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Vacunatorio VIP: ordenan reabrir la causa e investigar a los que recibieron las dosis anticipadas

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La jueza María Eugenia Capuchetti había archivado parcialmente la causa y el fiscal Sergio Rodríguez apeló esa decisión, que fue revertida por los camaristas.

La Cámara Federal ordenó reabrir la investigación archivada del caso conocido como "Vacunatorio Vip". No solo dispuso que la jueza María Eugenia Capuchetti debe profundizar sobre la responsabilidad de los funcionarios que habilitaron esa posibilidad sino también que debe investigar penalmente a todos los que recibieron esas vacunas dentro del ministerio de Salud y en el Hospital Posadas para esclarecer cómo y por qué llegaron a acceder a la aplicación anticipada de la vacuna contra el coronavirus. También ordenaron investigar las dosis que fueron destinadas a la ciudad santacruceña de El Calafate.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens hicieron lugar al planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para que parte de la investigación no quedara archivada y además validaron su legitimidad para actuar en la causa, pese a las protestas de las defensas.

La resolución estableció que el orden de prioridades para darse la vacuna no era simultáneo para personal de salud, mayores de 60 y personal estratégico. Y subrayó que, en ese momento, las vacunas eran "un bien escaso" que el Estado debía administrar.

"Será necesario indagar qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular", señala la resolución.

El fallo plantea que los que recibieron las vacunas podrían ser partícipes del delito que se investiga. "Máxime cuando se desconoce, además, en qué carácter fueron vacunados, si esa cualidad fue real o asignada al sólo efecto de burlar los requisitos del sistema de vacunación implementado y, en este caso, si esa ficción fue así declarada por el beneficiario o por quien tenía la labor de carga de los datos oficiales", dijeron los camaristas.

En esa lista de vacunados VIP aparecen desde el Presidente Alberto Fernández y sus colaboradores más cercanos hasta el Procurador del Tesoro Carlos Zannini y su esposa, el periodista Horacio Verbitsky, el expresidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda "Chiche" González y las hijas de ambos, el Ministro de Economía Martín Guzmán, el Canciller Felipe Solá, el Embajador en Brasil Daniel Scioli , el Ministro de Defensa Jorge Taiana y el Diputado Eduardo Valdés. También el exministro de Salud Ginés González García y varios empresarios amigos suyos.

Muchos de ellos fueron anotados como personal de salud, según los listados del Posadas. En la causa se explicó que la que lo anotó así fue una maestra del jardín de infantes del Posadas que en ese momento no estaba trabajando de eso porque no había clases.

Sobreseyeron a Victoria Donda en la causa iniciada por su empleada doméstica

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El País Diario
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La noticia fue confirmada por el entorno de la titular del INADI. Era investigada por supuesta malversación de caudales públicos y administración fraudulenta.

El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó a Victoria Donda en el marco de la causa por supuesta malversación de caudales públicos y administración fraudulenta, que se había desprendido de una denuncia que le realizó su empleada doméstica, Arminda Banda Oxa. La noticia fue confirmada por el entorno de la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.

A finales del 2020, Donda se vio envuelta en un escándalo luego de que se conociera que su empleada doméstica la denunció por negarse a pagarle los aportes patronales y ofrecerle un plan social como compensación. A raíz de esto, a la funcionaria se le inició una causa por presunta malversación de caudales públicos y administración fraudulenta, que quedó en manos del juez federal Casanello.

Para el magistrado la conducta de la titular del INADI no constituye un delito, ya que la Justicia, pese a que buscó determinar si se había ejecutado o al menos iniciado el acto administrativo por el cual Banda Oxa llegaría a ser nombrada en el ente nacional, no encontró documentación respaldatoria, por lo cual los dichos en un audio que se viralizó en redes sociales solo quedaron en palabras.

Incluso, tampoco hallaron pruebas de un trámite para que la mujer pueda acceder a un plan social o un beneficio de similar calibre.

El paso previo en la causa

El pasado 4 de marzo, Casanello había vuelvo a rechazar el pedido para indagatoria a Donda presentado por el fiscal Guillermo Marijuán, sin embargo había dado la orden para realizar dos medidas de prueba.

La primera fue emitir una orden para que el INADI informe si se inició dentro de la administración del ente alguna "resolución, acto administrativo o contrato" que indicara la intención de la ex legisladora de dar trabajo dentro del organismo a su empleada doméstica; mientras que la segunda fue una solicitud similar pero para al Ministerio de Desarrollo Social en referencia a la oferta de un plan social.

Según constaba en el expediente, "Oxa había sido empleada de la exdiputada desde el 1° de marzo de 2007, cumpliendo tareas domésticas en su domicilio. Pero una vez iniciada la cuarentena dispuesta por el Poder Ejecutivo como consecuencia de la pandemia del Covid-19, Donda pretendió desvincular su relación laboral, intentando que aquella renunciara por su propia voluntad y de manera unilateral, ofreciéndole en dicha oportunidad, en caso de acceder a ello, a la percepción de un subsidio o de un cargo en el INADI, siendo que tales circunstancias la eximirían de pagar la indemnización correspondiente por despido injustificado".

Aunque para la defensa los dichos de la exlegisladora fueron "en potencial" y no se podía comprobar "la obligación de renunciar ante el ofrecimiento".

El Estado será querellante en la causa contra Macri por la deuda con el FMI

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El Procurador del Tesoro Nacional Carlos Zannini recibió este viernes la instrucción del Gobierno nacional. El presidente había definido el endeudamiento como "la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra".

El Gobierno nacional instruyó al Procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini, para que se constituya como querellante, en representación del Estado, en la causa que investiga si existió "administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública" de parte del expresidente Mauricio Macri y otros funcionarios, en el endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional.

Así se estableció por medio del Decreto 239/2021 publicado este viernes en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del Presidente Alberto Fernández, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el Ministro de Justicia, Martín Soria y de su par de Economía, Martín Guzmán.

En el artículo 1° del decreto se "instruye al Procurador del Tesoro para que se constituya en parte querellante, en representación del Estado, en la causa N° 3561/2019 Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública".

La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal.

El artículo 1 agrega la necesidad de que el Procurador "coadyuve en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado".

El endeudamiento asumido durante el Gobierno de Cambiemos con el FMI, fue definido por el Presidente Alberto Fernández en marzo pasado, al abrir las sesiones ordinarias en el Congreso, como "la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra".

En ese marco, el presidente anunció que iniciará una querella criminal para impulsar la investigación que busca determinar la existencia de esos delitos.

En tanto, en el artículo 2° del decreto publicado este viernes, también se instruye al Procurador "a iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal".

Del mismo modo, se instruye a la Sindicatura General de la Nación "para que determine la existencia y, en su caso, la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada, en el marco del Acuerdo Stand-By iniciado a través de la Carta de Intención del 12 de junio de 2018".

Las autoridades también solicitan la "colaboración" del Banco Central de la República Argentina en sus materias de competencia.

En el marco de la Asamblea Legislativa de marzo pasado, el presidente anunció el inicio de la investigación y adelantó que constaría de tres etapas: la auditoría de la Sigen, la confección y presentación de la denuncia por la OA y, finalmente, la constitución como querellante de la Procuración del Tesoro Nacional que encabeza Zannini.

Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo pasado, Fernández reveló que había "instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra".

En los días previos, comenzó a circular por despachos oficiales la denuncia del Director del Banco Nación, Claudio Lozano, contra Macri, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el expresidente del Banco Central Guido Sandleris, entre otros, por la toma de deuda presentada en 2019.

Esa denuncia formó parte de la documentación que la conducción del Banco Central, elevó a la Sigen.

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