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Diputados denunciaron penalmente a Adorni por omitir activos en su declaración jurada

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En la denuncia, realizada por Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, también se apuntó a la "falsedad en el informe de gestión" del jefe de Gabinete.

Se abrieron frentes contra Manuel Adorni luego de que presente su declaración jurada. En simultáneo a la investigación judicial y los pedidos del Congreso para que abandone su cargo, dos diputados lo denunciaron por rectificar tardíamente su información patrimonial.

Este viernes se conoció una denuncia penal de Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, ambos de la Coalición Cívica, por "la comisión de los delitos de omisión maliciosa en las declaraciones juradas patrimoniales de los años 2024 y 2025" con el agravante de la "falsedad en el informe escrito de gestión".

La pena por esos delitos puede implicar una condena en prisión de entre 3 a 8 años.

Entre sus argumentos, los diputados apuntaron a que el jefe de Gabinete incurrió en "una intención deliberada de ocultamiento, para evitar no sólo el pago de impuestos, sino todo control de legalidad" y subrayaron las contradicciones en su informe de gestión, presentado el pasado 29 de abril: "No es un simple acto administrativo, adquiere condición de documento público".

Las acusaciones llegaron tan solo un día después de la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni, que provocó una rápida reacción de indignación entre opositores y aliados al Gobierno nacional: tanto en el Senado como en Diputados se presentaron proyectos para interpelar y aprobar una moción de censura contra el funcionario, lo que implicaría su remoción del cargo.

El peronismo, el bloque de Provincias Unidas, el PRO y la UCR expresaron públicamente su postura de rechazo a las explicaciones patrimoniales del jefe de Gabinete, lo que le condecedería, de replicarse en postura parlamentaria, una amplia mayoría para que Adorni tenga que abandonar el Gobierno.

Hidrovía: nueva denuncia penal contra funcionarios del Gobierno nacional y empresarios

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También se pidió frenar el proceso licitatorio, pero ello fue rechazado en otra causa.

La justicia de Comodoro Py recibió una nueva denuncia penal para que se investigue la licitación pública por la Hidrovía, que menciona a funcionarios del Gobierno y empresas y se suma a la iniciada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

La Fundación por la Paz y el Cambio Climático presentó una denuncia penal para que se investigue una presunta maniobra de direccionamiento en la futura licitación de la Hidrovía, con acusaciones contra funcionarios nacionales, empresarios y empresas vinculadas al dragado del Paraná.

La presentación apunta contra Santiago Caputo, Luis Caputo, Gastón Benvenuto, Iñaki Arreseygor, las empresas Jan De Nul y grupo Neuss, entre otros.

La denuncia fue presentada por Fernando Miguez, titular de la fundación, junto con la abogada Marcela Scotti. Allí se habla de una supuesta "defraudación sistemática mediante el fraude a un estado" y se reclama una investigación por presuntos delitos de asociación ilícita, fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles y malversación de caudales públicos.

Según el escrito, la maniobra estaría relacionada con el nuevo esquema de concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay y tendría un perjuicio estimado en "U$S7.000.000.000".

La presentación sostiene que "la planificación estratégica se sitúa en la órbita de Santiago Caputo", bajo la "supervisión jerárquica de Luis Caputo", mientras que la "ejecución administrativa" recaería sobre Benvenuto e Iñaki Arreseygor.

Uno de los ejes centrales de la denuncia es la supuesta confección de un pliego "a medida" para favorecer a la empresa Jan De Nul, actual operadora del dragado.

El texto afirma que "la maniobra se materializa a través de un pliego diseñado con cláusulas de exclusión técnica", particularmente la exigencia de "44 pies de calado inmediato", condición que, según los denunciante, "garantiza un oferente único".

"Es una licitación con un solo corredor", sostuvo el escrito.

Y agregó: "La única empresa que tiene hoy las dragas de succión por arrastre necesarias, que ya están en el río, que ya tienen la logística y que pueden cumplir con esos 44 pies mañana mismo, es la Compañía Sud Americana de Dragados. O sea, Jan De Nul".

La denuncia también cuestionó el esquema de cobro del peaje. Según los denunciantes, el Gobierno buscaría que el concesionario privado vuelva a recaudar directamente los ingresos de la Hidrovía, desplazando a la Administración General de Puertos.

"Estamos hablando de U$S500.000.000 de dólares al año. Si el privado cobra y el privado dice cuánto dragó, se acaba el control. Es la caja perfecta", afirmó el texto.

En otro tramo, el escrito asegura que "si algo funciona y da superávit, ¿por qué lo querés privatizar de nuevo? La única respuesta es la caja".

Y añadió: "El Estado pierde la capacidad de saber qué pasa en el río. Pierde la soberanía económica sobre el principal canal de salida de nuestras riquezas".

La presentación judicial también menciona supuestas reuniones informales en oficinas de Puerto Madero.

"Se menciona que asesores directos de Santiago Caputo se habrían sentado con representantes técnicos de la Compañía Sud Americana de Dragados para ‘pulir’ las condiciones técnicas", señaló el documento.

Además, denuncia que habría existido una "purga silenciosa" de técnicos dentro de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.

Según el escrito, funcionarios "desplazaron a los cuadros técnicos que hacían las observaciones sobre los costos de dragado" para reemplazarlos por perfiles alineados con el nuevo esquema.

"La Hidrovía es el ejemplo más obsceno de cómo se maneja este Gobierno: con una mesa chica que decide por encima de las instituciones", afirmó la denuncia.

También sostiene que "no es una privatización mal hecha; es una privatización bien hecha para los fines que ellos buscan: el desfinanciamiento del Estado y la entrega de una renta extraordinaria dirigida a un grupo de amigos".

Entre las medidas de prueba solicitadas, la fundación pidió el secuestro de borradores de los pliegos, auditorías sobre la rentabilidad de la AGP, pericias navales para determinar cuántas empresas podían cumplir con el requisito de los 44 pies y el relevamiento de comunicaciones y expedientes administrativos.

También reclamó una cautelar para frenar el proceso licitatorio.

"Se dicte una medida cautelar de no innovar disponiendo la suspensión inmediata del proceso licitatorio de la Hidrovía hasta tanto se auditen los pliegos y se garantice la transparencia del proceso", concluyó la presentación.

IOSFA: denunciaron penalmente a Petri por "malversación de fondos públicos" y "abandono de persona"

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A la denuncia la presentó la exlibertaria y Diputada nacional, Lourdes Arrieta, basada la falta de prestaciones y medicamentos para el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas.

El Senador por La Libertad Avanza, Luis Petri, fue denunciado penalmente por la Diputada nacional, Lourdes Arrieta, de Provincias Unidas, quien lo acusa de "administración fraudulenta", "malversación de caudales públicos", "incumplimiento de deberes de funcionario público" y "abandono de persona".

Arrieta hace hincapié en que "diversos informes públicos, testimonios sindicales y denuncias periodísticas han puesto de manifiesto que el sistema pasó, en un corto período de tiempo, de contar con reservas financieras relevantes a encontrarse en una situación de endeudamiento y crisis estructural, con consecuencias directas en la atención médica de sus afiliados".

Qué dice la denuncia

En la presentación judicial, Arieta afirmó que la crisis financiera en la que desembocó IOSFA durante la gestión de Petri causó continuos "cortes de prestaciones médicas, interrupciones en tratamientos, suspensión de servicios por parte de prestadores y atrasos en reintegros, afectando directamente la cobertura sanitaria de miles de afiliados en todo el país".

Arrieta apuntó a la falta de provisión de medicamentos esenciales, incluyendo medicamentos oncológicos e insulina, tratamientos que resultan indispensables para pacientes con patologías graves o crónicas.

Finalmente, la denuncia reclamó que se investigue el endeudamiento tomado por IOSFA con el IAF, que, con intereses incluidos, representa más del 30% de la deuda actual.

Arrieta señaló que cuando los investigadores solicitaron documentación, "habrían existido dificultades para acceder a documentación clave, lo que genera sospechas sobre el manejo de la información".

Villarruel denunció penalmente a Petri

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El diputado nacional de La Libertad Avanza y exministro de Defensa trató de "golpista" a la vicepresidenta.

La Vicepresidenta Victoria Villarruel presentó una denuncia penal contra el Diputado nacional de La Libertad Avanza y exministro de Defensa, Luis Petri, luego de un cruce público en redes sociales en el que el legislador la acusó de "golpista".

La presentación fue realizada en los tribunales de Comodoro Py y quedó registrada bajo el expediente CFP 985/2026.

En el escrito, la vicepresidenta lo acusa por los delitos de calumnias e injurias, atentado contra el orden público y amenaza de rebelión, a raíz de las declaraciones del diputado cuestionando su postura frente a algunas medidas del Gobierno nacional.

Además de impulsar la denuncia judicial, Villarruel volvió a criticar el paso de Petri por el Ministerio de Defensa y lo calificó como un dirigente "irresponsable".

En ese marco, comentó sobre la situación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Sostuvo: "Es preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en Iosfa y que hizo su funcionario mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país".

La vicepresidenta también ironizó sobre el rol político del legislador dentro del oficialismo. “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el presidente Javier Milei”, afirmó.

La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 2, a cargo del Juez Sebastián Ramos, quien deberá analizar la denuncia y definir los próximos pasos del expediente.

Denunciaron penalmente a Sturzenegger por una contratación millonaria vinculada a su esposa

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Abogados de la agrupación Reset presentaron una denuncia penal por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. Cancillería adjudicó $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del Ministro Federico Sturzenegger.

Una denuncia penal presentada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la agrupación Reset Republicano, apunta contra el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la Subsecretaria de Coordinación y Administración Exterior de la Cancillería, María Cristina Dellepiane; el Titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; y el Director nacional de Ética Pública, Leopoldo Giupponi, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.

La presentación también pide que se analice la conducta de María Josefina Rouillet, esposa del ministro, quien se desempeña como directiva de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa.

La adjudicación bajo sospecha

El eje de la denuncia es la Disposición 21/2026 de la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, fechada el 19 de enero de 2026, que adjudicó a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa la contratación directa por especialidad N° 26-0033-CDI25 por un total de $114.044.133, con opción a prórroga, para brindar capacitación en inglés al personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en el marco del Plan Estratégico de Capacitación 2025-2027.

Según surgió del propio acto administrativo, en la "Declaración Jurada de Intereses" prevista por el Decreto 202/2017 se detectó "un vínculo positivo" entre Rouillet y el Ministro Sturzenegger.

La omisión que denuncian

El punto central de la acusación es que, pese a lo afirmado en la disposición, no existiría constancia pública en el sitio web de la Oficina Anticorrupción sobre la publicación obligatoria del caso, tal como exige el artículo 4°, inciso b, del Decreto 202/2017 cuando hay vínculos entre funcionarios con poder de decisión y personas o entidades contratadas por el Estado.

Los denunciantes aseguran que, al consultar el buscador de "Casos informados a la Oficina Anticorrupción", "no hay publicaciones registradas sobre la recepción de la declaración jurada de intereses" correspondiente a la vinculación entre Rouillet y Sturzenegger.

En ese marco, sostienen que se habría omitido "una publicación relativa a un procedimiento obligatorio de transparencia, impidiendo el conocimiento público de posibles riesgos de interés".

Esa omisión sería atribuible al Titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y al Director nacional de Ética Pública, Leopoldo Giupponi.

También cuestionan que se haya adjudicado y aprobado la contratación "existiendo un vínculo con un funcionario con rango de ministro, incumpliendo un requisito de transparencia y publicidad clave", decisión que atribuyen a Dellepiane.

Posibles delitos

La denuncia encuadra los hechos, en principio, en el artículo 248 del Código Penal, que sanciona al funcionario público que no ejecuta las leyes cuyo cumplimiento le incumbe, y en el artículo 265, referido a negociaciones incompatibles con la función pública.

En relación con esta última figura, citan jurisprudencia que describe la conducta como el "interesarse en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo", y adviertieron sobre el llamado "desdoblamiento del agente", cuando el funcionario actúa simultáneamente como representante del Estado y como particular interesado.

"Queda claro, en consecuencia, que en su carácter de Ministro, el denunciado Sturzenegger podría haber intervenido para que la organización empresaria que dirige su esposa fuera contratada", sostuvo el escrito.

Antecedentes y pedido de medidas

La presentación también menciona que durante 2024 habría estado vigente otro contrato con los mismos contratantes y plantea que debería verificarse si Rouillet actualizó su declaración jurada de intereses tras la designación de Sturzenegger como ministro en julio de ese año, tal como exige la normativa.

Entre las medidas de prueba solicitadas, los denunciantes pidieron que se requieran copias de las actuaciones administrativas vinculadas a la contratación y que se realice una pericia técnica para verificar si las publicaciones obligatorias fueron efectivamente incorporadas en la web de la Oficina Anticorrupción y, en su caso, en qué fecha.

En la conclusión, los abogados advierten que la omisión denunciada "excede la mera conculcación del derecho individual a acceder a una información pública relevante" y que podría afectar "la institucionalidad misma de la Nación", al tratarse de "privilegios inadmisibles y de una desvergonzada utilización de lo público en beneficio personal".

A partir de ello, según se consignó, "se aplicaron los trámites y procedimientos previstos para estos casos en el Artículo 4° del Decreto N° 202/17", comunicando la situación a la Oficina Anticorrupción y a la Sindicatura General de la Nación, y sugiriendo la suscripción de un pacto de integridad.

Además, la disposición sostiene que la Dirección Nacional de Ética Pública dictaminó que "se han cumplido las previsiones establecidas en el Decreto N° 202/17".

Cuadernos: denunciaron penalmente al chofer Centeno por presuntas falsedades como "arrepentido"

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Para el denunciante, Oscar Centeno debería ser sancionado penalmente. La acusación fue radicada este martes en los tribunales de Comodoro Py y recayó en el juzgado federal 10 a cargo de Julián Ercolini.

El exfuncionario del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, presentó una denuncia penal contra Oscar Centeno por aportar de manera maliciosa información falsa, en el marco del acuerdo como "arrepentido".

La denuncia apuntó a las declaraciones que el exchofer realizó como imputado colaborador en la causa conocida como Cuadernos y que está siendo ventilada en un juicio oral y público.

Según la presentación, Centeno habría mentido en el marco de su acuerdo como arrepentido al brindar versiones contradictorias sobre el destino de los cuadernos originales en los que decía haber registrado hechos de corrupción.

En ese marco, la denuncia sostuvo que Centeno debería "perder el beneficio" de imputado arrepentido y ser sancionado penalmente, ya que la ley castiga expresamente a quienes aportan información falsa bajo ese régimen.

"Centeno dijo una mentira tras otra", sostuvo Baratta, representado por los abogados Marcos Aldazabal y Elizabeth Gómez Alcorta. En el escrito remarcó que, a diferencia de una indagatoria común, el régimen del arrepentido “no permite faltar a la verdad sin recibir un reproche legal”.

La denuncia remarcó que Centeno se acogió formalmente al régimen previsto en la Ley 27.304 el 2 de agosto de 2018.

En esa primera declaración, aseguró que los cuadernos originales estaban en su domicilio y que, de no encontrarse allí, podían estar en la casa de familiares.

Sin embargo, tras un allanamiento en el que no se hallaron los manuscritos, modificó su versión al día siguiente.

El 3 de agosto de 2018, Centeno declaró que había quemado los cuadernos en la parrilla de su casa, luego de comentarle a un amigo su intención de destruirlos.

Para justificar el cambio, explicó que se encontraba detenido y sin dormir desde hacía dos días. Para el denunciante, ese giro resulta inverosímil: "No dormir por dos días no había afectado en nada la memoria de Centeno respecto a una década de anotaciones, pero sí le había hecho olvidar si había quemado los cuadernos o los tenía guardados".

Delito atribuido a Centeno

El escrito subrayó que el delito atribuido, 276 bis del Código Penal, castiga con penas de entre cuatro y diez años de prisión a quienes, habiéndose beneficiado con el instituto del arrepentido, "proporcionaren maliciosamente información falsa o datos inexactos".

En ese sentido, los abogados sostuvieron que en el caso se encuentran reunidos los tres requisitos del tipo penal: la existencia del acuerdo, el aporte de datos falsos y el dolo.

Como elemento adicional, la denuncia mencionó la publicación periodística realizada en octubre de 2019 por el periodista Diego Cabot, quien afirmó haber recibido los cuadernos originales tras una llamada anónima, meses después de que Centeno asegurara haberlos destruido.

Para Baratta, esa situación constituye "otro elemento que deja en claro que el chofer mintió".

Finalmente, el denunciante aclaró que la veracidad del contenido de los cuadernos será materia de análisis en el juicio que tramita ante el Tribunal Oral Federal Nº 7, pero sostuvo que las contradicciones sobre el destino de los manuscritos permiten impulsar una investigación penal autónoma.

La denuncia fue radicada este martes en los tribunales de Comodoro Py y recayó en el Juzgado federal 10 a cargo de Julián Ercolini.

Gobierno nacional denunció penalmente al gremio de Controladores Aéreos

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La presentación se hizo ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, bajo la titularidad del Doctor Daniel Eduardo Rafecas.

El Gobierno nacional decidió judicializar el conflicto gremial que mantienen los controladores de tránsito aéreo nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación.

La Empresa Argentina de Navegación Aérea, presentó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, bajo la titularidad del Doctor, Daniel Eduardo Rafecas, una denuncia penal por la interrupción del servicio aéreo y por haber comprometido la seguridad operacional, según confirmaron fuentes oficiales.

Empresa Argentina de Navegación Aérea sostuvo que la colocación de cartelería y banderas en las estructuras externas de las torres de control del Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, atentaron contra la seguridad de las operaciones aéreas dado que el desprendimiento de estos elementos podría derivar en su ingesta por las turbinas de las aeronaves, lo que representaría un riesgo inminente para la vida de los pasajeros y la integridad de los equipos.

La empresa estatal argumentó que estos elementos distractores y obstructivos dificultan la visión y la concentración necesaria para las tareas de guía y seguridad que realizan los operadores en las terminales aéreas más transitadas del país.

Empresa Argentina de Navegación Aérea sostuvo que el derecho a la protesta no puede vulnerar la seguridad de la navegación aérea y que la denuncia busca proteger la operatividad y la vida de los ciudadanos.

Las medidas de fuerza que lleva adelante la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación provocaron el miércoles modificaciones significativas en el cronograma de vuelos de las compañías, ocasionando demoras y cancelaciones, con la afectación de miles de pasajeros, tanto en el Aeroparque Jorge Newbery, como en Ezeiza y en distintos aeropuertos del interior del país.

Se estimó que la cifra de usuarios damnificados por cancelaciones y reprogramaciones superará los 40.000 luego de la primera jornada de paro y de la que está prevista para este jueves a partir de las 16 horas.

Aerolíneas Argentinas proyecta que tan solo en la jornada de este jueves se verán afectados más de 60 servicios.

Por su parte, la empresa Flybondi ha tenido que realizar ajustes preventivos en su programación para mitigar el impacto en sus clientes.

El sindicato ha ratificado la continuidad del plan de lucha para los días 23, 27 y 29 de diciembre, afectando tanto vuelos domésticos como rutas internacionales en horarios pico de la temporada estival.

Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación defendió la legitimidad de sus acciones, fundamentando el conflicto en la ruptura de los canales de diálogo, el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, los despidos recientes y la erosión del poder adquisitivo del sector.

El conflicto se encuentra en una fase de escalada jurídica. La intervención del Juez, Daniel Eduardo Rafecas, será determinante para establecer si las acciones de propaganda gremial en las torres de control constituyen efectivamente un delito contra la seguridad pública o si se enmarcan en el libre ejercicio de la actividad sindical.

Mientras tanto, la previsibilidad del transporte aéreo para el cierre del año 2025 permanece condicionada a la resolución de este litigio.

Denunciaron penalmente a Bullrich por pedir allanamientos a periodistas

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La ministra de Seguridad fue denunciada por el abogado, Gregorio Dalbón, en los tribunales de Comodoro Py por el delito de abuso de autoridad.

La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue denunciada por el delito de abuso de autoridad, por haber solicitado allanar a periodistas y medios de comunicación "con el único fin de amedrentarlos, censurarlos y restringir la libertad de prensa".

La denuncia contra Bullrich fue realizada este martes por el abogado Gregorio Dalbón, tras la presentación que hizo el lunes la ministra en nombre del Gobierno por el supuesto espionaje ilegal a la Secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En esa denuncia por violación a la ley de inteligencia nacional, el Ministerio de Seguridad que conduce Bullrich solicitó "medidas manifiestamente contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión", según advirtió Dalbón.

Bullrich solicitó el lunes el allanamiento de los estudios de Carnaval Stream y de los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, entre otros.

Adicionalmente, Bullrich solicitó una medida cautelar inédita: "Prohibición de difusión, reproducción y/o circulación por cualquier medio de los audios y/o cualquier otro elemento escrito o audiovisual obtenidos en el marco de la operación ilícita denunciada, bajo apercibimiento legal".

"Constituye de manera palmaria un intento de censura previa, prohibida por la Constitución Nacional", sostuvo Dalbón.

El abogado pidió que la ministra de Seguridad sea citada a prestar declaración indagatoria.

"La denuncia efectuada por Bullrich no solo se dirige contra periodistas concretos, sino que pretende restringir a la totalidad de los medios de comunicación y plataformas digitales, lo cual es una forma de censura indirecta y masiva", dice la denuncia.

"El Gobierno nacional, a través de su Ministerio de Seguridad, ha instrumentalizado la denuncia penal como herramienta de intimidación, con el objeto de amedrentar a periodistas y condicionar la libertad de prensa", advierte el denunciante.

El letrado encuadró el delito que habría cometido Bullrich en "abuso de autoridad".

Se trata de "un ejemplo paradigmático de esa extralimitación funcional. El pedido de allanamiento de medios de comunicación, el secuestro de equipos de trabajo y particularmente, la pretensión de prohibir la difusión de información periodística configuran órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución Nacional".

Gobierno presentó una denuncia penal por fraude en el examen para residencias médicas

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El vocero presidencial advirtió que "el que las hace, las paga" y aseguró que son 141 los profesionales que deberán rendir nuevamente con controles reforzados.

El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra las personas implicadas en el supuesto fraude masivo ocurrido en el examen para residencias médicas.

La medida forma parte del proceso para garantizar la transparencia y el mérito académico en la selección de los nuevos profesionales de la salud.

El Vocero Presidencial, Manuel Adorni, publicó en X: "No vamos a permitir que se acceda a cargos médicos de manera fraudulenta, poniendo en riesgo la vida de todos".

"Acabamos de presentar la denuncia penal contra todos aquellos que hicieron trampa o fueron cómplices de la estafa en el examen de residencias médicas", continuó.

También enfatizó la postura del Gobierno al afirmar que "el que las hace, las paga".

Según indicó, la denuncia apunta tanto a quienes hicieron trampa como a quienes, supuestamente, facilitaron estas irregularidades durante el proceso de selección.

Asimismo, el ministro de Salud, Mario Lugones, detalló en su cuenta de X: "No vamos a permitir que la salud quede en manos de profesionales que no están a la altura. Por eso, junto a Alejandro Álvarez, Subsecretario de Políticas Universitarias, establecimos criterios claros para evaluar la congruencia académica y garantizar que el ingreso sea justo, transparente y basado en el mérito".

Esto muestra una continuidad de las medidas que se están implementando en los últimos días vinculadas a que el Ministerio de Salud anunció que los médicos bajo sospecha de fraude deberán rendir nuevamente la evaluación, la cual está prevista para el 7 de agosto bajo un mayor control y vigilancia.

En total, serán 141 profesionales, en su mayoría extranjeros, los que deberán someterse al nuevo examen.

Inicialmente, se habían identificado 268 casos bajo sospecha, pero un comité de expertos revisó el historial académico de los postulantes y validó la nota de 127 de ellos.

La nueva prueba será escrita, con 100 preguntas de opción múltiple y un tiempo máximo de cuatro horas para su realización.

El Gobierno de Bolivia denunció penalmente a Evo Morales

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Esto se dio en medio de la escalada de bloqueos de caminos. La denuncia abarca delitos como terrorismo, obstrucción del proceso electoral, atentado contra la libertad de trabajo y la seguridad de los servicios públicos.

El Gobierno de Bolivia formalizó este jueves una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales ante la Fiscalía, acusándolo de terrorismo, instigación a delinquir y otros delitos, en el marco de los bloqueos de caminos que paralizan regiones clave del país.

La acción legal marca un nuevo punto de inflexión de la crisis política y social que vive ese país, con el crecimiento de puntos de bloqueo de 13 a 27 a nivel nacional, a menos de tres meses de unas elecciones generales decisivas.

El ministro de Justicia boliviano, César Siles, explicó a los periodistas que la querella no solo apunta a Morales, sino también a quienes resulten cómplices o ejecutores de las movilizaciones violentas.

"Hemos solicitado que el Ministerio Público actúe con celeridad. Las víctimas son todos los bolivianos, principalmente enfermos sin atención, personas con discapacidad sin tránsito y pueblos indígenas aislados", dijo Siles.

La denuncia abarca delitos como terrorismo, obstrucción del proceso electoral, desobediencia a resoluciones constitucionales, atentado contra la libertad de trabajo y la seguridad de los servicios públicos, además de la destrucción de bienes del Estado.

El Ejecutivo asegura contar con pruebas de que Morales habría instruido "cercar ciudades" y bloquear para evitar las elecciones.

Desde el lunes, la situación en las rutas del país se ha deteriorado rápidamente. Los puntos de bloqueo se duplicaron en solo 48 horas pasando de 13 a 27, según datos actualizados de la Administradora Boliviana de Carreteras.

La mayoría se concentran en el departamento de Cochabamba, bastión del líder cocalero y expresidente.

También se reportan cortes en Potosí, Oruro, La Paz y Santa Cruz.

Las medidas de presión fueron impulsadas por sectores afines a Morales que exigieron su habilitación como candidato presidencial, pese a no contar con un partido político acreditado y a las resoluciones del Tribunal Constitucional que lo inhabilitan.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, Marcelo Montenegro, estimó que las pérdidas diarias por los cortes de ruta oscilan entre 150 y 200 millones de dólares.

"Ya vivimos una paralización similar el año pasado que costó más de 3.000 millones. No podemos repetir ese escenario por intereses personales de alguien que no puede ser candidato", afirmó.

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