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Ciudad de Buenos Aires: denuncian penalmente a Horacio Rodríguez Larreta por las clases

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Es por mantener la decisión de la Ciudad de mantener la presencialidad en las aulas pese a un fallo que ordenó abstenerse.

Tras la decisión del juez Esteban Furnari de hacer saber al Gobierno de la Ciudad que deberá abstenerse de ejecutar o aplicar la medida ordenada por la sala IV de la Cámara Contencioso administrativo tributario y de relaciones de consumo de la ciudad que ordenó garantizar la presencialidad de las clases, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta decidió que este miércoles las escuelas permanecerán abiertas.

El presidente Alberto Fernández luego de esa decisión manifestó en su entorno que el jefe de gobierno porteño estaba incurriendo en desobediencia por incumplir un fallo. Esto dio lugar a que se realicen diferentes presentaciones judiciales.

Uno de los escritos presentados por los abogados Juan Francisco Leotta y Darío Gustavo Liurgo denuncia la posible comisión del delito de "Incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad y desobediencia judicial" contra contra Horacio Rodríguez Larreta.

En la presentación expresan que "el Magistrado Federal, en relación a Furnari, ordenó dejar sin efecto la medida cautelar por la que Horacio Rodríguez Larreta justificó la asistencia escolar presencial, recobrando plena vigencia y alcance el DNU 241/2021".

En este contexto dicen los denunciantes que "asombrosamente, el denunciado ordenó comunicar por todos los medios de comunicación y redes sociales que la orden del Juez Furnari no iba ser acatada y que las clases continuaban en la modalidad presencial".

La conducta desplegada por Larreta al dictar y/o ordenar una resolución contraria a la constitución y desatender una orden judicial hace que existan elementos suficientes para suponer que el denunciado ha quedado atrapado en las conductas descriptas en los art. 239 y 248 del Código Penal.”

En este contexto, esta denuncia no es la única, comienzan a acumularse varias en los tribunales de Comodoro Py. Rodríguez Larreta no es el único denunciado. También hay una presentación contra el juez Esteban Furnari por prevaricato.

Un fiscal de Brasil pide investigar a Juan Darthés por la denuncia de violación de Thelma Fardin

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Rodeada por Actrices Argentinas, su equipo jurídico y Amnistía Internacional, la actriz dio a conocer esta noticia que podría agravar la situación legal del actor.

Una fiscalía brasileña presentó una acusación formal contra el actor argentino Juan Darthés, acusado de abuso sexual por la actriz Thelma Fardín por un hecho ocurrido en Nicaragua en 2018, y ahora el juez interviniente debe resolver si abre o no el proceso para enfrentar un juicio que en el vecino país se enmarca dentro de "crímenes hediondos", uno de los más graves del ordenamiento penal.

Así lo confirmaron en conferencia de prensa la misma actriz, junto a su abogado Martín Arias Duval, integrantes de Actrices Argentina y la titular de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.

"Son muchas las mujeres y disidencias que atraviesan estas situaciones, si bien mi caso es testigo", dijo Fardín.

La actriz valoró el apoyo que recibe y pidió que la sociedad "deje de perseguirnos a las víctimas, de estigmatizarnos".

"Es momento que la justicia, el Estado fomenten los cambios", pidió.

En un documento de Actrices Argentinas se destacó que "este recorrido" realizado por Thelma Fardín "está sentando jurisprudencia internacional " y la decisión de la fiscalía de Brasil "es un nuevo paso, que ya es reparador.

Hablaron además sobre la exposición victimizante a la que se expone a Fardín en algunos medios, y pidieron una reforma judicial feminista.

Mariela Belski, titular de Amnistía Internacional, destacó que "el caso de Thelma posibilitó que otras víctimas hablaran" y que la violencia de género "se sostenga en la agenda pública".

Fardín agradeció el apoyo de los ministerios públicos fiscales de Argentina, Brasil y Nicaragua.

Escándalo en la Escuela de Enología por cobro ilegal de inscripciones

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Este martes por la mañana, Verónica Zóccoli, Presidenta de la Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora de la Escuela de Fruticultura y Enología, junto a María Eugenia Ibaceta, vicepresidenta de la asociación, hicieron pública la denuncia por irregularidades ocurridas en el prestigioso establecimiento educativo.

La conferencia de prensa se desarrolló en la sede de la cooperadora, ubicada en calle Paula Albarracín de Sarmiento y 25 de Mayo, junto a un grupo de padres en representación de los casi 800 alumnos que asisten a la Escuela de Enología.

En la conferencia ofrecida ante lo más granado de los medios vernáculos, confirmaron que en el día de la fecha, le presentaron al Gobernador Sergio Uñac una nota en la cual le solicitan inicie "de manera urgente una investigación en la escuela, debido a que desde la Asociación Cooperadora detectaron una serie de irregularidades graves que atentan contra el crecimiento y desarrollo educativo de esta escuela".

En la denuncia detallan el "cobro ilegal de inscripciones, desde dirección, a alumnos ingresantes de 1º año y a los de 4º año", además de poner sobre relieve un "mal manejo de las producciones obtenidas en algunos sectores productivos de la escuela".

Asimismo evidenciaron "ventas ilícitas de esos productos; y algo preocupante: gran parte de la producción anual de 2019 de la Escuela de Enología no se sabe dónde está".

Aseveraron que hay "más de 1.000 litros de aceite de oliva, kilos de dulces y conservas, y más de 1.800 litros de vino blanco", que no se sabe adónde fueron a parar, al tiempo que dieron cuenta de "6.000 litros de vino tinto, ganadores de la medalla de Plata en la Cata de Vinos 2019, que terminaron vendiéndose como vinagre a la empresa Ambalí".

En números estimativos, a valor 2019, los miembros de la comisión calculan una suma de más de 1 millón de pesos que "jamás pasaron por la cooperadora, que no se registraron y que no se sabe dónde están".

Ante esta preocupante realidad, la comisión de la Asociación Cooperadora de la Escuela de Fruticultura y Enología, en representación de los padres y alumnos del establecimiento, como también de los exalumnos y profesores "que aman a Enología, piden al gobernador de San Juan que tome cartas en el asunto e inicie una profunda y responsable investigación".

"Porque queremos que se encuentren a los o las responsables; que devuelvan el dinero que le corresponde a la escuela o paguen las consecuencias", indicaron en un comunicado donde puntualizan también que solicitan que "estas personas sean separados o separadas para siempre de la escuela; ya que desde hace muchos años vienen socavando el crecimiento y desarrollo educativo de esta escuela que es la madre de todas las escuelas agrotécnicas de la provincia y un ícono de la educación pública latinoamericana", dijo Zóccoli.

Desde la asociación cooperadora expresaron que seguirán "hasta las últimas consecuencias. Porque como lo dijimos al principio: queremos que se investigue, que se encuentre a los responsables y que devuelvan el dinero que le corresponde a la Escuela de Enología de San Juan".

Hambre y torturas, la otra cara de Malvinas

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Lanzan una campaña para denunciar torturas "Yo también hablo", destinada a soldados conscriptos que hayan sufrido tormentos por parte de sus superiores.

Este 2 de abril, al cumplirse 39 años del desembarco argentino en las islas Malvinas, se lanzará la campaña "Yo también hablo", destinada a soldados conscriptos que hayan sufrido torturas y malos tratos por parte de sus superiores durante la guerra contra el Reino Unido y que hasta hoy no lo hayan contado.

El acto de lanzamiento es en el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas La Plata y del mismo participarán integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria. La cita es en la plaza Islas Malvinas de la capital bonaerense, en el predio donde funcionó el Regimiento de Infantería Mecanizada N° 7.

Por las denuncias de torturas durante aquel enfrentamiento hay una causa abierta en la justicia federal de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, bajo cuya jurisdicción están las islas.

Hay cuatro oficiales de las Fuerzas Armadas procesados en un expediente con más de 120 denuncias y 95 imputados. Se espera que otros seis militares presten declaración indagatoria en las próximas semanas. El Centro de ex Combatientes Islas Malvinas La Plata y la Comisión Provincial por la Memoria figuran como querellantes.

"Si durante la guerra de Malvinas sufriste maltratos, violencia y torturas por parte de tus superiores, es tiempo de contarlo. No estás solo, vamos a acompañarte. Porque fueron crímenes de lesa humanidad y necesitamos justicia", dice una de las piezas de la campaña que impulsan los excombatientes.

La causa 1777/07 se inició en 2007. Entre las torturas que se denuncian en el expediente judicial se mencionan los estaqueos y enterramientos bajo temperaturas extremas y suelo congelado durante varias horas, amenazas con arma de fuego, y sumersión de la cabeza en agua helada.

Años antes de que se iniciara la causa, las organizaciones de excombatientes habían denunciado la existencia de torturas en el archipiélago.

"A 39 años, los testimonios de los soldados en el expediente judicial demuestran con total claridad que, en las islas, los altos mandos militares replicaron la maquinaria represiva de la dictadura militar", se indicó en un comunicado.

A su vez, destacó que no se trata solamente de "una campaña de concientización sino un espacio de contención y escucha para que las víctimas de torturas y tormentos encuentren un lugar donde poder narrar lo vivido e inscribir ese sufrimiento personal en la historia y en la justicia".

Quienes quieran hacer denuncias, pueden hacerlas a través del correo electrónico malvinas@comisionporlamemoria.org o llamar al teléfono al 0221-4262900.

EEUU: denuncian que empleados de Amazon son obligados a defecar y orinar en bolsas

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Una publicación de The Intercept provoca conmoción. Reúne documentos internos de la empresa de Jeff Bezos, según los cuales los empleados se verían obligados a hacer sus necesidades en bolsas y botellas durante su jornada laboral.

Un escándalo sacude a Estados Unidos, luego de que fuera publicada una grave denuncia contra una de las empresas más poderosas del planeta.

Se trata de Amazon, propiedad del multimillonario Jeff Bezos. Según The Intercept, los empleados son obligados a usar bolsas para defecar y botellas para orinar, durante su tiempo de trabajo.

Luego de la denuncia, la Congresista de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez se ocupó, junto a otros colegas demócratas, comenzaron a investigar el trato a los empleados que brinda Amazon.

"Un allegado trabajó en el servicio de entrega de Amazon el año pasado y abandonó la compañía por el peligro que se siente al trabajar para una empresa que ejerce tanta presión sobre el rendimiento de sus trabajadores que defecar en bolsas es una ocurrencia bastante común sobre la que hay notas internas al respecto", escribió la política en su cuenta de Twitter.

Los trabajadores que hablaron con el medio dijeron que era un problema generalizado derivado de la presión para cumplir con las cuotas mínimas.

De esta forma, Jay Carney, Vicepresidente Sénior de Asuntos Corporativos Globales de Amazon y exsecretario de Prensa de la Casa Blanca bajo la Administración de Obama, rechazó los comentarios de Bernie Sanders acerca de que "los trabajadores de Amazon en Alabama están enfermos y cansados de ser tratados como robots", según Fox News.

"Con respeto, Senador, está equivocado. Tratamos a nuestros empleados con dignidad y respeto. Ofrecemos un salario mínimo de 15 dólares por hora, atención médica desde el primer día y un lugar de trabajo seguro e inclusivo", comentó Carney.

La controversia estalló el pasado 25 de marzo, cuando Sanders anunció que visitaría un almacén de Amazon en Alabama para promover la sindicalización entre los trabajadores. "Todo lo que quiero saber es por qué el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, está gastando millones tratando de evitar que los trabajadores organicen un sindicato para que puedan negociar mejores salarios, beneficios y condiciones de trabajo", escribió Santers la semana pasada en su cuenta de Twitter.

La exempleada de Donda rompió el silencio: "Me tuvo 10 años en negro y sin aumentos"

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Con sus declaraciones a un programa de televisión volvió a complicar a la Presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.

La empleada doméstica que denunció a la Presidenta del Inadi, Victoria Donda, por tenerla en negro y por ofrecerle un cargo en esa entidad para no pagarle indemnización, rompió el silencio y volvió a complicar a la funcionaria.

Arminda Banda Oxa concedió una entrevista en la que contó que Donda la tenía como "empleada multiuso" y que le hacía "lavar la ropa de sus parejas y pasear el perro".

Además, ratificó que "la tuvo en negro 10 años, no me daba aumentos, aguinaldos y vacaciones tampoco".

A principios de enero, el abogado de Banda Oxa, Osvaldo Barsanti, denunció que Donda la tenía en negro y que le había ofrecido a la mujer un contrato en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo o anotarla en un plan social, si ella renunciaba al trabajo en su casa para evitar pagarle la indemnización correspondiente.

Según la denuncia, que ya está en manos de la Justicia, Arminda estuvo 10 años en negro de los 14 que trabajó en la casa de Donda.

Cuando por fin la blanquearon, estaba subregistrada y le pagaban un sueldo por menos horas de las que trabajaba.

Banda Oxa ratificó la situación irregular que vivió en la casa de Donda que incluyó que durante cinco años le pagaran un sueldo de 5.000 pesos sin aumentos a pesar de la inflación.

"Era una empleada multiuso, era jardinera, cadeta, niñera, hasta le paseaba el perro. Veía la hora de entrada pero nunca la de salida", recordó.

El conflicto estalló durante la pandemia del año 2020 luego de que la kirchnerista le explicara a su empleada doméstica que no le podía mantener el sueldo, pese a que la ley indicaba que debía hacerlo. Como presidenta del Inadi, Donda nunca dejó de cobrar su sueldo.

"Le había pedido por favor a Victoria que me haga la jubilación, pero me salió con que no podía. Nunca más me habló. A las dos semanas me llamó ofreciéndome un cargo en Inadi, no sé qué cargo quería darme. Después me ofreció un plan social pero no le contesté", recordó Arminda.

Arminda explicó que no aceptó porque no le parecía correcto: "Apenas sé agarrar la escoba, y un plan social ¿para qué?, ¿para cortar las calles? Los llevan para piquetear", se quejó.

San Juan: Cultura realizará una denuncia ante el Poder Judicial por los petroglifos dañados

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Tras una investigación, se detectó que un hombre escribió su nombre y dañó este sitio arqueológico que tiene entre 700 y 900 años de antigüedad.

El Ministerio de Turismo y Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio Cultural, informa que ante los hechos de vandalismo ocurridos en la zona de Lagar Grande, departamento Caucete, se llevó a cabo una investigación donde se detectó que una persona de sexo masculino realizó estas acciones irregulares.

Como resultado de este procedimiento, se determinó realizar la denuncia pertinente ante el Poder Judicial, en virtud de lo establecido en la Ley Nacional N° 25.743 y de la Ley Provincial N° 571- F.

La Ley Nacional N° 25.743/2003 expresa que forman parte del Patrimonio Arqueológico las cosas muebles e inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales, que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes.

Por otra parte, la Ley Provincial N° 571-F se adhiere a lo prescripto en la Ley Nacional Nº 25743 que regula el Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. En todo lo que no sea modificado por la presente Ley, la autoridad de aplicación en San Juan es la Secretaría de Cultura.

A su vez, la ley expresa que aquellas personas que, por acción u omisión, realicen un despojo, saqueo o sustracción de los bienes mencionados o que pongan a los mismos en peligro de pérdida, desaparición o destrucción, total o parcial, o que perturben su función social, serán sancionados con multas que oscilarán entre tres y hasta treinta sueldos del escalafón mínimo de la Administración Pública, de acuerdo al grado de participación, gravedad de la infracción cometida y reincidencia, conforme establezca el Poder Ejecutivo.

Fernández anunció que denunciará penalmente a Macri por el acuerdo con el FMI

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En plena renegociación con el Fondo Monetario Internacional, el Presidente Fernández dijo que el uso de los fondos fue "la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales" de la historia.

Fernández iniciará una demanda contra el expresidente Mauricio Macri y los exfuncionarios que participaron en la negociación con el FMI por el préstamo de 44.000 millones de dólares.

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"He instruido para que se inicie una querella criminal para determinar quienes fueron los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales que nuestra memoria recuerda", afirmó el presidente ante diputados y senadores.

Fernández justificó la denuncia explicando que lo hace para "que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país es necesario que endeudarse no sea gratis, y que dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo aquellos que generan esas deudas".

Además dedicó un pasaje de su discurso al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dijo que las negociaciones se dan en "un marco de respeto".

"Nos queda por resolver nuestra deuda con el FMI, un endeudamiento singular por los montos y el repago hecho por el gobierno anterior", insistió el presidente junto a Cristina.

Confirmó también que no hay "apuro" para cerrar el acuerdo con el FMI, lo que hace presumir que dejaría el cierre con el organismo financiero para después de mayo, la fecha inicialmente pautada por Casa Rosada.

"El programa que se acuerde con el Fondo será enviado al Congreso", aclaró Fernández, tal como lo establece la ley de sustentabilidad de la deuda.

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Vacunatorio VIP: denunciaron al Presidente Fernández por asociación ilícita

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Se solicitó investigarlo por la posible comisión de varios delitos, entre ellos, incumplimiento de deberes de funcionario público, violación a la ética pública y tráfico de influencias.

Una preocupante denuncia llegó al despacho de Juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

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Bajo el número de causa CFP 521/2021, se denunció al Presidente Alberto Fernández y a otros funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, por la posible comisión de los delitos de terrorismo de estado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación de la ética pública, violación del artículo 109 de la constitución nacional, abuso de autoridad, cohecho, tráfico de influencias, encubrimiento y asociación ilícita.

La denuncia fue impulsada Juan Ricardo Mussa, de Alternativa Federal, quien fuera presidente de la Cámara de Consorcistas y Propietarios de Capital Federal y presidente en Petroquímica Konishi S.A., solicitó que "se dispongan las medidas de prueba pertinentes para investigar los hechos denunciados y a los presuntos involucrados".

El texto de la presentación judicial indica que "el presidente está violando brutalmente la constitución" y solicita sanciones ejemplares para el ejecutivo nacional en relación a la causa del Vacunatorio VIP.

Además, solicitaron al juez que investigue su posible entrometimiento en la causa judicial por la que se condenó a 12 años de prisión por lavado de dinero al empresario kirchnerista Lázaro Báez, por la causa de La Ruta del dinero K.

El Tío Beto suma ahora un nuevo conflicto a su ya accidentada gestión, la cual estuvo marcada por contradicciones, pérdida de credibilidad y malos pasos económicos.

Denuncias penales, dudas acerca de la administración de la política de vacunación nacional y el encarcelamiento de viejos socios políticos encendieron la señal de alarma en Casa Rosada.

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Coalición Cívica denunció a Vila, Manzano y Filiberti por la compra de Edenor

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La operación de compraventa del paquete accionario de la empresa Edenor por parte de los empresarios peronistas Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, podría quedar bajo la lupa de la Justicia.

Coalición Cívica presentó una denuncia contra los empresarios compradores y los funcionarios públicos que intervinieron en la operación, al considerar que las acciones se vendieron a precio vil y que esa transacción debe ser investigada.

Además de haber puesto en duda la información a la que podrían haber tenido acceso los empresarios para adquirir el paquete accionario a Pampa Energía, la presentación judicial de los diputados nacionales del partido liderado por Elisa Carrió, detalla que Edemsa, la principal distribuidora de Mendoza de la cual son dueños Vila y Manzano, fue motivo de una auditoría realizada por el EPRE en Mendoza.

El resultado de esa auditoría indica que la empresa tenía una deuda con Cammesa que podría haber pagado y no pagó. También se observa un precio "irrisorio" al que el empresario Marcelo Mindlin vendió las acciones de Edenor, y también las relaciones "estrechas" entre los adquirientes de la empresa y algunos funcionarios públicos, tal el caso de Sergio Massa y su vínculo con Vila y Manzano.

"No es un detalle menor que la venta del control de Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor S.A.), mediante la transferencia de la totalidad de las acciones Clase A representativas del 51% del capital social y los votos de dicha sociedad, a Empresa de Energía del Cono Sur S.A., con garantía de Integra Capital S.A., Daniel Eduardo Vila, Mauricio Filiberti y José Luis Manzano, se ubica muy por debajo de la cotización de mercado que tiene una compañía que cuenta con 3,2 millones de clientes y representa aproximadamente el 20% de la demanda total de electricidad en el país", introduce la denuncia de los legisladores opositores.

Los firmantes de la presentación son los diputados Juan Manuel López, Mariana Zuvic, Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto, Marcela Campagnoli y Mónica Frade.

"Llama la atención que Pampa Energía S.A., del empresario Marcelo Mindlin, decida realizar una transacción de compraventa del paquete accionario mayoritario de la compañía eléctrica a un precio irrisorio, luego de haberse posicionado al tope del ranking de rentabilidades del 2017 con alrededor de un 110% de ganancias anuales", agrega el texto que ya obra en poder de la Justicia.

Precio vil

"La acción de Edenor llegó a superar los sesenta dólares estadounidenses (US$ 60,00) en el mercado de Nueva York hacia principios de 2018. Sin embargo, hoy, tras las sucesivas suspensiones de la actualización de las tarifas, ese valor se desplomó alrededor de los 4 dólares estadounidenses (US$ 4,00)", indica la denuncia.

Según los denunciantes, los empresarios Vila, Manzano y Filiberti habrían cometido el delito de abuso de información privilegiada, mientras que los funcionarios públicos que hubieran llevado a cabo las conductas detalladas en la presentación podrían haber cometido los delitos de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.

La auditoría del EPRE sobre la empresa de los empresarios peronistas Vila y Manzano

"Se verificó que la tarifa aplicada por EDEMSA siempre le posibilitó facturar y recaudar de sus usuarios finales la totalidad de los recursos necesarios para cancelar las facturas emitidas por CAMMESA por dichos conceptos. Sin embargo, EDEMSA nunca canceló la totalidad de la facturación de CAMMESA: al 10 de julio de 2019 esa deuda alcanzó los $3.594 millones", señala la denuncia.

"Esta situación morosa se ve agravada debido a que la falta de pago por parte de EDEMSA le generó un gran volumen de excedentes financieros que se invirtieron en Fondos Comunes de Inversión, Fideicomisos, Bonos y Acciones ($1.390 millones en 2018), por lo que se advirtió una priorización de actividades financieras a costa de no pagar a la empresa mayorista la energía distribuida", afirman los diputados de Coalición Cívica.

"Queda en evidencia que la compra de Edenor por parte del grupo empresario mencionado no cuenta con buenos antecedentes", culmina la presentación judicial, al tiempo que añade: "Sin embargo, se le otorgaron todas las facilidades desde el propio Estado Nacional. A las ya mencionadas se le suma el reconocimiento de $3.143 millones por los consumos de los barrios populares que mencionamos anteriormente".

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