En los últimos días, el Intendente de Angaco, José Castro, atravesó una serie de denuncias que lo dejan en una situación de vulnerabilidad profunda.
Sin ir más lejos, un diario local, La Política SJ, publicó recientemente un resumen con las 7 demandas que hoy atraviesa el intendente, y entre ellas aparece la del exconcejal de Angaco, José Risueño, quien presentó una denuncia penal contra el Intendente Castro por presuntas calumnias e injurias, a raíz de declaraciones que el jefe comunal habría realizado en distintos medios de comunicación.
Según la presentación judicial, Risueño sostuvo que el Intendente Castro lo acusó públicamente de haber cometido maniobras de corrupción y manejos irregulares de fondos cuando se desempeñaba en la tesorería de la Municipalidad de Angaco.
Tras considerar que esas expresiones afectaron su honor, reputación e imagen pública, el exconcejal Risueño inició una acción civil por daños y perjuicios, mediante la cual reclama una indemnización de $80.000.000.
La denuncia incorpora notas periodísticas y extractos de entrevistas difundidas en diversos medios provinciales.
Además, Risueño argumentó que la gravedad de las acusaciones se ve incrementada por la investidura institucional de quien las emitió.
Las actuaciones buscan que tanto el reclamo penal como el civil sean analizados en un mismo proceso judicial.
Hasta el momento no se conoció una resolución sobre el planteo presentado por el exconcejal, pero, es evidente, la Justicia local tendrá bastante trabajo con los casos que hoy tienen como protagonista al célebre intendente de Angaco, José Castro.
La práctica pericial fue encargada por OSSE a Industrias Jaime. El estudio determinó que las uniones de la cañería adquirida por el Gobierno del peronista Sergio Uñac no iban a resistir la presión del agua.
"Si OSSE en aquel momento supo a ciencia cierta por ese estudio que los caños no iban a resistir la presión del agua a conducir, ¿por qué siguieron instalando esa cañería hasta el año 2023?", se preguntó el abogado Marcelo Arancibia, denunciante en la Justicia local para que se investigue la obra denominada Acueducto Gran Tulum.
La investigación que llevan adelante desde Fiscalía del Poder Judicial sobre el Acueducto Gran Tulum, una de las obras hídricas más importantes que se deberían haber ejecutado durante la gestión del exgobernador Sergio Uñac, sumó un nuevo elemento que podría aportar información para la apertura del proceso judicial.
Se trata de un informe técnico elaborado en junio de 2020, cuando se estaban llevando adelante los trabajos. El material de peritaje fue incorporado mediante una ampliación de denuncia penal presentada por el abogado Marcelo Arancibia ante el Ministerio Público Fiscal.
Con el informe, el abogado denunciante amplió la denuncia ante la Justicia para que la investigación determine si la serie de irregularidades configura un delito penal por parte de los responsables de la obra.
"El desarrollo realizado para la inspección de soldadura por electro fusión a solape de caño PEAD 600 mm de diámetro, N° 609_S NORMA DIN PAS 1065 Perfil PN-10 Serie 6 año fabricación 2019, fabricado por KRAH, cuya soldadura se llevó a cabo con equipamiento marca PLASPITEC, modelo KAL 8000 según el procedimiento de la empresa que realiza la instalación de la tubería", indica el texto que obra en poder de la Justicia.
Este procedimiento de ensamble de electrofusión fue realizado en las instalaciones de Industrias Metalúrgicas Jaime ubicadas, en Ruta Nacional 40 N° 2310, en el departamento de Chimbas, San Juan, "el día jueves 11 de junio de 2020, por personal de la empresa contratista MAPAL S.A., bajo inspección por personal de OSSE y personal del área de calidad de Industrias Metalúrgicas Jaime", según consta en la documentación presentada por Arancibia ante Fiscalía.
El informe técnico pudo detectar (ensayo de tintas penetrantes) las dimensiones de la discontinuidad en las soldaduras además de advertir canales de fuga en la unión soldada.
Se encontró que es un punto critico la salida de las resistencias hacia el exterior, debido a que se podrían producir canales de fuga en la resistencia al no existir fusión entre el PEAD (caño) y el material de la resistencia como ha sucedido en el caso de la soldadura examinada.
En el procedimiento de ensamble y electro fusión se registró el uso de alcohol etílico el cual no es apropiado para este tipo de material a soldar por su contenido de agua ya que genera una capa de óxido en el caño.
Una de las develaciones más grotescas del informe fue la detección de grampas clavadas en el plásticos a modo de fijación de la resistencia en el conector hembra.
Durante el ensayo visual de los cortes de soldadura, se observó que los acoples de los caños no tiene una terminación simétrica, esto significa que el macho y la hembra no encastran perfectamente, por lo tanto durante el proceso de acople se generan esfuerzos en la unión que van en detrimento de la soldadura debiendo tener en cuenta que la presión es una variable esencial en este tipo de soldaduras.
A modo de conclusión: la descripción del informe sugiere que a lo largo de todo el tramo podrían existir uniones defectuosas.
De haberse terminado la obra, algo que nunca sucedió ya que el Gobierno de Uñac no concluyó el acueducto, podría haber dejado al descubierto las fallas detectadas, ya que el agua hubiese terminado inundando calles y no dentro de las cañerías.
La causa
Para concretar una parte mínima de la obra, que nunca se terminó, hubo una licitación que fue ganada por la empresa Krah América Latina S.A. en 2018, cuyo apoderado era Gustavo Monti. Se pagaron al menos 1.300 millones de pesos por las cañerías.
Es preciso recordar que la causa está en manos del Fiscal Sebastián Gómez, quien investiga el proceso administrativo y licitatorio del Acueducto Gran Tulum, obra hídrica que se ejecutó en parte durante el Gobierno del peronista Sergio Uñac, pero que, sin embargo, no se terminó, aunque los dólares se gastaron y los materiales usados parecen presentar irregularidades.
Es por eso que la Justicia vernácula investiga la contratación de caños y tuberías adjudicada a la empresa Krah América Latina S.A., y, en ese contexto, también se está evaluando cuál fue el papel que jugó el finado Gustavo Monti, quien podría haber sido representante o intermediario local de la compañía alemana.
En medio de este escenario, aparecen también presuntas comisiones facturadas por la empresa PVC San Juan SRL.
Según se desprende de la investigación judicial, las tuberías que puso la compañía Krah América Latina S.A. podrían no ser aptas para el transporte de agua potable.
Aseguran, además, que los caños estarían fabricados con insumos no aptos para el consumo humano y que podrían ser potencialmente tóxicos para las personas.
Es importante señalar que la Unidad Fiscal de Investigación Delitos Especiales avanzó hace tiempo en la causa que se inició gracias a la denuncia del abogado Marcelo Arancibia.
Mientras el Gobierno de San Juan sigue pagando a Kuwait la deuda que dejaron los gobiernos peronistas de Uñac y Gioja, que consiste en la friolera de 100.000.000 de dólares por materiales, más 100.000.000 de verdes por la obra civil, la Justicia de la provincia sigue con la investigación para saber si hubo o no un perjuicio contra el Estado.
En diciembre del 2025, el abogado Marcelo Arancibia presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal solicitando que se investigue la licitación de la obra, la cual hace años fue concedida a una empresa alemana cuyo apoderado, Gustavo Monti, era un pariente del exgobernador Sergio Uñac.
Se busca comprobar si hubo o no malversación de fondos, además de conocer la calidad de los insumos, entre otras posibles irregularidades que se habrían cometido en la obra.
En febrero de 2026, la provincia de San Juan se presentó en la causa como parte querellante.
Desde la actual gestión del Gobernador Marcelo Orrego se estima que la pérdida asociada a los 10 kilómetros de caños que se instalaron, y que luego debieron retirarse, demandó una inversión de 50.000.000 de dólares.
La cifra surge del financiamiento comprometido para la obra, que fue licitada por un total de 200.000.000 de verdes.
El proyecto fue financiado en dos tramos: un 50% a través de un préstamo internacional que llegó desde Kuwait y Australia, y el otro 50% con fondos aportados por el Estado nacional durante el Gobierno peronista.
El Ministerio de Seguridad formalizó la denuncia contra el Diputado del kirchnerismo, Rodolfo Tailhade, por presunto espionaje ilegal,. La causa recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.
"Se efectúa la presente denuncia penal por la posible realización de acciones ilegales de inteligencia", rezó la presentación, que lleva la firma del Subsecretario Legal, Diego Goldman, y la Directora de Asuntos Jurídicos, Mariana Venesio.
La denuncia tuvo lugar a días del informe de gestión que tuvo lugar el pasado miércoles 29 de abril, en el que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ensayó una especie de línea argumental sobre su situación patrimonial y los viajes que abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Durante las más de seis horas que duró la exposición, el diputado Tailhade dio detalles sobre supuesto movimientos en la vida privada de Bettina Angeletti, la esposa del funcionario. Desde el recinto, el legislador denunció que Angeletti utiliza la custodia oficial para salir por la noche con amigas.
Luego el diputado kirchnerista insistió y dijo que, en septiembre de 2025, la coach ontológica viajó en primera clase a Madrid con cinco “mamis del colegio” y que se hizo cargo de los pasajes y la estadía.
"Resulta significativamente preocupante que un miembro del Congreso exponga públicamente, en el recinto y ante la ciudadanía, los quehaceres privados del cónyuge de uno de los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional", puntualizó la denuncia.
"Aún más grave resulta que el diputado refiera conocer con precisión el desempeño y logística funcional de la custodia eventualmente a cargo de la seguridad del Jefe de Gabinete y su familia", completó.
Para la cartera que comanda Alejandra Monteoliva, la información revelada presenta "severos riesgos para la Seguridad Nacional y amerita ser investigada".
El 2 de marzo pasado, el funcionario de Javier Milei había afirmado que la vicepresidenta pretendía quedarse con la presidencia de la Nación, y que por eso fue "funcional a la oposición", "apostando al fracaso del Gobierno".
El Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 2 desestimó la denuncia de Victoria Villarruel contra el Ministro de Defensa, Luis Petri, por una serie de declaraciones televisivas contra la vicepresidenta que para ella se encuadraban en el delito de calumnias e injurias, y atentado contra el orden constitucional.
El 2 de marzo pasado, el funcionario de Javier Milei había afirmado que la titular del Senado pretendía quedarse con la presidencia de la Nación, y que por eso fue "funcional a la oposición", "apostando al fracaso del Gobierno".
"Apostó al fracaso de nuestro gobierno y se ofreció como alternativa y no tengo dudas de que abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas tratando de quebrar el plan económico", consideró Petri en aquella entrevista televisiva.
"Hay que decir las cosas por su nombre… no ha apoyado al gobierno, al contrario, ha apostado a su fracaso y apostar a su fracaso estando segunda en línea de sucesión, ¿en qué te transforma?", se preguntó.
En su denuncia, Villarruel aseguró que las declaraciones de Petri "lejos de ser un análisis político y/o de opinión, constituye un sinnúmero de agravios, mentiras, inventos e información absolutamente falsa, calumniante y lesiva".
"No solo me genera aflicciones personales, sino que socava la institución que presido y el cargo que ocupo", agregaba en la vicepresidenta en su presentación judicial.
No obstante, el tribunal concluyó que los hechos señalados por Villarruel no constituyen ilícito alguno, descartando la configuración de delitos de acción pública.
La Justicia dictaminó que tales dichos no reúnen los elementos de idoneidad necesarios para afectar el sistema democrático.
En su dictamen, el Doctor Ramiro González subrayó que las manifestaciones de Petri se inscriben en el marco del derecho a la opinión y la crítica política.
Según el representante fiscal, avanzar con una acción penal por estos conceptos implicaría un ejercicio desmedido del poder punitivo del Estado sobre valoraciones de carácter público.
La resolución reafirma la vigencia del principio de ultima ratio en el derecho penal, priorizando la libertad de expresión en el debate político frente a tipos penales de máxima gravedad.
De confirmarse, la causa podría configurar una "simulación de competencia" en perjuicio del Estado.
La Diputada del monobloque Coherencia, Marcela Pagano, presentó una denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades en contrataciones públicas y la concesión de Tecnópolis que involucran al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La presentación judicial, conocida este jueves, apunta a posibles delitos contra la administración pública vinculados a licitaciones de servicios de mensajería masiva y al proceso de concesión del predio de Tecnópolis, bajo la órbita estatal entre 2025 y 2026.
Según surge del escrito, una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un contrato por más de $3.650.000.000 para el envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas.
En ese proceso, se advierten posibles vínculos societarios entre las firmas participantes como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L., lo que podría afectar los principios de competencia y transparencia en la contratación pública.
La denuncia también señala variaciones de precios en licitaciones similares y la reiterada participación de empresas relacionadas, lo que, de confirmarse, podría configurar una "simulación de competencia" en perjuicio del Estado.
Tecnópolis
Por otra parte, el escrito pone el foco en un presunto conflicto de interés en la concesión del predio de Tecnópolis, un proceso estimado en más de $183.300.000.000 y gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, dependiente de la Jefatura de Gabinete.
En ese marco, se menciona la relación entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti, esposa de Adorni, y empresas como Grupo Foggia, vinculada a una de las firmas preseleccionadas para la concesión junto a DirecTV Argentina.
Asimismo, se detallan conexiones comerciales con otras compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que, según la presentación, podría configurar un entramado de relaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
De acuerdo con el documento, los hechos podrían encuadrarse en delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Finalmente, la denunciante solicitó la apertura de una investigación penal y la producción de medidas de prueba para determinar responsabilidades de los funcionarios y empresarios involucrados.
Además, podrían ser tóxicos ya que se habrían usado caños para desagües y no los que corresponderían.
Según la Consultora Interacción, que certificó a través de Bureau Veritas, las tuberías no serían para transporte de agua, los caños usados no estarían aptos para lo que se los pretendía utilizar.
"Están construidas con insumos no aptos para el consumo humano", explicaría el peritaje que pidió OSSE a la Consultora Interacción en la causa que investiga las obras del Acueducto Gran Tulum, el cual nunca se terminó aunque se tomó un préstamo de 100.000.000 de dólares durante el Gobierno de Sergio Uñac.
La licitación la ganó la empresa Krah América Latina S.A. en 2018, cuyo apoderado era Gustavo Monti, pariente del exgobernador Uñac.
Este informe ahora será parte de la prueba documental que tendrá Fiscalía de la Justicia local para seguir avanzando en la causa que investiga la obra iniciada con dólares prestados durante el Gobierno del peronista Sergio Uñac.
La causa
Para concretar una parte mínima de la obra, que nunca se terminó, hubo una licitación que fue ganada por la empresa Krah América Latina S.A. en 2018, cuyo apoderado era Gustavo Monti. Se pagaron al menos 1.300 millones de pesos por las cañerías.
Es preciso recordar que la causa está en manos del Fiscal Sebastián Gómez, quien investiga el proceso administrativo y licitatorio del Acueducto Gran Tulum, obra hídrica que se ejecutó en parte durante el Gobierno del peronista Sergio Uñac, pero que, sin embargo, no se terminó, aunque los dólares se gastaron y los materiales usados parecen presentar irregularidades.
Es por eso que la Justicia vernácula investiga la contratación de caños y tuberías adjudicada a la empresa Krah América Latina S.A., y, en ese contexto, también se está evaluando cuál fue el papel que jugó el finado Gustavo Monti, quien podría haber sido representante o intermediario local de la compañía alemana.
En medio de este escenario, aparecen también presuntas comisiones facturadas por la empresa PVC San Juan SRL.
Según se desprende de la investigación judicial, las tuberías que puso la compañía Krah América Latina S.A. podrían no ser aptas para el transporte de agua potable.
Aseguran, además, que los caños estarían fabricados con insumos no aptos para el consumo humano y que podrían ser potencialmente tóxicos para las personas.
Es importante señalar que la Unidad Fiscal de Investigación Delitos Especiales avanzó hace tiempo en la causa que se inició gracias a la denuncia del abogado Marcelo Arancibia.
Mientras el Gobierno de San Juan sigue pagando a Kuwait la deuda que dejaron los gobiernos peronistas de Uñac y Gioja, que consiste en la friolera de 100.000.000 de dólares por materiales, más 100.000.000 de verdes por la obra civil, la Justicia de la provincia sigue con la investigación para saber si hubo o no un perjuicio contra el Estado.
En diciembre del 2025, el abogado Marcelo Arancibia presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal solicitando que se investigue la licitación de la obra, la cual hace años fue concedida a una empresa alemana cuyo apoderado, Gustavo Monti, era un pariente del exgobernador Sergio Uñac.
Se busca comprobar si hubo o no malversación de fondos, además de conocer la calidad de los insumos, entre otras posibles irregularidades que se habrían cometido en la obra.
En febrero de 2026, la provincia de San Juan se presentó en la causa como parte querellante.
Desde la actual gestión del Gobernador Marcelo Orrego se estima que la pérdida asociada a los 10 kilómetros de caños que se instalaron, y que luego debieron retirarse, demandó una inversión de 50.000.000 de dólares.
La cifra surge del financiamiento comprometido para la obra, que fue licitada por un total de 200.000.000 de verdes.
El proyecto fue financiado en dos tramos: un 50% a través de un préstamo internacional que llegó desde Kuwait y Australia, y el otro 50% con fondos aportados por el Estado nacional durante el Gobierno peronista.
Los abogados Roberto Herrero y Mariano Di Giuseppe presentaron una denuncia penal ante la Justicia Federal. Investigan si la empresaria Lorena González del Valle obtuvo licitaciones de viviendas tras un vínculo personal con el expresidente.
Tras las declaraciones de Lorena González del Valle, empresaria de la firma Niro Construye S.A. y exparticipante de la primera edición de Gran Hermano, la Justicia Federal recibió una denuncia para investigar presuntas irregularidades y direccionamiento en la adjudicación de obra pública durante la gestión del peronista Alberto Fernández.
El escrito fue impulsado por los abogados Roberto Herrero y Mariano Di Giuseppe ante un juzgado en lo Criminal Federal y también apunta contra el exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi y la exGH.
Los denunciantes solicitaron además que se investigue a cualquier funcionario o particular que pudiera estar involucrado en los hechos.
El origen de la denuncia
El pedido de investigación se originó tras declaraciones públicas de González del Valle, conocida por su participación en el reality Gran Hermano, en las que confesó haber mantenido una relación personal con Alberto Fernández.
Según el planteo judicial, la empresaria habría contactado al entonces presidente y posteriormente fue derivada al ministro Ferraresi.
Después de ese vínculo, su empresa comenzó a participar en licitaciones del programa PROCREAR, obteniendo varias adjudicaciones.
De acuerdo con la denuncia, Niro Construye S.A. participó en nueve procesos licitatorios y ganó al menos cuatro, vinculados a desarrollos habitacionales en distintos municipios bonaerenses.
Las obras bajo sospecha
Entre las obras mencionadas en la presentación judicial figuran proyectos de viviendas en Esteban Echeverría, Avellaneda, en las localidades de Wilde y Piñeyro, Luján y Martín Coronado.
Según información publicada en la página web de la empresa, Niro Construye edificó 240 viviendas en Esteban Echeverría, obra que fue inaugurada por el propio Alberto Fernández.
También desarrolló 512 viviendas en Wilde, en el partido de Avellaneda, distrito que Ferraresi gobernó antes y después de su paso por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
A esto se suman otros dos contratos en esa localidad: el proyecto Piñeyro Rivadavia con 321 unidades habitacionales y Piñeyro Entre Ríos con 128 viviendas.
Para los denunciantes, si se comprueba que vínculos personales influyeron en la adjudicación de contratos estatales, el caso podría constituir una situación de "particular gravedad institucional".
Los abogados señalaron que la contratación pública es un área especialmente sensible del Estado porque involucra grandes sumas de dinero y exige transparencia, igualdad de condiciones y evaluación objetiva de las ofertas.
En ese sentido, sostuvieron que la secuencia de hechos constituye un "indicio razonable" que amerita una investigación judicial.
Por ello pidieron que la Justicia analice si los procesos licitatorios en los que participó la empresa se realizaron bajo condiciones de competencia real, si los criterios de evaluación fueron objetivos y si existieron posibles influencias externas para favorecer a la firma.
Diputados de Unión por la Patria lo acusaron de mantener un cálculo desactualizado del IPC tras la postergación del nuevo índice y la renuncia de Marco Lavagna.
En medio de la postergación del nuevo índice de inflación y tras la renuncia del titular del Indec, Marco Lavagna, diputados de Unión por la Patria denunciaron penalmente al Ministro de Economía, Luis Caputo, por presunta manipulación de datos oficiales.
La acusación, impulsada por Strada, Martínez y Penacca, le imputa los delitos de violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento de confidencialidad, falsificación de documentos públicos y vulneración del secreto estadístico.
Según sostuvieron, Caputo "ordenó que se mantenga el cálculo índice de precios al consumidor basado en componentes desactualizados. En octubre de 2025 el Indec había resuelto la aplicación de otra forma de cálculo a partir de enero de 2026".
En ese marco, Strada afirmó: "Esta decisión de Caputo, tal como declaró públicamente, busca postergar el nuevo índice hasta tanto culmine la recomposición tarifaria que tendría especial impacto en los precios al consumidor".
"Así, cometió actos contrarios a la ley 17.622 que rige el funcionamiento del Indec y del servicio estadístico nacional. Se trata de una conducta que demuestra abuso de autoridad", añadió.
La diputada también agregó que la medida "determina graves consecuencias sociales, económicas y políticas".
"Impactando en la fórmula de cálculo previsional para jubilaciones, pensiones y asignaciones, así como en la negociación colectiva dispuesta por los acuerdos paritarios públicos y privados", señaló.
Previo a que se conozca el índice, Caputo negó irregularidades y sostuvo que la salida de Lavagna fue "en condiciones totalmente amigables".
También afirmó: "Esto es un clásico de la oposición y de un sector del periodismo que, por diferentes razones, quieren que al país le vaya mal e instalar temas".
Y, sobre el cambio metodológico, explicó: "Marco quería cambiar el índice y ya tenía una fecha. El presidente tuvo una bajada de línea que era que se haga cuando ya esté el proceso de desinflación terminado, para no comparar peras con manzanas".
El gremio de trabajadores viales aseguró que está en marcha una "reorientación institucional" que, en los papeles, representa un abandono en las tareas de ejecución de obras. En paralelo, el Ejecutivo llamó a licitación para concesionar rutas.
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines denunció un "proceso deliberado, silencioso y sin debate público de vaciamiento" en la Dirección Nacional de Vialidad a raíz del nuevo organigrama impulsado bajo los lineamientos del Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pese a que el Congreso rechazó el decreto que disolvía el área.
El gremio se declaró el "estado de alerta máxima". Días atrás, el Gobierno abrió la licitación para privatizar rutas nacionales.
El sindicato denunció que, según un informe interno, el organismo se encuentra en un proceso denominado de "reorientación institucional" que implicará abandonar la ejecución de obras y tareas operativas para ser reconvertida en un ente reducido exclusivamente a funciones de planificación, control y fiscalización de concesiones.
Además, advirtió que el Estado dejará de construir, mantener y conservar las rutas nacionales, consumando "un retiro explícito del Estado de una de sus funciones esenciales, con consecuencias directas sobre millones de usuarios de la red vial".
Por ese motivo, elevaron una intimación formal a Sturzenegger y al Secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, para que "se abstengan de adoptar, impulsar, ejecutar o convalidar cualquier medida administrativa, organizativa o funcional que directa o indirectamente tienda a la disolución, vaciamiento, desnaturalización o desaparición de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo histórico y estratégico del Estado nacional".
El gremio dejó constancia de que "este tipo de medidas resultan contrarias al interés público, al principio de continuidad del servicio público, al deber de preservación del patrimonio estatal y al mandato constitucional de asegurar la integración territorial y el desarrollo federal, generando graves consecuencias sociales, económicas y de seguridad vial, especialmente en las regiones más postergadas del país".
Además, hizo personalmente responsables a los funcionarios mencionados por las consecuencias institucionales, patrimoniales, laborales y sociales que pudieran derivarse de decisiones orientadas al vaciamiento o desaparición de Vialidad Nacional, sin perjuicio de las acciones administrativas, sindicales, judiciales y políticas que ya se encuentran en evaluación.
La Secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, expresó que el caso de Vialidad "demuestra la violación taxativa, impune y total que tiene el Gobierno de Milei de los poderes del Estado y la Constitución Nacional, desoyendo la imposibilidad de avanzar en la destrucción de Vialidad Nacional, lo hace a través del nuevo organigrama".
"Esta es la muestra de lo que es este Gobierno totalitario que avanza en contra de la democracia. Aunque la Justicia y los legisladores del Congreso le dijeron que no podía destruir la Dirección Nacional de Vialidad, aun así continúan con acciones administrativas del Poder Ejecutivo", denunció.
Cabe recordar que el Congreso de la Nación, a través de la Cámara de Diputados y del Senado, rechazó en agosto del año pasado el decreto 461/2025 que determinaba la disolución de Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Gobierno nacional abrió el llamado a licitación para concesionar más de 2500 kilómetros de rutas nacionales
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, autorizó este miércoles el llamado a licitación pública, nacional e internacional, para la concesión de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones para las rutas nacionales.
Según se desprende de la Resolución 112/2026 el proceso abarca más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.
La medida fue oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial, aunque había sido anticipada por Caputo el martes, en un mensaje en redes sociales, donde señaló que el objetivo es "modernizar" la infraestructura vial.
La licitación se divide en cuatro tramos. El corredor Mediterráneo comprende 672 kilómetros y conecta el centro productivo del país; el Puntano abarca 720 kilómetros y funciona como eje para el transporte de cargas de larga distancia; el Portuario Sur, de 637 kilómetros, vincula accesos a puertos y nodos logísticos; y el Portuario Norte, de 528 kilómetros, conecta polos industriales y portuarios.
Las obras alcanzarán a las rutas nacionales 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188 y 193, además de los accesos A005 y A008, según precisó Caputo, con el objetivo de reemplazar el modelo actual por uno "sin subsidios", con mayor participación privada en la construcción, explotación, administración y mantenimiento de los corredores.
Adviertieron que casi el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo
Un informe que hizo público la Federación del Personal de Vialidad Nacional, señaló que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, lo que afecta la seguridad de los viajeros y la logística productiva.
La señal de alerta está en consonancia con un reclamo habitual de los gobernadores a la Casa Rosada, cada vez que un mandatario se reúne con algún funcionario de peso.
El documento del Federación del Personal de Vialidad Nacional, que preside como Secretario general el dirigente Julio Aralde, titulado Desmantelamiento institucional y Emergencia Vial, denunció que el abandono del mantenimiento preventivo disparó la siniestralidad, por lo que las víctimas fatales aumentaron un 14% interanual, al alcanzar las 4.369 muertes.
El presidente de Boca fue denunciado penalmente por administración fraudulenta.
El Presidente de Boca, Juan Román Riquelme, fue denunciado penalmente por el Ministerio de Seguridad por administración fraudulenta.
Walter Federico Klix, del Ministerio de Seguridad y cercano a Patricia Bullrich, y quien ya lo había denunciado hace algunos meses, denunció penalmente a Riquelme por presunta administración fraudulenta en Boca.
Klix aseguró que probará que Riquelme montó un "mercado negro" y "un esquema mafioso" a través del cual "se manipulan y distribuyen entradas", y reveló que tiene "más de 100 testigos", con chats y videos del tema.
En mayo de 2025, Riquelme había sido denunciado por presunta asociación ilícita por Klix, funcionario del Ministerio de Seguridad y vinculado a sectores opositores en Boca.
La presentación judicial pide investigar supuestas irregularidades en el manejo de abonos, carnets de socios y la desaparición de 50.000 prendas deportivas.
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