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Dióxido de cloro: piden indagatoria para Viviana Canosa tras la muerte de un niño

La solicitud se elevó luego de que la Fiscalía confirmara que el deceso del pequeño se debió a la ingesta del producto, recomendado por la conductora.

Semanas atrás, Viviana Canosa recomendó el consumo de dióxido de cloro y no obstante, tomó en vivo en el cierre de uno de los programas de Nada es personal, ciclo que conduce por Canal Nueve, argumentando que esta sustancia combate el coronavirus.

Tras este episodio, decenas de especialistas, desmintieron que los efectos de este producto tóxico servirían para un tratamiento contra el Covid-19. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Asociación Toxicológica Argentina advirtieron sobre la peligrosidad de beber este producto químico.

En este contexto, se confirmó que la muerte de un niño de cinco años oriundo de la localidad neuquina de Plottier, quien habría ingerido dióxido de cloro por la recomendación de su familia, se debió al consumo de dicha sustancia.

Así lo detalló en las últimas horas la Fiscalía de Homicidios, a cargo de Sandra Ruixo, quien precisó que el menor falleció como consecuencia de un fallo multiorgánico.

En este sentido, el Diputado del Frente de Todos, Mariano Mansilla, solicitó que se cite a Canosa para brindar indagatoria y que sea investigada por el "delito de curandería". Así lo informó a través de su cuenta oficial de Twitter, donde detalló: "Acompañaré el dictamen científico a la justicia porteña y pediré que con las pruebas reunidas, se cite a prestar declaración indagatoria a Viviana Canosa".

¿Qué es el dióxido de cloro y por qué no hay que tomarlo?

El Biólogo Fabricio Ballarini, explicó que esta sustancia se utiliza en ambientes industriales como blanqueador y desinfectante, además de resaltar lo peligroso e irresponsable de la acción de la periodista.

Bolivia: denuncian a Evo Morales por relación con una menor de edad

La información la dio a conocer el viceministro de Justicia del vecino país. El expresidente de Bolivia habría tenido un hijo con una joven de 16 años.

El lunes, el Ministerio de Justicia de Bolivia recibió una segunda denuncia contra el expresidente Evo Morales por otra supuesta relación amorosa con una menor de edad, con la que habría tenido un hijo.

"El día de hoy se ha remitido por parte del Viceministerio de Transparencia una documentación referida a un posible nuevo caso de estupro, presuntamente cometido por el expresidente Juan Evo Morales Ayma", expresó el viceministro Guido Melgar, en conferencia de prensa.

El funcionario contó que su cartera recibió una denuncia anónima que fue corroborada por el Servicio de Registro Civil y el Servicio General de Identificación Personal.

La verificación permitió establecer que la menor "habría tenido una relación sentimental con Juan Evo Morales Ayma y habría quedado embarazada, cuando tenía 15 años y cinco meses, teniendo una hija el año 2016, en el mes de febrero, cuando tenía 16 años esta niña", añadió Melgar, quien remarcó que "la menor existe, la madre existe y la menor tiene como padre registrado al exmandatario".

La documentación fue remitida este lunes a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Alcaldía de La Paz para que tome conocimiento y, eventualmente, presente una denuncia penal.

La otra denuncia contra Evo Morales

En la primera acusación, aparece la joven N.M., hoy de 19 años, pero que habría comenzado la supuesta relación sentimental con el exmandatario cuando era menor.

Según el Movimiento Al Socialismo de Morales, estas denuncias son propiciadas por el Gobierno interino y que tienen un objetivo político, en medio de la campaña hacia las elecciones presidenciales y legislativas del 18 de octubre.

Enargas denunció al exministro Aranguren por los tarifazos del 2018

El interventor, Federico Bernal, aseguró que hubo un perjuicio económico contra el Estado y los usuarios de 560 millones de dólares.

El nuevo interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, denunció penalmente al exministro de Energía del estafador Mauricio Macri, Juan José Aranguren por maniobras fraudulentas en los tarifazos del 2018.

Según sostiene el denunciante, esta situación implicó un perjuicio económico contra usuarios y el Estado de 168 y 393 millones de dólares, respectivamente, que lógicamente benefició a las empresas.

Bernal subraya que se efectuó un mecanismo para trasladar a las facturas la variación del tipo de cambio que habrían violado la Ley del Gas, "atando a los usuarios y las usuarias a una concertación contractual, con precios en dólares, unificados por cuenca, en una escala ascendente pactados a dos años y variables según el tipo de cambio, precios que luego se trasladaron a la tarifa".

"Esto derivó, conforme Decreto 1053/2018,en la absorción por parte del Estado Nacional de aquel acuerdo ruinoso para los bolsillos de los usuarios. Esto es, todo el pueblo argentino en calidad de contribuyente haciéndose cargo de la deuda generada", señaló.

La denuncia recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 12 y también alcanza a Marcos Porteau, exsubsecretario de Recursos Hidrocarburíferos; a Mauricio Roitman, expresidente del directorio del Enargas y demás integrantes del entonces Directorio del Ente Regulador, según un comunicado de prensa difundido por el ente regulador.

En concreto, la acusación se sostiene en la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública,artículos 248 y 265 del Código Penal. 

Bernal le había adelantado la decisión al ministro Matías Kulfas, quien está a cargo de toda el área energética, para lo cual se basó en una "auditoría y revisión técnica, jurídica y económica que evaluó los aspectos regulados por la Ley 27.541 en materia energética".

Juntos por el Cambio denunció que el oficialismo ejecuta un "plan de impunidad" y "venganza"

El comunicado está firmado por dirigentes de la principal fuerza opositora, así como empresarios e intelectuales y artistas. Rechazan la figura del "lawfare" y critican la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia.

A través de un documento titulado Firme rechazo al plan de impunidad, decenas de dirigentes de Juntos por el Cambio, así como también abogados, intelectuales y personalidades de la cultura, cuestionaron en duros términos las acciones del kirchnerismo en el terreno institucional adoptadas en las últimas semanas, que según el texto, están destinadas a "cobrar venganza".

"Manifestamos nuestro más firme rechazo al plan de impunidad que ha puesto en marcha el kirchnerismo, para eludir la acción de la Justicia frente a las graves acusaciones por delitos contra la administración pública y el orden económico financiero por los que están siendo debidamente juzgados", sostiene el comunicado, que lleva la firma de referentes de Juntos por el Cambio como Patricia Bullrich, Mario Negri, Alfredo Cornejo, Luis Naidenoff, Maxi Ferraro; intelectuales, como Santiago Kovadloff y Juan José Sebreli, y figuras como el actor Luis Brandoni y el escritor Federico Andahazi, y empresarios como Jaime Campos, entre muchos otros.

"Abusando del poder que hoy detentan, en los últimos días promovieron falsas denuncias, operaciones judiciales y mediáticas en medios militantes afines, con el objetivo de calumniar, injuriar y hostigar a quienes oportunamente los denunciaron o aportaron pruebas en las causas de corrupción y lavado de activos que los involucran", continúa el comunicado.

En el último mes, la Interventora de la Agencia Federal de Inteligencia Cristina Caamaño formuló dos denuncias penales contra la conducción anterior de ese organismo, por presuntos actos de espionaje ilegal contra dirigentes políticos, periodistas y jueces. El comunicado en repudio a esas denuncias las consideró "falsas".

"Se pretende así cobrar venganza de quienes los llevaron al banquillo de los acusados, y al mismo tiempo sembrar temor, desalentando futuras denuncias e investigaciones de jueces, fiscales, funcionarios, periodistas, o simples ciudadanos", continúa.

Los firmantes del documento refutaron la figura de "lawfare", utilizada frecuentemente por la dirigencia kirchnerista para referirse a la actividad judicial contra Cristina Kirchner y decenas de exfuncionarios de su gobierno que tuvo lugar durante los cuatro años de gobierno macrista.

"A falta de elementos de convicción -enuncia el comunicado- que permitan contrarrestar las pruebas en su contra, recurren a la vieja estrategia de la victimización, inventando un relato de persecución, que hoy rebautizan con un anglicismo denominado: "Lawfare" .

Y agrega: "En términos llanos, el 'Lawfare' que invoca el kirchnerismo no es más que la construcción de un relato falso, carente de todo sustento fáctico y legal. En efecto, quienes protagonizaron uno de los periodos más corruptos de la historia argentina, pretenden hacer creer a la ciudadanía que son víctimas inocentes de una 'persecución' fundada en razones políticas".

Denuncia penal contra el Presidente Fernández por abuso de autoridad

La presentó el Diputado de Juntos por el Cambio, Waldo Wolff, junto a otros referentes del espacio opositor en torno a la expropiación de Vicentin. Sostienen que Alberto Fernández viola la propiedad privada.

Waldo Wolff se refirió a la intervención de la empresa cerealera, anunciada por Alberto Fernández hace días.

"Consideramos que es un pésimo antecedente. Muchos comparten conmigo que este es un mensaje al empresario privado que van a hacer lo que quieran", dijo el diputado opositor, al tiempo que añadió que "Alberto Fernández se vendió como un profesor de Derecho Penal y esto da de bruces contra cualquier funcionamiento republicano", sostuvo.

"El presidente entrega este sacrificio a La Cámpora, diciéndole miren lo que hago. Mucha gente le creyó y se ganó el apoyo de un sector independiente que decía que Alberto no era igual que Cristina. Esto demuestra que es peor", aseguró.

En este contexto, el diputado junto a otros referentes de su bloque decidió denunciar al presidente por abuso de autoridad. La presentación fue firmada por Federico Angelini, Gisella Scaglia, Pablo Torello, Álvaro de la Madrid, Luis Petri, Marcela Campagnoli y el propio Wolff.

Sostienen que el mandatario viola la propiedad privada y que corresponde al Congreso otorgar esa posibilidad al Poder Ejecutivo.

Según Wolff, la decisión "viola flagrantemente varios artículos de la Constitución Nacional como por ejemplo el artículo 109 y el 1".

"Estamos hablando de la intervención. Aparece el Poder Judicial y suspende el concurso de una empresa y la expropia. No sólo esto, sino que aparecen y se meten en los poderes de una provincia como Santa Fe. Además, hay que decir que la deuda de la empresa ni siquiera está consolidada. Debe un montón de dinero, pero eso aún no está cotejado", detalló.

Al ser consultado sobre el préstamo que le otorgó a Vicentin la gestión de Mauricio Macri, Wolff indicó que si su partido estuviese involucrado en alguna situación con la empresa pedirían expropiarla.

"Si quisiéramos defender a alguien de nuestro Gobierno, apoyaríamos esto. Si hay algún funcionario de Juntos por el Cambio que cometió algún delito, que vaya preso", afirmó.

Finalmente, el diputado señaló que esta forma de accionar es repetida en las diferentes gestiones del kirchnerismo.

"Siempre van por las distintas cajas. Fueron por la coparticipación, después por Ciccone y ahora por una de las empresas que fija los precios de los granos en el campo. Este es un proyecto clientelar", puntualizó el dirigente.

Denunciaron a la abogada de Cristina por "incitación a la violencia colectiva"

La denuncia fue presentada por un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio, quienes salieron al cruce de la kirchnerista Graciana Peñafort, quien dijo que "es la Corte Suprema quien tiene que decidir ahora si los argentinos vamos a escribir la historia con sangre o con razones".

Un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio presentó este viernes una denuncia contra la abogada de Cristina Fernández de KirchnerGraciana Peñafort, por "incitación de la violencia colectiva", luego de que la letrada afirmara en su cuenta de Twitter que la Corte Suprema debía decidir si la historia se escribirá "con sangre o con razones", tras el rechazo al planteo de Cristina Kirchner para habilitar las sesiones virtuales del Senado.

La denuncia fue presentada por Waldo Wolf, Álvaro de la Madrid, Adriana Ruarte, Lidia Inés Azcárate, Jorge Enriquez, Sohel El Sukaria y Fernando Iglesias.

Para los legisladores, los dichos de Peñafort "incitan a la violencia colectiva, atentan contra la autoridad y constituyen el delito de amenazas colectivas agravadas". En ese sentido, solicitaron que intervenga un juez federal para investigar a la abogada que, además, es funcionaria del Senado.

Ni bien se conoció la denuncia, Peñafort volvió a utilizar su cuenta de Twitter, en este caso para mofarse de la misma. "Cómo hacemos para no reirnos cuando digan que decirle a Casal "picaron, te conocemos las mañanas" es una amenaza?", tuiteó.

Los legisladores agregaron que las publicaciones de Peñafort "infunden temor público por su inequívoca amenaza a la Institución que preside uno de los poderes de la Nación, que es la Corte Suprema de Justicia y sus miembros".

"Y no hay dudas: los argentinos, que la denunciada se arroga representar, van a escribir la historia con sangre si no le dan razones", señalan los miembros de Juntos por el Cambio.