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Diputados del PRO presentaron un proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal

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Buscarán eliminar la ley a través de la cual se informa a los consumidores sobre los nutrientes críticos en los alimentos por considerar que "confunde" y "entorpece" el comercio internacional de productos argentinos.

Los diputados del PRO, Alejandro Bongiovanni y Daiana Fernández Molero, presentaron un proyecto de ley con el fin de derogar la Ley N° 27.642, más conocida como Ley de etiquetado frontal de alimentos, que advierte a los consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.

Con un video publicado en X, anunciaron: "Vamos a derogar la Ley de Etiquetado Frontal. Es una mala ley, excesivamente paternalista que no sirve, no te informa. Porque si todo tiene sello, es como si nada tuviera sello. Este es el Estado tratando al consumidor no solo como un niño, sino como un niño medio idiota".

El proyecto señaló que el objetivo es "la restitución de la libertad de productores y consumidores de alimentos, mediante la derogación del Régimen de Etiquetado Frontal Ley N° 27.642, cuyos objetivos se cumplen de modo más eficaz con la normativa ya vigente en el Código Alimentario en relación a rotulado, comercialización e información".

Además, se indicó que "desde un punto de vista económico o financiero el proyecto no tiene costo fiscal, no requiriendo fuente de financiamiento".

"El universo de potenciales beneficiarios abarca a productores, exportadores, importadores y comercializadores de los alimentos alcanzados por la Ley N° 27.642, y a sus consumidores", concluyeron.

El objetivo de la Ley de Etiquetado Frontal sancionada en 2021 era prevenir la malnutrición y enfermedades crónicas no transmisibles.

Gobierno derogará el DNU que permitió la corrupción con los seguros

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Lo había establecido el expresidente Alberto Fernández y también se eliminará la obligación del Estado de pagar los sueldos de empleados públicos en el Banco Nación, hacer los viajes oficiales con Aerolíneas Argentinas y comprar nafta en YPF.

El Gobierno derogará el Decreto de Necesidad y Urgencia que obliga a los ministerios y organismos del Estado a la contratación de pólizas con Nación Seguros, norma que permitió que se armara un enorme esquema de corrupción con el pago de comisiones a intermediarios con relaciones con el expresidente Alberto Fernández y también con otros políticos de su Gobierno, según publicó este sábado el matutino Clarín.

De acuerdo a la publicación, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pidió a su equipo preparar la derogación de ese polémico decreto, que sigue vigente a pesar de que la Justicia avanzó sobre el expresidente Alberto Fernández por maniobras con esas pólizas del Estado a favor de sus amigos, sobre todo el broker Héctor Martínez Sosa.

La cuestión se analizó cuando Nicolás Posse estaba a cargo de la Jefatura de Gabinete y el 11 de abril finalmente se dictó una resolución que prohíbe la incorporación de "brokers" con los seguros de los organismos públicos, pero no se derogó el decreto.

El argumento oficial en ese momento era que una anulación de aquella reglamentación podría perjudicar los convenios en curso y que no "era necesario" para evitar eventuales irregularidades.

Además de la derogación del DNU 823/21 que generó ese esquema de corrupción con los seguros, Sturzennegger incluyó otras derogaciones de decretos que favorecen a empresas del Estado en las compras de la administración pública nacional, como la obligación de que la administración pública nacional pague los salarios de sus empleados a través de cajas de ahorro del Banco Nación.

También se derogará el Decreto 1189 de ese mismo año que obligó a que el Estado Nacional compre para todos sus automóviles, camionetas, camiones, aviones y barcos, combustible de la petrolera YPF.

El otro Decreto que dejará de tener vigencia con la nueva norma que piensa dictar Javier Milei es el 1191/2012, que determina que todas las reparticiones nacionales compren sus pasajes de cabotaje y también sus vuelos al exterior a Aerolíneas Argentinas.

Según los funcionarios al tanto del proyecto de DNU, todas esas contrataciones de seguros, pago de haberes, y compra de pasajes y de combustibles deberán hacerse a partir de ahora a partir de licitaciones públicas en las que podrá competir cualquier oferente.

Gobierno derogó numerosas resoluciones que exigían a empresas brindar información al Estado

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Así lo dispuso la Secretaría de Comercio. Se trata de medidas que, en algunos casos, estaban vigentes desde la década del '90.

La Secretaría de Comercio derogó más de 60 resoluciones y disposiciones, algunas con vigencia desde la década de '90, en busca de lograr un "comercio interior más simple, menos burocrático y más transparente".

La decisión se formalizó por medio de la Resolución 51/2024, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El objetivo de esta medida es lograr una "profundización de la libertad de mercados, impulsando la interacción espontánea de la oferta y de la demanda como modo de ordenamiento y reactivación de la economía, facilitando el funcionamiento de los mercados y el comercio interno y externo, promoviendo la desregulación de los mercados y la simplificación regulatoria", según el texto oficial.

Entre las resoluciones derogadas se encuentran la 134/98 sobre Defensa del Consumidor: se elimina la obligatoriedad de que las entidades bancarias, financieras y de cualquier otra índole informe mensualmente a la Secretaría de Comercio la tasa de interés anual y efectiva mensual aplicada al financiamiento de saldos deudores, en pesos y en dólares, tasa de interés punitorio aplicada, tasa de interés de extracciones o adelantos de dinero en efectivo, cargo o arancel mensual por gastos de administración; cargo o arancel anual, gastos por emisión de tarjetas, gastos de envío del resumen y tarjetas o cualquier otro cargo, tasa, comisión, gastos adicionales o similares que cobren a los poseedores de las tarjetas.

También, se derogó la resolución 313/98: ahora, las entidades financieras no tendrán la obligación de dar a conocer a la Secretaría de Comercio el Costo Financiero Total de las operaciones de crédito hipotecario destinado a la adquisición de viviendas.

Otra es la 387/99: las entidades que otorgan créditos prendarios sobre autos cero kilómetro ya no tienen la obligación de informar trimestralmente a la Secretaría de Comercio sobre el costo financiero total y el valor de la cuota total de las operaciones. Esa información se podía publicar y difundir para el conocimiento de los consumidores.

En tanto, con la derogación de la 678/99, las escuelas privadas ya no tendrán la obligación de informar anualmente a Comercio Interior el valor total de la cuota mensual que perciben por la prestación del servicio educativo para cada nivel de enseñanza.

Asimismo, quedó sin efecto la resolución 54/2000: los prestadores de medicina prepaga ya no deberán informar periódicamente el valor total de la cuota mensual que perciben por la prestación del servicio.

Otra que quedó sin vigencia es la 19/2002: los supermercados ya no estarán obligados a informar a Comercio ni los precios máximos ni mínimos, ni la presencia de los productos en góndola, ni la variación ni promedio semanal de precios.

La resolución 52/2002 también quedó afuera: los proveedores de productos y servicios que hayan informado el precio de los mismos podrán comercializar al precio que deseen sin que implique un incumplimiento de las leyes N° 22.802 y N° 24.240.

Inmobiliarias aseguraron que habrá más oferta de inmuebles para alquilar

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Es uno de los efectos de la derogación de la Ley de Alquileres.

Entidades que agrupan a operadores del sector inmobiliario calificaron de auspiciosa la derogación de la Ley de Alquileres y aseguran que a futuro la oferta de inmuebles crecerá.

"La libre pactación en las condiciones de los contratos de locación permitirá a los inmobiliarios trabajar en acercar las partes para concretar los entendimientos", señalaron desde el Colegio Inmobiliario, entidad que agrupa a los Corredores de la Ciudad de Buenos Aires.

"Todas estas disposiciones anunciadas tendrán como respuesta en el aumento de la oferta de los inmuebles para alquiler. Cuanto más rápido se despejen las incógnitas en varios aspectos de la política económica, antes se producirá la recuperación de nuestro sector", agregaron.

En la misma línea, expresaron desde la Cámara Inmobiliaria Argentina: "Es lo que veníamos solicitando. Creemos que va a ser positivo tanto para inquilinos como para propietarios, vamos a tener un mercado más dinámico, con más oferta y con valores más lógicos", explicó Iván Ginevra, Presidente de la cámara.

Ginevra descartó que exista la posibilidad de que bajen los precios de los alquileres, principalmente debido a la inflación.

No es la solución definitiva. Hay que buscar un mayor incentivo a la oferta para que se construyan más vivienda, haya más oferta y la gente pueda alquilar de manera más accesible (caso de las propiedades en venta en torreón).

Aun así, Ginevra indico que "estamos mejor que hace unos días".

Tras la legalización del aborto, el Diputado Orrego ya trabaja en la derogación

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"No voy a dejar de luchar por las dos vidas", aseguró el Diputado nacional, Marcelo Orrego.

"Lo que deberíamos haber legislando es cómo hacer viable las dos vidas y no como eliminamos una de ellas", expresó el legislador, quien advirtió que será muy importante ahora profundizar la educación sexual para evitar embarazos no deseados.

A minutos de haberse sancionado la ley que legaliza el aborto en Argentina, Orrego ya trabaja en su derogación.

"Sinceramente estoy muy dolido con la sanción de la ley, en medio de la lucha contra una pandemia, cuando todo el mundo se unió para evitar la muerte que acecha, especialmente, a los más vulnerables, y cuando minuto a minuto, los profesionales de la salud luchan para salvar vidas, que el gobierno le haya dado prioridad al aborto legal, es muy preocupante", resaltó el presidente del bloque Producción y Trabajo.

Entre los fundamentos para la derogación, el diputado se basa en los aspectos jurídicos de la normativa, recientemente sancionada.

"Nuestra Constitución tutela el derecho a la vida", destacó Orrego, mientras que la ley modifica los artículos 85 al 88 del Código Penal, para ampliar los derechos al aborto.

"Está más regulada y penalizada la objeción de conciencia, que las causales para abortar", sostuvo el diputado del interbloque Juntos por el Cambio.

"El derecho al aborto queda como derecho absoluto y la libertad de conciencia de todos los trabajadores de la salud, como un derecho relativo, subordinado y  condicionado", detalló el Diputado Orrego.

Las normas, como forma de ordenamiento social, expresan valores que deben realizarse y que se transmiten de generación en generación. En ese sentido, cuestionó "qué concepto del respeto a la vida le queremos enseñar a nuestra juventud".

"El aborto es un tema serio, es una experiencia dolorosa, es un antes y un después en nuestra cultura, así lo sintetiza una gran mujer, la Madre Teresa de Calcuta, que dio su vida por la justicia social, desde el amor, cuando dijo que  cualquier país que acepte el aborto está enseñando a su gente a que recurran a la violencia para conseguir lo que quieren".