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San Juan: murió el empresario Carlos Cassab luego de ser condenado a 10 años de prisión

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El País Diario
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El empresario falleció 8 días después de ser condenado por el delito de promoción y facilitación a la prostitución de una menor de 14 años.

Este lunes murió el reconocido empresario local Carlos Cassab, luego de que fuera condenado a 10 años de prisión por haber pagado por los servicios sexuales de una niña de 14 años.

Así lo confirmaron fuentes judiciales y explicaron que luego de la sentencia del pasado domingo 19 de diciembre, el propietario de Dismar Caucete fue operado por un cáncer de colon el 22 de diciembre.

Cassab fue intervenido quirúrgicamente por una complicación en el organismo y este lunes falleció a los 74 años, mientras se encontraba internado en la Clínica El Castaño.

Cumplía prisión domiciliaria en Ullum. Todavía no se leyeron los fundamentos de la sentencia del tribunal compuesto por Juan Gabriel Meglioli, Alberto Caballero y Diego Sánz, pero la defensa iba a apelar. 

El día de la condena, Cassab le expresó al tribunal que "voy a desistir de la operación pese a que mi hija quiere que me opere, pero no me puedo someter en estas condiciones. Yo respeto a los policías y me han tratado bien, pero es incómodo tener a un uniformado al lado de mi cama con un handy o radio sonando todo el tiempo".

"Cuando estuve en el Hospital Marcial Quiroga tuve un trato de lo más discriminatorio, porque a los otros pacientes les daban la comida en una bandeja y a mí me tiraban una bolsita. Además, la sociedad nos ve mal a los presos. Yo tengo 74 años, una conducta intachable, le doy trabajo a la gente y pago una fortuna en impuestos, pero en este estado no me puedo operar", agregó.

El caso

Carlos Cassab, junto a Roberto Fido Galván, fue encontrado culpable del delito de promoción y facilitación a la prostitución. 

La noticia de que el dirigente social, Roberto Fido Galván, y el comerciante caucetero Cassab, fueran detenidos, trascendió el viernes 19 de marzo y conmovió a la opinión pública local.

En ese momento, la Fiscal coordinadora de la UFI ANIVI, Valentina Bucchiarelli, le pidió a un juez que mantuviera presos y abriera formalmente contra ellos la investigación, por haber pagado por los servicios sexuales de una niña de 14 años que era ofrecida en ese comercio ilegal por su propia tía de 33 años.

Nueve meses después, un tribunal consideró acreditado que sí existieron pagos para tener sexo con una menor y condenó a esos tres imputados.

Los Jueces Juan Gabriel Meglioli, Diego Sánz y Alberto Caballero aplicaron 14 años de cárcel a la tía de la chica por promover y facilitar su prostitución, por la explotación económica y por haber intentado involucrar en el ámbito a una amiga íntima de su sobrina, otra menor para la que pidió especial protección la Asesora de la Niñez, Laura Romarión.

El tribunal aplicó a Galván y Cassab 10 años de cárcel, el mínimo de la pena por los delitos que les atribuyeron contra la menor.

El fallo no está firme y sus fundamentos se conocerán el próximo 9 de febrero cuando los defensores podrán concretar lo que anticiparon, reclamar a otro tribunal para intentar revertirlo.

La Justicia fijó 15 días de prisión preventiva para Fido Galván y Carlos Cassab

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El País Diario
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Mientras que el dirigente social Roberto Fido Galván permanecerá detenido, el comerciante Carlos Hugo Cassab cumplirá la preventiva en el Hospital Marcial Quiroga, argumentando problemas de salud. Ambos son investigados como presuntos autores de abuso sexual contra una nena de 14 años.

La noticia de que el dirigente social, Roberto Fido Galván, y el comerciante caucetero Carlos Hugo Cassab, fueran detenidos bajo sospecha de abuso sexual, trascendió el viernes 19 de marzo y conmovió a la opinión pública local. (Ver nota aparte).

Una tía de la presunta víctima, cuyas iniciales son E. G., también fue apresada y sobre ella recaería una grave figura: explotación sexual.

Fido Galván y Cassab están siendo investigados por abuso sexual, y se cree que quizá se aprovecharon de una mujer menor de 14 años. Los tres únicos implicados en la investigación judicial se hallan detenidos.

El pedido de detención fue realizado por el Ministerio Público Fiscal, en la audiencia concretada este domingo para el Control de Detención y para la formalización de la Investigación Penal Preparatoria.

En el marco de una causa contra una mujer y dos hombres por presunta promoción y facilitación a la prostitución de una menor y por estupro, respectivamente, este domingo 21 de marzo el Sistema Acusatorio Penal Adversarial realizó en la Sala 6 la audiencia de Control de Detención y de la Investigación Penal Preparatoria.

El Juez Matías Parrón, integrante del Colegio de Jueces, resolvió "tener por formalizada la Investigación Penal Preparatoria que puso de manifiesto el Ministerio Público Fiscal, con el grado de participación y calificación provisoria impuesta a los imputados".

El juez también resolvió mantener la prisión preventiva de los imputados, "limitándolo a 15 días por considerar que es un plazo suficiente para aportar nuevos indicios o nuevos probatorios para ver si mantenemos la calificación".

Además el magistrado fijó en 6 meses el plazo de la investigación. Respecto de las condiciones de detención de uno de los tres imputados que tendría problemas de salud física, el juez resolvió "mantener la prisión preventiva en el Hospital Marcial Quiroga para una constante evaluación médica, y de acuerdo a lo que aconsejen los profesionales de la salud, a fin de mantener o no la situación de detención en estas condiciones".

La investigación fiscal que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal, representado por la Valentina Bucciarelli, Fiscal coordinadora de la Unidad Fiscal ANIVI, junto al Fiscal Francisco Micheltorena, pidieron la audiencia a la Oficina Judicial Penal, dando cumplimiento al Código Procesal Pena y realizando la audiencia dentro de las 72 horas de producida la detención.

La fiscalía solicitó este domingo un plazo de 8 meses para investigar y un plazo de 70 días de detención para los tres imputados.

La defensa de los imputados estuvo a cargo de cinco abogados, el defensor oficial, César Oro, en representación de la mujer imputada de facilitar la prostitución, y cuatro abogados particulares: César Jofré y Fernando Bonomo, por uno de los
hombres. Y Franco Montes y Marcelo Fernández, por el otro hombre investigado, ambos imputados por Estupro.

En representación de la menor que habría sufrido abuso sexual, en la audiencia
participó la Asesora de Menores, Laura Romarión.