La práctica pericial fue encargada por OSSE a Industrias Jaime. El estudio determinó que las uniones de la cañería adquirida por el Gobierno del peronista Sergio Uñac no iban a resistir la presión del agua.

"Si OSSE en aquel momento supo a ciencia cierta por ese estudio que los caños no iban a resistir la presión del agua a conducir, ¿por qué siguieron instalando esa cañería hasta el año 2023?", se preguntó el abogado Marcelo Arancibia, denunciante en la Justicia local para que se investigue la obra denominada Acueducto Gran Tulum.

La investigación que llevan adelante desde Fiscalía del Poder Judicial sobre el Acueducto Gran Tulum, una de las obras hídricas más importantes que se deberían haber ejecutado durante la gestión del exgobernador Sergio Uñac, sumó un nuevo elemento que podría aportar información para la apertura del proceso judicial.

Se trata de un informe técnico elaborado en junio de 2020, cuando se estaban llevando adelante los trabajos. El material de peritaje fue incorporado mediante una ampliación de denuncia penal presentada por el abogado Marcelo Arancibia ante el Ministerio Público Fiscal.

Con el informe, el abogado denunciante amplió la denuncia ante la Justicia para que la investigación determine si la serie de irregularidades configura un delito penal por parte de los responsables de la obra.

"El desarrollo realizado para la inspección de soldadura por electro fusión a solape de caño PEAD 600 mm de diámetro, N° 609_S NORMA DIN PAS 1065 Perfil PN-10 Serie 6 año fabricación 2019, fabricado por KRAH, cuya soldadura se llevó a cabo con equipamiento marca PLASPITEC, modelo KAL 8000 según el procedimiento de la empresa que realiza la instalación de la tubería", indica el texto que obra en poder de la Justicia.

Este procedimiento de ensamble de electrofusión fue realizado en las instalaciones de Industrias Metalúrgicas Jaime ubicadas, en Ruta Nacional 40 N° 2310, en el departamento de Chimbas, San Juan, "el día jueves 11 de junio de 2020, por personal de la empresa contratista MAPAL S.A., bajo inspección por personal de OSSE y personal del área de calidad de Industrias Metalúrgicas Jaime", según consta en la documentación presentada por Arancibia ante Fiscalía.

El informe técnico pudo detectar (ensayo de tintas penetrantes) las dimensiones de la discontinuidad en las soldaduras además de advertir canales de fuga en la unión soldada.

Se encontró que es un punto critico la salida de las resistencias hacia el exterior, debido a que se podrían producir canales de fuga en la resistencia al no existir fusión entre el PEAD (caño) y el material de la resistencia como ha sucedido en el caso de la soldadura examinada.

En el procedimiento de ensamble y electro fusión se registró el uso de alcohol etílico el cual no es apropiado para este tipo de material a soldar por su contenido de agua ya que genera una capa de óxido en el caño.

Una de las develaciones más grotescas del informe fue la detección de grampas clavadas en el plásticos a modo de fijación de la resistencia en el conector hembra.

Durante el ensayo visual de los cortes de soldadura, se observó que los acoples de los caños no tiene una terminación simétrica, esto significa que el macho y la hembra no encastran perfectamente, por lo tanto durante el proceso de acople se generan esfuerzos en la unión que van en detrimento de la soldadura debiendo tener en cuenta que la presión es una variable esencial en este tipo de soldaduras.

A modo de conclusión: la descripción del informe sugiere que a lo largo de todo el tramo podrían existir uniones defectuosas.

De haberse terminado la obra, algo que nunca sucedió ya que el Gobierno de Uñac no concluyó el acueducto, podría haber dejado al descubierto las fallas detectadas, ya que el agua hubiese terminado inundando calles y no dentro de las cañerías.

La causa

Para concretar una parte mínima de la obra, que nunca se terminó, hubo una licitación que fue ganada por la empresa Krah América Latina S.A. en 2018, cuyo apoderado era Gustavo Monti. Se pagaron al menos 1.300 millones de pesos por las cañerías.

Es preciso recordar que la causa está en manos del Fiscal Sebastián Gómez, quien investiga el proceso administrativo y licitatorio del Acueducto Gran Tulum, obra hídrica que se ejecutó en parte durante el Gobierno del peronista Sergio Uñac, pero que, sin embargo, no se terminó, aunque los dólares se gastaron y los materiales usados parecen presentar irregularidades.

Es por eso que la Justicia vernácula investiga la contratación de caños y tuberías adjudicada a la empresa Krah América Latina S.A., y, en ese contexto, también se está evaluando cuál fue el papel que jugó el finado Gustavo Monti, quien podría haber sido representante o intermediario local de la compañía alemana.

En medio de este escenario, aparecen también presuntas comisiones facturadas por la empresa PVC San Juan SRL.

Según se desprende de la investigación judicial, las tuberías que puso la compañía Krah América Latina S.A. podrían no ser aptas para el transporte de agua potable.

Aseguran, además, que los caños estarían fabricados con insumos no aptos para el consumo humano y que podrían ser potencialmente tóxicos para las personas.

Es importante señalar que la Unidad Fiscal de Investigación Delitos Especiales avanzó hace tiempo en la causa que se inició gracias a la denuncia del abogado Marcelo Arancibia.

Mientras el Gobierno de San Juan sigue pagando a Kuwait la deuda que dejaron los gobiernos peronistas de Uñac y Gioja, que consiste en la friolera de 100.000.000 de dólares por materiales, más 100.000.000 de verdes por la obra civil, la Justicia de la provincia sigue con la investigación para saber si hubo o no un perjuicio contra el Estado.

En diciembre del 2025, el abogado Marcelo Arancibia presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal solicitando que se investigue la licitación de la obra, la cual hace años fue concedida a una empresa alemana cuyo apoderado, Gustavo Monti, era un pariente del exgobernador Sergio Uñac.

Se busca comprobar si hubo o no malversación de fondos, además de conocer la calidad de los insumos, entre otras posibles irregularidades que se habrían cometido en la obra.

En febrero de 2026, la provincia de San Juan se presentó en la causa como parte querellante.

Desde la actual gestión del Gobernador Marcelo Orrego se estima que la pérdida asociada a los 10 kilómetros de caños que se instalaron, y que luego debieron retirarse, demandó una inversión de 50.000.000 de dólares.

La cifra surge del financiamiento comprometido para la obra, que fue licitada por un total de 200.000.000 de verdes.

El proyecto fue financiado en dos tramos: un 50% a través de un préstamo internacional que llegó desde Kuwait y Australia, y el otro 50% con fondos aportados por el Estado nacional durante el Gobierno peronista.