juez del fuero Civil y Comercial había ordenado el "cese inmediato" de la difusión de ese material.

Stornelli señaló que "la maniobra delictiva a investigar encontrará su espacio temporal al menos, desde que puedan datarse las primeras grabaciones publicadas y, yendo un poco más allá, sus actos preparatorios".

"No puede descartarse si no mas bien presumirse la ilegitimidad legal de los audios quizás ardidosamente y de manera equivoca puestos por algunos actores dolosamente a consideración de la opinión pública", dijo.

A lo que añadió: "De ello se colige fundadamente que estamos frente a una operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina, elaborada en consabidos y oscuros sótanos lo que debe ser materia incansable de investigación, lo que así postulo”.

Por eso estableció que "se dispongan las medidas de prueba requerida y se proceda" con la investigación.

Cómo se elegirá el nuevo fiscal general del Poder Judicial de San Juan

Tras el fallecimiento de Eduardo Quattropani, Fiscal General del Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial de San Juan, se abre un plazo que se extiende hasta 90 días como máximo para elegir quién ocupará el cargo de vital importancia.

Según la Constitución provincial de San Juan, el Consejo de la Magistratura es el encargado de convocar a concurso, fijar plazos, realizar entrevistas y elaborar la terna de los posibles reemplazantes para el cargo.

Una vez seleccionada la terna, será evaluada por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de San Juan.

Luego de todo ese proceso, se somete la terna a votación y será el nuevo Fiscal General quien obtenga la mayoría de los votos en la Cámara de Diputados de San Juan.

Este proceso se inicia con un llamado público a concurso, tras lo cual el Consejo de la Magistratura evaluará a los postulantes y seleccionará una terna de candidatos.

El Fiscal Villar avaló que Cristina Kirchner siga con prisión domiciliaria

No obstante, pidió que se cambie el domicilio para preservar la tranquilidad del barrio y por motivos de seguridad.

Mario Villar, fiscal ante la Cámara Federal de Casación, avaló que la expresidenta Cristina Kirchner siga bajo prisión domiciliaria para cumplir su condena a seis años de prisión en la causa Vialidad.

El único pedido fue que se cambie el domicilio para preservar la tranquilidad del barrio y por motivos de seguridad.

En una audiencia ante los Jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, el fiscal desistió de la apelación vinculada a revocar el arresto domiciliario y reclamó que la exmandataria se mude del domicilio de San José 1111, en la zona de Constitución, a otro lugar que proponga la defensa por razones de seguridad y de tranquilidad vecinal.

A este planteo se opuso el abogado defensor de la expresidenta, Carlos Beraldi, quien pidió que la exmandataria siga detenida en Constitución y reiteró su reclamo para que se le quite la tobillera electrónica y se revoque la decisión de poner límites a las visitas que pueden ingresar sin autorización previa.

Ahora la Cámara Federal de Casación resolverá estos planteos en el plazo de cinco días hábiles.

Villar consideró que no debía mantener la apelación que había hecho el Fiscal Diego Luciani ante el Tribunal Oral Federal 2, y quien había pedido revocar el arresto domiciliario concedido el 17 de junio pasado a la expresidenta.

"La condenada ha cumplido con las reglas que se han establecido para el control" de la prisión domiciliaria y el Tribunal "no ha indicado algún quebrantamiento que justifique retrotraer a otra forma" el cumplimiento de la pena, expresó Villar.

"La locación implica otro problema, la seguridad de la propia condenada, las salidas al balcón aunque están permitidas, es parte de su derecho, no por ello dejan de incrementar el riesgo de cualquier atentado contra su vida", indicó.

Por eso Villar pidió que la defensa proponga un "domicilio adecuado" para "evitar estos problemas".

Además reiteró su reclamo para que se le quite la tobillera electrónica y no tenga que pedir autorización para recibir visitas en general.

"De ninguna manera la prisión que está cumpliendo Cristina Fernández de Kirchner constituye algún tipo de privilegio", remarcó.

También puso foco en la "condición de mujer" de la expresidenta "obviada de manera llamativa" en el caso y citó convenciones internacionales sobre la eliminación de toda forma de violencia hacia la mujer.

El Fiscal general Eduardo Quattropani fue internado por un problema cardiaco

El Fiscal general del Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial de San Juan, Eduardo Quattropani, fue internado en clínica El Castaño, donde es monitoreado por el mismo equipo médico que lo intervino en diciembre del año pasado.

Le habían colocado dos stents tras detectarse una afección cardiovascular en diciembre de 2024.

La operación se había llevado adelante sin complicaciones y el funcionario judicial fue dado de alta pocos días después, retomando su actividad en el Ministerio Público Fiscal.

Por ahora, de manera preventiva, Fiscalía general quedó a cargo del Fiscal Daniel Galvani, quien asumió temporalmente.

Caso Lian: la fiscal adjunta dijo que por ahora "no hay indicios de un delito federal"

La Fiscal adjunta, Bettina Croppi, dio una conferencia de prensa desde la casa del pequeño.

La Fiscal adjunta, Bettina Croppi, dio una conferencia de prensa desde la casa de Lian Flores, el niño desaparecido en dicha provincia, en la cual brindó detalles de la investigación sobre los primeros minutos de búsqueda, el operativo instalado, las hipótesis que se manejan, en la cual por ahora "no hay indicios de un delito federal", y las pesquisas realizadas.

Junto con el Ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, la fiscal informó que se realizaron 15 allanamientos en zona y otras localidades; se secuestraron más de 25 celulares, los cuales recibieron la autorización para ser peritados; hubo 30 declaraciones testimoniales y seis vehículos incautados.

En medio de la búsqueda, Croppi destacó que el niño "habría desaparecido de la casa familiar en horario de la siesta, la familia salió a buscarlo por el predio y a las 19.45 se dio alerta a la Policía".

"Desde el minuto cero del hecho comenzó a trabajar el equipo del Ministerio Público Fiscal con dos objetivos a realizar. El primero es estar en el terreno, donde se revelan las evidencias, y luego con la fiscalía general, que se hacen cargo de la investigación para procesar dichas pruebas, solicitar allanamientos, declaraciones y peritajes", sumó.

A su vez, destacó que el domingo se evaluó disparar el Alerta Sofía tras la autorización del SIFEBU, ya que se requiere una serie de elementos.

Se sumó además un sistema a 100 kilómetros a la redonda en todos los celulares con la foto de Lian.

La fiscal sumó también que en estos momentos hay más de 300 efectivos trabajando en la zona, 14 drones, patrullas rurales y la División canes.

A su vez, se realizaron cuadrantes para rastrillar a pie y a caballo.

Aunque la causa esté bajo secreto de sumario, Croppi indicó que hasta ahora no hay antecedentes penales, así como tampoco detenidos.

"No tenemos, hasta el momento, indicios de un delito federal, aun así, no descartamos nada", dijo.

A casi 4 días de la desaparición del chico, las autoridades no revelan cuál es la conjetura principal que manejan. Tampoco se comenzó con el análisis de los celulares y vehículos.

La Justicia ratificó que Nisman fue asesinado

La Fiscalía que investiga la muerte del funcionario judicial ratificó que se trató de un homicidio vinculado a la investigación del atentado a la AMIA y la denuncia por el Memorándum con Irán.

La Fiscalía que investiga la muerte de Alberto Nisman ratificó que se trató de un homicidio vinculado a su investigación del atentado a la AMIA y a su denuncia por la firma del Memorándum con Irán, en un informe sobre el estado de la causa penal publicado a ocho días del décimo aniversario del hecho.

"El Fiscal federal Natalio Alberto Nisman fue víctima de un homicidio y que su muerte estuvo motivada en su labor en la UFI-AMIA y, concretamente, con su accionar vinculado al Memorándum de Entendimiento con la República de Irán", concluyó el informe de 56 carillas en la investigación que lleva adelante el Fiscal federal, Eduardo Taiano.

Los investigadores remarcan que a la fecha "se encuentran en curso la producción de medidas tendientes a determinar la identidad de aquellos que ejecutaron el hecho y de quiénes lo ordenaron, conforme a la hipótesis de la fiscalía".

La investigación está delegada en la fiscalía de Taiano por decisión del juez del caso, Julián Ercolini y, según el informe difundido hoy, se apunta entre otros aspectos al rol de los servicios de inteligencia en el Gobierno de Cristina Kirchner además del desarrollo de medidas de prueba para dar con los autores materiales y con quienes ordenaron el crimen.

"La vinculación de los servicios de inteligencia con la investigación del atentado a la sede de la AMIA fue algo que se verificó desde sus albores. Esta relación tomó mayor relevancia luego de la creación de la UFI-AMIA por orden del Presidente Kirchner y el mandato de colaboración de la entonces SIDE al Fiscal Nisman", recordó el documento.

Pero, la fiscalía advirtió que, en relación a esa colaboración, "se incorporaron constancias indicando que con posterioridad al fallecimiento del Presidente Kirchner la situación cambió", explica en el informe difundido por el sitio web de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.

"Aproximadamente para finales del año 2010 y principios de 2011, el Poder Ejecutivo Nacional, en cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, decidió un viraje en su política exterior respecto de la República Islámica de Irán, que se tradujo en una orden a la Secretaría de Inteligencia para que cese en la investigación del atentado a la sede de la AMIA y su colaboración con el fiscal que llevaba adelante la causa", aseguró la Fiscalía.

Ante ello, hubo una "negativa de un sector del organismo dedicado a la inteligencia nacional de cumplir esa orden, se dio comienzo a una fractura entre este grupo y las máximas autoridades nacionales y las dependencias de la Secretaría de Inteligencia que continuaban respondiéndole".

En ese período ubicó la fiscalía la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por el atentado y "la labor desplegada por Nisman para sostener su inconstitucionalidad".

Taiano y su equipo de investigación ubican en ese lapso medidas del Poder Ejecutivo para "favorecer y fomentar" la labor de inteligencia del Ejército Argentino, uno de los aspectos que se investiga en la causa por la muerte de Nisman, encontrado con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento en las torres Le Parc el 18 de enero de 2015, cuatro días después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Kirchner y otros imputados por encubrimiento agravado a raíz de la firma del Memorándum.

En la investigación se "han solicitado nuevas medidas de prueba a distintas dependencias. Se libraron nuevas órdenes de presentación a empresas telefónicas a los efectos de obtener los registros entrantes y salientes de abonados que siguen surgiendo en la trama descripta, que se traducen en cerca de 100 nuevas líneas telefónicas que serán incorporadas a las actividades de entrecruzamiento y análisis de comunicaciones que se encuentran en trámite".

"Se imputó a Luis Alberto Heiler, prefecto general de la Prefectura Nacional Argentina; Román Di Santo, Jefe de la Policía Federal Argentina; Sergio Berni, Secretario de Seguridad del Ministerio De Seguridad de la Nación; y Darío Ruiz, Secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales; Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación, quienes intervinieron en el procedimiento llevado a cabo en el complejo Le Parc Puerto Madero a raíz de las irregularidades detectadas en el ámbito de su accionar", recordó además la fiscalía.

En la actualidad sigue la declaración como testigos de agentes de inteligencia que mantuvieron "comunicaciones relevantes" el fin de semana de la muerte de Nisman y continúa el entrecruzamiento de la información.