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El Gobierno podría suspender por ley las clases presenciales donde haya alarma epidemiológica

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El proyecto que fue enviado al Congreso establece un esquema de fases de situación sanitaria que disparan automáticamente restricciones, según se esté en bajo riesgo, medio, alto o alarma. La oposición adelantó su rechazo.

El Gobierno envió al Congreso el proyecto para establecer por ley los criterios epidemiológicos por los cuales deberán regirse las medidas y restricciones ante la pandemia de coronavirus en las jurisdicciones, de acuerdo a la situación en la que estén cada una de ellas, y que Juntos por el Cambio resiste al considerar que amplía las atribuciones de la Casa Rosada.

La iniciativa, que ingresó en el Senado, no distingue entre zonas geográficas sino que establece "parámetros epidemiológicos y sanitarios" conforme los cuales las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional, según las competencias de cada uno, adoptarán medidas para evitar la propagación del coronavirus.

En este sentido, establece los criterios para determinar las condiciones de Bajo, Medio o Alto Riesgo Epidemiológico y de Alarma Sanitaria, por los cuales se regirán los distintos tipos de restricción.

El proyecto establece que los gobernadores continuarán ejerciendo "las facultades concurrentes de control y fiscalización" de las medidas de prevención  pero establece medidas "gatillos" que aplican de forma automática cuando se llegue a alcanzar una fase más complicada de la situación epidemiológica que se tenía hasta ese momento o bien cuando se baje a una fase más favorable.

Respecto de las clases presenciales, el proyecto indica que su suspensión "se dispone únicamente para los lugares de Alarma epidemiológica" y prevé que, previa consulta con la provincias, el Poder Ejecutivo "podrá morigerar o dejar sin efecto esa restricción".

En los lugares de Medio riesgo sanitario, "serán las autoridades locales las que dispondrán de restricciones  temporales y focalizadas", mientras que en los lugares del Alto riesgo y de Alarma, de observarse un empeoramiento de la situación, "se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a disponerlas de formas razonable y proporcionada, previa consulta con los gobernadores".

La iniciativa ingresó al Congreso sin acuerdo político con Juntos por el Cambio, que ya había rechazado la iniciativa antes de que se diera a conocer, pero el oficialism o confiaba en aprobarla en la cámara alta por la abultada diferencia que ostenta allí, mientras que en Diputados aspira a lograr mayoría mediante acuerdos con bloques chicos.

En ese marco, la presentación de este proyecto no variará la situación de la discusión política que existe con la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza, dos distritos gobernados por Juntos por el Cambio, y que se negaron a acatar el último decreto de restricciones que estableció la Casa Rosada, especialmente el apartado de volver atrás con las clases presenciales.

Sucede que tras el fallo de la Corte Suprema que avaló la "autonomía" de las jurisdicciones para tomar decisiones, la Ciudad y Mendoza podrán seguir amparándose en ese pronunciamiento del máximo tribunal.

De hecho, el proyecto no prevé sanciones para las jurisdicciones "rebeldes" que se nieguen a cumplir las restricciones dispuestas por el proyecto. "No estarán cumpliendo con la ley. Igual la mayoría está cumpliendo", se limitaron a señalar las fuentes.

A su vez, fuentes de Presidencia indicaron que "no es potestad" de la Nación fiscalizar el cumplimento de las medidas y rechazaron de plano que las Fuerzas Armadas, "participan sólo de actividades humanitarias", señalaron de manera tajante.

"Queremos contar con esta herramienta de parámetros objetivos que establece la ley para lidiar con esta pandemia, mientras el DNU vigente tiene fecha hasta el 21 de mayo", expresaron.

Por otro lado, la Secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra defendió este lunes el proyecto para blindar las restricciones enviado al Congreso Nacional. Dijo que no faculta con superpoderes al Presidente Alberto Fernández y anticipó que "si un departamento de más de 300 mil personas queda en alarma epidemiológica se suspende automáticamente la presencialidad de las clases y se pasa a modalidad virtual".

Grecia reabrió todas las escuelas tras seis meses de cierre

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Tanto los alumnos como los profesores deben presentar dos veces por semana un resultado negativo en pruebas de diagnóstico de coronavirus.

Grecia reabrió este lunes las escuelas maternales, primarias y secundarias luego de seis meses de cierre por las restricciones para contener el coronavirus, en una nueva fase de su desconfinamiento gradual.

Antes de su ingreso a los centros educativos, tanto los alumnos como los profesores deben presentar dos veces por semana, lunes y jueves, un resultado negativo en pruebas de diagnóstico de coronavirus, informó la agencia de noticias AFP.

Las escuelas en Grecia cerraron el 7 de noviembre pasado con la puesta en marcha de un confinamiento estricto y, desde entonces, los cursos se realizaban a distancia.

Durante estos seis meses, los centros de primera y secundaria abrieron solo unos días antes de cerrar de nuevo por la situación epidemiológica.

El Gobierno griego comenzó en abril a suavizar las restricciones, con la reapertura de la mayoría de comercios salvo las grandes superficies. Las cafeterías y los restaurantes reabrieron sus terrazas el 3 de mayo.

Este fin de semana, las playas privadas acogieron de nuevo visitantes, mientras que los museos reabrirán el 14 de mayo.

El 21 de mayo llegará el turno de los cines al aire libre y el 28 de mayo, de los teatros.

Pero el país espera con impaciencia el inicio de la temporada turística el 15 de mayo, máxime cuando más del 20% del PIB griego depende de este sector.

Grecia, país de 10,8 millones de habitantes, registró más de 10.000 muertos por coronavirus, en su mayoría durante la tercera ola en los últimos meses, y más de 350.000 casos de contagio.

La Corte Suprema falló a favor de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires

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El máximo tribunal avaló la autonomía de la Capital Federal y le dio la razón a Horacio Rodríguez Larreta en su conflicto con la Casa Rosada.

En un fallo de alto impacto político y social la Corte Suprema de Justicia respaldó las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires. La medida fue a partir del amparo presentado por el gobierno porteño en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia que suspendió la actividad presencial en el área metropolitana por la segunda ola de contagios de coronavirus.

La decisión salió por unanimidad con los votos de Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, que respaldaron de la autonomía de la Ciudad. Elena Highton se abstuvo de votar al considerar que la presentación de la ciudad de Buenos Aires no era competencia de la Corte. El planteo generó una gran discordia entre Nación y la administración de Horacio Rodríguez Larreta, que no acató la restricción en las escuelas.

Entre los argumentos de la resolución los jueces manifestaron que "corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires —al igual que a las provincias— la atribución para decidir sobre los modos de promover y asegurar la educación de sus habitantes".

Mencionaron que la Convención Constituyente de 1994 "introdujo a la educación entre las atribuciones de la policía del bienestar de las provincias, y expresamente incorporó como sujeto activo —y en igualdad de condiciones que las provincias— a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

La Corte Suprema avalará la autonomía de la Ciudad para mantener las clases presenciales

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El fallo saldrá este martes y fijará criterios a los gobiernos de la Nación y de la ciudad de Buenos Aires sobre sus facultades en una pandemia. Esta semana entró en vigencia un nuevo DNU firmado por el Presidente Alberto Fernández con más restricciones por el Covid-19.

La Corte Suprema de Justicia se pronunciará este martes a favor del Gobierno porteño en su decisión de continuar con las clases presenciales, a pesar del nuevo DNU firmado por el Presidente Fernández con más restricciones por la pandemia del Covid-19, y avalaría así la autonomía de la ciudad de Buenos Aires para definir la modalidad de la educación en su territorio.

Aunque la resolución de los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco será ante la presentación que el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, realizó cuando el presidente firmó el primer decreto que venció el pasado viernes.

Se aguarda el fallo porque fijará criterios a los Gobiernos de la Nación y de la Ciudad sobre sus facultades en una pandemia y la necesidad de acortar las decisiones en un momentos de tanta gravedad sin que sean judicializados.

Como antecedente, el procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó la semana pasada que era inconstitucional el DNU que suspendió entre el 19 y el 30 de abril las clases presenciales en el AMBA.

En su dictamen, sostuvo que el decreto no estaba fundamentado para tomar una medida como la suspensión de las clases que dependen de la ciudad de Buenos Aires por la autonomía que tiene sobre la educación como todas las provincias del país.

"Considero que los argumentos expuestos en la norma impugnada no alcanzan para fundar un estado de necesidad que permita legitimar la suspensión de la concurrencia a los establecimientos educativos en todos sus niveles", sostuvo Casal en su presentación de 49 páginas.

El procurador señaló que el Gobierno nacional tiene las facultades sobre la salud en todo el país y para tomar medidas de emergencia en casos excepcionales, como lo es una pandemia, pero que deben estar fundamentadas, lo que a su criterio en ese caso no ocurrió.

Tras resaltar que los DNU tienen que ser ratificados por el Congreso, el dictamen agregó que no está demostrado epidemiológicamente que la presencialidad en las escuelas afecte a la salud, en línea con la postura del gobierno porteño. El Ejecutivo le había pedido a la Corte que rechazara la demanda.

Casal dejó para el final de su escrito un mensaje para los Gobiernos de la Nación y de la ciudad de Buenos Aires. El procurador habló del "paradigma del federalismo concertado que debe primar en las relaciones interjurisdiccionales, especialmente si se presentan desacuerdos razonables o fricciones que la realidad impone y que no siempre se pueden evitar cuando coexisten dos gobiernos que actúan directamente sobre el mismo pueblo".

"Estas consideraciones adquieren especial relevancia frente al contexto epidemiológico actual, cuando es público y notorio que, en los últimos días, la situación se ha agravado debido a la propia dinámica y cambiantes características de la situación de la epidemia", concluyó.

El Gobierno nacional dictó el 16 de abril el Decreto 241 en el que tomó varias medidas restrictivas en la circulación de personas en el AMBA para evitar el aumento de casos en la zona más crítica del país. Una de ellas fue suspender las clases presenciales. El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, avaló la medida pero Rodríguez Larreta no.

El decreto en el punto de las clases nunca llegó a cumplirse en la Ciudad de Buenos Aires. Es que un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Capital Federal hizo lugar a un planteo de un grupo de padres para que hubiera clases presenciales. Ese fallo le dio aire a Rodríguez Larreta para resistir la orden del DNU sobre las clases en CABA.

Desde el Gobierno porteño, en ese momento, señalaron que los datos marcan que en los colegios son pocos los casos de contagios y que el presidente Fernández tomó la medida sin consultar y violando la autonomía de la ciudad en materia educativa.

Esos fueron los argumentos que los abogados de la ciudad presentaron ante la Corte Suprema en la demanda en la que pidieron que el DNU sea declarado inconstitucional.

En el Gobierno nacional señalaron que el movimiento de la gente que va a la escuela es lo que aumenta la circulación del virus y que en marzo y abril aumentó la cantidad de positivos entre personas de seis a 17 años. Eran el 7,3% del total de contagiados cuando en enero y febrero eran el 5,3%.

El Gobierno nacional contestó el lunes a la noche la demanda en un escrito en el que le pidió a la Corte Suprema que ratifique la constitucionalidad del DNU. El procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, sostuvo que la suspensión de las clases se tomó "para afrontar una situación epidemiológica sin precedentes a fin de evitar un aumento desmedido de casos que lleve a un colapso sanitario y consecuencia aumento de la morbilidad".

En tanto, Soledad Acuña, la ministra de Educación porteña, ratificó este fin de semana la postura de la ciudad de Buenos Aires, "en lo único en lo que no nos hemos podido poner de acuerdo es en la educación. Porque si bien acordamos que no contagian las aulas, que los colegios son seguros, que con protocolos estrictos los chicos pueden estar, es bajísima la incidencia de contagios dentro de las escuelas".

"En ese punto estamos todos de acuerdo. No coincidimos en que genere una movilidad que contagie. Es ahí cuando consideramos que las escuelas cerradas generan más daño que las escuelas abiertas", explicó.

"En ese punto no pudimos ponernos de acuerdo. Tiene que seguir siendo presencial la educación. Vimos el año pasado el impacto que genera en términos de aprendizaje y el abandono escolar. Tiene que seguir siendo presencial. Sí trabajar sobre la movilidad. Por eso hay que trabajar en el entorno de las escuelas, ver la llegada a las escuelas. Lo que no se tiene que tocar es la presencialidad", completó.

Mendoza: el Gobernador Suárez mantiene las clases pese al alerta por la suba de casos

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El mandatario dijo que atenuará las restricciones. En el peronismo le dijeron que está desorientado. Trotta convocó a su ministro de Educación.

El Gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, defendió la apertura comercial y la presencialidad en las aulas pese a la alerta epidemiológica que envió el Gobierno nacional sobre el Gran Mendoza y otros distritos de la provincia.

Suárez hizo el anuncio al abrir el período de sesiones ordinarias en la Legislatura. En ese marco, defendió la presencialidad en las escuelas: "La escuela es un sitio seguro y constituye una herramienta de equidad social indispensable, particularmente para los grupos más vulnerables", dijo.

Agregó que, por ese motivo, la escuela "debe estar abierta todo el tiempo que se pueda, de manera que el esfuerzo por mantener la presencialidad debe ocupar un lugar de prioridad excluyente en el diseño de cualquier estrategia epidemiológica".

Es preciso recordar que el Presidente Alberto Fernández anunció que dividía al país en cuatro grupos por el nivel de contagios: de bajo, medio y alto riesgo y el último, de alerta epidemiológica.

En este último grupo entró el AMBA y algunas ciudades del interior, para las que el presidente prohibió la presencialidad en las escuelas, entre otras medidas restrictivas que no aplican para los otros tres grupos.

Entre las ciudades de alerta incluyó a Mendoza Capital, a Godoy Cruz, a Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú, pertenecientes todas al Gran Mendoza.

Pero Suárez desoyó el DNU y anunció que habrá clases en las escuelas. Sólo dos días antes del anuncio del presidente, había participado de la reunión de Fernández con los gobernadores y había tomado la palabra.

Clases presenciales: la Procuración General de la Nación declaró inconstitucional el DNU

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El Procurador interino, Eduardo Casal, presentó este jueves su dictamen ante la Corte Suprema. Señaló que el DNU de Alberto Fernández no está fundamentado y que no está demostrado epidemiológicamente que la presencialidad en las escuelas afecte a la salud.

El Procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó este jueves que es inconstitucionalidad el decreto de necesidad 241 del Presidente Alberto Fernández en el cuál suspendió del 19 de abril y hasta este v¡ernes las clases presenciales en el AMBA, lo que fue objetado en la justicia por el Jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

Fuentes judiciales informaron que Casal sostuvo en su dictamen, que presentó hace instancias ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el decreto no está fundamentado para tomar una medida como la suspensión de las clases que depende la ciudad de Buenos Aires por la autonomía que tiene sobre la educación como todas las provincias del país.

Las fuentes consultadas agregaron que el Procurador señaló que el Gobierno nacional tiene las facultades sobre la salud en todo el país y para tomar medidas de emergencia en casos excepcionales, como lo es una pandemia, pero que deben estar fundamentadas, lo que a su criterio en este caso no ocurre.

"Considero que los argumentos expuestos en la norma impugnada no alcanzan para fundar un estado de necesidad que permita legitimar la suspensión de la concurrencia a los establecimientos educativos en todos sus niveles", sostuvo Casal en su presentación de 49 páginas.

El dictamen agrega que no está demostrado epidemiológicamente que la presencialidad en las escuelas afecte a la salud, en línea con la postura del Gobierno porteño. El Ejecutivo le había pedido a la Corte que rechace la demanda.

Casal dejó para el final de su escrito un mensaje para los gobiernos de la Nación y de la ciudad de Buenos Aires.

El Procurador habló del "paradigma del federalismo concertado que debe primar en las relaciones interjurisdiccionales, especialmente si se presentan desacuerdos razonables o fricciones que la realidad impone y que no siempre se pueden evitar cuando coexisten dos gobiernos que actúan directamente sobre el mismo pueblo".

"Estas consideraciones adquieren especial relevancia frente al contexto epidemiológico actual, cuando es público y notorio que, en los últimos días, la situación se ha agravado debido a la propia dinámica y cambiantes características de la situación de la epidemia", concluyó.

Ahora la Corte Suprema quedó en condiciones de resolver. La opinión del Procurador General no es vinculante para el máximo tribunal.

La expectativa está puesta en cuando se conocerá la resolución de los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco. De cualquier forma será abstracta porque el decreto en discusión vence este viernes.

Sin embargo se espera que el fallo del máximo tribunal le fije criterios a los Gobiernos de la Nación y de la Ciudad sobre sus facultades en una pandemia y la necesidad de acortar las decisiones en un momentos de tanta gravedad sin que sean judicializados.

El Gobierno nacional dictó el 16 de abril el decreto 241 en el que tomó varias medidas restrictivas en la circulación de personas en el AMBA para evitar el aumento de casos en la zona más critica del país.

Una de ellas fue suspender las clases presenciales del 19 al 30 de abril. El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, avaló la medida pero Rodríguez Larreta no.

Desde el Gobierno porteño señalaron que los datos marcan que en los colegios son pocos los casos de contagios y que el presidente Fernández tomó la medida sin consultar y violando la autonomía de la ciudad en materia educativa.

Esos fueron los argumentos que los abogados de la ciudad presentaron ante la Corte Suprema en la demanda en la que pidieron que el DNU sea declarado inconstitucional. Inclusive los ratificaron en una presentación que hicieron este jueves, hubo 9.008 casos hasta el 22 de abril, lo que es cerca del 1,40% de los alumnos y personal docente y no docente.

En el Gobierno nacional señalaron que el movimiento de la gente que va a la escuela es lo que aumenta la circulación del virus y que en marzo y abril aumentó la cantidad de positivos entre personas de seis a 17 años. Son el 7,3% del total de contagiados cuando en enero y febrero eran el 5,3%.

El Gobierno nacional contestó el lunes a la noche de la demanda en un escrito en el que pidió le pidió a la Corte Suprema que ratifique la constitucionalidad del DNU. 

El Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, sostuvo que la suspensión de las clases se tomó "para afrontar una situación epidemiológica sin precedentes a fin de evitar un aumento despedido de casos que lleve un colapso sanitario y consecuencia aumento de la morbilidad".

Agregó que los casos crecen en forma sostenida en el AMBA y que la educación moviliza una cantidad de gente que contribuye a la circulación del virus.

Los abogados del Estado nacional señalaron que la suspensión de clases es solo por 14 días, que no se vulnera el derecho a la educación porque se sigue brindando de manera virtual, que con el DNU no se afectó la autonomía de la Ciudad y que el caso no debe tramitarse directamente en el Corte porque la ciudad no tiene status de una provincia.

Casal señaló que una de las faltas de fundamentación del DNU 241 es que en otro de la semana anterior, el 235/21 había dicho que se mantenían las clases presenciales.

En ese decreto se destacó que en el AMBA tenía el 60% de los nuevos casos de coronavirus de todo el país. Y cuando se dictó el 241 había bajado a 50% y sin embargo se suspendieron las clases.

También, señaló que el decreto 241 modificó el criterio de que sea cada gobernador el que decida sobre la presencialidad o no de las clases.

"Sin embargo, ese criterio fue modificado por el mismo Estado nacional sin que se aprecien fundamentos acerca de los motivos por los cuales asumió facultades en relación con una actividad que antes había dejado en manos de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y sólo en relación con una región que comprende a esta última", sostuvo.

Otro de los puntos del dictamen fue la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica que hizo el Ministerio de Educación de la Nación en la que se concluyó sobre "las dificultades derivadas especialmente de la falta de medios tecnológicos disponibles para docentes y alumnos, que se ven acentuadas en el caso de educadores y alumnos de escuelas de gestión estatal".

Lo que es "un enorme obstáculo para que la enseñanza virtual reemplace en forma eficaz a la presencialidad escolar, de modo de garantizar acabadamente el derecho a la educación consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional".

Trotta culpó a Larreta de "poner en jaque" al Gobierno nacional

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El Ministro de Educación de la Nación dijo que "en gran parte del territorio argentino tenemos clases presenciales" y que en cambio, el Área Metropolitana de Buenos Aires está "bajo una situación de mayor complejidad".

El Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, apuntó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al responsabilizarlo de "obstaculizar" y "poner en jaque" la efectividad de las restricciones sanitarias dispuestas por el Presidente Alberto Fernández para morigerar el impacto de la segunda ola de coronavirus, y cuestionó la estrategia de la Ciudad de acudir a la Justicia para dirimir el conflicto entre ambas gestiones.

Luego de recordar que "en gran parte del territorio argentino tenemos clases presenciales", Trotta subrayó que el Área Metropolitana de Buenos Aires está "bajo una situación de mayor complejidad", lo cual "implica adoptar decisiones muy complejas, traducidas en la suspensión durante dos semanas de la presencialidad en las escuelas".

En ese sentido, y refiriéndose directamente a Rodríguez Larreta, Trotta señaló que "el incumplimiento del DNU y la aplicación selectiva de fallos judiciales por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, obstaculiza el impacto buscado por el Gobierno nacional en la protección de la salud, la disminución de la curva de contagios y alivianar el peso del sistema sanitario para proyectar la mayor normalidad posible".

De hecho, el criticó las acusaciones de la oposición al sostener que "es una discusión falaz plantear que el compromiso que la Nación pueda tener o no con la educación se vincula con la presencialidad en la escuela", y por ende aclaró que "todos queremos presencialidad, pero ahora tenemos que lograr conjugar este momento de enorme complejidad frente a lo que ha planteado el Presidente, es decir, disminuir la circulación de personas".

"El hecho de que la suspensión de clases presenciales no se esté aplicando en la Ciudad de Buenos Aires pone en jaque nuestra apuesta de mejorar los indicadores epidemiológicos", manifestó.

Asimismo, justificó la dureza de la Nación al indicar que "el Gobierno de la Ciudad tiene una agenda mucho más laxa a la hora de abordar esta problemática, y por eso el Gobierno nacional se tiene que involucrar para cuidar a la ciudadanía".

"Me cuesta comprender la judicialización de una decisión tan compleja como la adoptada por la Nación, y más me genera dudas la decisión de aplicar ciertos fallos y otros no. No podemos ingresar en una discusión falaz plantear a qué espacio político le importa la educación por la presencialidad", resaltó en cuanto a los planteos en la Justicia que se saldaron con fallos contradictorios a favor de la Ciudad o la Nación.

Por último, Trotta cerró sus críticas a la gestión de Rodríguez Larreta exhibiendo algunas cifras referidas a la campaña de vacunación focalizada en los docentes. "Hay provincias como Santa Fe que vacunaron a más del 80% de sus docentes, otras como Buenos Aires y San Juan, a más del 50%. La Ciudad de Buenos Aires solo vacunó al 14%. Con esto vemos en los hechos cuál es la prioridad. Es lindo hablar pero a los gobiernos los tenemos que juzgar por sus acciones", expresó.

Clases suspendidas: la Suprema Corte bonaerense desestimó una medida cautelar y tres amparos

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El máximo tribunal provincial dijo que el decreto del Poder Ejecutivo tiene postestad para suspender las clases presenciales en Buenos Aires.

La Suprema Corte Bonaerense desestimó este lunes una medida cautelar que pretendía el regreso a las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires, las cuales fueron suspendidas por decreto del Poder Ejecutivo ante el aumento de casos de coronavirus.

El Tribunal se pronunció sobre cuatro expedientes distintos: en una de ellos, presentada por un grupo de padres en representación de sus hijos, lo desestimó el planteo, y los otros tres fueron devueltos a primera instancia tres amparos para la continuidad del trámite.

En la causa "Isabella, Diego Paulo y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 181/2021 de la Provincia de Buenos Aires y la Resolución Ministerial N° 1208-MJGM-2021", la Suprema Corte desestimó una medida cautelar para la vuelta de la presencialidad.

En su fallo, la Suprema Corte consideró que el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el Poder Ejecutivo que está por encima del provincial que dispuso también la suspensión.

En el artículo 10 del decreto Nacional N° 241 se dispuso que "establécese, en el aglomerado del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según está definido en el artículo 3° del Decreto N° 125/21, la suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, desde el 19 de abril hasta el 30 de abril de 2021, inclusive".

En esa línea, estableció el Tribunal que la restricción viene impuesta obligatoriamente por el referido acto del Gobierno Nacional, no el provincial.

Incluso, advirtió que de no haber un decreto provincial, las clases igualmente estarían suspendidas por decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

Por otra parte, señalaron que ya está judicializado el caso en la Corte Nacional, el cual ya asumió la competencia y se prevé resuelva esta misma semana. 

Para la Suprema Corte no se comprobó la afectación de los derechos de los actores hubiese sido causada por las normas provinciales que ellos cuestionan.

Clase abierta en Plaza de Mayo para reclamar presencialidad en las escuelas

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La protesta fue organizada el sábado por un grupo de padres de AMBA. Previo a la clase hubo una caravana de autos frente al Obelisco.

Un grupo de padres y madres autoconvocados realizaron una clase abierta en Plaza de Mayo con el objetivo de pedir al Gobierno nacional el retorno a clases presenciales.

Los manifestantes hicieron énfasis en la escuela como un ámbito seguro y alertaron por las consecuencias sobre todo en los niños de zonas más vulnerables.

"Queremos que la educación sea una política de Estado", comentó una de las madres autoconvocadas.

La iniciativa comenzó con una caravana de autos que pedían por presencialidad en las escuelas.

Banderas y pancartas se pudieron observar frente al Obelisco, y la solicitud era clara: reapertura de las aulas, sobre todo en provincia de Buenos Aires.

"Caravana por la presencialidad", "Abran las escuelas" y "La escuela cerrada daña", fueron algunas de las leyendas que pudieron leerse en las pancartas que enarbolaban los padres durante la protesta.

El Presidente Fernández defendió la suspensión de clases presenciales

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Además, el presidente instó a la población a "cuidarse, por mucho que nos pese" y anunció que se llevará el hospital de campaña del Ejército Argentino para que se instale frente al Liceo Militar de Sanfe Fe.

Alberto Fernández volvió a defender la medida con la que dispuso la suspensión de clases presenciales en el Área Metropolitana Buenos Aires hasta el próximo viernes 30 entre las medidas sanitarias para mitigar la expansión de la segunda ola de coronavirus.

"Cuando tomé la decisión de no seguir con las clases presenciales fue producto de haber visto que el crecimiento en 20 o 30 días de contagios en el AMBA de los chicos hasta 19 años era superior al 200%", explicó el mandatario en declaraciones en Rosario, al participar de una reunión del Gabinete Federal en esa ciudad.

"¿Me hago el distraído? ¿Miro las encuestas? ¿Qué hago?", se preguntó el mandatario.

En esa línea, agregó que "llamo a los que saben y me dicen que, cuando ponemos en funcionamiento el sistema educativo, la circulación crece un tercio más y lleva virus encima".

"Debemos cuidarnos por mucho que nos pese, después de un año de cuidados. El virus no se fue; vuelve y con más virulencia", concluyó el mandatario.

Fernández anunció en Rosario que se llevará el hospital de campaña del Ejército Argentino para que se instale frente al Liceo Militar de Santa Fe para "aliviar el problema del Covid" en esa ciudad.

En tanto, dijo que "el crimen organizado no puede ganarnos" sino que es "Argentina quien le tiene que ganar al crimen organizado".

"Para eso mandamos recursos y agentes federales", dijo el presidente al encabezar en esa ciudad santafesina una reunión del Gabinete Federal, en la que pidió que los diputados de la Nación "retomen el tratamiento de la reforma de la Justicia Federal".

Antes, el mandatario destacó la implementación de las Capitales Alternas para "sacar al gobierno nacional de la ciudad de Buenos Aires e involucrarlo en territorios".

"No es lo mismo mirar las estadísticas desde un despacho de Buenos Aires que que venir al territorio. Los números son cifras y detrás hay seres humanos", afirmó al anunciar obras y medidas por 76.616 millones de pesos para la provincia de Santa Fe, junto al Gobernador Omar Perotti.

El proyecto de Capitales Alternas fue establecido por la ley 27.589, sancionada en noviembre pasado, que determina 24 ciudades del país donde se realizarán reuniones del Gabinete Federal, creado por la misma norma y, de esta manera, desconcentrar y descentralizar la gestión de instituciones y organismos nacionales para acercarla a las provincias.

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