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El Gobierno prorrogará por decreto el Presupuesto 2021 para ser ejecutado en 2022

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Lo anunció el Ministro de Economía, Martín Guzmán, luego de una reunión con el Presidente, Alberto Fernández.  

El Gobierno nacional prorrogará por decreto el Presupuesto 2021 para ser aplicado en el ejercicio 2022, luego del rechazo de la Cámara de Diputados al proyecto que presentó el Poder Ejecutivo.

La decisión fue comunicada por el Ministro de Economía, Martín Guzmán, luego de una reunión con el Presidente Alberto Fernández, tras el resultado negativo a la iniciativa oficial en la Cámara Baja.

Guzmán admitió que esta situación "afecta las negociaciones" que el Gobierno nacional está llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional.

El funcionario se quejó del comportamiento de la oposición. "Lamentablemente la oposición decidió dejar a la Argentina sin presupuesto para el año 2022. No al Gobierno. A la Argentina. Una falta de responsabilidad colectiva que crea incertidumbres cuando lo que necesitamos es seguir construyendo certezas", expresó.

En su cuenta de twiter, Guzmán apuntó contras quienes votaron en forma negativa, "hoy, la oposición sólo busca ser oposición. Lo han dejado claro: están compitiendo a ver quién es más opositor al Gobierno, y nuestra Argentina necesita que esto cambie".

El funcionario sostuvo que "desde el Gobierno nacional, ya estamos trabajando para menguar el daño que significa voltear el proyecto de ley de Presupuesto 2022. Pero sepamos lo que implica voltear un presupuesto especialmente en la situación actual de la Argentina".

El ministro afirmó que la falta de presupuesto nacional "primero, nos debilita como Estado Nación dentro de la Argentina y ante el mundo. Y eso nos lastima".

Añadió que además "significa rechazar la programación macroeconómica que viene siendo la base de las negociaciones con el FMI para refinanciar la deuda absurda y dañina de 44.000 millones de dólares que tomó el mismo espacio político que hoy volteó el presupuesto. Y claro, afecta las negociaciones".

En el hilo de twitter insistió en su ataque y enfatizó que "la oposición buscó todo tipo de subterfugios para justificar su rechazo al presupuesto" y reveló que "ayer se propuso una solución transparente" al cuestionamiento sobre las proyecciones macroeconómicas que contenía la propuesta.

"El presidente de la HCDN propuso sumar un artículo que establecía que si a mediados de año los recursos eran mayores que los calculados en el proyecto, el Gobierno enviaría una enmienda para aprobar el destino de los mayores recursos. Otra búsqueda de consenso que no les importó", reveló.

Tanto en el debate en Comisión como en el recinto, el arco opositor en conjunto criticó duramente los supuestos macroeconómicos con los que el Palacio de Hacienda había realizado las proyecciones por considerarlos "irreales".

Como conclusión anunció que "el presidente hará uso de la ley 24.156 para prorrogar el Presupuesto vigente, y administrar los recursos de modo que el 2022 sea otro año de recuperación, con más capital público, educación, salud y conocimiento, y que podamos avanzar sobre una senda de progreso duradero".

El presidente firmó el decreto que relevó a Macri del secreto de Estado para declarar

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El País Diario
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Lo autorizó Alberto Fernández ante el requerimiento del juzgado de Dolores para que se concrete la frustrada declaración indagatoria. Apuntan a la titular de la AFI por no haber notificado a la Casa Rosada de un requerimiento del Juez Bava.

Luego de una espectacular puesta en escena, con caravanas, militantes, dirigentes y ex funcionarios del Gobierno de Cambiemos, Mauricio Macri no pudo declarar ante el Juez Martín Bava por presunto espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan porque la Agencia Federal de Inteligencia reconoció, en un legajo reservado y restringido a las partes, que el organismo no tenía entidad suficiente para relevarlo del secreto de Estado a un exjefe de la Nación.

Nadie se había percatado de esta situación y el expresidente se retiró de Dolores sin emitir una palabra ante el magistrado y logró así aplazar su indagatoria. Por eso, rápidamente el juzgado tomó cartas en el asunto y como es Alberto Fernández quien debe relevar a Macri del secreto de Estado por la Ley de Inteligencia, ya ingresó a la Casa Rosada el pedido para que esto suceda.

Pasadas las 18, el jefe de Estado dispuso el relevamiento para que se pueda efectuar la declaración y tenían previsto en el Gobierno presentarlo a primera hora a fin de que Martín Bava tenga despejado cualquier inconveniente para que se pueda efectuar la indagatoria, el principal acto de defensa de cualquier ciudadano en un proceso penal.

El pedido que había hecho el tribunal lo trabajó de manera urgente la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de Vilma Ibarra, ya que se había decidido acelerar el trámite para que el jefe de Estado rubricara el decreto simple, no DNU, este jueves antes de irse a Roma por la cumbre del G20.

El apuro se debió a que si no se hacía antes de esta noche, quien debería firmarlo es Cristina Kirchner porque quedará a cargo del Ejecutivo.

El traspié en el trámite de la causa se debió a que la titular de la AFI, Cristina Caamaño respondió un oficio del Juez Bava vinculado a la preservación del secretado de Estado sin notificar, previamente, a la Casa Rosada. Esa requisitoria fue hace tres semanas.

A pesar de esto, aún no hay fecha para que Macri vuelva a declarar y en su entorno y en la dirigencia de Juntos por el Cambio fue tomado como un día de victoria que ratificó lo que la oposición venía diciendo sobre esta indagatoria.

"Ha quedado en evidencia el juez Bava, en su intención de querer procesarlo antes de las elecciones; nos hemos tenido que enterar recién hoy que el juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia para que Macri pueda declarar", dijo a la salida del juzgado Pablo Lanusse, abogado del expresidente.

Y agregó que "no hay fecha para la nueva indagatoria porque primero el juez debe pedir el relevamiento. Macri va a seguir a disposición de la Justicia. Lo que todos tienen que tener en claro es que esta causa es una persecución política, no somos iguales al kirchnerismo".

El Gobierno nacional reglamentó la ley que modificó Ganancias

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El País Diario
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Impactará en más de 1,2 millones de personas. Se espera la normativa de AFIP para concretar los reintegros en salarios menores a $150.000.

El Gobierno nacional dio a conocer este martes el decreto que reglamenta la ley que modificó el Impuesto a las Ganancias, 47 días después de su sanción el 8 de abril.

Aún habrá que esperar las resoluciones correspondientes de AFIP para instrumentar la aplicación de la norma, en especial el reintegro de a aquellos empleados en relación de dependencia con salarios inferiores a $150.000 mensuales.

La reglamentación quedó plasmada en el decreto 336/21, suscripto por el presidente Alberto Fernández, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el Ministro de Economía, Martín Guzmán.

Fernández había firmado el decreto 249/21 de promulgación de la ley el 20 de abril en un acto llevado a cabo en el Museo del Bicentenario.

Pese a que la ley había sido impulsada por el Gobierno nacional y en particular por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la demora en la reglamentación había generado dudas sobre el interés en su pronta aplicación, ya que si se hubiera reglamentado inmediatamente después de su sanción, los reintegros ya se habrían concretado.

Sin embargo, y a la espera de la batería de medidas de la AFIP, quienes son beneficiarios de los reintegros deberán esperar por lo menos hasta julio y, además, recibirán el monto hasta en cinco cuotas, tal como confirmó el jueves pasado el propio Fernández.

Los reintegros deben aplicarse porque el impuesto a las Ganancias es de liquidación anual, más allá de los anticipos mensuales, y en consecuencia los cálculos deben tener en cuenta los ingresos desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre.

La nueva ley de Ganancias fija un piso de $150.000 de salario bruto mensual y se estima que cerca de 1.267.000 trabajadores en relación de dependencia dejarán de pagar el tributo, así como los jubilados que ganan menos del equivalente a 8 jubilaciones mínimas.

El Gobierno obliga a empresas a trabajar al máximo de su capacidad

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La medida rige mientras siga la emergencia sanitaria. Y sólo excluye a las MiPymes.

Las compañías deberán también "arbitrar las medidas" para asegurar la distribución. Si no lo hacen, les aplicarán sanciones.

El Gobierno intimó a las empresas industriales y comerciales a que trabajen ocupando "el máximo de su capacidad instalada" e instrumenten todos los medios necesarios para garantizar la distribución de su producción mientras siga vigente la emergencia sanitaria por el coronavirus, bajo la amenaza de sanciones.

Lo hizo a través de la Resolución 330/2021 de la Secretaria de Comercio Interior, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y que argumenta que "se continúan advirtiendo y han sido reportadas situaciones de desabastecimiento o escasez de insumos y bienes finales que son particularmente perjudiciales en la coyuntura actual".

El texto sostiene asimismo que esas situaciones de falta de stock "no han sido motivados por problemas concretos de la cadena de producción y resultan irrazonables e injustificadas en un contexto actual de normalización de la economía y recuperación de la demanda".

La intimación alcanza a todas las empresas que en 2019 "hayan registrado ventas totales en el mercado interno superiores a la suma establecida mediante la Resolución N° 220" de ese año, que es el que establece las condiciones del registro de MiPymes.

Eso quiere decir que la intimación sólo excluye a las MiPymes e involucra a las firmas comerciales que facturaron más de $ 3,7 millones y a las industriales que superaron los $ 3,95 millones.

El Gobierno amplió el listado de los servicios y actividades esenciales

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La medida, publicada desde la Decisión Administrativa 450/2020 del Boletín Oficial, hace referencia a las excepciones en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El Gobierno nacional dispuso en el día de hoy la ampliación del listado de actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia sanitaria, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado para contener la propagación del coronavirus en el país.

Así lo estableció a través de la Decisión Administrativa 450/2020 publicada este viernes en el Boletín Oficial, que lleva la firma del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y del Ministro de Salud, Ginés González García.

Entre las actividades que, a partir de hoy, son consideradas esenciales se encuentran: la venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones, las actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera; las curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, fábricas de colchones y fábricas de maquinaria vial y agrícola.

Asimismo, se incluyen las actividades vinculadas con el comercio exterior como la exportaciones de productos ya elaborados e importaciones esenciales para el funcionamiento de la economía, como así también la exploración, prospección, producción, transformación y comercialización de combustible nuclear.

El listado abarca también los servicios esenciales de mantenimiento y fumigación; las mutuales y cooperativas de crédito, mediante guardias mínimas de atención, al solo efecto de garantizar el funcionamiento del sistema de créditos y/o de pagos; y la inscripción, identificación y documentación de personas.

"Los desplazamientos de las personas alcanzadas por el presente artículo deberán limitarse al estricto cumplimiento de las actividades y servicios considerados esenciales", indica la disposición oficial.

Aclara también que, en todos estos casos, "los empleadores y empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por el Ministerio de Salud para preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores".

En último término, considerando que la norma entra en funcionamiento a partir del día de hoy, se plantea la necesidad de que "las personas alcanzadas por esta Decisión Administrativa deberán tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación, Covid-19". 

Vale recordar que a partir del 6 de abril este permiso va a ser el único válido para transitar por la vía pública y reemplazará al emitido por la Ciudad de Buenos Aires y por las provincias, salvo las excepciones especificadas.

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