Los acusan de haber ejercido presiones indebidas, interferencias y maniobras consideradas "contrarias al fair play institucional" en la disputa por la organización de la Copa América 2024.
La Federación de Fútbol de Estados Unidos presentó una denuncia formal ante el Comité de Ética de la FIFA contra Claudio Chiqui Tapia, Pablo Toviggino y Guillermo Tofoni.
Buenos Aires, 5 septiembre (NA) – La Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer) presentó una denuncia formal ante el Comité de Ética de la… pic.twitter.com/azLbKXst3K
El escrito, elevado directamente a Zúrich, acusó a los dirigentes argentinos de haber ejercido presiones indebidas, interferencias y maniobras consideradas "contrarias al fair play institucional" en el marco de la disputa por la organización de la Copa América 2024 y otros negocios vinculados a partidos internacionales.
La denuncia sostuvo que Tapia, Toviggino y Tofoni habrían participado en gestiones irregulares para influir en decisiones de la Conmebol y en negociaciones comerciales relacionadas con la cesión de derechos, organización de amistosos y acuerdos de explotación.
US Soccer afirmó que existieron contactos no autorizados, presiones sobre funcionarios y un intento de condicionar decisiones estratégicas del fútbol estadounidense.
El documento enviado a la FIFA incluyeron correos electrónicos, comunicaciones internas y testimonios que, a criterio de la federación norteamericana, demostrarían conductas incompatibles con los códigos éticos del organismo.
La presentación también mencionó episodios vinculados a la disputa por la sede de la Copa América y a la relación comercial con Tofoni, empresario histórico en la organización de partidos internacionales.
La federación estadounidense pidió que el Comité de Ética abra una investigación formal, evalúe sanciones y determine si los dirigentes argentinos violaron normas sobre integridad, conflicto de intereses y abuso de posición.
La denuncia se produjo en un contexto de tensión creciente entre US Soccer y la AFA, luego de varios cruces públicos y privados por la organización de torneos y amistosos.
Desde la AFA, según reconstruyó el artículo, evitaron pronunciarse de inmediato y se limitaron a señalar que cualquier presentación ante la FIFA debe seguir los canales correspondientes.
En el entorno de Tapia y Toviggino consideraron que la denuncia responde a una disputa política y comercial y que no existen elementos que justifiquen sanciones.
El caso abrió un nuevo frente internacional para la dirigencia del fútbol argentino, que ya enfrenta cuestionamientos internos y externos por su manejo institucional y por la influencia creciente de Toviggino en decisiones estratégicas.
La FIFA, por su parte, deberá determinar si la denuncia amerita la apertura de un expediente disciplinario.
El ex Gran Hermano fue denunciado por su prima que sostuvo que al momento de la agresión, era menor de edad.
El exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina fue imputado formalmente por el delito de "abuso sexual con acceso carnal", tras la denuncia presentada por su prima, Lara Ledesma, por el supuesto episodio de agresión que habría ocurrido cuando ella tenía 12 años.
La causa, que tomó impulso tras la difusión mediática de los testimonios hace una semana, cuenta con el patrocinio del abogado Rodolfo Baqué, que representará a la supuesta víctima.
Según trascendió, el proceso judicial continuará con la realización de pericias psicológicas para ambas partes, una instancia clave dado que los hechos denunciados habrían sucedido hace siete años.
Anteriormente, el mediático había utilizado sus redes sociales para negar "de manera categórica" los hechos atribuidos, aseguró que se ponía a entera disposición de la Justicia para que "la verdad salga a la luz" y sostuvo que la denuncia era un intento de "ensuciar" su imagen.
Debido al tiempo transcurrido desde el presunto ataque, la denunciante tiene actualmente 19 años, la investigación se centrará en los testimonios del círculo familiar, el relato de la víctima y los resultados de las evaluaciones psicológicas, ante la imposibilidad de realizar pericias físicas directas por el paso de los años.
En el señalamiento, la supuesta víctima apuntó: "Thiago se quedaba a dormir en mi casa porque es mi primo. Él estaba con mi hermano, jugaba al Free Fire y yo me encontraba en la pieza, donde miraba la televisión, cuando él vino a acostarse conmigo. Ahí empezó todo."
La joven denunció que el ex participante se presentó en su vivienda junto a su padre sosteniendo que ella intentaba tener una relación con él, argumentación que la mujer rechazó rotundamente: "¿Cómo voy a querer estar yo con mi primo?".
Anteriormente, el influencer se expresó, por medio de una periodista que estaba en total conocimiento del contenido y se encargó de desacreditar a la mujer: "Esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con eso. Sé que no hice nada, me parece una falta de respeto que quieran ensuciar a la gente así".
Una vez finalizada la audiencia, la Justicia dispuso su liberación, aunque continuará vinculado al expediente y deberá cumplir una serie de restricciones.
Facundo Moyano recuperó la libertad este martes luego de prestar declaración indagatoria en la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.
El exdiputado, imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género contra su novia Candela Arizaga, habló brevemente con la prensa y afirmó: "Está todo aclarado", mientras se retiraba de la sede judicial.
Moyano compareció ante el fiscal luego del allanamiento realizado durante la jornada en su domicilio del barrio porteño de Belgrano, procedimiento ordenado tras la denuncia presentada por su pareja.
Una vez finalizada la audiencia, la Justicia dispuso su liberación, aunque continuará vinculado al expediente y deberá cumplir una serie de restricciones, confirmó su abogado defensor, Miguel Molina.
La investigación se inició a partir de una denuncia por un presunto episodio de violencia. En ese contexto, personal policial realizó un operativo en la vivienda del hijo del líder camionero Hugo Moyano y lo trasladó a la fiscalía para tomarle declaración, a cargo del auxiliar fiscal Julián Pistone.
Durante la jornada también se llevaron adelante distintas medidas de prueba para reconstruir lo sucedido y avanzar con la causa, como el allanamiento donde la Policía de la Ciudad secuestró dos celulares, aunque no se encontró droga en la vivienda de avenida Del Libertador al 5400.
El expediente sigue en trámite y Moyano permanece imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad agravadas por el contexto de violencia de género, mientras la fiscalía continúa reuniendo elementos para determinar las circunstancias del hecho denunciado.
En ese sentido, las medidas que adoptó la Justicia contra el exlíder sindical fueron una restricción en un radio de 300 metros y prohibición de cualquier tipo de contacto.
El hecho se produjo luego del triunfo de Argentina sobre el combinado egipcio en el Mundial 2026.
La Asociación del Fútbol Argentino reconoció un ciberataque tras la difusión de correos que cuestionaban el arbitraje del francés François Letexier en el partido de octavos de final del Mundial 2026 en el que Argentina eliminó a Egipto.
HACKEARON LA BASE DE DATOS DE LA AFA 🤯
"Un grupo de hackers acusa que ARGENTINA LE ROBÓ A EGIPTO con un arbitraje injusto y piden por PALESTINA LIBRE PARA SIEMPRE. Esto le llegó a todos los usuarios de AFA MEDIOS y se filtró su información" @JonatanVialepic.twitter.com/p9z0TPjPMd
El comunicado, enviado desde una cuenta vinculada a AFA Medios a un grupo de periodistas, incluía la frase: "Argentina no ganó. La victoria fue arrebatada por decisiones arbitrales corruptas".
El episodio se produjo luego de que, desde la delegación egipcia, continuaran los reclamos por la actuación del árbitro, pese a que las repeticiones de las jugadas clave no muestran una dirección tendenciosa. Fuentes de la AFA dijeron que el mail fue producto de un hackeo y que la información de su base de datos había sido ofrecida en foros por un grupo hacker egipcio, que habría accedido a direcciones de correo electrónico, contraseñas y direcciones IP.
Varios periodistas acreditados aseguraron haber recibido el mensaje en el que también se alababa a la selección africana por "absoluto honor, pasión y dominio táctico" y se advertía: "Si no hay justicia en la cancha, no esperen paz en sus redes".
El texto acusaba además a Egipto de haber sufrido un arbitraje perjudicial "por apoyar a Palestina" y cerraba con la consigna: "Los faraones siempre se alzan. No olvidamos. No perdonamos".
Las frases del mail coinciden con declaraciones públicas del entrenador egipcio Hossam Hassan y del jugador Mostafa Ziko, que tras el partido cuestionaron al arbitraje. No obstante, desde la AFA aclararon que el correo no fue "generado ni autorizado" por su equipo de comunicación y pidieron a los destinatarios desestimar el contenido.
La entidad informó que detectó el "posible envío" desde una cuenta institucional, que está analizando el alcance del acceso no autorizado y que trabaja “para esclarecer lo ocurrido y adoptar las medidas de seguridad necesarias”. En paralelo, las autoridades del seleccionado argentino enfocan la atención en el próximo rival: Suiza, en los cuartos de final, con la mira en alcanzar una segunda semifinal consecutiva.
En los últimos días, el Intendente de Angaco, José Castro, atravesó una serie de denuncias que lo dejan en una situación de vulnerabilidad profunda.
Sin ir más lejos, un diario local, La Política SJ, publicó recientemente un resumen con las 7 demandas que hoy atraviesa el intendente, y entre ellas aparece la del exconcejal de Angaco, José Risueño, quien presentó una denuncia penal contra el Intendente Castro por presuntas calumnias e injurias, a raíz de declaraciones que el jefe comunal habría realizado en distintos medios de comunicación.
Según la presentación judicial, Risueño sostuvo que el Intendente Castro lo acusó públicamente de haber cometido maniobras de corrupción y manejos irregulares de fondos cuando se desempeñaba en la tesorería de la Municipalidad de Angaco.
Tras considerar que esas expresiones afectaron su honor, reputación e imagen pública, el exconcejal Risueño inició una acción civil por daños y perjuicios, mediante la cual reclama una indemnización de $80.000.000.
La denuncia incorpora notas periodísticas y extractos de entrevistas difundidas en diversos medios provinciales.
Además, Risueño argumentó que la gravedad de las acusaciones se ve incrementada por la investidura institucional de quien las emitió.
Las actuaciones buscan que tanto el reclamo penal como el civil sean analizados en un mismo proceso judicial.
Hasta el momento no se conoció una resolución sobre el planteo presentado por el exconcejal, pero, es evidente, la Justicia local tendrá bastante trabajo con los casos que hoy tienen como protagonista al célebre intendente de Angaco, José Castro.
La práctica pericial fue encargada por OSSE a Industrias Jaime. El estudio determinó que las uniones de la cañería adquirida por el Gobierno del peronista Sergio Uñac no iban a resistir la presión del agua.
"Si OSSE en aquel momento supo a ciencia cierta por ese estudio que los caños no iban a resistir la presión del agua a conducir, ¿por qué siguieron instalando esa cañería hasta el año 2023?", se preguntó el abogado Marcelo Arancibia, denunciante en la Justicia local para que se investigue la obra denominada Acueducto Gran Tulum.
La investigación que llevan adelante desde Fiscalía del Poder Judicial sobre el Acueducto Gran Tulum, una de las obras hídricas más importantes que se deberían haber ejecutado durante la gestión del exgobernador Sergio Uñac, sumó un nuevo elemento que podría aportar información para la apertura del proceso judicial.
Se trata de un informe técnico elaborado en junio de 2020, cuando se estaban llevando adelante los trabajos. El material de peritaje fue incorporado mediante una ampliación de denuncia penal presentada por el abogado Marcelo Arancibia ante el Ministerio Público Fiscal.
Con el informe, el abogado denunciante amplió la denuncia ante la Justicia para que la investigación determine si la serie de irregularidades configura un delito penal por parte de los responsables de la obra.
"El desarrollo realizado para la inspección de soldadura por electro fusión a solape de caño PEAD 600 mm de diámetro, N° 609_S NORMA DIN PAS 1065 Perfil PN-10 Serie 6 año fabricación 2019, fabricado por KRAH, cuya soldadura se llevó a cabo con equipamiento marca PLASPITEC, modelo KAL 8000 según el procedimiento de la empresa que realiza la instalación de la tubería", indica el texto que obra en poder de la Justicia.
Este procedimiento de ensamble de electrofusión fue realizado en las instalaciones de Industrias Metalúrgicas Jaime ubicadas, en Ruta Nacional 40 N° 2310, en el departamento de Chimbas, San Juan, "el día jueves 11 de junio de 2020, por personal de la empresa contratista MAPAL S.A., bajo inspección por personal de OSSE y personal del área de calidad de Industrias Metalúrgicas Jaime", según consta en la documentación presentada por Arancibia ante Fiscalía.
El informe técnico pudo detectar (ensayo de tintas penetrantes) las dimensiones de la discontinuidad en las soldaduras además de advertir canales de fuga en la unión soldada.
Se encontró que es un punto critico la salida de las resistencias hacia el exterior, debido a que se podrían producir canales de fuga en la resistencia al no existir fusión entre el PEAD (caño) y el material de la resistencia como ha sucedido en el caso de la soldadura examinada.
En el procedimiento de ensamble y electro fusión se registró el uso de alcohol etílico el cual no es apropiado para este tipo de material a soldar por su contenido de agua ya que genera una capa de óxido en el caño.
Una de las develaciones más grotescas del informe fue la detección de grampas clavadas en el plásticos a modo de fijación de la resistencia en el conector hembra.
Durante el ensayo visual de los cortes de soldadura, se observó que los acoples de los caños no tiene una terminación simétrica, esto significa que el macho y la hembra no encastran perfectamente, por lo tanto durante el proceso de acople se generan esfuerzos en la unión que van en detrimento de la soldadura debiendo tener en cuenta que la presión es una variable esencial en este tipo de soldaduras.
A modo de conclusión: la descripción del informe sugiere que a lo largo de todo el tramo podrían existir uniones defectuosas.
De haberse terminado la obra, algo que nunca sucedió ya que el Gobierno de Uñac no concluyó el acueducto, podría haber dejado al descubierto las fallas detectadas, ya que el agua hubiese terminado inundando calles y no dentro de las cañerías.
La causa
Para concretar una parte mínima de la obra, que nunca se terminó, hubo una licitación que fue ganada por la empresa Krah América Latina S.A. en 2018, cuyo apoderado era Gustavo Monti. Se pagaron al menos 1.300 millones de pesos por las cañerías.
Es preciso recordar que la causa está en manos del Fiscal Sebastián Gómez, quien investiga el proceso administrativo y licitatorio del Acueducto Gran Tulum, obra hídrica que se ejecutó en parte durante el Gobierno del peronista Sergio Uñac, pero que, sin embargo, no se terminó, aunque los dólares se gastaron y los materiales usados parecen presentar irregularidades.
Es por eso que la Justicia vernácula investiga la contratación de caños y tuberías adjudicada a la empresa Krah América Latina S.A., y, en ese contexto, también se está evaluando cuál fue el papel que jugó el finado Gustavo Monti, quien podría haber sido representante o intermediario local de la compañía alemana.
En medio de este escenario, aparecen también presuntas comisiones facturadas por la empresa PVC San Juan SRL.
Según se desprende de la investigación judicial, las tuberías que puso la compañía Krah América Latina S.A. podrían no ser aptas para el transporte de agua potable.
Aseguran, además, que los caños estarían fabricados con insumos no aptos para el consumo humano y que podrían ser potencialmente tóxicos para las personas.
Es importante señalar que la Unidad Fiscal de Investigación Delitos Especiales avanzó hace tiempo en la causa que se inició gracias a la denuncia del abogado Marcelo Arancibia.
Mientras el Gobierno de San Juan sigue pagando a Kuwait la deuda que dejaron los gobiernos peronistas de Uñac y Gioja, que consiste en la friolera de 100.000.000 de dólares por materiales, más 100.000.000 de verdes por la obra civil, la Justicia de la provincia sigue con la investigación para saber si hubo o no un perjuicio contra el Estado.
En diciembre del 2025, el abogado Marcelo Arancibia presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal solicitando que se investigue la licitación de la obra, la cual hace años fue concedida a una empresa alemana cuyo apoderado, Gustavo Monti, era un pariente del exgobernador Sergio Uñac.
Se busca comprobar si hubo o no malversación de fondos, además de conocer la calidad de los insumos, entre otras posibles irregularidades que se habrían cometido en la obra.
En febrero de 2026, la provincia de San Juan se presentó en la causa como parte querellante.
Desde la actual gestión del Gobernador Marcelo Orrego se estima que la pérdida asociada a los 10 kilómetros de caños que se instalaron, y que luego debieron retirarse, demandó una inversión de 50.000.000 de dólares.
La cifra surge del financiamiento comprometido para la obra, que fue licitada por un total de 200.000.000 de verdes.
El proyecto fue financiado en dos tramos: un 50% a través de un préstamo internacional que llegó desde Kuwait y Australia, y el otro 50% con fondos aportados por el Estado nacional durante el Gobierno peronista.
El Ministerio de Seguridad formalizó la denuncia contra el Diputado del kirchnerismo, Rodolfo Tailhade, por presunto espionaje ilegal,. La causa recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.
"Se efectúa la presente denuncia penal por la posible realización de acciones ilegales de inteligencia", rezó la presentación, que lleva la firma del Subsecretario Legal, Diego Goldman, y la Directora de Asuntos Jurídicos, Mariana Venesio.
La denuncia tuvo lugar a días del informe de gestión que tuvo lugar el pasado miércoles 29 de abril, en el que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ensayó una especie de línea argumental sobre su situación patrimonial y los viajes que abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Durante las más de seis horas que duró la exposición, el diputado Tailhade dio detalles sobre supuesto movimientos en la vida privada de Bettina Angeletti, la esposa del funcionario. Desde el recinto, el legislador denunció que Angeletti utiliza la custodia oficial para salir por la noche con amigas.
Luego el diputado kirchnerista insistió y dijo que, en septiembre de 2025, la coach ontológica viajó en primera clase a Madrid con cinco “mamis del colegio” y que se hizo cargo de los pasajes y la estadía.
"Resulta significativamente preocupante que un miembro del Congreso exponga públicamente, en el recinto y ante la ciudadanía, los quehaceres privados del cónyuge de uno de los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional", puntualizó la denuncia.
"Aún más grave resulta que el diputado refiera conocer con precisión el desempeño y logística funcional de la custodia eventualmente a cargo de la seguridad del Jefe de Gabinete y su familia", completó.
Para la cartera que comanda Alejandra Monteoliva, la información revelada presenta "severos riesgos para la Seguridad Nacional y amerita ser investigada".
El 2 de marzo pasado, el funcionario de Javier Milei había afirmado que la vicepresidenta pretendía quedarse con la presidencia de la Nación, y que por eso fue "funcional a la oposición", "apostando al fracaso del Gobierno".
El Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 2 desestimó la denuncia de Victoria Villarruel contra el Ministro de Defensa, Luis Petri, por una serie de declaraciones televisivas contra la vicepresidenta que para ella se encuadraban en el delito de calumnias e injurias, y atentado contra el orden constitucional.
El 2 de marzo pasado, el funcionario de Javier Milei había afirmado que la titular del Senado pretendía quedarse con la presidencia de la Nación, y que por eso fue "funcional a la oposición", "apostando al fracaso del Gobierno".
"Apostó al fracaso de nuestro gobierno y se ofreció como alternativa y no tengo dudas de que abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas tratando de quebrar el plan económico", consideró Petri en aquella entrevista televisiva.
"Hay que decir las cosas por su nombre… no ha apoyado al gobierno, al contrario, ha apostado a su fracaso y apostar a su fracaso estando segunda en línea de sucesión, ¿en qué te transforma?", se preguntó.
En su denuncia, Villarruel aseguró que las declaraciones de Petri "lejos de ser un análisis político y/o de opinión, constituye un sinnúmero de agravios, mentiras, inventos e información absolutamente falsa, calumniante y lesiva".
"No solo me genera aflicciones personales, sino que socava la institución que presido y el cargo que ocupo", agregaba en la vicepresidenta en su presentación judicial.
No obstante, el tribunal concluyó que los hechos señalados por Villarruel no constituyen ilícito alguno, descartando la configuración de delitos de acción pública.
La Justicia dictaminó que tales dichos no reúnen los elementos de idoneidad necesarios para afectar el sistema democrático.
En su dictamen, el Doctor Ramiro González subrayó que las manifestaciones de Petri se inscriben en el marco del derecho a la opinión y la crítica política.
Según el representante fiscal, avanzar con una acción penal por estos conceptos implicaría un ejercicio desmedido del poder punitivo del Estado sobre valoraciones de carácter público.
La resolución reafirma la vigencia del principio de ultima ratio en el derecho penal, priorizando la libertad de expresión en el debate político frente a tipos penales de máxima gravedad.
De confirmarse, la causa podría configurar una "simulación de competencia" en perjuicio del Estado.
La Diputada del monobloque Coherencia, Marcela Pagano, presentó una denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades en contrataciones públicas y la concesión de Tecnópolis que involucran al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La presentación judicial, conocida este jueves, apunta a posibles delitos contra la administración pública vinculados a licitaciones de servicios de mensajería masiva y al proceso de concesión del predio de Tecnópolis, bajo la órbita estatal entre 2025 y 2026.
Según surge del escrito, una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un contrato por más de $3.650.000.000 para el envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas.
En ese proceso, se advierten posibles vínculos societarios entre las firmas participantes como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L., lo que podría afectar los principios de competencia y transparencia en la contratación pública.
La denuncia también señala variaciones de precios en licitaciones similares y la reiterada participación de empresas relacionadas, lo que, de confirmarse, podría configurar una "simulación de competencia" en perjuicio del Estado.
Tecnópolis
Por otra parte, el escrito pone el foco en un presunto conflicto de interés en la concesión del predio de Tecnópolis, un proceso estimado en más de $183.300.000.000 y gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, dependiente de la Jefatura de Gabinete.
En ese marco, se menciona la relación entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti, esposa de Adorni, y empresas como Grupo Foggia, vinculada a una de las firmas preseleccionadas para la concesión junto a DirecTV Argentina.
Asimismo, se detallan conexiones comerciales con otras compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que, según la presentación, podría configurar un entramado de relaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
De acuerdo con el documento, los hechos podrían encuadrarse en delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Finalmente, la denunciante solicitó la apertura de una investigación penal y la producción de medidas de prueba para determinar responsabilidades de los funcionarios y empresarios involucrados.
Además, podrían ser tóxicos ya que se habrían usado caños para desagües y no los que corresponderían.
Según la Consultora Interacción, que certificó a través de Bureau Veritas, las tuberías no serían para transporte de agua, los caños usados no estarían aptos para lo que se los pretendía utilizar.
"Están construidas con insumos no aptos para el consumo humano", explicaría el peritaje que pidió OSSE a la Consultora Interacción en la causa que investiga las obras del Acueducto Gran Tulum, el cual nunca se terminó aunque se tomó un préstamo de 100.000.000 de dólares durante el Gobierno de Sergio Uñac.
La licitación la ganó la empresa Krah América Latina S.A. en 2018, cuyo apoderado era Gustavo Monti, pariente del exgobernador Uñac.
Este informe ahora será parte de la prueba documental que tendrá Fiscalía de la Justicia local para seguir avanzando en la causa que investiga la obra iniciada con dólares prestados durante el Gobierno del peronista Sergio Uñac.
La causa
Para concretar una parte mínima de la obra, que nunca se terminó, hubo una licitación que fue ganada por la empresa Krah América Latina S.A. en 2018, cuyo apoderado era Gustavo Monti. Se pagaron al menos 1.300 millones de pesos por las cañerías.
Es preciso recordar que la causa está en manos del Fiscal Sebastián Gómez, quien investiga el proceso administrativo y licitatorio del Acueducto Gran Tulum, obra hídrica que se ejecutó en parte durante el Gobierno del peronista Sergio Uñac, pero que, sin embargo, no se terminó, aunque los dólares se gastaron y los materiales usados parecen presentar irregularidades.
Es por eso que la Justicia vernácula investiga la contratación de caños y tuberías adjudicada a la empresa Krah América Latina S.A., y, en ese contexto, también se está evaluando cuál fue el papel que jugó el finado Gustavo Monti, quien podría haber sido representante o intermediario local de la compañía alemana.
En medio de este escenario, aparecen también presuntas comisiones facturadas por la empresa PVC San Juan SRL.
Según se desprende de la investigación judicial, las tuberías que puso la compañía Krah América Latina S.A. podrían no ser aptas para el transporte de agua potable.
Aseguran, además, que los caños estarían fabricados con insumos no aptos para el consumo humano y que podrían ser potencialmente tóxicos para las personas.
Es importante señalar que la Unidad Fiscal de Investigación Delitos Especiales avanzó hace tiempo en la causa que se inició gracias a la denuncia del abogado Marcelo Arancibia.
Mientras el Gobierno de San Juan sigue pagando a Kuwait la deuda que dejaron los gobiernos peronistas de Uñac y Gioja, que consiste en la friolera de 100.000.000 de dólares por materiales, más 100.000.000 de verdes por la obra civil, la Justicia de la provincia sigue con la investigación para saber si hubo o no un perjuicio contra el Estado.
En diciembre del 2025, el abogado Marcelo Arancibia presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal solicitando que se investigue la licitación de la obra, la cual hace años fue concedida a una empresa alemana cuyo apoderado, Gustavo Monti, era un pariente del exgobernador Sergio Uñac.
Se busca comprobar si hubo o no malversación de fondos, además de conocer la calidad de los insumos, entre otras posibles irregularidades que se habrían cometido en la obra.
En febrero de 2026, la provincia de San Juan se presentó en la causa como parte querellante.
Desde la actual gestión del Gobernador Marcelo Orrego se estima que la pérdida asociada a los 10 kilómetros de caños que se instalaron, y que luego debieron retirarse, demandó una inversión de 50.000.000 de dólares.
La cifra surge del financiamiento comprometido para la obra, que fue licitada por un total de 200.000.000 de verdes.
El proyecto fue financiado en dos tramos: un 50% a través de un préstamo internacional que llegó desde Kuwait y Australia, y el otro 50% con fondos aportados por el Estado nacional durante el Gobierno peronista.
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