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Se negó a declarar el policía que mató en Miramar a Luciano Olivera

Sus abogados defensores le aconsejaron no prestar declaración frente al juez ya que "elementos claves" aún no fueron incorporados.

El policía Maximiliano González, de 25 años y acusado por el homicidio del adolescente Luciano Olivera se negó a declarar ante la fiscal del caso y seguirá detenido.

Este sábado por la mañana, el imputado por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido por un funcionario de una fuerza de seguridad usó su derecho de negarse a declarar y la Fiscal a cargo de la causa, Ana Caro, dispuso que siga detenido en la Unidad Penal Nº44 de Batán.

Los Abogados defensores de González, Lautaro Resúa y Carla Medina, le aconsejaron no declarar porque en la investigación faltarían elementos claves, que no fueron incorporados a la causa aún.

Tras negarse a declarar, el Juez de Garantías Gabriel Bombini convirtió la aprehensión del efectivo en detención.

Además de los resultados de la autopsia, la fiscal espera también el relevamiento de las imágenes de las cámaras de seguridad y los informes de planimetría realizados.

El adolescente Luciano Olivera fue asesinado de un disparo en el pecho durante la madrugada de este viernes en el marco de un supuesto control policial.

Según se pudo reconstruir en la causa, el joven regresaba a su casa en moto después de jugar al fútbol y de estar con sus amigos en la madrugada del viernes, cuando quisieron identificarlo en un operativo en cercanías de la plaza central de Miramar, el cual intentó evitar porque no tenía registro para conducir.

Caso Lucas González: 2 de los policías acusados admitieron haber disparado sus armas

Este lunes, los 3 policías imputados declararon ante la Justicia, durante las declaraciones indagatorias en las que se quebraron y lloraron en varias oportunidades.

Fuentes judiciales informaron que los acusados dijeron haberse bajado del auto Nissan Tiida de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 al grito de "policía" y con los chalecos identificatorios puestos, y que también hicieron sonar la sirena, aunque no encendieron las luces azules del llamado "chichón" que se poner sobre el techo del rodado porque no funcionaban.

Tras pasar la noche en una celda de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, el Inspector Gabriel Isassi, el Oficial mayor Fabián López y el Oficial José Nievas fueron trasladados a los tribunales porteños cerca de las 7 de la mañana y a partir de las 8.30 comenzaron a desfilar ante el Juez Martín Del Viso.

En el despacho del magistrado estaba de manera presencial el imputado, el Abogado defensor de los tres, Alfredo Oliván, y el Juez Del Viso, mientras que los fiscales Leonel Gómez Barbella y Andres Heim, de la Procuvin, lo hicieron de manera virtual a través de la plataforma Zoom.

Los tres policías fueron indagados acusados de los delitos de "homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones y con alevosía de Lucas González, la tentativa de ese mismo delito contra los otros tres adolescentes, más privación ilegal de la libertad y falsedad ideológica".

Según las fuentes judiciales, ninguno de ellos aceptó responder preguntas pero realizaron un extenso y pormenorizado relato de cómo ocurrieron los hechos, y tanto Isassi como Nievas se quebraron en reiteradas oportunidades mientras explicaban las circunstancias del episodio en el que murió Lucas.

En el relato, los policías contaron que trabajaban en la villa 21-24 en el marco de una investigación ordenada por la fiscalía 20 de la ciudad vinculada a la venta de drogas y que tenían "como objetivo" un domicilio al cual venían controlando porque se sospechaba que era un búnker de drogas.

Según lo que relataron, en ese marco vieron el automóvil Suran azul en el que se movilizaba Lucas González con sus tres amigos adolescentes "en actitud sospechosa", detenido en la ochava de Iriarte, y que cuando retomó la marcha "hicieron un seguimiento".

"Negaron haber realizado una persecución y dijeron que se pusieron los chalecos, les hicieron sonar la sirena para que detengan su marcha y que bajaron al grito de policía", explicó una fuente de la investigación.

En ese momento, según dijeron, la Suran arrancó para evitar la identificación y ante esa situación, se sintieron en peligro y, por eso, dispararon.

"Nievas dice que cuando estaban por embestirlo, disparó cuatro o cinco balazos de frente a los pibes. López dijo que rodeó el automóvil por atrás y cuando escuchó los primeros disparos, también efectuó varios tiros. El único que no mencionó los disparos fue Isassi, quien no hizo ninguna referencia a esa situación", agregó la fuente consultada.

Según el relato que hicieron ante el juez, ninguno de los tres dijo haber visto armas en poder de los adolescentes, al tiempo que tanto Isassi como López interrumpieron en varias ocasiones su declaración porque se quebraron y lloraron.

Fuentes judiciales explicaron que, ahora, el juez tiene diez días para resolver las situaciones procesales de los imputados y que se espera para los próximos días la declaración de algunos testigos, entre ellos un hombre que paseaba un perro y que dijo haber presenciado el episodio.

Además, se aguardan para las próximas horas los resultados de los peritajes balísticos y de los teléfonos celulares de los tres imputados.

Con el peritaje balístico se espera poder determinar de cuál de las tres armas partió el disparo que le provocó la muerte a Lucas, dijeron las fuentes judiciales consultadas.

El presidente relevó del deber de guardar secreto de Inteligencia a varios exfuncionarios

De esta manera, todos los involucrados quedaron autorizados para prestar declaración ante el Juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, en el marco de la causa que investiga el espionaje ilegal a familiares de submarinistas del ARA San Juan.

El Presidente Alberto Fernández relevó este sábado del deber de guardar secreto y confidencialidad a varios funcionarios de la gestión de su antecesor, Mauricio Macri, y también a la actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, para que puedan prestar declaración en la causa que investiga el espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, que fallecieron como consecuencia de la explosión y posterior hundimiento de la embarcación.

A través del Decreto 762/2021, publicado este sábado en el Boletín Oficial, quedaron autorizados a dar detalles vinculados a la Inteligencia el exministro de Defensa Oscar Aguad; el exsecretario general de la Presidencia Fernando de Andreis; al exjefe de la Custodia Presidencial Alejandro Cecati; el extitular de la Casa Militar José Luis Yofre; y su sucesor, Alejandro Guglielmi.

Además, el exministro de Seguridad bonaerense y actual Presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo. El jefe de Estado también incluyó en el listado a Cristina Caamaño, actual interventora de la AFI.

Alberto Fernández explicó la medida al señalar que el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, "solicitó que se releve del deber de confidencialidad previsto en la Ley Nº 25.520 a siete personas que individualiza en el oficio de requerimiento, en atención a lo solicitado por la defensa del imputado ingeniero Mauricio Macri en su presentación escrita realizada en el marco de la audiencia indagatoria de fecha 3 de noviembre de 2021, y con el fin de evitar dispendios jurisdiccionales y eventuales planteos de las partes".

Asimismo, remarcó que en el expediente en cuestión "se investiga la posible comisión de delitos de acción pública vinculados a actividades de inteligencia prohibidas por la ley, y no a actividades o información que haya sido necesario clasificar en interés de la seguridad interior, la defensa nacional o las relaciones exteriores de la Nación".

"Con el fin de posibilitar la adecuada y efectiva actuación de los órganos jurisdiccionales, es que corresponde relevar a las personas solicitadas por el juez interviniente del deber de secreto y confidencialidad en los términos de la normativa vigente", agregó el decreto.

La semana pasada Alberto Fernández había adoptado la misma medida con Macri, luego de que se frustrara su presentación en el Juzgado de Dolores por el detalle técnico de que el líder del PRO aún estaba obligado a guardar secreto y confidencialidad en cuestiones vinculadas a la Inteligencia.

Chano Charpentier: piden sus informes psicofísicos para saber si puede declarar

El músico continúa internado en el Sanatorio Otamendi, y desde el Ministerio Público Fiscal evalúan si se encuentra en condiciones de brindar un relato del suceso.

El fiscal Martín Zocca, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 1 de Zárate-Campana, que investiga las circunstancias en las que fue baleado el artista Santiago Chano Moreno Charpentier en su casa de Exaltación de la Cruz solicitó un informe psicofísico para saber si podrá declarar sobre lo ocurrido la próxima semana.

Fuentes judiciales informaron que el representante del Ministerio Público Fiscal evalúa si el músico se encuentra en condiciones de brindar un relato del suceso, ya sea de manera presencial, virtual o por escrito.

Chano permanece internado desde el 25 de julio en el Sanatorio Otamendi. Como declaró su madre, Marina Charpentier, esa noche el exvocalista de Tan Biónica sufrió un "cuadro de excitación psicomotriz" por lo que pidió asistencia médica a su domicilio. Para su sorpresa fue abordada por autoridades policiales, y la situación se desencadenó en un disparo que el oficial Fernando Nahuel Amendolara (27) le efectuó al músico.

"Él solo se lastimaba a sí mismo. Había enfermeros y policías, todos contra un adicto en consumo. Pudieron disparar al aire, pero no lo hicieron. Un policía de menos de 20 años le disparo a mi hijo sin motivos", contó Marina a TN al día siguiente.

Chano fue sometido a una cirugía en la que le extirparon el bazo, un riñón y parte páncreas. Mientras que Amendolara fue imputado por "lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido por un funcionario policial", delito que prevé 15 años de prisión.

Declaraciones

Este jueves 5 de agosto, declararon Marina, su hermano (y tío de Chano) Esteban Charpentier y Oscar José Ottonello (marido de su madre). La mujer sostuvo que el vocalista en "ningún momento agredió físicamente a nadie y que no lo vio empuñar un cuchillo".

Mientras que la versión del psiquiatra y dos policías que acompañaban a Amendolara fue que estaba muy agresivo y "llevaba un cuchillo".

En tanto Ottonello aseguró que no se encuentraba en el domicilio en ese momento y que se enteró luego por su esposa, quien además de su testimonial manifestó que "para ella no fue un disparo justificado", "que su hijo manifestó esa noche que él no quería internarse" y "no le interesaba que vaya preso el autor del disparo".

Con el fin de determinar la distancia y el ángulo del disparo, se dispusieron peritajes sobre las prendas de vestir de Charpentier y también sobre la vaina hallada en la escena y el proyectil encontrado entre las ropas del músico, aunque para el fiscal no hay dudas de que fue Amendolara quien lo efectuó con su arma reglamentaria.

"Es una prueba objetiva fundamental que vale más que cualquier declaración de testigos, que pueden ser difusas. Se busca evaluar si el disparo fue o no justificado", dijeron los voceros sobre el análisis de las el buzo y la remera que Chano llevaba puestas al recibir el impacto de bala.