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Gobierno nacional promulgó la reforma de la Ley de Glaciares y delegó facultades de control a las provincias

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Dos semanas después de su aprobación en el Congreso, el Gobierno nacional oficializó el nuevo marco legal para ambientes periglaciares a través del Boletín Oficial.

El Poder Ejecutivo nacional oficializó este viernes la promulgación de la Ley N° 27.804, que introduce modificaciones sustanciales al régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciares.

La medida, que redefine el alcance de la preservación de estas reservas de agua dulce, fue formalizada mediante el Decreto 271/2026 publicado en el Boletín Oficial, tras su sanción definitiva en el Congreso el pasado 8 de abril con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones.

El cambio fundamental de la nueva normativa radica en la transferencia de competencias hacia las jurisdicciones provinciales.

A partir de ahora, cada provincia tendrá la facultad de establecer sus propios criterios técnicos para determinar qué cuerpos de hielo y áreas periglaciares serán protegidos.

Si bien la ley original de 2010 establecía una protección rígida como bienes públicos estratégicos, el nuevo texto permite que aquellas áreas que no sean catalogadas bajo los nuevos criterios locales queden fuera de la protección específica de esta ley.

Milei designó a Fernando Iglesias como embajador de Luxemburgo

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Asumirá la nueva función sin dejar sus cargos como Embajador de la República ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea.

El Gobierno designó a Fernando Iglesias como Embajador de Luxemburgo, según se informó este jueves a través de una publicación en el Boletín Oficial donde se indicó además que el funcionario asumirá sin dejar sus cargos como Embajador de la República ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea.

"Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gran Ducado de Luxemburgo al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Fernando Adolfo Iglesias", señaló el decreto 268/2026.

Asimismo, añadió: "Sin perjuicio de sus actuales funciones como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Reino de Bélgica y ante la Unión Europea".

El citado decreto firmado por el Presidente, Javier Milei, y el Canciller, Pablo Quirno, manifestó además que, según lo dispuesto, la designación de Iglesias se concreta luego de que Luxemburgo concedió el plácet de estilo.

Sueldos estatales: el calendario de aumentos mes a mes y los nuevos topes fijados por decreto

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El Gobierno nacional oficializó las subas escalonadas para el personal de la administración pública hasta mayo.

El Gobierno nacional oficializó este lunes una nueva escala de aumentos salariales para los empleados de la administración pública nacional, tanto para personal permanente como transitorio a través del Decreto 206/2026 .

La medida, que tiene carácter retroactivo, se instrumentó tras la homologación de las actas acuerdo selladas a principios de este mes.

El cronograma de incrementos se aplicará de forma escalonada: un 2,50% para enero, 2,20% en febrero, 2% en marzo, 1,70% en abril y un 1,50% final en mayo.

Estas subas se calculan sobre las retribuciones habituales y regulares vigentes al cierre del mes inmediato anterior.

El nuevo esquema también fija los techos para las remuneraciones máximas por servicios extraordinarios. Estos topes se ubicaron en $791.210 para el primer mes del año y alcanzarán los $851.392 hacia el cierre del cuatrimestre, sin contemplar adicionales por zona o premios por asistencia.

A su vez, se mantendrán los valores de las sumas fijas remunerativas que no son bonificables hasta finales de mayo.

El objetivo de la medida es unificar los criterios de liquidación para todas las entidades.

La normativa impacta directamente en el Sistema Nacional de Empleo Público, extendiendo los ajustes a diversos suplementos y compensaciones del sector.

La actualización abarca desde los reintegros por gastos de comida y movilidad.

Gobierno nacional promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil

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Mediante el Decreto 138/2026, el Poder Ejecutivo oficializó la Ley 27.801.

El Gobierno nacional promulgó la Ley 27801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil, mediante Decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial este lunes por la madrugada

Entre las modificaciones principales se destacó la baja en la edad de imputabilidad, acompañada por la creación de un nuevo régimen de penas graduadas.

Este esquema contempla tanto la edad del menor como las particularidades del contexto en el que se cometió el delito.

Durante el periodo de sesiones extraordinarias del 27 de febrero, el Senado aprobó la iniciativa con una votación con 44 votos positivos y 27 negativos. Así, La Libertad Avanza logró un nuevo triunfo legislativo.

Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá inician en los 12 años.

En ambos casos, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen delitos se basa en impartir medidas socioeducativas que priorizan su reinserción en la sociedad.

Originalmente, el oficialismo había impulsado el proyecto que fijaba la edad de imputabilidad en los 13 años. Sin embargo, en el marco de una compleja "negociación parlamentaria" con los bloques dialoguistas, el Ejecutivo aceptó elevar el piso a los 14 años con el objetivo de destrabar el consenso político y garantizar los votos necesarios para la media sanción en la Cámara de Diputados.

Con esta modificación, el Gobierno se aseguró el respaldo de aliados estratégicos como el PRO y la UCR.

Desde estos espacios señalaban que el límite de los 14 años representaba un punto de equilibrio más sólido, alineando la legislación local con los estándares de la mayoría de los países de la región.

Gobierno nacional simplificó las importaciones eliminando controles duplicados

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Los controles se concentrarán en certificaciones internacionales de países de "alta vigilancia".

El Gobierno nacional simplificó los controles para la importación y comercialización de mercaderías en el país, al concentrar en certificaciones internacionales la validación del cumplimento de los requisitos previstos.

La decisión fue dispuesta mediante el Decreto 892/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, permitiendo eliminar la duplicidad de verificaciones locales para autorizar el ingreso y venta de mercaderías en el país.

La norma busca agilizar el ingreso de productos al territorio nacional mediante la aceptación de estándares internacionales de países de "alta vigilancia", eliminando barreras burocráticas para ganar competitividad.

Al respecto, el texto oficial sostuvo que "resulta procedente eliminar controles innecesarios al permitir que los productos que cumplen con normativas internacionales puedan ingresar al país sin la necesidad de duplicar los procesos de certificación".

En este sentido, determinó que "con el fin de agilizar la actividad comercial, resulta necesario propiciar la inmediata eliminación de aquellas barreras y restricciones estatales, promoviendo al mismo tiempo una desburocratización del Estado Nacional".

La nueva regulación establece que las exigencias técnicas requeridas para importar se considerarán satisfechas si la mercadería cumple con alguna de estas tres condiciones:

  • Que la mercadería cumpla con los requisitos para el ingreso y/o comercialización en al menos un país o grupo de los siguientes países: Australia, Asociación Europea de Libre Comercio, países de la Unión Europea, Estados Unidos, Estado de Israel, Japón y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
  • Que la mercadería cuente con certificados emitidos por un Organismo Certificador, que acrediten el cumplimiento de las mismas exigencias de calidad y/o normas técnicas exigidas o reconocidas en la República Argentina.
  • Que la mercadería cuente con informes de ensayo emitidos por un Laboratorio Acreditado, que verifiquen el cumplimiento de las mismas exigencias de calidad y/o normas técnicas exigidas o reconocidas en Argentina.

Al mismo tiempo, la normativa delimita específicamente la intervención de los organismos de control sanitario. En el caso de los productos fiscalizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, el nuevo sistema aplicará exclusivamente a productos de bajo riesgo.

Entre los productos incluidos están los vinculados a la medicina que presenten riesgo bajo, cosméticos, productos de higiene personal, perfumes, productos domisanitarios y dispositivos de diagnóstico in vitro que no requieran cadena de frío.

Por el lado del Senasa, se agiliza la importación de productos fitosanitarios y de terapéutica veterinaria.

Para estos casos, además del cumplimiento de normas técnicas, el importador deberá presentar una Declaración Jurada garantizando que el producto no representa un riesgo para la salud humana o animal.

En cuanto a exclusiones, el decreto deja fuera de la simplificación a ciertos sectores sensibles o que cuentan con regímenes específicos, como armas y sustancias químicas,
mercaderías usadas o reacondicionadas, alimentos, medicamentos, fertilizantes y enmiendas.

También quedan afuera los productos sin procesamiento industrial, como semillas, frutas, ganado, carnes y otros subproductos silvoagropecuarios definidos en los acuerdos sanitarios de la Organización Mundial del Comercio.

El texto oficial instruye a todos los organismos públicos a adaptar sus normas y sistemas en un plazo máximo de 30 días, con el objetivo de que la medida empiece a regir 60 días después de su publicación.

Por decreto se fijaron cambios en la estructura del Gobierno de Milei

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El Poder Ejecutivo nacional reorganizó la Jefatura de Gabinete, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Salud mediante una modificación al Decreto 50/2019.

El Presidente, Javier Milei, firmó el Decreto 866/2025 que introdujo modificaciones sustanciales en el organigrama de la Administración Pública Nacional, con el objetivo de "optimizar la gestión de Gobierno".

La norma, publicada este lunes en el Boletín Oficial, modifica el Decreto 50/2019 y adecúa la estructura de varias dependencias del Poder Ejecutivo Nacional tras los cambios introducidos por los Decretos 658/25, 793/25 y 825/25 a la Ley de Ministerios N° 22.520.

Supresión de la Secretaría de Comunicación y Medios

Uno de los puntos centrales del decreto es la eliminación del apartado correspondiente a la Secretaría de Comunicación y Medios como dependencia de la Presidencia de la Nación.

Sus funciones fueron absorbidas por la nueva Secretaría de Comunicación y Prensa, que pasa a funcionar dentro de la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, conducida por Manuel Adorni.

Esta secretaría tendrá a su cargo la política de comunicación del Estado Nacional, la relación con los medios públicos y la administración de empresas como Radio y Televisión Argentina S.E., Contenidos Públicos S.E. y la Agencia de Publicidad del Estado S.A.U.

Nueva estructura de la Jefatura de Gabinete

La Jefatura de Gabinete de Ministros queda conformada por seis secretarías: Coordinación Legal y Administrativa, Asuntos Estratégicos, Ejecutiva, Innovación, Ciencia y Tecnología, Turismo y Ambiente, y Comunicación y Prensa.

La Secretaría de Turismo y Ambiente absorberá las áreas de turismo y ambiente que antes dependían del Ministerio del Interior, con excepción de la Subsecretaría de Deportes.

La transferencia incluye "unidades organizativas, bienes, dotaciones, personal con sus respectivos cargos, niveles, suplementos y situación de revista, y los créditos presupuestarios", según establece el artículo 21 del decreto.

Reorganización del Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior, a cargo de Diego César Santilli, queda estructurado con tres secretarías: Coordinación Legal y Administrativa, Interior y Provincias y Municipios.

Una novedad significativa es la creación de la Subsecretaría del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas dentro de la Secretaría de Interior.

El decreto establece que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se transformó en una unidad organizativa incorporada a la Jefatura de Gabinete de Ministros, según lo dispuesto por el Decreto 438/25.

La Subsecretaría de Deportes permanece en el Ministerio del Interior y mantiene sus funciones vinculadas al fomento deportivo, la coordinación con el ENARD, el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino.

Cambios en el Ministerio de Economía

La Secretaría de Energía actualiza sus objetivos y los de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, con énfasis en energías renovables, eficiencia energética, electromovilidad, biocombustibles e hidrógeno.

El organismo mantiene el control tutelar del ENRE, el ENARGAS y la UESTEE, y participará en la aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones establecido por la Ley 27.742.

Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud, encabezado por Mario Iván Lugones, reorganiza su Secretaría de Gestión Administrativa con la incorporación formal de dos subsecretarías: Coordinación Administrativa y Legal.

Ministerio de Seguridad Nacional

El decreto incorpora un nuevo objetivo para la Secretaría de Seguridad Nacional del ministerio que conduce Alejandra Susana Monteoliva: "Participar, en el ámbito de sus competencias, en el marco de la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado N° 26.165".

Vigencia y transición

La medida entró en vigencia el día de su dictado, el 6 de diciembre de 2025. El decreto establece que las aperturas estructurales de nivel inferior a subsecretaría se mantendrán vigentes hasta completar la reestructuración.

Las erogaciones de las áreas afectadas se atenderán con los créditos presupuestarios previstos en las jurisdicciones involucradas hasta que se efectúen las adecuaciones correspondientes.

El decreto llevó las firmas del Presidente Milei y los ministros Adorni, Santilli, Caputo, Lugones y Monteoliva.

Gobierno nacional aplazó las subas pendientes en los impuestos a los combustibles hasta 2026

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El nuevo decreto trasladó para enero del año próximo las actualizaciones acumuladas.

La actualización del impuesto a los combustibles volvió a quedar postergada por decisión del Poder Ejecutivo, que definió extender el diferimiento del esquema vigente hasta enero de 2026.

La medida modificó el cronograma que establecía ajustes trimestrales por inflación y detiene por completo las subas que no llegaron a aplicarse en los últimos meses para evitar un impacto inmediato sobre los precios al público.

En el decreto se incluyó: "Que, con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones".

Con esa disposición, los aumentos que correspondían a 2024 y a los primeros nueve meses de 2025 quedan trasladados al 1° de enero de 2026.

Aun con la prórroga general, la normativa incorpora un movimiento impositivo puntual previsto para diciembre de 2025.

En ese tramo se aplicará una suba de $16,37 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y de $1,03 en el gravamen al dióxido de carbono.

Para el gasoil, la actualización definida es de $13,54 por litro en el tributo principal, $7,35 en la alícuota diferencial correspondiente a determinadas regiones y $1,54 por litro en el componente vinculado al CO₂.

La decisión se formalizó mediante el Decreto 840/2025.

Allí se afirmó que el objetivo oficial es ordenar el esquema tributario sin alterar de inmediato el precio final de los combustibles, mientras se mantiene el plan de actualizaciones cuyo traslado total quedó proyectado para comienzos de 2026.

Gobierno nacional definirá el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil por decreto

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La Central de Trabajadores y la CGT piden $553.000, a partir de abril, y la CTA Autónoma, $736.000 "por encima de la línea de indigencia".

El Gobierno nacional anunció este miércoles, en el Consejo de Salario, que definirá el nuevo valor del Salario Mínimo Vital y Móvil por decreto, ante la falta de acuerdo entre las partes presentes. 

Las dos CTA mostraron diferencias al solicitar un aument. La Central de Trabajadores, al igual que la CGT, solicitó $553.000, a partir de abril de 2026, y la CTA Autónoma $736.000 pesos, "por encima de la línea de indigencia". 

Mientras tanto, empresarios proponen $326.000 ahora y 349.000 en abril del próximo año.

"Luego de pasar a un cuarto intermedio, y sin que ninguna parte modificara su postura, el Gobierno convocó a la sesión plenaria y anunció que, ante la falta de acuerdo, definirá el aumento por decreto", informaron desde la CTA Autónoma.

"Durante los dos años de gestión de Javier Milei, el Ejecutivo ha aplicado siempre el mismo criterio, sellar el Salario Mínimo en línea con la propuesta empresarial", agregaron.

Por su parte, el Secretario General, Hugo Godoy, sostuvo que la gestión de Milei, en acuerdo con la UIA, CAME, la Asociación de Empresarios Argentinos y la Sociedad Rural, "impidió alcanzar una mejora real".

Y habilitó que el Ejecutivo "decida por decreto” con el "despotismo" que maneja desde el comienzo de su mandato.

"Se resolvió esta vergüenza que sigue hundiendo el Salario Mínimo Vital y Móvil y, con él, al conjunto de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina", afirmó el gremialista.

Paralelamente,  mientras se desarrollaba la reunión, las dos CTA, junto a organizaciones sociales se movilizaron frente a la Secretaría de Trabajo, comandada por Julio Cordero, "para exigir que el ingreso básico iguale el costo de la Canasta Básica Total".

Además de sumar un bono de fin de año, actualizar los programas sociales y reconocer del trabajo socio-comunitario, entre otros reclamos.

Gobierno nacional anunció una suba de impuestos sobre combustibles y dióxido de carbono

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El incremento se aplicará desde el 1° de diciembre y se calculará según la variación del IPC.

El Gobierno nacional anunció un nuevo aumento en los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que había sido pospuesto a principios de octubre hasta después de las elecciones legislativas, tras la suba de la luz y el gas.

Se hizo mediante el Decreto 782/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el Presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Se estableció el incremento "con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible".

"Resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones", indicó el texto.

La suba se aplicará de manera trimestral según la variación del Índice de Precios al Consumidor informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

En el caso de las naftas, el incremento será de $15.557 sobre combustibles líquidos y de $0.953 por litro en el impuesto al dióxido de carbono.

Para el gasoil, el aumento será de $12.629 por litro, mientras que el monto fijo actualizado del gravamen será de $6.844 y el impuesto al dióxido de carbono de $1.441.

Gobierno también rechazó la Emergencia en el Garrahan

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La decisión se sumó al rechazo de la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de tensiones con los gobernadores por la Ley de Aportes del Tesoro Nacional.

El Gobierno de Javier Milei vetó en su totalidad la Ley de Emergencia Pediátrica y profundizó su postura de ajuste fiscal al vetar por completo la Ley de Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan.

La decisión se sumó al rechazo total de la Ley de Financiamiento Universitario. Ambas medidas, publicadas en el Boletín Oficial, se argumentaron en la necesidad de preservar el "equilibrio fiscal" y evitar lo que la administración libertaria considera un "aumento desmedido e irresponsable del gasto público".

La Casa Rosada, sin embargo, estiró la definición sobre la Ley de Redistribución Automática de los Aportes del Tesoro Nacional, una normativa clave para los gobernadores, cuya suerte se conocerá a última hora de este viernes.

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