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Acueducto Gran Tulum: Fiscalía pedirá más tiempo para seguir investigando qué pasó con los caños

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El Ministerio Público Fiscal de San Juan sigue investigando las compras y los materiales que se usaron en el Acueducto Gran Tulum, que debió ser terminado durante el Gobierno del peronista Sergio Uñac, aunque eso no sucedió, pero sí le quedó a la provincia una deduda de 200.000.000 de dólares.

Mientras Fiscalía sigue investigando que sucedió con la compra de materiales y con una obra que nunca se terminó, aunque sí se gastó la plata, los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro solicitarán extender la investigación argumentando complejidad en la causa del Acueducto Gran Tulum.

La investigación de los fiscales por presunta corrupción en la obra del Acueducto Gran Tulum está próxima a completar los primeros 90 días hábiles previstos por el sistema acusatorio, por lo tanto los funcionarios judiciales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro han decidido solicitar una prórroga por otros 90 días hábiles para continuar recolectando información y poder producir pruebas sobre este oscuro caso.

La causa

Para concretar una parte mínima de la obra, que nunca se terminó, hubo una licitación que fue ganada por la empresa Krah América Latina S.A. en 2018, cuyo apoderado era Gustavo Monti. Se pagaron al menos 1.300 millones de pesos por las cañerías.

Es preciso recordar que la causa está en manos del Fiscal Sebastián Gómez, quien investiga el proceso administrativo y licitatorio del Acueducto Gran Tulum, obra hídrica que se ejecutó en parte durante el Gobierno del peronista Sergio Uñac, pero que, sin embargo, no se terminó, aunque los dólares se gastaron y los materiales usados parecen presentar irregularidades.

Es por eso que la Justicia vernácula investiga la contratación de caños y tuberías adjudicada a la empresa Krah América Latina S.A., y, en ese contexto, también se está evaluando cuál fue el papel que jugó el finado Gustavo Monti, quien podría haber sido representante o intermediario local de la compañía alemana.

En medio de este escenario, aparecen también presuntas comisiones facturadas por la empresa PVC San Juan SRL.

Según se desprende de la investigación judicial, las tuberías que puso la compañía Krah América Latina S.A. podrían no ser aptas para el transporte de agua potable.

Aseguran, además, que los caños estarían fabricados con insumos no aptos para el consumo humano y que podrían ser potencialmente tóxicos para las personas.

Es importante señalar que la Unidad Fiscal de Investigación Delitos Especiales avanzó hace tiempo en la causa que se inició gracias a la denuncia del abogado Marcelo Arancibia.

Mientras el Gobierno de San Juan sigue pagando a Kuwait la deuda que dejaron los gobiernos peronistas de Uñac y Gioja, que consiste en la friolera de 100.000.000 de dólares por materiales, más 100.000.000 de verdes por la obra civil, la Justicia de la provincia sigue con la investigación para saber si hubo o no un perjuicio contra el Estado.

En diciembre del 2025, el abogado Marcelo Arancibia presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal solicitando que se investigue la licitación de la obra, la cual hace años fue concedida a una empresa alemana cuyo apoderado, Gustavo Monti, era un pariente del exgobernador Sergio Uñac.

Se busca comprobar si hubo o no malversación de fondos, además de conocer la calidad de los insumos, entre otras posibles irregularidades que se habrían cometido en la obra.

En febrero de 2026, la provincia de San Juan se presentó en la causa como parte querellante.

Desde la actual gestión del Gobernador Marcelo Orrego se estima que la pérdida asociada a los 10 kilómetros de caños que se instalaron, y que luego debieron retirarse, demandó una inversión de 50.000.000 de dólares.

La cifra surge del financiamiento comprometido para la obra, que fue licitada por un total de 200.000.000 de verdes.

El proyecto fue financiado en dos tramos: un 50% a través de un préstamo internacional que llegó desde Kuwait y Australia, y el otro 50% con fondos aportados por el Estado nacional durante el Gobierno peronista.

El rojo que dejó el peronismo en San Juan: Gutiérrez confirmó que la deuda es de "200 millones de dólares"

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San Juan no solo está pagando el rojo que dejaron Uñac y Gioja por el Acueducto Gran Tulum, el cual nunca se terminó, aunque se está abonando la deuda en verdes. También se está cancelando un crédito por el Túnel de Zonda, que tampoco se terminó, pero la plata ya fue gastada por el Gobierno del PJ.

Solo en 2026, San Juan deberá pagar $45.273.947.000 por la deuda que dejaron los gobiernos anteriores.

El número se desprende del Presupuesto 2026 que el Gobierno de Orrego presentó en la Cámara de Diputados de San Juan, donde el Servicio de Deuda Pública previsto para este año llega a la friolera de $45.273.947.000.

La suma se divide en dos partes: $23.898.378.000 destinados a amortización del capital y $21.375.569.000 en concepto de intereses. La deuda fue contraída durante los gobiernos peronistas de Gioja y Uñac.

El Gobierno de Marcelo Orrego deberá pagar, además, la deuda por la obra del túnel que conecta el Gran San Juan con Zonda, llamado: Túnel de Zonda, el cual nunca se terminó, aunque el crédito por la obra se está devolviendo.

El Ministro de Economía del Gobierno de San Juan acaba de explicar que la deuda vinculada al proyecto del Túnel de Zonda ronda actualmente los $25.000.000.000 de pesos y se actualiza mensualmente por inflación, mediante el Índice de Precios al Consumidor del Indec.

San Juan le debe al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

Según detalló el Ministro de Economía, Roberto Guitiérrez, la provincia está "pagando todos los meses" una deuda que se heredó del Gobierno peronista de Sergio Uñac.

La provincia afronta amortizaciones e intereses pese, a que la obra del túnel jamás se concretó.

El Túnel de Zonda formaba parte de un proyecto financiado mediante créditos internacionales y fondos fiduciarios, con participación del Banco Interamericano de Desarrollo y del entonces Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.

De acuerdo a lo expuesto por el ministro, el crédito original vinculado al financiamiento alcanzaba los U$S101.000.000, aunque se habrían desembolsado cerca de 51 millones.

Sin embargo, la infraestructura nunca avanzó y hoy la provincia continúa afrontando las consecuencias financieras.

Además, Gutíerrez explicó que la deuda pública total de la provincia ronda actualmente los U$S200.000.000, incluyendo compromisos asumidos con fondos internacionales como el denominado crédito kuwaití.

Las declaraciones del ministro despertaron fuertes críticas hacia la gestión del exgobernador peronista, Sergio Uñac, en medio de cuestionamientos por obras inconclusas y financiamientos que no se habrían traducido en infraestructura efectiva para la provincia.

Mientras tanto, el Gobierno de San Juan, con el sacrificio de todos los ciudadanos contribuyentes, continúa afrontando pagos mensuales por compromisos financieros que dejaron Gioja y Uñac.

Acueducto Gran Tulum: informe oficial indicaría que los caños usados no servirían ya que serían para cloacas

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Además, podrían ser tóxicos ya que se habrían usado caños para desagües y no los que corresponderían.

Según la Consultora Interacción, que certificó a través de Bureau Veritas, las tuberías no serían para transporte de agua, los caños usados no estarían aptos para lo que se los pretendía utilizar.

"Están construidas con insumos no aptos para el consumo humano", explicaría el peritaje que pidió OSSE a la Consultora Interacción en la causa que investiga las obras del Acueducto Gran Tulum, el cual nunca se terminó aunque se tomó un préstamo de 100.000.000 de dólares durante el Gobierno de Sergio Uñac.

La licitación la ganó la empresa Krah América Latina S.A. en 2018, cuyo apoderado era Gustavo Monti, pariente del exgobernador Uñac.

Este informe ahora será parte de la prueba documental que tendrá Fiscalía de la Justicia local para seguir avanzando en la causa que investiga la obra iniciada con dólares prestados durante el Gobierno del peronista Sergio Uñac.

La causa

Para concretar una parte mínima de la obra, que nunca se terminó, hubo una licitación que fue ganada por la empresa Krah América Latina S.A. en 2018, cuyo apoderado era Gustavo Monti. Se pagaron al menos 1.300 millones de pesos por las cañerías.

Es preciso recordar que la causa está en manos del Fiscal Sebastián Gómez, quien investiga el proceso administrativo y licitatorio del Acueducto Gran Tulum, obra hídrica que se ejecutó en parte durante el Gobierno del peronista Sergio Uñac, pero que, sin embargo, no se terminó, aunque los dólares se gastaron y los materiales usados parecen presentar irregularidades.

Es por eso que la Justicia vernácula investiga la contratación de caños y tuberías adjudicada a la empresa Krah América Latina S.A., y, en ese contexto, también se está evaluando cuál fue el papel que jugó el finado Gustavo Monti, quien podría haber sido representante o intermediario local de la compañía alemana.

En medio de este escenario, aparecen también presuntas comisiones facturadas por la empresa PVC San Juan SRL.

Según se desprende de la investigación judicial, las tuberías que puso la compañía Krah América Latina S.A. podrían no ser aptas para el transporte de agua potable.

Aseguran, además, que los caños estarían fabricados con insumos no aptos para el consumo humano y que podrían ser potencialmente tóxicos para las personas.

Es importante señalar que la Unidad Fiscal de Investigación Delitos Especiales avanzó hace tiempo en la causa que se inició gracias a la denuncia del abogado Marcelo Arancibia.

Mientras el Gobierno de San Juan sigue pagando a Kuwait la deuda que dejaron los gobiernos peronistas de Uñac y Gioja, que consiste en la friolera de 100.000.000 de dólares por materiales, más 100.000.000 de verdes por la obra civil, la Justicia de la provincia sigue con la investigación para saber si hubo o no un perjuicio contra el Estado.

En diciembre del 2025, el abogado Marcelo Arancibia presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal solicitando que se investigue la licitación de la obra, la cual hace años fue concedida a una empresa alemana cuyo apoderado, Gustavo Monti, era un pariente del exgobernador Sergio Uñac.

Se busca comprobar si hubo o no malversación de fondos, además de conocer la calidad de los insumos, entre otras posibles irregularidades que se habrían cometido en la obra.

En febrero de 2026, la provincia de San Juan se presentó en la causa como parte querellante.

Desde la actual gestión del Gobernador Marcelo Orrego se estima que la pérdida asociada a los 10 kilómetros de caños que se instalaron, y que luego debieron retirarse, demandó una inversión de 50.000.000 de dólares.

La cifra surge del financiamiento comprometido para la obra, que fue licitada por un total de 200.000.000 de verdes.

El proyecto fue financiado en dos tramos: un 50% a través de un préstamo internacional que llegó desde Kuwait y Australia, y el otro 50% con fondos aportados por el Estado nacional durante el Gobierno peronista.

Fiscalía realizó inspección ocular en los caños del Acueducto Gran Tulum

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La Unidad Fiscal de Investigación Delitos Especiales avanzó esta semana en la causa que se inició gracias a la denuncia de Marcelo Arancibia. Se busca determinar si hubo irregularidades en los materiales y la ejecución del proyecto del Acueducto Gran Tulum durante el Gobierno del peronista Sergio Uñac.

Mientras la provincia de San Juan sigue pagando a Kuwait la deuda que dejaron los gobiernos de Uñac y Gioja, que consiste en la friolera de 100.000.000 de dólares, la Justicia de la provincia sigue con la investigación para saber si hubo o no un perjuicio contra el Estado.

El Fiscal Francisco Pizarro ofreció este jueves una conferencia de prensa y confirmó que la inspección que se hizo recorrió puntos críticos, desde el obrador en el dique Punta Negra hasta la planta potabilizadora de OSSE en Marquesado.

Consultado por el periodismo vernáculo acerca de los matreiales que se usaron para el Acueducto Gran Tulum, el funcionario judicial dijo que "los caños existen", al tiempo que señaló: "No podemos certificar aún si la cañería utilizada sirve o no".

En la investigación podría estar involucrado un pariente del exgobernador Sergio Uñac. La Justicia local deberá determinar si existe la comisión de algún delito o si la denuncia debe ser desestimada.

El fiscal informó que el día 10 de marzo, en el marco del legajo 33347/25 Caratulado "Actuaciones por Denuncia e/p Administración pública", se llevó a cabo inspección ocular, "contando con la autorización correspondiente de la Jueza Lucero, en las zonas donde, según proyecto original, atraviesa el ramal de caños de la obra Acueducto Gran Tulum, cuya realización es objeto de investigación".

Se comenzó en el obrador de la UTE encargada de la obra, ubicada a orillas del paredón de dique Punta Negra, Zonda, y luego se prosiguió en distintos puntos de Ruta 12, en el interior de Villa Tacu, en una zona del cerro donde se proyecto realización de un túnel, y en la obra ubicada al costado norte de avenida Libertador General San Martín, cercana del cementerio El Mirador.

Además, se inspeccionó la planta potabilizadora de OSSE en Marquesado.

Durante la acción de Fiscalía, en busca de recolectar pruebas para la causa, se contó con la colaboración de personal de Brigada de Delitos, de Policía Científica y de Policía Rural que aporto los drones necesarios, además de personal de la Seccional 14 y de OSSE.

Los funcionarios judiciales que intervinieron en el procedimiento son: los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, y los ayudantes fiscales, Maximiliano Gerarduzzi y Adrián Elizondo Sierra.

Por la policía intervino el oficial Ricardo Villalba.

Este jueves, dos días después de la inspección ocular, el Fiscal Pizarro habló ante lo más granado del periodismo vernáculo, y aseguró que se está "analizando la documentación que se le ha pedido tanto a OSSE como al Gobierno de la provincia, la cual empezamos a recibir en los primeros días de febrero".

Es preciso señalar que la Justicia dispone de un plazo de 90 días hábiles, prorrogables por otros 90, para concluir esta etapa de investigación previa y decidir si se formaliza la imputación contra los responsables del proyecto.

Tras la muerte de Gustavo Monti, la Justicia seguirá investigando la causa del Acueducto Gran Tulum

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Luego de la muerte del empresario Gustavo Monti, hombre cercano al exgobernador Sergio Uñac, la causa judicial por presuntas irregularidades en la obra pública seguirá su curso.

Hace poco, el Ministerio Público Fiscal confirmó que por ahora no se cerrará la investigación, luego de la denuncia que presentó el abogado Marcelo Arancibia y que dio paso a la apertura de la causa.

La causa está en manos del Fiscal Sebastián Gómez, quien investiga el proceso administrativo y licitatorio del Acueducto Gran Tulum, obra hídrica que se ejecutó en parte durante el Gobierno del peronista Sergio Uñac, pero que, sin embargo, no se terminó, aunque los dólares se gastaron y los materiales usados parecen presentar irregularidades.

Es por eso que la Justicia vernácula investiga la contratación de caños y tuberías adjudicada a la empresa Krah América Latina S.A., y, en ese contexto, también se está evaluando cuál fue el papel que jugó el finado Gustavo Monti, quien podría haber sido representante o intermediario local de la compañía alemana.

En medio de este escenario, aparecen también presuntas comisiones facturadas por la empresa PVC San Juan SRL.

Por ahora, el Fiscal Gómez realiza pericias, estudia la documentación colectada y sigue en la etapa de recolección de pruebas. Habrá que esperar para saber qué resultados arroja el caso.

La denuncia inicial, realizada por Marcelo Arancibia, se abrió luego de la denuncia que Monti hizo contra los periodistas Osvaldo Benmuyal y Antonio Canale, donde ambos ganaron el juicio y obtuvieron sentencias favorables.

Esto dejó una serie de documentación que dio paso a la posterior denuncia de Arancibia para seguir investigando la obra, que nunca se terminó, del Acueducto Gran Tulum.

Gobierno de San Juan ya es querellante en la causa que investiga las obras del Acueducto Gran Tulum

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Este miércoles, Fiscalía de Estado se presentó como querellante ante la UFI en la causa que investiga si hubo o no asociación ilícita y administración fraudulenta durante la megaobra que se ejecutó durante el Gobierno del peronista Sergio Uñac.

Desde este miércoles 25 de febrero de 2026, el Estado provincial se constituyó como querellante en la investigación judicial por la obra no realizada del Acueducto Gran Tulum, durante la gestión del exgobernador del PJ, Sergio Uñac.

La petición se dio en virtud de la denuncia penal realizada por el abogado Marcelo Arancibia, para investigar los gastos en caños y materiales, más el endeudamiento de la provincia de San Juan para una obra que finalmente nunca se terminó y que apenas se concretó en un mínimo porcentaje durante el gobierno anterior.

La obra no se hizo, la provincia se endeudó en dólares, la plata se gastó, pero el acueducto no está.

Se espera, en adelante, que el Ministerio Público Fiscal formalice audiencia para tal fin. Antes que eso ocurra, el equipo de investigación judicial deberá reunir la prueba necesaria para saber si podrá o no sostener la imputación de dos delitos graves: asociación ilícita, administración fraudulenta y desvío de fondos, teniendo en cuenta que en el medio hay dineros públicos en juego, devenidos de un compromiso internacional con el Gobierno de Kuwait, cuando en los años 90 Argentina envió Cascos Azules de la ONU a ese país y luego Kuwait devolvió el gesto otrogando préstamos a tasa muy baja y en dólares para las provincias argentinas.

El pedido de Fiscalía de Estado, que "brega por los intereses del Estado cuando considera que estos se ven lesionados", sugiere en su presentación formal que se investiguen una serie de hechos de gravedad institucional vinculados a presuntas maniobras ilícitas cometidas en el marco de las contrataciones estatales durante la gestión del exgobernador Sergio Uñac.

Los hechos podrían configurar delitos graves contra la administración pública. De hecho, se investiga si hubo incumplimiento de los deberes del funcionario público, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita para defraudar al Estado.

El texto también solicita que se investigue la presunta participación de funcionarios provinciales en los períodos de gobierno que fueron entre el 2015 y el 2019, y el 2019 y el 2023.

Se investiga si los funcionarios tuvieron competencia en la contratación de obra pública, control de calidad y certificaciones, sin dejar afuera de la investigación a la empresa Krah.

También solicita la investigación sobre posibles direccionamientos de licitaciones públicas por manifestaciones de integrantes de las empresas competidoras en ese trámite público, las cuales habrían señalado que los pliegos licitatorios podrían haber sido diseñados para favorecer a la empresa investigada, sacando a la competencia.

De comprobarse este último punto, se configura el delito de abuso de autoridad según el Artículo 248 del Código Penal, entre otros.

Un punto trascendental para el esclarecimiento de la cuestión es la calidad de los caños provistos para la obra no realizada.

Desde los organismos competentes, hubo alertas técnicas dejando saber deficiencias estructurales, por lo cual no se cumplía con los estándares de calidad.

Otra de las dudas que deberá esclarecer la investigación judicial se centra en las diferencias económicas significativas entre la oferta adjudicada y las demás empresas competidoras. Se intenta saber si hubo o no perjuicio económico al erario público provincial, en lo relacionado a pagos anticipados y presuntos beneficios indebidos.

En adelante, la Justicia deberá ejecutar las acciones pertinentes y producir la prueba necesaria para imputar o no los delitos mencionados.

Murió Gustavo Monti, el pariente de Uñac que era investigado por los caños del Acueducto Gran Tulum

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Según su entorno, el empresario padecía una enfermedad que había deteriora su salud. Era investigado por la Justicia de San Juan por la monumental obra que nunca se terminó y por los caños que se usaron para el acudecuto.

La muerte se Gustavo Monti sucedió este miércoles, luego de un largo tiempo en el que padeció una enfermedad terminal.

Monti se hizo conocido en San Juan luego de la demanda que realizó contra los periodistas Antonio Canale y Osvaldo Benmuyal, a quienes acusó de dañar su imagen por comentarios radiales que lo involucraban.

Finalmente Monti perdió la demanda contra uno de los periodistas y los dos comunicadores fueron sobreseidos.

Luego de ese juicio, se conoció un informe que vinculó a Gustavo Monti, quien mantiene un parentesco con el exgobernador peronista Sergio Uñac, con una empresa privada que vendío los caños del Acueducto Gran Tulum al Gobierno de San Juan, obra iniciada durante el Gobierno de Uñac.

El acueducto en cuestión nunca se terminó, aunque el Gobierno durante la gestió peronista recibió la friolera de 100.000.000 de dólares.

Al parecer, la inversión de 50.000.000 de dólares se habría hecho dos ceces, y, aparentemente, es lo que investigaba la Justicia, habría intervenido Gustavo Monti, a quien vinculaban con la firma proveedora.

El abogado y dirigente político, Marcelo Arancibia, fue quien realizó la denuncia por presuntas irregularidades en la millonaria obra hídrica.

La Justicia de San Juan investiga el proceso de licitación para la provisión de tuberías, adjudicado a la empresa Krah América Latina S.A.

Diversas publicaciones periodísticas vincularon a esa firma con Gustavo Monti, propietario de PVC San Juan SRL, y pariente cercano del exgobernador Sergio Uñac, actual Senador del PJ.

Monti habría actuado como referente local de la compañía Krah, y aparece mencionado en informes que revelaron una factura de su empresa a la fabricante de tuberías por concepto de comisión, además de registros fotográficos junto a directivos de la firma alemana durante actos de la licitación.

Arancibia presentó una denuncia por licitaciones durante el Gobierno de Uñac

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El excandidato a gobernador de San Juan, Marcelo Arancibia, presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue una licitación que habría favorecido a una empresa ligada a un familiar del exgobernador peronista Sergio Uñac.

La denuncia penal que Arancibia presentó ante el Ministerio Público Fiscal de San Juan hace foco en una serie de elementos que podrían configurar delitos contra la administración pública en la ejecución de la obra del Acueducto Gran Tulum.

Solicitó pericias, testimonios y documentación oficial para determinar si se cometieron delitos contra la administración pública.

En su denuncia, el abogado explica que este 10 de diciembre se cumplen 2 años desde que ocurrió el cese de los exfuncionarios de la gestión de Uñac, llevada adelante entre el 2015 y el 2023, y luego de ese plazo ya no podrán ser investigados por enriquecimiento ilícito sus integrantes, según el artículo 268 bis del Código Penal.

Ese artículo penaliza el enriquecimiento patrimonial que no pueda justificarse, ocurrido durante el ejercicio del cargo y hasta dos años después de haberlo dejado.

Arancibia recordó que el Ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, afirmó que "la obra no estaría, pero los pagos sí", en clara alusión a la devolución del crédito de 100.000.000 de dólares contraído con Kuwait.

Ante esta situación, el abogado requirió que, en caso de verificarse delitos, quienes hayan actuado como autores o partícipes "devuelvan lo robado".

Qué se deberá investigar

El texto presentado ante el Ministerio Público fiscal solicita formalmente que se investiguen hechos de "gravedad institucional" vinculados a las contrataciones estatales para la construcción del Acueducto Gran Tulum.

Explica que las maniobras denunciadas podrían configurar delitos como violación de deberes de funcionario público, malversación de fondos, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación al Estado y asociación ilícita administrativa.

La denuncia se dirige a funcionarios públicos del Gobierno peronista que tuvo San Juan durante los periodos que fueron desde el 2015 al 2019, bajo el mando de Sergio Uñac, y luego el que fue desde el 2019 al 2023, segundo periodo del actual senador.

Se solicita que se investiguen contrataciones, obras públicas, control de calidad y certificaciones, así como a directivos de la empresa adjudicataria.

Direccionamiento de obra pública

Según Arancibia, la empresa proveedora de tuberías del Acueducto Gran Tulum, Krah América Latina S.A., estaría vinculada a un familiar directo, en este caso un primo, del exgobernador Sergio Uñac.

De confirmarse el vínculo, configuraría negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

También se deberán investigar testimonios de empresas que compitieron en la licitación y que habrían advertido que el pliego estaba "orientado" para favorecer a esa firma, lo que, según la denuncia, podría constituir abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y fraude en perjuicio del Estado.

¿Hubo sobreprecios?

En el escrito presentado ante Fiscalía se citan informes técnicos y advertencias previas que señalaban que los caños ofrecidos por la empresa proveedora eran más caros, tenían menor respaldo técnico y presentaban deficiencias estructurales.

Para Arancibia, ignorar estos datos podría constituir una violación de deberes funcionales.

También se hace referencia a diferencias de precios significativas entre la oferta adjudicada y la de empresas competidoras, lo que reforzaría la hipótesis de sobreprecios.

La provincia ya comenzó a pagar el crédito internacional sin que la obra esté terminada. Esto podría definirse como "administración fraudulenta, abandono de deber de control y posible beneficio económico indebido a particulares".

Qué delitos podrían probarse con la denuncia

De manera provisoria, la presentación marca 7 figuras penales que podrían estar en juego: "negociaciones incompatibles, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, defraudación al Estado, dádivas, y asociación ilícita".

Según la denuncia, estas figuras derivan de una conjunción de hechos: contratos vinculados a familiares de exfuncionarios, desvío de fondos, aprobación de materiales deficientes, sobreprecios y pagos sin contraprestación suficiente.

El escrito de Marcelo Arancibia respalda la denuncia con jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos como: Nissen, Cotroneo, Yoma e IBM Banco Nación.

En todos estos casos de corrupción de la historia argentina, "se establece que la corrupción es un delito pluriofensivo y que los funcionarios tienen una obligación especial de legalidad, incluso cuando no haya un perjuicio económico probado".

También citó la doctrina penal que refiere a la violación de deberes, la cual surge ante cualquier apartamiento de la legalidad, y que establece que el conflicto de intereses con familiares directos configura negociación incompatible sin necesidad de probar un beneficio.

Qué medidas probatorias se le requieren al Ministerio Público Fiscal

La denuncia ofrece prueba documental basada en 6 notas periodísticas y solicita abundante información a organismos del Poder Ejecutivo provincial, entre ellos Infraestructura, Economía, Hidráulica, OSSE y Contaduría General.

Asimismo, se solicitó informes a la Legislatura y al Tribunal de Cuentas, para saber el estado de los controles realizados.

Incluye "pericias técnicas sobre la calidad de los caños, pericias económicas sobre precios y sobreprecios, y pericias contables sobre los pagos y certificaciones".

En el escrito se pide citar como testigos a ingenieros, técnicos y al Ministro de Economía actual, Roberto Gutiérrez.

Arancibia pide que se notifique a la Fiscalía de Estado, ya que es el organismo encargado de defender el patrimonio provincial y podría constituirse como querellante.

Finalmente, en la presentación del abogado Marcelo Arancibia, se indica que "se tenga por formulada la denuncia penal, se abra la investigación preparatoria, se recolecte toda la documentación requerida, se cite a los testigos propuestos, se realicen las pericias, se investigue a funcionarios y particulares involucrados y, eventualmente, se eleve la causa a juicio".

Diputados aprobaron cuatro pedidos de informes al Poder Ejecutivo

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Ernesto Simón
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Este jueves, se dio tratamiento parlamentario a los pedidos de informes presentados por el bloque del PJ y por el interbloque Cambia San Juan, cuyos diputados responden al Gobernador Orrego.

Durante la quinta sesión del periodo ordinario, encabezó la jornada en la Legislatura de San Juan el Vicegobernador Fabián Martín. Acompañaron: el Secretario Legislativo, Gustavo Velert, y el Secretario Administrativo, Jorge Fernández.

Es preciso recordar que diputados del interbloque Cambia San Juan presentaron pedidos de informe para revisar el uso de fondos públicos entre 2020 y 2023, con foco en obras, salud pública y juicios contra el Estado durante el Gobierno del peronista Sergio Uñac.

Hace tiempo, y luego de varios golpes bajos espetados por el PJ vernáculo contra el Gobernador Marcelo Orrego, legisladores del interbloque Cambia San Juan, integrado por Producción y Trabajo, Actuar, PRO y la UCR, ingresaron una batería de pedidos de informe dirigidos al Poder Ejecutivo para revisar distintos aspectos de la gestión provincial durante el último período del Gobierno del peronista Sergio Uñac.

Este jueves, esos pedidos de informes, más algunos presentados por el Bloque del PJ local, tomaron estado parlamentario.

Se aprobó un pedido de informe para saber el estado de "las obras de red cloacal en el departamento Rawson".

Otro que se aprobó, fue el que pide explicaciones sobre "la situación del programa habitacional Suelo Activo, Sueño Cumplido del barrio Valles del Sol".

Asimismo, se votó positivamente para saber qué sucedió con "la paralización de la obra Acueducto Gran Tulum", obra que el Gobierno de Uñac dejó en un 30% realizada, en tanto que recibió el 60% de los fondos de la Nación durante la presidencia de Alberto Fernández.

Finalmente, se votó favorablemente el pedido de informes que indaga acerca del "estado actual del convenio entre la provincia de San Juan y Flybondi Líneas Aéreas S.A.".

El propósito de todos estos pedidos de informe, es saber si hubo corrupción durante el Gobierno peronista de Sergio Uñac, y, ocasionalmente, en el periodo del kirchnerista José Luis Gioja.

Reanudaron los trabajos del Acueducto Gran Tulum y se reactivó la obra

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El País Diario
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Luego de más de 2 años de paralización, se firmó el acta de inicio de obra y comenzaron formalmente los trabajos del Acueducto Gran Tulum, una infraestructura estratégica para garantizar el abastecimiento de agua potable en San Juan.

El reinicio de esta importante obra se concretó tras la visita del Ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; el Presidente de OSSE, José Luis Beltrán; el Inspector de la obra, Maximiliano Millón; el representante de la UTE a cargo de los trabajos, Carlos Villalonga; y funcionarios de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación.

Tras el acto formal, donde se firmó el inicio de obra, las autoridades realizaron un recorrido por el área donde ya se encuentran en marcha las primeras tareas.

Gracias a las gestiones realizadas por el Gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y el Ministro Fernando Perea ante la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, se logró destrabar el proyecto, considerado uno de los más relevantes en materia hídrica para el futuro de la provincia.

La obra tiene como objetivo asegurar el suministro de agua potable para una población futura superior a 1 millón de habitantes, reforzando y optimizando el servicio en todo el Gran San Juan.

Además, permitirá abastecer a nuevas zonas urbanas y anticiparse al crecimiento poblacional proyectado para las próximas décadas.

Actualmente, ya hay operarios trabajando en la construcción del Establecimiento Potabilizador Punta Negra, ubicado al pie de la Presa del Dique Punta Negra.

Allí se instalará una toma de agua cruda en el canal de salida de la zona de generación del dique, desde donde se iniciará el proceso de potabilización.

La obra representa un paso fundamental hacia un sistema hídrico más moderno, eficiente y con capacidad de respuesta a las necesidades actuales y futuras de la población de San Juan.

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