En la aeronave viajaban tres personas. Todos sufrieron quemaduras, politraumatismo y se encuentran "hemodinámicamente descompensados y en estado crítico".
Una avioneta se accidentó este domingo por la mañana cuando intentaba despegar en el Aeropuerto Brigadier Cesar Raúl Ojeda, de la ciudad de San Luis, y dejó como saldo tres personas con quemaduras y en estado grave.
En un principio, solo trascendió el nombre de uno de los pasajeros, identificado como Juan Chediack, de 69 años, empresario de la construcción e imputado arrepentido en la Causa de los Cuadernos de las Coimas, quien llegó a ser presidente y vicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción.
El accidente fue alrededor las 9.30 horas de este domingo, cuando una ráfaga de viento fuerte tiró al avión matrícula LV-GLQ Beechcraft bonanza contra el perímetro del aeropuerto.
"Se activaron rápidamente los sistemas de emergencia del aeropuerto y se evacuaron 3 personas con quemaduras", indicaron fuentes consultadas.
Se trata de la causa conocida como Cuadernos de la Corrupción, que fue publicada como primicia hace años por Diego Cabot en diario La Nación.
El Juez Ercolini no solo sobreseyó a la expresidenta Cristina Kirchner, también corrieron la misma suerte los empresarios vernáculos Fernando Pallucchini, Julio César Pallucchini, y Antonio Iván Dumandzic, que habían sido procesados por el Juez Bonadío junto a un centenar de empresarios de todo el país.
En la causa "Fernández, Cristina Elisabet y otros s/Asociación Ilícita", popularmente conocida como Cuadernos de la Corrupción, la cual se tramitaba en el juzgado del fallecido Juez Claudio Bonadío, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, a cargo del Juez Julián Ercolini decidió sobreseer a los empresarios sanjuaninos Fernando Pallucchini, Julio César Pallucchini, y Antonio Iván Dumandzic, otrora sindicados en la causa que investigaba la "cartelización de la obra pública".
También recibió el mismo fallo el empresario Hugo Dagonetti, dueño de Panedile, a quien se le dictó la falta de mérito para ser condenado. Un hombre que hizo muchas obras en San Juan.
En el miso fallo se sobreseyó al exministro de Obras de la Nación, Julio de Vido junto a su compinche política, Cristina Fernández de Kirchner.
Según la investigación del Juez Bonadío, fallecido hace años, "entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, perpetraron un sistema de recaudación ilegal en el ámbito de la obra pública, mediante el cual, por un lado, el dinero era recibido por funcionarios con el fin de enriquecerse y utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, y por el otro, las personas o empresas que lo otorgaban, lo hacían a cambio de algún beneficio de los funcionarios que estaban a cargo de la adjudicación de obras públicas y/o el otorgamiento de pagos, desde el ámbito estatal".
Tal como explicaba la investigación, la asociación ilícita que, para Bonadío integraban estos empresarios, era comandada por Néstor y Cristina Kirchner, quiénes según el esquema de reparto del dinero trazado por el juez, recibían el producido de las coimas "en la Residencia Presidencial de Olivos y en la Casa de Gobierno".
En su fallo, el Juez Ercolini sostuvo que "no fue posible, a pesar de la profusa investigación llevada a cabo, establecer la responsabilidad de los imputados en los hechos referidos en este resolutorio".
En la causa de los Cuadernos de las Coimas, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos de nulidad que habían presentado los acusados para hacer caer la investigación.
Según explicó diario La Nación, medio que tuvo la primicia de esta causa, en un fallo firmado por los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, con la disidencia de la Jueza Ana María Figueroa, la Sala I del máximo tribunal penal federal del país convalidó la constitucionalidad de la aplicación de la ley del imputado colaborador en la causa donde se investigaron cientos de pagos de sobornos de parte de empresarios a exfuncionarios del kirchnerismo.
En esta causa, donde se homologaron 31 acuerdos con arrepentidos, la Vicepresidenta Cristina Kirchner está acusada de haber liderado una asociación ilícita para recaudar coimas de empresarios de la obra pública.
Las defensas podrán analizar si acuden a la Corte Suprema para que su planteo sea revisado en esa instancia superior.
La posibilidad de que los jueces de la Sala I anularan las declaraciones de los arrepentidos entusiasmaba a las defensas, que, entre sus cuestionamientos, sostuvieron que las declaraciones de los arrepentidos no fueron grabadas con medios audiovisuales y debían ser invalidadas.
El Fiscal Carlos Stornelli y el Juez Claudio Bonadio registraron los dichos de los acusados en actas de papel.
Con este fallo, la Cámara de Casación saldó la disputa por la validez de estas declaraciones, que estaba basada en la interpretación de lo enunciado en el artículo 6 la ley 27.304, que sostiene lo siguiente: "Las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior".
Causa Cuadernos
La causa tiene su origen en los datos revelados por las anotaciones del chofer del exfuncionario de Planificación Roberto Baratta, Oscar Centeno, que registró durante casi una década movimientos de los exfuncionarios del Ministerio de Planificación.
Las anotaciones daban cuenta de cómo los entonces funcionarios cobraban dinero ilícito de grandes empresas contratistas con negocios en el país. Esos datos fueron verificados por los investigadores judiciales y el caso tuvo su punto más álgido entre julio y agosto de 2018, cuando el fallecido Juez Claudio Bonadio ordenó la detención de Centeno y de 17 exfuncionarios e importantes directivos de empresas.
Los meses que siguieron a esos mega operativos de detenciones llevaron a Stornelli, al Fiscal Carlos Rívolo y al Juez Bonadio a tomar decenas de declaraciones indagatorias de empresarios y exfuncionarios para que convalidaran o refutaran las anotaciones de Centeno. Utilizaron la figura del arrepentido, que fue clave para el avance de la causa.
Cristina Kirchner, que calificó al caso como "cinematográfico", fue citada a declarar como acusada por Bonadio. En un mismo día, la indagó por el caso de los cuadernos y por siete de sus expedientes derivados.
Hoy, la vicepresidenta está procesada como líder de una asociación ilícita. La Cámara Federal de Casación anuló este año la prisión preventiva que le había dictado Bonadio, nunca ejecutada porque Cristina Kirchner cuenta con fueros.
El Juez Germán Castelli retomará sus funciones al frente del Tribunal Oral Federal 7 de Comodoro Py hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Es el encargado de investigar a Cristina Kirchner, Jefa de la Banda de Cacos que gobernó el país durante una década.
La Corte Suprema de Justicia hizo lugar al per saltum presentado por el Juez Germán Castelli, quien continuará en su cargo hasta que se resuelva el fondo del planteo.
"La Corte Suprema ha hecho su trabajo y se ha pronunciado, esas son las reglas del juego. La Corte me dio una vida más. Esto no terminó y la batalla legal continuará", dijo Castelli en una entrevista concedida a un medio nacional.
Las causas contra Cristina Kirchner
El Juez Germán Castelli, interviene en la tramitación del juicio oral por la causa de los Cuadernos de la Corrupción. Allí investiga a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien es la principal acusada.
El caso de los Cuadernos de las Coimas, uno de los megaexpedientes de corrupción más importantes de Comodoro Py.
Fue elevado a juicio hace un año por el fallecido Claudio Bonadio. Hoy está en manos del Tribunal Oral Federal 7, a cargo del del Juez Castelli.
El caso fue elevado a juicio hace más de un año, el TOF 7 todavía no ordenó nuevas medidas de prueba y lejos está de poder fijar una fecha para que el proceso comience.
Pero además de la ralentización en el avance de la causa de los Cuadernos, otros procesos orales que involucran a Cristina Kirchner y sus hijos avanzan a paso muy lento.
El juicio por las causas Los Sauces y Hotesur, elevadas a juicio entre octubre de 2018 y comienzos de 2019 y que serán abordadas en un mismo proceso oral, tampoco tiene fecha de inicio prevista.
Fuentes judiciales a cargo de ese proceso aseguran que, como mínimo, hasta finales de 2021 "es imposible" que este sea iniciado.
Gioja, Alperovich, De la Sota, Scioli y Fellner, un equipo de peronistas que jugó con De Vido y López.
El escándalo de los cuadernos reactivó causas por corrupción que se investigan en las provincias y dejó al desnudo las huellas de De Vido y López por todo el país.
Más allá de que algunos exgobernadores cacos aparecerían en los cuadernos bochornosos del arrepentido cómplice Oscar Centeno, el chofer escribiente, las sospechas y las denuncias sobre el manejo de fondos del Estado se extienden por todas las provincias. La actuación del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido y de su secretario de Obras Públicas, José López, entre otros funcionarios del kirchnerismo ladrón, se investiga en varios expedientes.
Sin embargo, por ahora el avance de las pesquisas sobre políticos y empresarios provinciales no es ni transparente ni efectiva, debido al concubinato asqueroso que existe en las comarcas feudales entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
En cada provincia hubo un gobernador dispuesto a colaborar con las fechorías de Julio De Vido
La marcha de las causas contra exmandatarios en los juzgados federales o locales es casi nulo en las provincias. Sobre todo si se tiene en cuenta que muchos de los jueces llegaron a su cargo de la mano del kirchnerismo o de los gobernadores peronistas a los cuales ahora deben investigar.
San Juan: en esta provincia los jueces locales tienen planchadas todas las causas que investigan la administración oscura del exgobernador Gioja, actual diputado y presidente del PJ. La Cámara de Diputados provincial formó una comisión para investigar la construcción de viviendas, represas, la estación solar fotovoltaica, el estadio de fútbol, el camino de montaña, los túneles viales, el Centro Cívico y el Teatro del Bicentenario. Sin embargo esa comisión está trabada. Si bien el secreto de sumario no permite divulgar si Gioja aparece o no en los escritos de Centeno, todo hace presumir que la matriz corrupta de obra pública y sobornos se repitió también en San Juan de la mano de Julio De Vido como mentor y cerebro de una organización ilícita. En los próximos días habrían novedades que involucrarían al presidente del Partido Justicialista.
Tucumán: una causa que investiga el presunto pago de sobreprecios en obras públicas con fondos nacionales por más de $1200 millones duerme desde hace meses en la Cámara Federal de Apelaciones. Apunta al exgobernador y actual Senador José Alperovich y a De Vido y López, entre otros. El juez federal que tiene la causa, Daniel Bejas, le debe su designación a Cristina Kirchner. En los tribunales provinciales Alperovich dejó amigos y favores a cobrar como para blindarse de por vida. Pero ahora, el fiscal Carlos Stornelli le dio impulso a la investigación y concluyó que el monto de dinero involucrado en las maniobras alcanzó los $1287 millones. Pese a esos avances, el Juez Luis Rodríguez devolvió las actuaciones a Tucumán.
Córdoba: la Unidad de Información Financiera pidió hace unos días que se avance en la investigación de un supuesto pago de coimas en la primera licitación de los gasoductos troncales durante la gestión de José Manuel de la Sota . La obra no se concretó con esa operatoria, fue nuevamente licitada y está en marcha. La denuncia original se basa en que la obra aparece en la lista de 750 contratos que el cambista arrepentido Alberto Youssef entregó al juez brasileño Sergio Moro. La Procelac tomó el planteo de la UIF, que sostiene que una empresa de Horacio Miró, exfuncionario de De la Sota, habría recibido el 40% del emprendimiento Torres Art María, en Puerto Madero, valuado en US$180 millones. Habría sido, según la UIF, una cesión de Iecsa, de Ángelo Calcaterra, que habría actuado como supuesta intermediaria de firmas brasileñas.
Buenos Aires: se esperan novedades a partir de las declaraciones de López como arrepentido. Casi un centenar de intendentes ya pasaron por Comodoro Py por el destino de $600 millones del plan de gestión de residuos (Girsu). Otro grupo tuvo que dar explicaciones por el plan de viviendas Sueños Compartidos. Mientras, se reactivó una denuncia contra el exsecretario de Comercio InteriorGuillermo Moreno por un fondo de $35 millones que se colectó para viviendas tras la inundación de La Plata y del que no se conoce destino. El exgobernador Daniel Scioli, por su parte, enfrenta investigaciones por la construcción de las Unidades de Pronta Atención (UPA) y sus vínculos con constructoras.
Santa Cruz: el de esta provincia es el caso paradigmático en cuanto a denuncias de corrupción. Lázaro Báez, que está preso por la ruta del dinero kirchnerista y espera el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en su favor, en la que también está procesada Cristina Kirchner, recibió 52 contratos viales por $46.000 millones, según la Justicia. Aunque Báez no aparece mencionado en los cuadernos de las coimas, la provincia quedó en el centro de la causa a partir del testimonio de Carlos Wagner, el extitular de la Cámara Argentina de la Construcción y presidente de la constructora Esuco, que se afincó en Santa Cruz a fines de los 90. Al describir el esquema de coimas, Wagner mencionó a un rosario de empresas.
Chubut: una de las provincias donde la corrupción ha sido paradigmática. No solo por la cantidad de obras que pasaron por Báez o Cristóbal López, sino también porque antes de que surgieran los cuadernos, la Justicia local destapó una trama de corrupción espectacular que originó una docena de causas que involucran a más de 60 empresarios y a medio gabinete del fallecido gobernador Mario Das Neves. "Embrujo", la "Revelación", "Emergencia" son algunos de los expedientes que estallaron al encontrarse una puntillosa contabilidad, con planillas de Excel y cheques fotocopiados, que acreditaba el ingreso de coimas de las constructoras y el pago de sobresueldos a funcionarios.
Jujuy: en este distrito del norte del país avanzan tres causas relacionadas con Milagro Sala. Una es la llamada Pibes Villeros, en la que se investigan obras de mejoramiento barrial que debieron hacer cooperativas por $60 millones. La otra, conocida como Megacausa, trata sobre 1850 viviendas que no se construyeron y 500 más que no fueron terminadas, pese a que se firmaron certificados diciendo lo contrario. Se calcula que desaparecieron $1200 millones de pesos. Los imputados son Sala y el exgobernador Eduardo Fellner , como jefes de asociación ilícita, y José López, como partícipe necesario. Una tercera investigación apunta por presunto lavado de activos a un empresario vinculado a la líder de la Tupac Amaru. Se inició con una denuncia de la sede cordobesa de la AFIP , a raíz del aumento patrimonial injustificable de varios empresarios, que también figuran en cuadernos aportados por un testigo protegido que registró la circulación del dinero. En Jujuy se ignora el destino de $1200 millones para viviendas de la Tupac Amaru.
Misiones: la Justicia investiga una denuncia por malversación de fondos y enriquecimiento ilícito contra Ewaldo Rindfleisch, exintendente de Oberá, por el manejo supuestamente irregular de $20 millones que el municipio recibió a través del programa Más Cerca, que manejaba López.
Catamarca: el sistema de coimas que salió a la luz con los cuadernos de Centeno había sido denunciado hace dos años. El empresario Jorge Marcolli fue citado por el fiscal Santos Reynoso, después de que denunciara al actual ministro de Obra Pública, Rubén Dusso, como supuesto recaudador de aportes ilegales, para López. Fernando Rivera, expresidente de la Cámara de Construcción de las provincia, aseguró que Dusso creó la Asociación de Empresas Contratistas para distribuir la obra pública después de que él se negara a hacer esos aportes. "Había que llevárselos [los aportes] a la oficina de Dusso. Después Dusso iba al aeropuerto y le entregaba el dinero al emisario que llegaba de la Nación. El 5% del total de la obra era lo que se pagaban en retornos", señaló.
Entre Ríos: se usó el mismo mecanismo, esto es, el uso de las cámaras de la construcción de las provincias cómo émulo de la cámara nacional de Wagner, pero para resolver el pago de coimas a funcionarios provinciales, fue denunciado en Entre Ríos. Un mes antes de morir, aquejado por un cáncer, el empresario Víctor Pietroboni dio detalles de esa metodología a una radio entrerriana. Sobre sus dichos, los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet se presentaron ante el Juez Claudio Bonadio para denunciar una maniobra que involucra también a la AFIP y al Estado provincial en la confección de facturas apócrifas para ocultar los sobornos.
Río Negro: en esta provincia el foco está puesto en las obras viales, viviendas y el gasoducto cordillerano, que fue relicitado por el Gobierno, por un valor menor al fijado por el kirchnerismo hace ocho años. Con respecto a las rutas 22 y 23, emblemáticas para la región, se denunciaron múltiples inconsistencias, defectos de calidad y demoras, además de sobreprecios por hasta tres veces el valor. También se investigan $75 millones destinados a 870 viviendas del plan nacional Techo Digno, que se derivaron a pago de sueldos en varios municipios.
Chaco: en los pagos del intolerante Capitanich, las investigaciones no solo apuntaron a las viviendas sociales de la gestión de Jorge Capitanich. También afectan a Cambiemos . La última semana quedó detenido el intendente de Villa Bermejito, Lorenzo Heffner, por un faltante de $800 millones en viviendas no construidas. Los fueros de la diputada Aída Ayala frenan la detención pedida por la Justicia: se la acusa de liderar una asociación ilícita mientras estaba a cargo de la intendencia de Resistencia.