El encuentro será el próximo viernes 28 de agosto y se discutirán el Salario Mínimo, Vital y Móvil y las prestaciones por desempleo.
El Gobierno convocó al Consejo del Salario para definir un nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil y determinar los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo en un encuentro que se llevará a cabo el próximo viernes 28 de agosto de manera virtual.
Así se informó a través de la Resolución 1/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial, donde se indicó que de la reunión participarán "ad honorem" representantes de los empleadores y de los trabajadores.
"Convócase a los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, a reunirse en sesión plenaria ordinaria el día 28 de agosto de 2026, a las 12.30 horas mediante plataforma virtual. Déjase establecida la convocatoria a segunda sesión para las 14:00 horas de ese mismo día", indicó el Artículo 1°.
En tanto, en la Resolución se señaló que "el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil estará integrado por 16 representantes de los empleadores y 16 de los trabajadores, que serán ad honorem y designados por el Poder Ejecutivo, y por un Presidente designado por el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y durarán cuatro años en sus funciones".
En el Artículo 2° de dicha Resolución se manifestó que se fije como Orden del Día la "designación de dos Consejeros presentes de cada sector para la suscripción del acta y la consideración de los temas elevados al plenario por la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y prestaciones por desempleo".
"Convócase a los integrantes de la Comisión a reunirse en sesión el día 28 de agosto de 2026, a las 10:00, mediante plataforma virtual", se informó en el escrito que especificó que en la misma se van a tratar la "determinación del Salario Mínimo, Vital y Móvil y sus modificatorias y la determinación de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo".
El stock bruto avanzó U$S410.000.000 y cerró en U$S50.002.000.000, apoyado por una fuerte mejora de la valuación. Sin embargo, el Banco Central compró apenas U$S15.000.000 y el ritmo de acumulación de agosto sigue muy por debajo de los meses previos.
Las reservas internacionales del Banco Central volvieron a superar este miércoles la barrera de los U$S50.000.000.000, aunque la mejora respondió principalmente a la suba del oro y no a una aceleración de las compras en el mercado oficial. En concreto, el stock bruto avanzó U$S410.000.000 y finalizó en U$S50.000.000.000.
El principal impulso vino por el lado de la valuación. Fuentes oficiales señalaron que la suba estuvo explicada en buena medida por el avance del oro, que trepó 3,33% y habría aportado cerca de U$S300.000.000 al valor contable de las tenencias del Central.
A eso se sumó un contexto internacional favorable para otros activos de reserva, con una caída de 0,85% del dólar global y subas de 0,86% en el euro, 0,53% en la libra, 0,19% en el yuan y 0,90% en el yen.
Además, la variación de las reservas también respondió a movimientos en cuentas corrientes, por lo que el incremento no estuvo explicado únicamente por cambios de valuación. En conjunto, ambos factores jugaron a favor del balance del Banco Central.
Sin embargo, el flujo comprador volvió a quedar muy por debajo del ritmo de los meses anteriores. La autoridad monetaria adquirió apenas U$S15.000.000 en una rueda con U$S440.000.000 operados, por lo que absorbió cerca del 3% del volumen negociado en el mercado oficial.
Con este resultado, el saldo comprador de agosto ascendió a u$s354 millones, mientras que las compras acumuladas en 2026 llegaron a U$S13.681.000.000.
Aun así, el promedio diario del mes se ubicó en u$s30 millones, lejos de los U$S103.000.000 de julio, de los U$S68.000.000 de junio y de los U$S137.000.000 de mayo.
De esta manera, la foto de reservas volvió a ser positiva en términos de stock, pero más débil al mirar la acumulación genuina de divisas.
El Banco Central sostiene compras diarias y ya encadenó 15 ruedas con saldo comprador, aunque lo hace con montos reducidos y en un mercado donde la oferta sigue sin alcanzar para recomponer reservas al ritmo previo.
El llamado a licitación será publicado este jueves en el Boletín Oficial.
El Gobierno nacional convocó a licitación pública nacional e internacional para concesionar por 50 años las líneas ferroviarias de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza.
AVANZA LA PRIVATIZACIÓN DEL BELGRANO CARGAS PARA PONERLA EN VALOR
Convocamos a la Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión por 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza: 7.594 km de vías en 16 provincias, con conexión a los principales puertos del…
El anuncio lo realizó el Ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta en la red social X y la resolución será publicada este jueves en el Boletín Oficial.
"Convocamos a la Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión por 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza: 7.594 kilómetros de vías en 16 provincias, con conexión a los principales puertos del país y a Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay", escribió Caputo.
Agregó que "la concesión se dará bajo un régimen de acceso abierto, con Planes de Inversiones Obligatorias y la posibilidad de acceder a los beneficios del RIGI para quienes inviertan al menos U$S200.000.000 en la renovación de vías".
Caputo puntualizó que "durante décadas el Estado sostuvo un sistema que se deterioraba año tras año pese al gasto creciente de los contribuyentes. Desde 1970 la producción agropecuaria, principal demandante del servicio, se multiplicó por seis y, sin embargo, el Belgrano Cargas transporta hoy menos carga que entonces".
"Esta es la prueba de que el problema del sistema no fue la falta de demanda, sino la ausencia de incentivos correctos y de actores con la capacidad de administrarlo correctamente. Por eso, nuestro modelo corre al Estado de un rol en el que falló", afirmó el ministro.
Y concluye el texto señalando que "el sector privado es quien puede poner el capital, la experiencia y asumir el riesgo que el Estado no logró sostener. Esta licitación busca precisamente eso: encontrar a quienes estén dispuestos a invertir para transformar un sistema roto en un motor de competitividad para las exportaciones argentinas. Este es un paso más en el proceso de transformación del sector ferroviario y del programa de privatizaciones que lleva adelante el Gobierno nacional".
El llamado a licitación
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, avanza con la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. mediante el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión por 50 años de las líneas ferroviarias Belgrano, San Martín y Urquiza, según informaron esta tarde desde la Secretaría de Transporte.
Apuntaron que la concesión se dará bajo un régimen de acceso abierto, con Planes de Inversiones y la posibilidad de acceder a los beneficios del RIGI para quienes inviertan en infraestructura ferroviaria.
Remarcaron que el objetivo es incorporar capital y capacidad de gestión privada para recuperar una infraestructura que durante décadas acumuló deterioro, falta de mantenimiento e inversiones insuficientes, pese a los crecientes recursos destinados por el Estado Nacional.
Al inicio de la actual gestión, BCyL presentaba una situación operativa y financiera crítica. Los informes técnicos señalaron significativas pérdidas económicas de la empresa, sumado a un deterioro importante de la infraestructura, una elevada cantidad de descarrilamientos, falta de mantenimiento cíclico y un incumplimiento de entre el 20% y el 40% del mantenimiento programado del parque tractivo durante 2023.
Frente a esta situación, el nuevo modelo busca que sea el sector privado quien aporte el capital y la experiencia, y asuma el riesgo empresario necesario para recuperar y desarrollar el sistema, mientras el Estado Nacional mantiene sus funciones de regulación, fiscalización y control.
El esquema de acceso abierto a la infraestructura ferroviaria permitirá la participación de distintos operadores bajo condiciones objetivas y no discriminatorias.
Además, contempla Obras Obligatorias que deberán ejecutarse durante los primeros cinco años de las concesiones, junto con obras optativas que podrán ser comprometidas por los oferentes y serán ponderadas durante el proceso de adjudicación.
El plazo de 50 años posibilitará generar las condiciones necesarias para realizar inversiones ferroviarias de gran escala y largo período de recuperación, otorgando previsibilidad para el desarrollo de nueva infraestructura y la incorporación de capital privado.
A su vez, el horizonte de largo plazo permitirá acompañar la maduración de nuevas cargas y garantizará que el concesionario tenga incentivos para mantener y renovar la red durante toda la vigencia del contrato.
Entre las intervenciones previstas se encuentran obras para eliminar el cuello de botella ferroviario en la ciudad de Santa Fe y recuperar el ramal azucarero de la Línea Belgrano; rehabilitar la capacidad, confiabilidad y regularidad del corredor principal de la Línea San Martín; y recuperar el ramal troncal de la Línea Urquiza.
La licitación también contempla la posibilidad de que los concesionarios adquieran el material rodante correspondiente a cada línea. Los recursos provenientes de la venta y remate de locomotoras y vagones serán destinados a un fideicomiso específico para financiar parcialmente las Obras Obligatorias, permitiendo que los activos existentes del sistema contribuyan a financiar su propia recuperación.
Con este llamado a licitación, el Gobierno Nacional avanza en la transformación del sistema ferroviario de cargas y en el programa de privatizaciones previsto por la Ley Bases, dejando atrás un modelo deficitario y avanzando hacia un sistema con mayor inversión privada, mayor eficiencia y mejores condiciones logísticas para la producción y las exportaciones argentinas.
Casi todo fue negativo salvo algunas excepciones, como los títulos del rubro petrolero, que defendieron sus cotizaciones por el incremento del crudo.
Los activos argentinos operaron con tendencia dispar y el riesgo país volvió a subir, a 517 puntos.
Las acciones y los bonos domésticos no lograron una recuperación tras haber alcanzado esta semana los precios más bajos desde mayo.
Casi todo fue negativo salvo algunas excepciones, como los títulos del rubro petrolero, que defendieron sus cotizaciones por el incremento del crudo.
En tanto, el índice Dow Jones de Industriales de Wall Street y el tecnológico Nasdaq subieron 0,2%, mientras el promedio S&P 500 progresó 0,4%, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que aumentaría la recompra de deuda pública a largo plazo.
También ayudó que el Presidente Donald Trump suspendiera los aranceles sobre productos canadienses que estaban programados para entrar en vigor a la medianoche.
En el ámbito de las acciones individuales, las de Moderna avanzaron 155% después de que la compañía informara resultados positivos de su ensayo de fase avanzada de una vacuna contra el melanoma desarrollada con Merck, +13%.
El índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires no pudo sostener las ganancias de la mañana y cayó por tercera sesión seguida, esta vez un 0,6% en pesos, a 2.874.493 puntos, mínimo desde el 22 de mayo.
Sin embargo, las acciones y ADR tuvieron mayoría de ganancias en dólares en Nueva York, con rol destacado de papeles argentinos que cotizan directamente en el exterior y no conforman el Merval. Lideraron las ganancias Adecoagro, +8,1; Mercado Libre, +7,3%; Globant, +6,6%, y Cresud, +5,2%.
Los precios del petróleo reanudaban las ganancias, aunque poco relevantes. El barril de crudo Brent del Mar del Norte terminó a U$S91,41, +0,4%, en los contratos con entrega en octubre.
En ese contexto, el ADR de YPF cedió 1,2%, a U$S50,06, mientras que Vista Energy bajó 1,7%.
Los bonos soberanos en dólares de Argentina, Bonares y Globales, no pudieron mantener las alzas iniciales y perdieron un 0,4% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan sumó tres unidades, a 517 puntos básicos, el nivel más alto desde el 20 de mayo.
El Banco Central publicó las especificaciones para habilitar el acceso a créditos en dólares a empresas que no pertenecen al sector exportador.
A través de una comunicación oficial sobre la Política de Crédito, Capitales Mínimos de las Entidades Financieras y Grandes Exposiciones al Riesgo de Crédito, el Banco Central incorporó el nuevo destino para los préstamos bancarios en dólares.
Con esta actualización normativa, se habilita a todas las personas jurídicas a tomar financiamiento y se eliminará la restricción previa que reservaba esta opción únicamente a compañías exportadoras o con respaldo de un exportador.
La estrategia busca reactivar la intermediación financiera impulsando el uso de las divisas asentadas en el sistema bancario hacia el sector privado. Para mitigar eventuales descalces, la regulación fija para las instituciones un límite equivalente al 15% de los depósitos en moneda extranjera de cada entidad.
Ante la posibilidad de que los ingresos de las firmas no sigan el ritmo de una eventual variación en el tipo de cambio, el organismo regulador encomendó a las entidades bancarias un riguroso control de solvencia. Previo a la aprobación de la solicitud, las instituciones deberán auditar la capacidad patrimonial y el flujo de fondos de cada deudor para garantizar que puedan cumplir con los compromisos asumidos.
"De tratarse de financiaciones al destino previsto, al momento de su otorgamiento, se deberá tener especial atención al flujo de fondos y/o situación patrimonial, de manera de que el deudor pueda afrontar posibles incrementos en el importe de las obligaciones sin afectar su capacidad de pago, teniendo en cuenta que sus ingresos pueden no seguir la evolución del tipo de cambio", se informó en el texto oficial.
El anuncio formal de la iniciativa fue encabezado por el ministro de Economía Luis Caputo, quien definió el alcance de la medida como una "flexibilización parcial" del régimen vigente para las personas jurídicas.
Además, puntualizó que las divisas liquidadas no ingresarán directamente a las arcas de las empresas en moneda dura y aclaró que "se mantiene la obligación de liquidar estos préstamos en el mercado único y libre de cambios".
Bajo este esquema, cualquier firma que acceda a la línea crediticia "tiene que liquidarlos: tiene que convertirlos en pesos".
Finalmente, respecto a los costos de financiamiento y plazos de devolución, las autoridades confirmaron que "los dictará el mercado", manteniendo los parámetros generales de contratación del sistema bancario.
Créditos en dólares para empresas: qué hay detrás de la nueva flexibilización del Gobierno anunciada por Caputo
Hasta ahora, la regulación bancaria para prestar dólares era más estricta: los bancos prácticamente solo podían dar créditos en moneda extranjera a empresas exportadoras, las que cobran en dólares y garantizan el pago en esa misma moneda.
Con este cambio, se introduce una "flexibilización parcial": el Banco Central le permitirá a las entidades financieras prestar hasta un 15% de sus depósitos en dólares a empresas de otros rubros, como personas jurídicas, aunque operen en el mercado interno.
Caputo dio dos razones por las que lo hicieron:
El costo del crédito en pesos está alto: según el Gobierno, pedir prestado en pesos sigue resultando caro o inaccesible para que a las Pymes y empresas les cierren las cuentas de una inversión. El crédito en dólares maneja tasas mucho más bajas en comparación.
El marco de la Ley de Inocencia Fiscal: con el marco legal que busca incentivar la exteriorización y bancarización de fondos no declarados, o dólares del colchón, las personas y ahorristas están ingresando dólares al sistema financiero o teniéndolos depositados en los bancos.
Los operadores siguen con preocupación la falta de avances en el principal paso marítimo para el crudo, y comienzan a descontar una prima de riesgo más alta.
El precio del petróleo se afirmó por encima de los U$S90, sumando inestabilidad a los mercados globales.
La continuidad del conflicto en Medio Oriente es la principal causa de la nueva tendencia alcista que presenta el Brent.
Al promediar las operaciones de este miércoles el barril opera en U$S91,40, con un alza de 0,4%.
Una de las empresas más importantes del comercio online y billetera virtual de Argentina, empezó con los trámites para instalarse en San Juan. Una vez instalada, podría generar unos 200 nuevos puestos de trabajo.
El centro logístico estará ubicado sobre Ruta 20, en el departamento 9 de Julio, muy cerca del Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, en la localidad de Las Chacritas. La compañía de Marcos Galperin ya mantuvo reuniones con autoridades del Gobierno local y con altos funcionarios del municipio.
Ejecutivos de la empresa ya mantuvieron reuniones con autoridades del Gobierno de San Juan y del municipio 9 de Julio, además de las consultas que se realizaron en Dirección de Planeamiento.
ELas obras del galpón con instalaciones comerciales arrancarían en noviembre de este año, con la puesta en funcionamiento proyectada para el primer trimestre de 2027.
La fecha estimada para la inauguración sería marzo de 2027, pero, según trascendió, el plazo podría variar si surgen contratiempos durante el proceso de instalación.
El centro contará con una superficie cercana a los 4.000 metros cuadrados, que incluirá un depósito, oficinas administrativas y un sector de atención al público.
El proyecto contempla además una ampliación posterior que llevaría la superficie total hasta unos 12.000 metros cuadrados, con el objetivo de consolidar al predio como un punto clave para el almacenamiento, la clasificación y la distribución de productos comprados a través de la plataforma.
La elección del terreno sobre Ruta 20 responde a la conexión con el este del país y por la cercanía con el principal aeropuerto de San Juan, lo que facilitaría la recepción de mercadería y su posterior distribución terrestre hacia distintos puntos de la provincia.
Se calcula que la instalación de Mercado Libre en San Juan podría generar unos 200 puestos de trabajo. En la actualidad la empresa da empleo a 20 personas de forma directa y a otras 70 de manera indirecta, la mayoría vinculadas a tareas de distribución.
La variación de los precios mayoristas bajó 0,3% respecto a junio y quedó, a su vez, por debajo del Índice de Precios al Consumidor, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
La inflación mayorista de julio se desaceleró al 0,8% y arrojó una variación de 31,1% contra el mismo mes del último año, según informó el Indec.
Esto se dio como consecuencia de la suba de 0,8% en los "Productos nacionales" y de 0,5% en los "Productos importados".
En el acumulado del año, el índice de precios internos al por mayor registró un alza de 16,6% contra el mismo período, enero-julio, de 2025.
La inflación mayorista mantiene un sendero bajista desde hace tres meses, cuando cortó con la escalada en mayo, 2,5%.
De esta manera, continuó con la desaceleración en junio, 1,1%, y la replicó en julio, 0,8%.
También quedó por debajo de la inflación minorista, 2,1%, la cual volvió a acelerarse tras tres meses a la baja e hizo que el Índice de Precios al Consumidor acumule un alza de 33,8% interanual.
Dentro de los "Productos nacionales", las divisiones con mayor incidencia positiva en el índice de precios internos al por mayor fueron "Productos agropecuarios", 0,39, "Sustancias y productos químicos", 0,19%, "Vehículos automotores, carrocerías y repuestos", 0,17%, y "Alimentos y bebidas", 0,16%, compensados por #Petróleo crudo y gas", -0,91%.
El nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor mostró un aumento de 0,8% en julio, explicado por la suba de 0,9% en los "Productos nacionales" y de 0,6% en los "Productos importados".
Mientras que el índice de precios básicos del productor registró un aumento de 0,9% en el mismo período, como consecuencia de la baja de 1% en los "Productos primarios" y la suba de 1,7% en los "Productos manufacturados y energía eléctrica".
El Ministerio de Economía informó que el sector público nacional registró un superávit de $244.897.000.000, luego del déficit de junio.
El Ministerio de Economía informó este martes que el sector público nacional registró un superávit de $244.897000.000.
Este resultado se alcanzó luego de un superávit primario de $2.960.333.000.000 y un pago de intereses de la deuda por $2.715.436.000.000.
EN JULIO EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL REGISTRÓ UN SUPERÁVIT FINANCIERO DE 244.897 MILLONES
✅ El Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $2.960.333 millones y un superávit financiero de $244.897 millones en julio ✅ Este resultado se alcanzó en un mes con…
El superávit se alcanzó "en un mes con una alta concentración de vencimientos de intereses de deuda, dado el pago de los cupones de los bonos Globales y Bonares", destacó el Ministro de Economía, Luis Caputo.
En los primeros 7 meses del año, el sector público acumuló un superávit primario de aproximadamente 0,9% del PIB y un superávit financiero de aproximadamente 0,1% del PIB.
Caputo indicó que "en el mes el gasto primario se redujo 7% interanual en términos reales, en tanto los gastos en concepto de Asignación Universal por Hijo crecieron 3,8%".
"El superávit fiscal, que contribuye a la estabilidad macroeconómica, se alcanzó en el marco de una reducción de impuestos acumulada de casi 3% del PIB desde el inicio de la gestión", señaló el jefe del Palacio de Hacienda.
En los últimos días entró en debate la forma en que el Gobierno logró este saldo favorable a partir de las retenciones de dinero destinado a fondos fiduciarios que no fueron aplicados a los fines específicos.
El régimen ahora cubre construcción, renovación y electrificación de trazas ferroviarias.
El Gobierno modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones para ampliar su alcance a proyectos de infraestructura ferroviaria y del sector tecnológico, mediante el Decreto 748/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial.
La nueva reglamentación determina que se considera "construcción" ferroviaria tanto la ejecución de infraestructura nueva como la renovación, sustitución, transformación o desarrollo de la ya existente y de su infraestructura accesoria indispensable para la logística.
De este modo, se aclara que los incentivos fiscales y de estabilidad del RIGI aplicarán a las siguientes obras específicas:
La construcción de nuevas trazas ferroviarias y la duplicación de vías en trazas existentes.
La renovación de vías de una traza existente y la rehabilitación de ramales no operativos mediante la incorporación de nueva infraestructura de vías.
La renovación integral de puentes, alcantarillas y demás obras de arte ferroviarias.
La instalación o renovación integral de sistemas de señalamiento automáticos o semiautomáticos, de telecomunicaciones o de energía directamente asociados.
La electrificación de trazas y la instalación de sistemas de protección activa en pasos a nivel o la ejecución de cruces a distinto nivel.
Obras de infraestructura directamente vinculadas a la logística del transporte ferroviario de cargas, tales como nodos logísticos, puertos secos, centros de desconsolidación y transferencia de cargas y playas de maniobra.
Asimismo, la norma puntualizó que quedan excluidas aquellas tareas que se limiten exclusivamente a la conservación o el mantenimiento de la infraestructura preexistente, destinadas únicamente a preservar las condiciones de uso del tendido.
El decreto también redefinió qué constituye una "Ampliación de un Proyecto Preexistente no adherido al RIGI" para este sector.
Para el caso específico de la infraestructura ferroviaria, la capacidad productiva se determinará en función de su capacidad de transporte.
De esta forma, se entenderá que existe una ampliación cuando las inversiones generen un incremento verificable de la capacidad de transporte, el cual deberá determinarse cuantitativamente sobre la base de parámetros técnicos objetivos.
En paralelo, el decreto sustituyó el artículo 60 para detallar las condiciones aplicables al sector de tecnología. En este rubro, se considerará ampliación la incorporación de un nuevo producto que sume innovación tecnológica, siempre que cumpla con los siguientes requisitos:
Incorpore diferencias en al menos el 50% de sus componentes medidos en términos de valor económico en comparación con los bienes en producción.
La inversión mínima del proyecto que involucra la ampliación sea igual o superior a U$S250.000.000.
El nuevo producto cuente con un ciclo de vida útil de mercado igual o menor a 10 años, acreditado mediante un Informe Técnico de Ciclo de Vida Útil emitido por un profesional independiente.
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