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Cuadernos de las coimas: excontador de los Kirchner ratificó acusaciones de lavado de dinero

Se trata de Víctor Manzanares, quien amplió su declaración como arrepentido en una derivación de la causa de los Cuadernos de las coimas. Volvió a apuntar contra el ex secretario presidencial, Daniel Muñoz. 

El excontador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, ratificó en una suerte de ampliación de su acuerdo de colaboración como arrepentido en una derivación de la causa conocida como Cuadernos de las coimas, todos los hechos que describió en torno a las operaciones sospechosas de corrupción y lavado de dinero que involucran especialmente al Exsecretario presidencial, Daniel Muñoz.

"Ratificó todo lo que ya había dicho antes y pidió que aquello forme parte de su acuerdo de colaboración", explicaron fuentes judiciales tras la declaración, que se extendió unas dos horas ante el fiscal federal Carlos Stornelli.

En su declaración como arrepentido, el contador Manzanares había brindado detalles sobre una serie de hechos relacionados con Muñoz, sobre los que no había sido "intimado" y, en consecuencia, generaron nuevas imputaciones y nuevos imputados.

Esa situación, atento a que Manzanares no había sido indagado por esos hechos, sino que los aportó voluntariamente, abría la posibilidad de un futuro planteo de nulidades por parte de los nuevos imputados.

Para subsanar esa eventualidad, el Juez federal Julián Ercolini lo citó a ampliar la declaración indagatoria y el abogado de Manzanares, Roberto Herrera, pidió que el trámite se cumpliera bajo las mismas pautas que en la oportunidad anterior.

Así, Manzanares volvió a declarar este lunes bajo el régimen de imputado colaborador y se limitó a ratificar lo que había expresado en su declaración previa, sin aportar datos nuevos sobre lo ya expresado.

La declaración fue homologada por el Juez Julián Ercolini y así quedará despejado el camino para nuevos llamados a indagatoria, que las fuentes daban este lunes por descontado.

Antes de ingresar al despacho de Stornelli, Manzanares mantuvo un breve contacto con la prensa en el que expresó: "Me arrepiento de las decisiones que tomé en su momento para llegar donde llegué".

"Hoy estoy muy tranquilo, en familia. No tengo actividad profesional: es parte de las consecuencias de los actos de mi parte. Es muy difícil retomar y tener clientes", refirió sobre su actividad.

Manzanares eludió hablar sobre la familia Kirchner: "Trato de mirar hacia delante, perdonarme a mí mismo. Lo que hagan ellos es cosa de ellos".

Cristina Kirchner no pudo apartar al Juez Germán Castelli de la causa Cuadernos

Los abogados de la vice, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, habían hablado de "temor de parcialidad" y pedido "la nulidad de todos los actos en los cuales intervino Castelli", pero los Jueces Fernando Canero y Enrique Méndez Signori rechazaron la recusación.

El Tribunal Oral Federal N° 7 ratificó este viernes al Juez Germán Castelli en la Causa Cuadernos, al rechazar una recusación en su contra planteada por la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La expresidenta, a través de sus abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, había manifestado su "temor de parcialidad" sobre la actuación del juez Castelli, uno de los cuestionados porque fue trasladado por un decreto del ex mandatario Mauricio Macri al tribunal de la Causa Cuadernos.

"No puede extraerse de las expresiones aludidas que se haya puesto en riesgo el deber de imparcialidad que de manera inmanente debe enarbolar el Juzgador para decidir en los procesos sometidos a su conocimiento", refutaron los colegas de Castelli, Fernando Canero y Enrique Méndez Signori.

La vicepresidenta, procesada en la causa y en camino a juicio, había solicitado el apartamiento y la "la nulidad de todos los actos en los cuales intervino" Castelli, a raíz de que en el marco del cuestionamiento a la forma en que llegó al tribunal "habría manifestado enérgicamente en diversos reportajes y a través de acciones judiciales en la esfera nacional, que estos episodios conformaban una remoción encubierta e ilegal, orquestada por los otros poderes del Estado y dirigida a apartarlo del presente proceso".

"De la simple lectura surge que no se ha emitido opinión sobre los hechos investigados en la presente causa, ni tampoco se advierte que las expresiones reflejen un ánimo adverso por parte del juez hacia la nombrada", sostuvo el tribunal. Asimismo, añadió que "no se observa la lesión a las garantías de raigambre constitucional que invoca la defensa".

"El magistrado en ningún momento realizó una valoración de la imputación dirigida a la señora Cristina Elisabet Fernández por la fiscalía en el requerimiento de elevación a juicio; mas por el contrario, frente al objeto de sus declaraciones públicas, el magistrado se encargó de señalar que en el ejercicio de su función jurisdiccional cualquier ciudadano o ciudadana iba a tener un juicio justo", completó la resolución.

En esta causa se investiga el presunto pago de coimas al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para la adjudicación de obras públicas.

Causa Cuadernos: la Cámara de Casación validó las declaraciones de los arrepentidos

En la causa de los Cuadernos de las Coimas, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos de nulidad que habían presentado los acusados para hacer caer la investigación.

Según explicó diario La Nación, medio que tuvo la primicia de esta causa, en un fallo firmado por los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, con la disidencia de la Jueza Ana María Figueroa, la Sala I del máximo tribunal penal federal del país convalidó la constitucionalidad de la aplicación de la ley del imputado colaborador en la causa donde se investigaron cientos de pagos de sobornos de parte de empresarios a exfuncionarios del kirchnerismo.

En esta causa, donde se homologaron 31 acuerdos con arrepentidos, la Vicepresidenta Cristina Kirchner está acusada de haber liderado una asociación ilícita para recaudar coimas de empresarios de la obra pública.

Las defensas podrán analizar si acuden a la Corte Suprema para que su planteo sea revisado en esa instancia superior.

La posibilidad de que los jueces de la Sala I anularan las declaraciones de los arrepentidos entusiasmaba a las defensas, que, entre sus cuestionamientos, sostuvieron que las declaraciones de los arrepentidos no fueron grabadas con medios audiovisuales y debían ser invalidadas.

El Fiscal Carlos Stornelli y el Juez Claudio Bonadio registraron los dichos de los acusados en actas de papel.

Con este fallo, la Cámara de Casación saldó la disputa por la validez de estas declaraciones, que estaba basada en la interpretación de lo enunciado en el artículo 6 la ley 27.304, que sostiene lo siguiente: "Las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior".

Causa Cuadernos

La causa tiene su origen en los datos revelados por las anotaciones del chofer del exfuncionario de Planificación Roberto Baratta, Oscar Centeno, que registró durante casi una década movimientos de los exfuncionarios del Ministerio de Planificación.

Las anotaciones daban cuenta de cómo los entonces funcionarios cobraban dinero ilícito de grandes empresas contratistas con negocios en el país. Esos datos fueron verificados por los investigadores judiciales y el caso tuvo su punto más álgido entre julio y agosto de 2018, cuando el fallecido Juez Claudio Bonadio ordenó la detención de Centeno y de 17 exfuncionarios e importantes directivos de empresas.

Los meses que siguieron a esos mega operativos de detenciones llevaron a Stornelli, al Fiscal Carlos Rívolo y al Juez Bonadio a tomar decenas de declaraciones indagatorias de empresarios y exfuncionarios para que convalidaran o refutaran las anotaciones de Centeno. Utilizaron la figura del arrepentido, que fue clave para el avance de la causa.

Cristina Kirchner, que calificó al caso como "cinematográfico", fue citada a declarar como acusada por Bonadio. En un mismo día, la indagó por el caso de los cuadernos y por siete de sus expedientes derivados.

Hoy, la vicepresidenta está procesada como líder de una asociación ilícita. La Cámara Federal de Casación anuló este año la prisión preventiva que le había dictado Bonadio, nunca ejecutada porque Cristina Kirchner cuenta con fueros.

Cristina Kirchner fue sobreseída en una causa derivada de los Cuadernos de Centeno

Se trata del expediente que investigaba el pago de sobornos de empresas de transporte por beneficios con subsidios al gasoil.

La Vicepresidenta Cristina Kirchner fue absuelta este martes en la causa donde se investiga el supuesto pago de sobornos por parte de empresas de transporte beneficiadas con subsidios al gasoil. 

Junto con la expresidenta fueron absueltos más de 200 exfuncionarios y empresarios en el marco de una causa que comenzó como un desprendimiento de la megacausa denominada Causa Cuadernos

En 2019, la Cámara Federal había dictado la falta de mérito en la causa y había ordenado al exjuez Claudio Bonadio profundizar la investigación.

En la causa se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de subsidios para empresas de colectivos, y se concluyó que no había prueba suficiente como para mantener la imputación.

Castelli es quien debe juzgar a Cristina: "La Corte me dio una vida más y la batalla legal continuará"

El Juez Germán Castelli retomará sus funciones al frente del Tribunal Oral Federal 7 de Comodoro Py hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Es el encargado de investigar a Cristina Kirchner, Jefa de la Banda de Cacos que gobernó el país durante una década.

La Corte Suprema de Justicia hizo lugar al per saltum presentado por el Juez Germán Castelli, quien continuará en su cargo hasta que se resuelva el fondo del planteo.

"La Corte Suprema ha hecho su trabajo y se ha pronunciado, esas son las reglas del juego. La Corte me dio una vida más. Esto no terminó y la batalla legal continuará", dijo Castelli en una entrevista concedida a un medio nacional.

Las causas contra Cristina Kirchner

El Juez Germán Castelli, interviene en la tramitación del juicio oral por la causa de los Cuadernos de la Corrupción. Allí investiga a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien es la principal acusada.

El caso de los Cuadernos de las Coimas, uno de los megaexpedientes de corrupción más importantes de Comodoro Py.

Fue elevado a juicio hace un año por el fallecido Claudio Bonadio. Hoy está en manos del Tribunal Oral Federal 7, a cargo del del Juez Castelli.

El caso fue elevado a juicio hace más de un año, el TOF 7 todavía no ordenó nuevas medidas de prueba y lejos está de poder fijar una fecha para que el proceso comience.

Pero además de la ralentización en el avance de la causa de los Cuadernos, otros procesos orales que involucran a Cristina Kirchner y sus hijos avanzan a paso muy lento.

El juicio por las causas Los Sauces y Hotesur, elevadas a juicio entre octubre de 2018 y comienzos de 2019 y que serán abordadas en un mismo proceso oral, tampoco tiene fecha de inicio prevista.

Fuentes judiciales a cargo de ese proceso aseguran que, como mínimo, hasta finales de 2021 "es imposible" que este sea iniciado.

Confirmaron el procesamiento de Cristina Kirchner por la cartelización de la obra pública

Lo decidió la Sala III de la Cámara Federal, en el marco de la causa de los Cuadernos de las coimas.

Una sala de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles el procesamiento por cohecho de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en una del ramillete de causas que se abrió a raíz de la aparición de los cuadernos de Oscar Centeno.

En este caso es la causa por la "cartelización de la obra pública", en donde se estableció que funcionarios entre 2003 y 2015 montaron un sistema de "recaudación de fondos para recabar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilícitamente" del que participaron los empresarios pagando coimas. Allí también están procesados un importante grupo de empresarios.

Se trata de la primera decisión de relieve contra Cristina Kirchner desde que llegó a la vicepresidencia, resaltaron a Infobae fuentes judiciales. Si bien en términos concretos no modifica el escenario, porque el expediente ya había sido elevado al Tribunal Oral Federal 7 por el juicio oral, lo cierto es que aún quedaba este recurso pendiente que deja firme el procesamiento.

La decisión la tomaron los jueces de la Sala III, a cargo de Liliana Catucchi, Eduardo Riggi y Guillermo Yacobucci. El fallo se firmó cuando otra Sala, la I, con Ana María Figueroa a la cabeza, decidió revisar las declaraciones de los "arrepentidos" en el expediente principal y reclamar las grabaciones de esas confesiones. Hoy, también el fiscal de Casación Raúl Pleé reclamó dejar sin efecto esa medida.

No es un dato al pasar. El año pasado, hubo una "guerra abierta" en Casación sobre qué sala se quedaba con la causa cuadernos. Es que como el juez Claudio Bonadio abrió la causa de los cuadernos, adjuntándola a la causa Gas Licuado, que ya existía; y después fue declarando conexos expedientes que ya existían o que se abrían con las revelaciones de los arrepentidos, hubo idas y vueltas sobre a quién le correspondía intervenir en la revisión del caso.

Finalmente, la Sala I, con la presidencia de Figueroa y Daniel Petrone y Diego Barroetaveña como vocales, se quedó con el capítulo Centeno. La Sala III, en cambio, se quedó con el resto de los expedientes.

Ahora, los jueces de la Sala III resolvieron confirmar el procesamiento de Cristina Kirchner, al declarar inadmisible el planteo de la defensa. Catucci, Riggi y Yacobuchi analizaron la apelación presentada por la defensa de la hoy vicepresidenta al fallo que dictó el 29 de octubre de 2019 la Sala I de la Cámara Federal, a cargo de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, hoy en la mira por los traslados.

En ese fallo se confirmó la ampliación del procesamiento de CFK, que se había dispuesto originalmente en el expediente Centeno, "en cuanto la responsabiliza por 175 supuestos de cohecho pasivo, en calidad de coautora, todos ellos en concurso real” y se “atuvo a la prisión preventiva impuesta en la causa conexa 9.608/18". "Además en esa resolución la Cámara Federal confirmó parcialmente "el embargo decretado a Cristina Elisabet Fernández cuyo monto redujo a 200 millones de pesos".

En esa causa también están procesados el ex ministro de Planificación Julio de Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, el financista Ernesto Clarens y medio centenar de empresarios, entre los cuales figuran Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Juan Chediack, Cristóbal López, Fabián de Sousa y Gerardo Ferreyra.

Buena parte de los hombres de negocios procesados por el juez Claudio Bonadio confesaron como arrepentidos haberse beneficiado del sistema de cartelización por el cual se fraguaban las licitaciones y se pagaban coimas. Hubo otros que lo negaron.

Cuadernos: estarían involucrados Gioja, Alperovich, De la Sota, Scioli y Fellner

Gioja, Alperovich, De la Sota, Scioli y Fellner, un equipo de peronistas que jugó con De Vido y López.

El escándalo de los cuadernos reactivó causas por corrupción que se investigan en las provincias y dejó al desnudo las huellas de De Vido y López por todo el país.

Más allá de que algunos exgobernadores cacos aparecerían en los cuadernos bochornosos del arrepentido cómplice Oscar Centeno, el chofer escribiente, las sospechas y las denuncias sobre el manejo de fondos del Estado se extienden por todas las provincias. La actuación del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido y de su secretario de Obras Públicas, José López, entre otros funcionarios del kirchnerismo ladrón, se investiga en varios expedientes.

Sin embargo, por ahora el avance de las pesquisas sobre políticos y empresarios provinciales no es ni transparente ni efectiva, debido al concubinato asqueroso que existe en las comarcas feudales entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. 

En cada provincia hubo un gobernador dispuesto a colaborar con las fechorías de Julio De Vido

La marcha de las causas contra exmandatarios en los juzgados federales o locales es casi nulo en las provincias. Sobre todo si se tiene en cuenta que muchos de los jueces llegaron a su cargo de la mano del kirchnerismo o de los gobernadores peronistas a los cuales ahora deben investigar.

San Juan: en esta provincia los jueces locales tienen planchadas todas las causas que investigan la administración oscura del exgobernador Gioja, actual diputado y presidente del PJ. La Cámara de Diputados provincial formó una comisión para investigar la construcción de viviendas, represas, la estación solar fotovoltaica, el estadio de fútbol, el camino de montaña, los túneles viales, el Centro Cívico y el Teatro del Bicentenario. Sin embargo esa comisión está trabada. Si bien el secreto de sumario no permite divulgar si Gioja aparece o no en los escritos de Centeno, todo hace presumir que la matriz corrupta de obra pública y sobornos se repitió también en San Juan de la mano de Julio De Vido como mentor y cerebro de una organización ilícita. En los próximos días habrían novedades que involucrarían al presidente del Partido Justicialista.

Tucumán: una causa que investiga el presunto pago de sobreprecios en obras públicas con fondos nacionales por más de $1200 millones duerme desde hace meses en la Cámara Federal de Apelaciones. Apunta al exgobernador y actual Senador José Alperovich y a De Vido y López, entre otros. El juez federal que tiene la causa, Daniel Bejas, le debe su designación a Cristina Kirchner. En los tribunales provinciales Alperovich dejó amigos y favores a cobrar como para blindarse de por vida. Pero ahora, el fiscal Carlos Stornelli le dio impulso a la investigación y concluyó que el monto de dinero involucrado en las maniobras alcanzó los $1287 millones. Pese a esos avances, el Juez Luis Rodríguez devolvió las actuaciones a Tucumán.

Córdoba: la Unidad de Información Financiera pidió hace unos días que se avance en la investigación de un supuesto pago de coimas en la primera licitación de los gasoductos troncales durante la gestión de José Manuel de la Sota . La obra no se concretó con esa operatoria, fue nuevamente licitada y está en marcha. La denuncia original se basa en que la obra aparece en la lista de 750 contratos que el cambista arrepentido Alberto Youssef entregó al juez brasileño Sergio Moro. La Procelac tomó el planteo de la UIF, que sostiene que una empresa de Horacio Miró, exfuncionario de De la Sota, habría recibido el 40% del emprendimiento Torres Art María, en Puerto Madero, valuado en US$180 millones. Habría sido, según la UIF, una cesión de Iecsa, de Ángelo Calcaterra, que habría actuado como supuesta intermediaria de firmas brasileñas.

Buenos Aires: se esperan novedades a partir de las declaraciones de López como arrepentido. Casi un centenar de intendentes ya pasaron por Comodoro Py por el destino de $600 millones del plan de gestión de residuos (Girsu). Otro grupo tuvo que dar explicaciones por el plan de viviendas Sueños Compartidos. Mientras, se reactivó una denuncia contra el exsecretario de Comercio InteriorGuillermo Moreno por un fondo de $35 millones que se colectó para viviendas tras la inundación de La Plata y del que no se conoce destino. El exgobernador Daniel Scioli, por su parte, enfrenta investigaciones por la construcción de las Unidades de Pronta Atención (UPA) y sus vínculos con constructoras.

Santa Cruz: el de esta provincia es el caso paradigmático en cuanto a denuncias de corrupción. Lázaro Báez, que está preso por la ruta del dinero kirchnerista y espera el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en su favor, en la que también está procesada Cristina Kirchner, recibió 52 contratos viales por $46.000 millones, según la Justicia. Aunque Báez no aparece mencionado en los cuadernos de las coimas, la provincia quedó en el centro de la causa a partir del testimonio de Carlos Wagner, el extitular de la Cámara Argentina de la Construcción y presidente de la constructora Esuco, que se afincó en Santa Cruz a fines de los 90. Al describir el esquema de coimas, Wagner mencionó a un rosario de empresas.

Chubut: una de las provincias donde la corrupción ha sido paradigmática. No solo por la cantidad de obras que pasaron por Báez o Cristóbal López, sino también porque antes de que surgieran los cuadernos, la Justicia local destapó una trama de corrupción espectacular que originó una docena de causas que involucran a más de 60 empresarios y a medio gabinete del fallecido gobernador Mario Das Neves. "Embrujo", la "Revelación", "Emergencia" son algunos de los expedientes que estallaron al encontrarse una puntillosa contabilidad, con planillas de Excel y cheques fotocopiados, que acreditaba el ingreso de coimas de las constructoras y el pago de sobresueldos a funcionarios.

Jujuy: en este distrito del norte del país avanzan tres causas relacionadas con Milagro Sala. Una es la llamada Pibes Villeros, en la que se investigan obras de mejoramiento barrial que debieron hacer cooperativas por $60 millones. La otra, conocida como Megacausa, trata sobre 1850 viviendas que no se construyeron y 500 más que no fueron terminadas, pese a que se firmaron certificados diciendo lo contrario. Se calcula que desaparecieron $1200 millones de pesos. Los imputados son Sala y el exgobernador Eduardo Fellner , como jefes de asociación ilícita, y José López, como partícipe necesario. Una tercera investigación apunta por presunto lavado de activos a un empresario vinculado a la líder de la Tupac Amaru. Se inició con una denuncia de la sede cordobesa de la AFIP , a raíz del aumento patrimonial injustificable de varios empresarios, que también figuran en cuadernos aportados por un testigo protegido que registró la circulación del dinero. En Jujuy se ignora el destino de $1200 millones para viviendas de la Tupac Amaru.

Misiones: la Justicia investiga una denuncia por malversación de fondos y enriquecimiento ilícito contra Ewaldo Rindfleisch, exintendente de Oberá, por el manejo supuestamente irregular de $20 millones que el municipio recibió a través del programa Más Cerca, que manejaba López.

Catamarca: el sistema de coimas que salió a la luz con los cuadernos de Centeno había sido denunciado hace dos años. El empresario Jorge Marcolli fue citado por el fiscal Santos Reynoso, después de que denunciara al actual ministro de Obra Pública, Rubén Dusso, como supuesto recaudador de aportes ilegales, para López. Fernando Rivera, expresidente de la Cámara de Construcción de las provincia, aseguró que Dusso creó la Asociación de Empresas Contratistas para distribuir la obra pública después de que él se negara a hacer esos aportes. "Había que llevárselos [los aportes] a la oficina de Dusso. Después Dusso iba al aeropuerto y le entregaba el dinero al emisario que llegaba de la Nación. El 5% del total de la obra era lo que se pagaban en retornos", señaló.

Entre Ríos: se usó el mismo mecanismo, esto es, el uso de las cámaras de la construcción de las provincias cómo émulo de la cámara nacional de Wagner, pero para resolver el pago de coimas a funcionarios provinciales, fue denunciado en Entre Ríos. Un mes antes de morir, aquejado por un cáncer, el empresario Víctor Pietroboni dio detalles de esa metodología a una radio entrerriana. Sobre sus dichos, los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet se presentaron ante el Juez Claudio Bonadio para denunciar una maniobra que involucra también a la AFIP y al Estado provincial en la confección de facturas apócrifas para ocultar los sobornos.

Río Negro: en esta provincia el foco está puesto en las obras viales, viviendas y el gasoducto cordillerano, que fue relicitado por el Gobierno, por un valor menor al fijado por el kirchnerismo hace ocho años. Con respecto a las rutas 22 y 23, emblemáticas para la región, se denunciaron múltiples inconsistencias, defectos de calidad y demoras, además de sobreprecios por hasta tres veces el valor. También se investigan $75 millones destinados a 870 viviendas del plan nacional Techo Digno, que se derivaron a pago de sueldos en varios municipios.

Chaco: en los pagos del intolerante Capitanich, las investigaciones no solo apuntaron a las viviendas sociales de la gestión de Jorge Capitanich. También afectan a Cambiemos . La última semana quedó detenido el intendente de Villa Bermejito, Lorenzo Heffner, por un faltante de $800 millones en viviendas no construidas. Los fueros de la diputada Aída Ayala frenan la detención pedida por la Justicia: se la acusa de liderar una asociación ilícita mientras estaba a cargo de la intendencia de Resistencia.