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Postergaron la indagatoria de Chiqui Tapia en la causa que investiga a la AFA

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La declaración del presidente de la AFA fue aplazada por un cambio de abogado.

La indagatoria del Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia, en la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas a aportes previsionales e impuestos fue postergada para el 12 de marzo luego de que se presentara un cambio de abogado.

La modificación en la representación legal obligó a reprogramar la audiencia.

La investigación, que tramita en la Justicia en lo Penal Económico, busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino.

Se da en un expediente que también alcanza a otros dirigentes de la AFA y que generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y político.

La Justicia había rechazado este martes el pedido que había hecho Tapia para que suspendan su declaración indagatoria, fijada inicialmente para el 5 de marzo.

La defensa de Tapia había solicitado el viernes último que se declarara la nulidad de su citación a declaración indagatoria por la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes por más de $19.353.000.000.

El Juez en lo Penal Económico Diego Amarante resolvió el 19 de febrero último citar a Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes en una causa que investiga la presunta apropiación indebida de retenciones impositivas.

También les había prohibido a ambos salir del país, a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos, aunque luego le otorgó a Tapia el permiso correspondiente.

La causa investiga la supuesta apropiación indebida de más de $19.353.000.000 correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El organismo impositivo ARCA había solicitado a Amarante que citara a esos dirigentes de la AFA a raíz de la causa que ambos arrastran por presuntas irregularidades en esa institución.

Milei ordenó que el Estado se retire como querellante en la causa por la deuda con el FMI de 2018

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El Gobierno derogó el decreto que habilitaba la intervención de la Procuración del Tesoro.

El Gobierno nacional resolvió que la Procuración del Tesoro deje de actuar como querellante en la causa penal que investigó el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional solicitado en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri.

La decisión se tomó a casi cinco años de que el organismo estatal fuera admitido como parte acusadora en el expediente.

La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 87/2026, firmado por el Presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El expediente había sido iniciado para investigar presuntas irregularidades en la toma de deuda con el FMI y alcanzaba, entre otros, al expresidente Macri, al exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y al actual Ministro de Economía, Luis Caputo.

También al exjefe de Gabinete, Marcos Peña, y al entonces titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, bajo acusaciones de defraudación contra la administración pública.

Con esta decisión, quedó sin efecto el Decreto N° 239/2021, que había habilitado a la Procuración a intervenir como querellante en representación del Estado Nacional.

En ese marco, el organismo tenía la misión de impulsar la acción penal para determinar responsabilidades por posibles daños al erario público.

Según informó Infobae, la salida se fundamenta en una resolución de la jueza interviniente, quien dispuso el archivo de la causa al considerar que no se configuraron los delitos denunciados.

En ese sentido, la jueza consideró que las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo en el marco del acuerdo stand-by con el organismo internacional formaban parte de facultades discrecionales propias de la política económica.

Estas sujetas a control jurisdiccional, pero no pasibles de reproche penal por sus efectos macroeconómicos.

El fallo también analizó el rol de la Procuración del Tesoro y remarcó que su intervención en causas penales resulta excepcional, dado que su actuación habitual se concentra en los fueros contencioso administrativo, civil y comercial federal.

Además, señaló que el Ministerio Público Fiscal se encuentra en mejores condiciones técnicas para impulsar investigaciones de esta naturaleza.

De esta manera, el Gobierno justificó la decisión al sostener que "corresponde priorizar un uso eficiente, eficaz y racional de los recursos públicos".

También advirtió que la continuidad del Estado como querellante podía generar superposición de funciones o interpretarse como una forma de persecución política.

La determinación se suma a otros cierres de investigaciones vinculadas a esa gestión, entre ellas la causa que indagaba una presunta fuga de capitales entre 2016 y 2019, que también fue archivada por la Justicia.

Causa Sur Finanzas: San Lorenzo emitió un comunicado luego del allanamiento

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La financiera es investigada por lavar más de $70.000.000.000.

El club San Lorenzo compartió un comunicado oficial informando al público sobre el allanamiento que se llevó a cabo en sus instalaciones el día martes.

Los efectivos de la Policía Federal se dirigieron a la sede administrativa que tiene el club en la Avenida La Plata y a la Ciudad Deportiva, en búsqueda de pruebas que vinculen a la institución con la causa.

La financiera Sur Finanzas, de vínculo cercano con el Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia, se encuentra bajo investigación por supuesto lavado de dinero.

Como uno de los 18 clubes allanados hasta el momento, tras tener diversas vinculaciones con Sur Finanzas, San Lorenzo publicó un comunicado aclarando cómo se dio la recolección de pruebas.

Acorde a lo escrito por el departamento de prensa del club, la institución tuvo una investigación en curso desde la mañana de hoy, por orden del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N°2.

En la misma actuaron efectivos de la Policía Federal y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Los mismos "fueron asistidos en todo momento por personal del club", con la intención de colaborar "ante cada requerimiento" hasta satisfacer las solicitudes de ambas organizaciones.

Aclarando que "San Lorenzo se encuentra a total disposición de la Justicia", el Ciclón se sumó a una lista integrada por 18 equipos de diversas categorías del fútbol argentino, cuyos lazos con la empresa gestionada por Graciela y Ariel Vallejo están siendo corroborados.

Entre estos clubes se destaca Banfield, el primero en contar con el patrocinio de la financiera cuando apenas tenía unos meses de existencia, Independiente, Racing y Barracas Central, club al que presidía Tapia antes de llegar al mando de la AFA.

Además, se han llevando a cabo allanamientos en dos sedes de la casa madre del fútbol argentino: en Viamonte 1366, la histórica casa matriz de la asociación, y en el predio Lionel Andrés Messi, ubicado en Ezeiza, donde entrenan las selecciones nacionales. También se investigó en la sede de la Superliga Argentina de Fútbol.

La causa en la que se investiga a la financiera, que cuenta con diversas sedes en la Capital Federal, Banfield y Adrogué, entre otras, es por un lavado de $72.342.000.000, mediante la utilización de 74 empresas falsas.

Por su lado, el club que todavía preside Marcelo Moretti podría ser vinculado al proceso judicial debido a que la institución tomó préstamos a cambio de pagarés con un 36% de intereses anuales y recibió más de $1.900.000.000 de parte de la empresa mencionada.

Los dueños de la droguería Suizo Argentina pidieron la "nulidad absoluta" de la causa

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La defensa denunció la ilegalidad del proceso y "una verdadera caza de brujas" con "grabaciones obtenidas de manera ilícita".

Los dueños de la droguería Suizo Argentina pidieron la "nulidad absoluta" de la causa originada por los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en el que explicó un entramado de supuestas coimas que irían a manos de funcionarios, entre ellos Karina Milei y Eduardo Lule Menen.

Eduardo Kovalivker y sus hijos, Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de la droguería involucrada, se presentaron a través de su abogado Martín Magram y solicitaron la nulidad de la causa.

La presentación fue realizada el viernes, cuando el Juez, Sebastián Casanello, allanaba las sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad y las de la droguería.

La famosa doctrina del "fruto del árbol envenenado" finalmente fue invocada por la defensa.

Esto es que el origen de la causa es una prueba obtenida ilegalmente, y todo lo derivado de ella cae y es inadmisible en un proceso.

El letrado pidió la nulidad absoluta "en virtud de la violación flagrante al derecho de defensa en juicio de mis ahijados procesales así como la vulneración al debido proceso, al haber sustanciado una verdadera caza de brujas mediante la merituación de unas grabaciones adulteradas y obtenidas de forma ilícita", describió la carta.

En otro párrafo de la presentación cuestionan la forma en que se llevó adelante la investigación del caso, advirtiendo sobre "el oscurantismo, la desinformación y falta de un procedimiento ajustado a derecho".

Solicitaron enviar a juicio oral la causa contra Alberto Fernández por violencia de género

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La investigación se originó a partir de un peritaje telefónico que reveló mensajes y fotografías de moretones enviados por Fabiola Yañez.

El expediente que investiga a Alberto Fernández por presunta violencia de género contra Fabiola Yañez ingresó en una nueva etapa procesal tras el pedido del Fiscal Federal Ramiro González para que el caso sea elevado a juicio oral y público.

La solicitud fue presentada ante el Juez Ercolini, quien ahora debe recibir la opinión de la defensa antes de resolver si envía el expediente a un Tribunal Oral Federal de Comodoro Py.

En su alegato, González sostuvo que la instrucción se encuentra concluida y que no restan medidas de prueba por realizar.

La acusación formulada por la fiscalía comprende los delitos de lesiones leves y graves, ambas agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género, además de amenazas coactivas.

La expectativa de pena en caso de condena podría llegar a los 18 años de prisión.

La querella que representa a Yañez había solicitado la elevación a juicio un mes atrás. Con el nuevo dictamen, la defensa del expresidente, a cargo de la abogada Silvina Carreira, fue notificada y dispone de seis días para responder, plazo que puede ser prorrogado.

Cumplido ese paso, el juez quedará en condiciones de decidir y, en caso de proceder, sortear el tribunal que llevará adelante el debate oral.

Loan cumpliría 6 años: cómo sigue la causa de su desaparición

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Este jueves 8 de mayo el menor desaparecido el pasado 13 de junio de 2024 en Corrientes cumpliría años. Siete detenidos hay en el expediente y a pesar de la extensa investigación, todavía no hay novedades de dónde está y qué pasó en aquel almuerzo familiar donde se lo vio por última vez.

Loan Danilo Peña, el pequeño desaparecido en la provincia de Corrientes, hoy cumpliría 6 años y a casi 11 meses del inicio de su búsqueda todavía no hay una pista firme de dónde podría estar y la causa tiene más preguntas que respuestas.

El menor desapareció el pasado 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio durante un almuerzo familiar. Siete detenidos hay en el expediente y a pesar de la extensa investigación, todavía no hay novedades de dónde está y qué pasó aquella reunión.

Pese a la movilización de todo un país, la activación del Alerta Sofía y la extensión de las fuerzas de seguridad en Argentina, por el momento no existe un plan concreto para poder hallar al pequeño.

Actualmente en la causa hay 7 detenidos y procesados por el delito de sustracción de un menor. Se tratan de Antonio Benítez, Daniel Fierrito Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y Walter Maciel.

Recién a mediados de julio podría haber definiciones ya que, luego de una segunda extensión, la Jueza Cristina Penzo daría por finalizada la etapa de investigación, por lo que el caso sería elevado a juicio.

A su vez, en una pesquisa paralela, hay otros 10 detenidos por entorpecer el expediente, entro otros delitos. En dicha causa todos fueron procesados y también irían a debate oral.

La Cámara Federal reabrió una causa contra Evo Morales por trata y abuso de menores

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El tribunal consideró prematuro el archivo de la denuncia.

La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires revocó el archivo de una causa penal iniciada contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por presunta trata de personas y abuso de menores durante su estancia en Argentina en 2019.

El tribunal consideró que el cierre inicial del expediente fue "prematuro" y aceptó como querellante a la Fundación Apolo, quien había impulsado la denuncia.

La Sala I del Tribunal de Apelaciones, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, afirmó que "el archivo dispuesto en estas actuaciones resulta prematuro", y sostuvo que no se realizó "siquiera una diligencia preliminar".

Los magistrados señalaron que tanto la denuncia inicial como su ampliación "aportan prima facie información concreta sobre el tiempo, modo y lugar en que presuntamente ocurrieron los hechos".

En su resolución, el tribunal indicó que "se trata de hechos relacionados con los delitos de trata de personas y abuso de menores presuntamente cometidos por un exmandatario de Bolivia en territorio nacional, en el contexto de su asilo político", lo que, según la Cámara, "amerita ser profundizado".

Según la denuncia presentada por la Fundación Apolo, durante su estadía en el país, Morales habría convivido con adolescentes trasladadas desde Bolivia, en condición de vulnerabilidad, a quienes se les habrían asignado tareas domésticas y personales.

Los hechos denunciados datan de 2019, cuando el expresidente permaneció en Argentina bajo condición de asilado.

Corrupción en los seguros de Anses: Policía Federal allanó la casa del broker cercano a Alberto Fernández

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Se trata de Héctor Martínez Sosa, quien está casado con María Cantero, la exsecretaria de Alberto Fernández, quien fuera presidente hasta el 10 de diciembre pasado.

También hubo procedimientos en propiedades del extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y de Pablo Torres García.

La Policía Federal realizó este lunes un operativo en la casa de Héctor Martínez Sosa, el productor de seguros cercano al expresidente inepto, Alberto Fernández, que fue denunciado por los supuestos negociados con seguros en organismos estatales. La orden de allanamiento la dio el Juez Julián Ercolini.

La División de Delitos Federales de PFA también ingresó a los domicilios del extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano y del intermediario Pablo Torres García, todos imputados por delito de administración fraudulenta al igual que Martínez Sosa.

El atorrante Alberto Fernández fue imputado la semana pasada por la presunta contratación irregular de los seguros del Banco Nación para la administración pública a través de un gestor privado.

El Juez Daniel Rafecas archivó la causa por la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner

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Es la investigación que surgió tras el escándalo por el off the record de Matías Kulfas, que derivó en su salida del Gobierno.

El Juez Federal Daniel Rafecas archivó la causa por supuestas irregularidades en la construcción del Gasoducto Nestor Kirchner.

La investigación se había iniciado luego de que el ahora exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, difundiera un off the record en el que acusaba a funcionarios K de haber manipulado de la licitación de la obra.

Tras hacerse de toda la documentación, tomar declaraciones a funcionarios y exfuncionarios, y escuchar a expertos tanto en extracción como en transporte de gas, el magistrado concluyó que "el proceso licitatorio se viene realizando conforme a las normas y teniendo en cuenta la urgencia de su puesta en funcionamiento".

En su fallo, Rafecas aseguró que "todos los señalamientos fueron descartados por no ser ciertos". Además, concluyó que la Justicia Federal "no está llamada a entorpecer o interferir en políticas estratégicas, a partir de denuncias apresuradas que, a poco de andar, se muestran inconducentes para sostener un caso penal".

La noche del 4 de junio, luego de que Cristina Kirchner reapareciera en público junto a Alberto Fernández y le pidiera al presidente "usar la lapicera", desde el Ministerio de Desarrollo Productivo difundieron un off the record sobre la licitación del Gasoducto.

Un "off" es un un mensaje o un dato que una fuente de información brinda a los periodistas bajo la condición de que su identidad no sea revelada.

"Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de IEASA. Ellos armaron un pliego de licitación a la medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 mm de espesor", señalaba la información de la cartera que todavía estaba en manos de Matías Kulfas.

"También adjudicaron la provisión de válvulas a una empresa importadora en lugar de un fabricante argentino que ofrecía precios y condiciones similares, incumpliendo el compre nacional", explicaba.

El mensaje llegó a manos de la vicepresidenta, que lo hizo público en su cuenta de Twitter. Horas más tarde, Alberto Fernández le pedía la renuncia a uno de sus ministros más cercanos. Pero el escándalo disparó una serie de denuncias y una investigación judicial que quedó a cargo del Daniel Rafecas y el Fiscal Carlos Stornelli.

Rafecas, además de juez federal, fue elegido por Alberto Fernández para cubrir el cargo de Procurador General de la Nación, pero el mandatario nunca no consiguió apoyos, tanto dentro del Frente de Todos como con la oposición, como para que el Senado aprobara su pliego.

En la causa por la licitación el gasoducto, Matías Kulfas fue citado a declarar la semana pasada. Ante la justicia, el exministro negó tener conocimiento de posibles delitos relacionados con la construcción del gasoducto de Vaca Muerta.

También fue citado a declarar el extitular de Enarsa, Antonio Pronsato, que había renunciado a su cargo apenas días antes del off the record de Kulfas y de la salida del ministro del Gobierno.

El exfuncionario afirmó que había renunciado no por irregularidades sino por las demoras en el avance de la obra y por la falta de coordinación entre los organismos intervinientes.

Montoneros: ordenan reabrir la causa por el atentado al comedor de la Policía Federal

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La Justicia anuló un fallo de la Jueza María Servini, donde varios acusados habían sido sobreseídos, entre ellos Horacio Verbitsky y Mario Firmenich.

La Sala I de la Cámara Federal ordenó reabrir la investigación para que se analice la responsabilidad de la agrupación Montoneros en el atentado al comedor de la Policía Federal ocurrido el 2 de julio de 1976.

El tribunal declaró la nulidad de la resolución de la Jueza federal María Servini donde los acusados habían sido sobreseídos, entre ellos Horacio Verbitsky y Mario Firmenich.

Los camaristas Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia consideraron que debe investigarse la hipótesis de una grave violación a los derechos humanos, si encuadran como crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.

En tanto, también se debe evaluar si inicia un juicio para dar respuesta a los familiares de las víctimas.

El hecho ocurrió hace 46 años en la Superintendencia de Seguridad Federal, ubicada en la calle Moreno 1431 de la Capital Federal. Mediante la colocación de un artefacto explosivo, que detonó en el comedor de ese lugar, fallecieron 24 personas y más 60 resultaron heridas.

Los detalles del ataque, considerado el más sangriento cometido por la mencionada agrupación, fueron relatados en el libro Masacre en el comedor, del periodista Ceferino Reato.

En su momento se había señalado como responsables a Mario Firmenich, Marcelo Kurlat, Horacio Verbitsky, Laura Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Norberto A. Habegger y Lila Victoria Pastoriza; entre otras personas que integraban la Organización Montoneros.

"No se ha considerado el planteo sobre el posible apoyo de Estados y organizaciones extranjeras que tuvieron las personas implicadas", indicaron Bertuzzi, Llorens y Bruglia en el fallo.

"La resolución es inválida porque prescindió considerar cuestiones previas y expresamente introducidas en derredor de la maniobra denunciada, las cuales necesariamente había que merituar para dar una respuesta suficiente en los términos exigidos por la norma antes aludida", agregaron.

Quiénes pidieron ser querellantes

En 2006, la juez federal había rechazado una denuncia por crímenes de lesa humanidad contra los acusados del hecho. Pero a fines de 2021, un grupo organizaciones civiles y 400 abogados solicitaron la reapertura de la causa y que la misma sea declarada "imprescriptible".

Entre los firmantes estaban la Asociación Defensores de DDHH Latinoamericanos, la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, el Centro de Estudios Salta, y la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos.

También figuran centenares de abogados y víctimas de organizaciones terroristas, como el caso de Eduardo Emilio Kalinec y Alicia de León por su hijo Ernesto Osvaldo Matienzo en su condición de víctimas directas.

Servini rechazó esa petición porque consideró que la acción penal ya estaba prescripta pero los magistrados de la Sala I de la Cámara Federal sostuvieron que omitió "valorar circunstancias y elementos conducentes para la solución del caso" y que no ponderó "todas las aristas que se desprenden de la impugnación formulada".

"A efectos de que se agoten todas las hipótesis posibles con los que se pueda afrontar un hecho como el contenido en esta causa, corresponde declarar la nulidad del decisorio y devolver las actuaciones a la anterior instancia para que se proceda conforme lo indicado", concluyeron en su escrito.

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