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Marcha Universitaria: pidieron que la Corte Suprema "no permita que el Gobierno siga incumpliendo la Ley"

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Rectores, docentes y estudiantes afirmaron que la marcha fue impulsado por "el derecho a la educación" y la "obligación" del Estadode financiar la universidad pública.

Rectores, docentes y estudiantes universitarios llevaron adelante la cuarta Marcha Federal Universitaria, en defensa de la Ley de Financiamiento.

Le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que los acompañe y "no permita que el Gobierno Nacional siga incumpliendo" con la aplicación de la normativa.

Estuvieron presentes los titulares del Consejo Interuniversitario Nacional: Franco Bartolacci, quien preside la entidad, y Anselmo Torres, el vicepresidente, junto a las distintas federaciones gremiales.

También se sumaron los representantes del Frente Gremial Docente y No Docente, conformado por las principales federaciones nacionales docentes, CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y por la Federación de no docentes, FATUN.

Los miembros de la Federación Universitaria Argentina fueron los encargados de leer el documento en el que afirmaron que el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades "no ha superado", en ninguno de los meses de la gestión del Presidente Javier Milei, "el 64% del que tenía en enero de 2023".

"El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República", sostuvieron.

"Ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato", agregaron.

"Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho", remarcaron.

En la misma línea, indicaron que desde diciembre de 2023 "se ha perdido el equivalente a casi 9 meses de transferencias".

Asimsimo, manifestaron que la crisis que atraviesan las universidades "no es solo presupuestaria", porque como ciudadanos "deben denunciar con dolor y firmeza" la "ruptura del acuerdo democrático" de la división de poderes que tenemos en la Nación.

Para finalizar, expresaron que la universidad pública y el sistema público de investigación, "son factores fundamentales de la economía del país" y, además, funcionan como recursos estratégicos para que la industria nacional pueda "competir en el mundo" y "generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables".

"Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo", añadieron.

"No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes sean expulsados del sistema. La universidad pública se defiende. Por más y mejor educación pública y ciencia", concluyeron.

Tragedia de Once: la Corte Suprema ratificó la condena civil contra el Estado

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Tras rechazar siete recursos de queja, se confirmó que las víctimas y sus familiares deberán ser indemnizados de manera definitiva.

En un fallo, la Corte Suprema ratificó la condena civil contra el Estado por su responsabilidad en la Tragedia de Once con las firmas de los Jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El tribunal desestimó los siete recursos de queja interpuestos por el Ejecutivo, cerrando así la última instancia de apelación posible y dejando firme la obligación de resarcir económicamente a los damnificados.

La resolución se basó en la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, mediante el cual los magistrados consideraron que los planteos oficiales carecían de un "agravio federal suficiente".

De esta manera, quedó validada la sentencia previa de la Cámara Nacional en lo Civil, que había determinado que el Estado no fue un actor ajeno al desastre, sino un garante que incumplió con sus funciones básicas de fiscalización y seguridad.

El eje central del fallo ratifica la "responsabilidad concurrente" entre el Estado y la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires.

La Justicia determinó que existió una "falta de servicio" por parte de los organismos de control, los cuales permitieron que la línea Sarmiento operara en condiciones de extrema precariedad y negligencia.

Según los fundamentos, la omisión estatal en la vigilancia del sistema ferroviario fue un factor determinante que facilitó el choque ocurrido el 22 de febrero de 2012.

Este cierre de la vía civil se produce 14 años después del siniestro que dejó un saldo de 52 víctimas fatales y 789 heridos.

Durante todo el proceso, las querellas lograron probar que el sistema funcionaba bajo una precariedad estructural que había sido advertida en reiteradas ocasiones.

La decisión de la Corte agota el laberinto judicial para el Estado, que a partir de ahora deberá proceder a ejecutar los pagos indemnizatorios fijados para cada uno de los afectados.

Finalmente, la sentencia de la Corte armoniza el frente civil con el penal, donde ya pesa una condena firme contra el exministro Julio De Vido.

Para los familiares de las víctimas, la ratificación del Máximo Tribunal representa el fin de una larga batalla legal por la reparación integral.

Con este fallo, el Poder Judicial sella la responsabilidad del Estado no solo como administrador de recursos, sino como responsable directo de la integridad física de los ciudadanos que utilizan el transporte público.

La Corte Suprema propuso reformar la selección de jueces para limitar la discrecionalidad política

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El máximo tribunal envió al Consejo de la Magistratura un proyecto normativo para modificar el sistema de concursos nacionales y federales.

La Corte Suprema de Justicia planteó una reforma para la selección de candidatos a jueves federales y nacionales para que sea analizado por el Consejo de la Magistratura.

El proyecto normativo para la selección de jueces cuenta únicamente con la firma de los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El texto no incluye la del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

Los cambios que se establecen tienen la intención de fijar un límite al margen de acción política en el criterio de selección y reducir el impacto de la coyuntura política sobre los procesos de selección.

La reforma impulsada busca acotar el margen de arbitrariedad política en las ternas para magistrados, justo cuando el Consejo de la Magistratura atraviesa una reconfiguración de fuerzas con un protagonismo creciente de La Libertad Avanza.

Bajo este nuevo esquema, la clave de la selección se trasladará a la elaboración de los exámenes, la rigurosidad de los puntajes y la administración técnica de los concursos.

Los jueves elevaron este reglamento al Plenario del Consejo de la Magistratura para para su análisis y ya se notificó de la iniciativa a las Cámaras nacionales y federales de todo el territorio, así como a las Cortes Supremas provinciales.

No obstante, para que el nuevo reglamento entre en vigencia, el cuerpo deberá alcanzar mayorías agravadas durante la votación definitiva.

Estados Unidos: Trump desafió a la Corte Suprema y subió los aranceles al 15% en menos de 24 horas

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El viernes Trump había anunciado un impuesto generalizado a las importaciones del 10% para todos sus socios comerciales extranjeros.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que elevará el nuevo arancel global al 15%, un día después de haber anunciado un arancel mundial del 10%, en medio de su disputa con la Corte Suprema por esta cuestión.

"Como presidente de Estados Unidos de América, procederé, con efecto inmediato, a elevar el arancel global del 10% aplicado a los países, muchos de los cuales han estado "estafando" a Estados Unidos durante décadas, sin represalias ¡hasta mi llegada!, al nivel máximo permitido y legalmente validado del 15%", escribió Trump en una publicación en sus redes sociales.

El viernes Trump había anunciado un impuesto generalizado a las importaciones del 10% para todos sus socios comerciales extranjeros, después de que la Corte Suprema anulara la mayoría de sus amplios aranceles ese mismo día.

Los jueces de la Corte Suprema dictaminaron por 6 votos a 3 que la agresiva estrategia de Trump para imponer aranceles a las importaciones de todo el mundo no estaba permitida por la ley.

Trump anunció un arancel global del 10% tras el freno de la Corte Suprema

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Tras el revés judicial, la Casa Blanca anunció que utilizará “otras alternativas” para sostener su política comercial.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que aplicará un arancel global del 10% bajo la Sección 122 de la ley comercial.

Lo comunicó luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos declarara ilegales los gravámenes que había impuesto al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Según se informó durante esta jornada de viernes, el máximo tribunal aseguró que el mandatario no tiene autoridad para fijar aranceles de manera unilateral y generalizada sin una autorización del Congreso.

De hecho, el presidente del tribunal, John Roberts, advirtió que el Ejecutivo se arrogó "la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados" y remarcó que esa competencia corresponde al Poder Legislativo.

El fallo también anulaba los aranceles que el Gobierno había aplicado desde abril bajo el argumento de la "reciprocidad", que implicaban subas considerables a las importaciones provenientes de China y de otros países.

Ante esto, Trump reaccionó desde la Casa Blanca y confirmó que "se utilizarán otras alternativas para reemplazar las que el tribunal rechazó incorrectamente. Tenemos alternativas". También calificó la decisión judicial de "profundamente decepcionante".

De este modo, anunció el nuevo arancel del 10%, que podrá aplicarse por un período máximo de 150 días mientras la administración evalúa otros mecanismos.

El caso se convirtió en uno de los más relevantes en materia económica ante la Corte en los últimos años, ya que pone en discusión el alcance del poder presidencial en política comercial y el rol del Congreso en la imposición de impuestos.

La Corte Suprema impulsó innovación tecnológica para fortalecer la transparencia judicial

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El máximo tribunal reemplazó el esquema presencial y redujo barreras geográficas y riesgos de manipulación.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación avanzó durante el año en la modernización informática del Poder Judicial con la puesta en marcha de subastas electrónicas y el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial orientadas a mejorar la eficiencia y la transparencia.

A través del Sistema de Subastas Electrónicas Judiciales, de uso obligatorio para los tribunales nacionales y federales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, el máximo tribunal reemplazó el esquema presencial y redujo barreras geográficas y riesgos de manipulación.

La plataforma permitió ampliar la participación de postores de todo el país y garantizó la confiabilidad del proceso mediante un sistema de anonimato que evitó presiones externas y aseguró una puja justa y equitativa.

El mecanismo incorporó además la validación de identidad a través del Registro Nacional de las Personas por medio del reconocimiento facial, con estándares de seguridad y certeza considerados de avanzada para este tipo de procesos.

En paralelo, la Dirección de Sistemas de la Corte desarrolló durante 2025 diversas herramientas de inteligencia artificial, entre ellas la generación automática de resúmenes de fallos en "lenguaje claro", que facilitaron la comprensión pública de las sentencias de todos los tribunales federales y nacionales, con más de 110.000 resúmenes realizados.

A fines de abril, la Corte presentó el portal Justicia.Ar, una plataforma que unificó y centralizó por primera vez la información de todo el sistema judicial argentino, incluida la Corte, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y que desde su implementación superó las 180.000 visitas.

La Corte Suprema rechazó una presentación del Gobierno nacional por la distribución de alimentos en comedores

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La cautelar obligaba al Ministerio de Capital Humano a entregar productos almacenados a organizaciones sociales.

La Corte Suprema rechazó un planteo del Gobierno nacional contra un fallo que le había ordenado al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, ejecutar un plan de distribución de alimentos destinados a comedores comunitarios.

En la causa, se suscitó un conflicto entre el Ministerio de Capital Humano de la Nación y distintos comedores a raíz de las restricciones impuestas por el ministerio al reparto de alimentos a partir de noviembre de 2023 por la presunta existencia de "comedores fantasma".

La exsubsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, y Rodolfo Barra, presentaron la queja ante la Corte Suprema para anular un fallo de los tribunales de Comodoro Py.

Gianni sostuvo que no se podía permitir una "intromisión del Poder Judicial" sobre "facultades exclusivas del Poder Ejecutivo Nacional".

El hecho se originó en la suspensión de la entrega de alimentos en comedores de todo el país, en el marco del Plan Nacional Argentina contra el Hambre.

El Juez de primera instancia Sebastián Casanello había ordenado la confección de un plan de distribución de los alimentos que se encontraban en los depósitos reservados para atender situaciones de emergencia.

Sin embargo, el dirigente social Juan Grabois impulsó una denuncia penal.

Se basó en informes periodísticos que daban cuenta que existían alimentos sin repartir en cetros de acopio de Villa Martelli y Tafi Viejo en Tucumán, que rondaban los 5.000.000 de kilos, incluida leche próxima a vencer.

El fallo

La fiscal federal Paloma Ochoa pidió realizar medidas de prueba y además, reclamó que los alimentos allí guardados se distribuyeran en los comedores registrados oficiales.

El Juez Casanello sostuvo que el destino de los productos era una potestad administrativa del Ejecutivo, pero reclamó a Capital Humano que elaborara un plan de distribución de esos productos teniendo en cuenta su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino.

Los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico confirmaron la cautelar y remarcaron que el Ministerio pudo pedir una prórroga, pero optó por cuestionar la "intromisión" judicial a través de nuevos recursos.

El Ministerio de Capital Humano apeló ante la Cámara Federal de Casación Penal que rechazó la presentación.

Y ahora el caso llegó a la Corte Suprema a través de un recurso de queja. Los Jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron la presentación, a través del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

De todos modos, el Gobierno le informó al Juez Casanello que iba a distribuir los alimentos mediante convenios con las provincias.

Ruta del dinero K: la Corte activó el traspaso de bienes millonarios decomisados a Lázaro Báez

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El máximo tribunal inició el proceso administrativo para incorporar al patrimonio estatal más de U$S60.000.000.

La Corte Suprema puso en marcha el procedimiento para que más de U$S60.000.000 y varios inmuebles decomisados a Lázaro Báez y su hijo Martín pasen formalmente al Estado, en el marco del expediente conocido como la ruta del dinero K.

La comunicación salió mediante un oficio firmado por Sergio Romero, director general de Gestión Interna e Infraestructura, que fue enviado al Juez del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel.

El decomiso fue ordenado por el TOF 4 en abril de 2021 y ratificado por la Cámara de Casación en 2023.

Los montos establecidos ascienden a U$S61.130.860 y $4.174.697, estos últimos sujetos a actualización conforme al IPC del Indec.

En el oficio, Romero requirió además que el dinero sea transferido a dos cuentas del máximo tribunal y pidió toda la documentación vinculada a las subastas del expediente 3017/2013/TO2/14.

El avance se destrabó después de la resolución del 29 de mayo de 2025, cuando Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisibles los recursos de las defensas.

Esa decisión dejó firmes tanto las condenas como los decomisos y abrió la puerta para iniciar la ejecución administrativa de los bienes.

Mientras el proceso judicial avanzaba, el Poder Ejecutivo había creado por decreto el Consejo de Bienes Recuperados, dependiente del Ministerio de Justicia, para administrar los activos provenientes de causas penales.

Pero en octubre, el Juez Pablo Cayssials frenó la medida con una cautelar al considerar que el decreto "altera de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito" y afecta la autonomía y la autarquía presupuestaria del Poder Judicial.

Con los decomisos confirmados y los trámites administrativos ya activados, la Corte continúa ahora los pasos necesarios para completar el traspaso del dinero y las propiedades al patrimonio estatal.

La Corte Suprema administrará y subastará el decomiso de bienes de Cristina Kirchner

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Esto sucedió después de la decisión del Tribunal Oral Federal N° 2.

La Corte Suprema de Justicia será la encargada de administrar y subastar el decomiso de los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner.

Así lo supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales, luego de la decisión del Tribunal Oral Federal N° 2 de decomisar bienes de la ex mandataria.

El Tribunal Oral Federal N° 2 solicitó este martes decomisar los bienes de la ex presidenta, quien cumple una condena de prisión domiciliaria de seis años, junto a los de otros condenados por ese expediente.

La medida, dispuesta luego de que la sentencia dictada en diciembre de 2022 fuera ratificada en junio pasado, alcanza a 122 bienes inmuebles que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o bien como activos incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.

El monto original fijado en concepto de decomiso había sido de $84.835 millones, pero fue actualizado a $684.990.000.000 por peritos contadores, en función de criterios técnicos ratificados por la Corte Suprema de Justicia.

Ante el incumplimiento de los condenados, el tribunal ordenó su ejecución mediante la realización y venta de los activos identificados.

Entre los bienes decomisados se encuentran propiedades de Lázaro Báez y de sociedades vinculadas a su grupo empresario, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, además de terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También se incluye un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y un conjunto de bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

La Corte Suprema rechazó el reclamo de Fuerza Patria por la candidatura de Santilli

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Los Jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron por unanimidad que el recurso "no cumplió con los requisitos" formales.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió rechazar el recurso presentado por Fuerza Patria que impugnaba la designación de Diego Santilli como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de La Libertad Avanza.

El planteo se había originado luego de la renuncia de José Luis Espert, quien se retiró de la contienda tras ser vinculado con el empresario acusado de narcotráfico Federico Fred Machado.

La decisión del máximo tribunal fue adoptada por unanimidad por los Jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

En su resolución, los magistrados afirmaron que "el recurso extraordinario no cumplió íntegramente con los requisitos" establecidos en el artículo 1° del reglamento aprobado por la acordada 4/2007 y concluyeron: "Por ello, se lo desestima".

El pedido había sido impulsado por la exdiputada Malena Galmarini, quien, a través de su abogado, sostuvo que para respetar la paridad de género, el reemplazo de Espert debía recaer en la candidata Karen Reichardt, segunda en la nómina original.

El expediente llegó a la Corte tras la resolución de la Cámara Nacional Electoral, que determinó que Santilli debía encabezar la lista bonaerense de la alianza libertaria.

La Cámara Nacional Electoral había revocado una decisión previa que declaraba inconstitucional el artículo 7 del Decreto 171/2019.

El mismo dispone que si un candidato fallece, renuncia, se incapacita o resulta inhabilitado antes de los comicios, será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista.

A su vez, la Cámara ordenó al juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, reordenar la nómina. De esa manera, detrás de Santilli quedaron ubicados Reichardt y Pareja.

No obstante, el magistrado consideró que el lugar vacante debía ser ocupado por la primera mujer que sigue en la boleta, "en línea con los compromisos constitucionales e internacionales del Estado argentino en materia de igualdad de género".

Tras esa intervención judicial, Fuerza Patria presentó un recurso extraordinario que fue finalmente rechazado este viernes por la Corte.

Con la decisión, Santilli quedó confirmado como cabeza de lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

En paralelo, la Cámara Nacional Electoral dispuso la reimpresión de la cartelería informativa que se utilizará en los centros de votación bonaerenses para incluir la imagen del nuevo primer candidato. Aunque descartó realizar modificaciones en las boletas.

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