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El Senado comenzará a debatir la ampliación de la Corte Suprema

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La reforma de su composición se da en medio de la discusión por la conformación del Consejo de la Magistratura. Buscará la paridad de género en el máximo tribunal de Justicia.

En un plenario de comisiones, el Senado de la Nación comenzará a debatir la semana próxima una reforma a la composición de la Corte Suprema de Justicia para ampliar el número de sus integrantes, según informaron fuentes del interbloque oficialista.

El avance en una reforma de la composición de la Corte se produce en el medio de un conflicto generado entre los actuales integrantes del máximo tribunal y el oficialismo a raíz de la declaración de inconstitucionalidad del funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

Un fallo del Supremo Tribunal de diciembre del año pasado repuso la vieja ley del Consejo, lo que generó una serie de conflictos por la elección de los nuevos consejeros designados por el Congreso entre el interbloque del Frente de Todos y el de Juntos por el Cambio, principalmente, en la Cámara alta.

Fuentes de la bancada del oficialismo indicaron que la discusión del asunto se extenderá por varias semanas y que serán invitados especialistas en el tema.

Además, los voceros indicaron que se buscará llegar a un consenso con la oposición para obtener el mejor proyecto posible y evitar que el asunto quede empantanado en la Cámara de Diputados como ocurrió, por ejemplo, con la reforma judicial aprobada en el Senado en 2020.

La ley en vigencia, aprobada en 2006, establece que la Corte esté conformada por cinco jueces, aunque en la actualidad está integrada por cuatro magistrados: su Presidente, Horacio Rosatti; Carlos Rosenkrantz; Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

La ahora Exjueza Elena Highton de Nolasco renunció a su cargo en octubre de 2021 y su reemplazante hasta ahora no fue designado.

El Senado tiene en estudio un solo proyecto vinculado a modificar la Corte y fue presentado por la riojana de Hay Futuro Argentina María Clara Vega, exintegrante de Juntos por el Cambio.

Se trata de una iniciativa que busca respetar la paridad de género en la composición de la Corte.

El artículo primero de la iniciativa establece que el Supremo Tribunal "deberá reflejar en su integración la paridad de género entre hombres y mujeres, diferentes especialidades de sus miembros y distinta procedencia geográfica en el marco de un país federal".

La Corte Suprema retomó el manejo del Consejo de la Magistratura

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El titular del Máximo Tribunal asumió desde este lunes en el órgano encargado de seleccionar y sancionar a jueces.

La guerra del kirchnerismo contra la Justicia está declarada, pero esta semana sumó un nuevo capítulo. Este lunes, el Titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, asumió al frente del Consejo de la Magistratura, movimiento que el Gobierno busca evitar y que Cristina Fernández de Kirchner cuestiona duramente.

La movida de Sergio Massa y la vicepresidenta es evitar designar a los dos representantes parlamentarios para que sin esos cargos cubiertos no pueda funcionar, al tiempo de redoblar los esfuerzos para que el organismo que selecciona y sanciona a los jueces vuelva a manos de un aliado kirchnerista.

La reforma de la Justicia y el enfrentamiento con el sistema judicial es uno de los puntos claves en los que Cristina Kirchner puso el eje al momento de sellar la alianza de Gobierno con el Presidente Alberto Fernández y que, más allá de algunos fallos a favor y algunas liberaciones de exfuncionario, no logró que avanzara por el camino que esperaba.

Más allá de las objeciones al fallo de la Corte, el Consejo de la Magistratura es clave para mantener la influencia en la selección de los jueces. En parte, atendiendo las causas judiciales que enfrenta no solo la vicepresidenta, sino también muchos de sus exfuncionarios y su familia.

Hoy el Consejo de la Magistratura cuenta con 13 miembros: tres diputados, tres senadores, tres representantes de los jueces, dos los abogados, un académico y un representante del Ejecutivo.

Pero a partir de este lunes, volvió a su vieja composición de 20 miembros y, tal como sucedió hasta 2006, la presidencia quedaría en manos del titular de la Corte Suprema, en este caso de Horacio Rosatti, según un fallo del propio máximo tribunal, al que cuestiona Cristina Kirchner.

Organizaciones kirchneristas marchan este martes contra la Corte Suprema de Justicia

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La manifestación partirá a las 15 desde el Obelisco hasta la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales. Participarán agrupaciones políticas, sindicales, judiciales y de Derechos Humanos cercanas al Gobierno.

Bajo el lema "Basta de impunidad" y para reclamar por "el fin del lawfare", distintas organizaciones políticas, sindicales, judiciales y de Derechos Humanos cercanas al kirchnerismo se movilizan este martes en Buenos Aires desde el Obelisco hasta la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, en rechazo a la actual composición de la Corte Suprema de Justicia.

Según se pudo constatar Luis D Elía, uno de los impulsores de la marcha, las distintas agrupaciones y los ciudadanos independientes autoconvocados se darán cita en el Obelisco a partir de las 15 para concentrar allí y luego movilizar hasta la plaza de Tribunales, donde se desarrollará un acto con fuerte contenido político a las 18.

Además de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat, la organización social que tiene como referente a D Elía, convocan a la movilización el juez Juan María Ramos Padilla, la CTA Autónoma presidida por Ricardo Peidro, y las agrupaciones Peronismo Militante y Corriente Federal Martín Fierro.

"Para terminar con el lawfare y democratizar la Justicia, hay que empezar con la renuncia" de los miembros del máximo tribunal, aseguró Peidro en una conferencia de prensa en la que junto a otros dirigentes convocantes dio detalles de la movilización.

El Gobierno nacional dio libertad de acción a sus funcionarios para adherir, participar o no de la marcha: mientras que el "albertismo" no se muestra demasiado entusiasmado con la iniciativa, otros miembros del Poder Ejecutivo ya adelantaron su apoyo y algunos incluso se plegarán a la movilización.

Entre estos últimos sobresale la figura del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, el kirchnerista Jorge Ferraresi, mientras que el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y la titular de la agencia Federal de la Inteligencia, Cristina Caamaño, fueron algunos de los que expresaron el respaldo a la movilización.

Del ámbito judicial, serán de la partida la agrupación Justicia Legítima y la Asociación Argentina de Juristas, mientras que por el movimiento de los Derechos Humanos estará, entre otras organizaciones, la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Hebe de Bonafini y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

También se prevé la presencia de diputados nacionales del Frente de Todos como Leopoldo Moreau, mientras que Leandro Santoro se expresó a favor de la marcha pero explicó que no participará de la movilización in situ porque considera que al ser miembro del Poder Legislativo no le corresponde inmiscuirse en acciones contra otro poder del Estado.

En la antesala de la protesta kirchnerista contra la Corte Suprema, la alianza Juntos por el Cambio remarcó que la Constitución establece el modo para remover jueces y subrayó que "este procedimiento no puede ser sustituido por reclamos facciosos como los que alienta el Gobierno", al tiempo que advirtió que "se trata lisa y llanamente de una actitud golpista".

La Corte Suprema declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura

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Con la decisión por unanimidad del máximo tribunal el organismo que selecciona y controla a los jueces vuelve a pasar a tener 20 miembros y reduce el poder de la política en la institución. 

La Corte Suprema de Justicia declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de la conformación del Consejo de la Magistratura, en un fallo de alto impacto político.

El fallo le dio un plazo de seis meses a la institución que selecciona y controla a los jueces para volver a la conformación anterior de 20 miembros, en lugar de los trece actuales. Además dispuso que el Congreso Nacional acuerde una nueva composición.

La resolución del máximo tribunal fue dispuesta por unanimidad de todos sus integrantes: el Presidente de la Corte Horacio Rosatti, el Vice Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

La reforma del Consejo de la Magistratura se produjo en 2006 impulsada por Cristina Kirchner, que en ese momento era senadora. Además de reducir la cantidad de miembros aumentó el peso de la política en el organismo.

La ley 26.080 determinó que integraran el organismo tres jueces del Poder Judicial de la Nación, seis legisladores, dos representantes de los abogados, un representante del Poder Ejecutivo y uno del ámbito académico y científico.

El Consejo de la Magistratura es un organismo clave, ya que selecciona y controla a los jueces y que también puede juzgarlos y apartarlos por mal desempeño.

El fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de la reforma en la Magistratura determinó que el organismo vuelva a su conformación anterior, con el titular de la Corte Suprema, cuatro jueces, cuatro legisladores por la mayoría, cuatro legisladores por la minoría, cuatro abogados, dos académicos y un representante del Poder Ejecutivo.

De esta manera el organismo volverá a tener "equilibrio", luego del aumento del peso de la política en la proporción de los consejeros que había dispuesto la reforma de la composición de la institución en 2006.

Argentina: las empresas deberán instalar salas maternales y guarderías para sus empleados

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La Corte Suprema confirmó la sentencia que ordenó al Poder Ejecutivo Nacional reglamentar la norma. Había sido apelada por el gobierno de Macri.

La Corte Suprema de Justicia ordenó al Gobierno que reglamente una ley que obliga a las empresas que cuentan con un número determinado de trabajadores a contar con salas maternales y guarderías para los hijos de sus empleados. La normativa, sancionada en 1974, había sido apelada por el Gobierno de Mauricio Macri.

El máximo tribunal confirmó un fallo a favor de un trabajador con hijos en edad de concurrir a guarderías, que exigió el cumplimiento de la ley, en un reclamo que fue acompañado por la Organziación no Gubernamental Centro Latinoamericano de Derechos Humanos.

Mediante una acción de amparo, reclamaron que el Poder Ejecutivo "dicte las normas necesarias para poder gozar del beneficio establecido en el artículo 179 de la ley 20.744 de Contrato de Trabajo". Ese artículo establece que "en los establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que determine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías para niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan".

Esa ley fue promulgada en septiembre de 1974, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, pero nunca fue reglamentada, de modo tal que en los hechos jamás se implementó. La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a la acción de amparo, pero el Estado apeló la medida durante el gobierno anterior.

Ahora, la Corte, con los votos concurrentes de sus cinco jueces, ratificó el fallo que le ordena al Poder Ejecutivo reglamentar la ley para ponerla en vigencia. "El propio texto de la norma condiciona la exigibilidad de la habilitación de las salas y guarderías a la existencia de una reglamentación que determine el número de trabajadores por establecimiento, la edad de los niños y las condiciones mínimas requeridas", justificó el fallo.

"A pesar de ello, desde que la ley fue promulgada el 20 de setiembre de 1974, la norma en cuestión no fue reglamentada", resumieron los jueces, que de esta manera pusieron fin a una causa iniciada en 2015, y que marca la tercera vez en la historia que la Corte Suprema emplaza al Poder Ejecutivo por no haber reglamentado una ley.

Rosatti es el nuevo presidente de la Corte con apoyo de Maqueda y Rosenkrantz

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Lorenzetti no participó de la reunión virtual y Highton de Nolasco pidió una prórroga, pero fue rechazada.

Horacio Rosatti es el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Fue elegido con el respaldo de Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, quien quedó como vicepresidente del máximo tribunal de Justicia.

La decisión se tomó pese a que Ricardo Lorenzetti no participó de la reunión virtual, razón por la cual su colega Elena Higton de Nolasco solicitó una prórroga del acuerdo.

Pero la mayoría de Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz se impuso y no le concedió la prórroga, por lo que la jueza se abstuvo de votar. Rosatti asumirá como presidente el próximo 1 de octubre.

Su trayectoria

Rosatti es un jurista de larga trayectoria y reconocido dirigente del peronismo de Santa Fe, aunque no está alineado con el Gobierno de Alberto Fernández. Esto, a pesar de que compartió Gabinete con el presidente cuando fue Ministro de Justicia del multimillonario expresidente Néstor Kirchner.

El santafesino fue designado para la Corte por Mauricio Macri, que en primera instancia fue puesto por un DNU en una maniobra que todavía genera polémica, aunque luego el pliego fue al Senado y fue Rosatti fue confirmado en la Corte.

En el kirchnerismo hay quienes sostenían que el mandato de Rosatti y Rosenkrantz estaba viciado de nulidad por haber aceptado ser designados por DNU.

A pesar de que Macri lo eligió para ese lugar por la buena relación de Rosatti con el Gobierno de Cambiemos, este duró muy poco, hasta que el juez votó en contra de los tarifazos.

El expresidente lo consideró su peor error en materia judicial y hace poco lo acusó de tener un "sesgo anticapitalista".

A Rosatti se le reconoce una muy buena cintura política para moverse en la Corte Suprema, una habilidad que durante la gestión de Mauricio Macri fue clave para desplazar a Lorenzetti e imponer a Rosenkrantz.

Luego los dos santafesinos formaron un bloque para aislar a Rosenkrantz por su alineamiento automático con el macrismo.

La Corte Suprema falló a favor de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires

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El máximo tribunal avaló la autonomía de la Capital Federal y le dio la razón a Horacio Rodríguez Larreta en su conflicto con la Casa Rosada.

En un fallo de alto impacto político y social la Corte Suprema de Justicia respaldó las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires. La medida fue a partir del amparo presentado por el gobierno porteño en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia que suspendió la actividad presencial en el área metropolitana por la segunda ola de contagios de coronavirus.

La decisión salió por unanimidad con los votos de Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, que respaldaron de la autonomía de la Ciudad. Elena Highton se abstuvo de votar al considerar que la presentación de la ciudad de Buenos Aires no era competencia de la Corte. El planteo generó una gran discordia entre Nación y la administración de Horacio Rodríguez Larreta, que no acató la restricción en las escuelas.

Entre los argumentos de la resolución los jueces manifestaron que "corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires —al igual que a las provincias— la atribución para decidir sobre los modos de promover y asegurar la educación de sus habitantes".

Mencionaron que la Convención Constituyente de 1994 "introdujo a la educación entre las atribuciones de la policía del bienestar de las provincias, y expresamente incorporó como sujeto activo —y en igualdad de condiciones que las provincias— a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Ciudad de Buenos Aires presentó amparo judicial para que no se cierren las escuelas

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Fue ante la Corte Suprema. Sostienen que el decreto viola la autonomía de la Capital.

El Gobierno porteño presentó este viernes por la mañana un amparo judicial para que se declare inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia a través del que el presidente Alberto Fernández suspendió por 15 días las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires , entre otras restricciones y medidas para intentar frenar el aumento de casos de coronavirus en esa región del país.

"Esta mañana y tal como lo había anticipado el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, la Ciudad interpuso una acción judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de que se declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 241 del Poder Ejecutivo Nacional que dispone la suspensión de las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades desde el 19 de abril hasta el 30 de abril inclusive", reza el comunicado oficial de la Ciudad.

La administración de Larreta pidió que se le ordene al Estado Nacional que "se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el Decreto cuestionado".

Entre otras cuestiones, el Gobierno porteño sostiene que el decreto viola la autonomía de la Capital e implica una "virtual intervención federal porque se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación".

Para la Ciudad, la decisión de Alberto Fernández "resulta arbitraria" ya que "está científicamente demostrado, en el ámbito internacional y local, que el grado de contagio en establecimientos escolares es mínimo". En este sentido, las autoridades porteñas sostuvieron que la medida "es una clara violación al principio de igualdad porque se evidencia una discriminación arbitraria con relación a las restantes provincias".

Por último, argumentan que la normativa viola tratados internacionales que consagran el derecho del niño a la educación.

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