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El Clan Macri ofreció 1.000 millones de pesos para evitar la quiebra de Correo Argentino

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Con ese ofrecimiento, cinco veces menor a la deuda real, el grupo económico SOCMA evitaría llegar a la quiebra. También ofreció un pago en 10 cuotas a los acreedores.

Tras años de conflicto, se realizó este lunes una audiencia clave en la que la propia empresa Correo Argentino fue la única que se presentó para evitar la quiebra.

Ofreció pagar al Estado 1.000.000.000 de pesos y advirtió que si éste no acepta, se lo declare acreedor hostil.

En rigor, se estima que la deuda con intereses de una empresa cuyas acciones valen cero, supera hoy los 5.000.000.000 de pesos en perjuicio del Estado.

La Jueza Marta Cirulli había firmado a comienzos de marzo una resolución en la que puso fecha para este lunes, donde debía ocurrir la presentación de oferentes que quieran hacerse cargo de la empresa Correo Argentino, que solo tiene deudas.

La audiencia informativa, que se dispone en los procesos concursales antes de la quiebra, se realizó sin oferentes, solo la propia empresa.

Los acreedores, entre los que está el Estado, contarán con 5 días hábiles más antes de que Correo Argentino vaya a la quiebra y sea SOCMA, de la familia Macri , la que deba afrontar sus deudas.

A los otros acreedores Correo ofreció pagar a diez años en 10 cuotas. Luego de esta audiencia, donde es difícil que el Clan Macri llegue a un acuerdo con sus acreedores, quedan 5 días hábiles para que hagan un último intento.

El punto 8 del artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras dice que "cuando en esta etapa no se obtuviera acuerdo preventivo, por tercero o por el deudor, o el acuerdo no fuese judicialmente homologado, el juez declarará la quiebra sin más trámite".

Si Correo Argentino quiebra, la que tiene que hacerse responsable de sus deudas es SOCMA. Días atrás, la familia Macri presentó un escrito en el que insisten en que la deuda con el Estado es de 1.011.000.000 de pesos. Cinco veces menos que su deuda real.

De los 708 acreedores solo 15 aceptaron. Entre los que no aceptaron aún no sólo figura el Estado nacional, sino también el Banco Nación, que también se negó a aceptar propuestas de pago.

El Banco Nación y AFIP también intentan cobrar. En el caso del banco, la deuda original es de 42.000.000 de pesos y 5.450.077 dólares, con lo que al día de hoy superaría los 500.000.000 de pesos.

El concurso de acreedores de Correo Argentino está en la etapa de cramdown o salvataje. Se presentaron 6 firmas: Organización Courier Argentina SA (OCASA); Transporte Chimiray SRL, MV Cargo SAS, Valuaciones SA, que se dedica a la actividad inmobiliaria; y Jorge Alberto Anselmi, que se presentó como individuo y la sexta fueron los propios Macri.

En el expediente concursal, Correo Argnetino intenta desde 2017 desplazar a la Fiscal Gabriela Boquin, quien denunció que la empresa y el Gobierno del expresidente Mauricio Macri, a través de sus representantes en el entonces Ministerio de Comunicaciones, habían hecho un acuerdo ruinoso y abusivo para el Estado por el cual se licuaba la deuda del Correo en un 98,7%.

El futuro de los biocombustibles: entre exenciones impositivas, subsidios y lobby

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El País Diario
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La posibilidad que el régimen de corte en los combustibles sea modificado desató una guerra en la Cámara de Diputados por un negocio millonario entre dos de los sectores económicos más poderosos del país.

El pasado jueves fracasó el intento de realizar una sesión especial en la Cámara de Diputados con el objetivo de prorrogar la Ley de Biocombustibles. 

El apuro y la improvisación de los legisladores convocantes, pertenecientes a Juntos por el Cambio y sectores peronistas referenciados en la zona centro del país, se debe a que la normativa perderá vigencia el próximo 12 de mayo, una vez cumplidos 15 años desde su sanción.

La Ley impulsada por el expresidente Néstor Kirchner establece un régimen de fomento para la industria de los biocombustibles. El sector obtiene beneficios impositivos, precios regulados y cupos. Así, garantiza mercados a sus empresas: establece un porcentaje de corte de biodiesel en el gasoil del 10% y del bioetanol en las naftas del 12%.

El apuro de los legisladores por prorrogar este esquema es una respuesta a la intención del oficialismo de modificarlo. En los últimos días circuló un borrador del nuevo proyecto de Ley, que cambia los porcentajes de corte en los combustibles: reduce al 5% del biodiesel en el gasoil y al 10% del bioetanol en las naftas.

El futuro de la legislación es clave para nuestra estructura productiva, y tiene por detrás un choque entre dos de los sectores económicos más poderosos del país. De esta forma, el sector agroindustrial compite con el petrolero por el negocio de los combustibles. 

El cambio en las "reglas de juego" que propone el Gobierno se entiende en el marco del elevado costo fiscal que implica sostener el esquema actual. Se estima que el sistema tuvo un costo de 6.000 millones de dólares en impuestos no recaudados y unos 1.400 millones de dólares en pérdidas de ingresos por exportaciones de granos que no se realizaron.

Avanzar hacia un recorte del gasto es un objetivo explícito del ejecutivo nacional, en momentos donde intenta achicar el déficit fiscal mientras negocia un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 

El borrador del nuevo proyecto presentado en Comisión el pasado lunes por el Diputado Marcos Cleri recorta o elimina el peso de las grandes empresas del sector en el reparto de los cupos de corte para la mezcla de naftas y gasoil destinados a la distribución interna. 

El legislador del Frente de Todos señaló que, del total de las toneladas de aceite de soja producidas, 5.000 se usan para el biodiesel y 1.250 quedan para las grandes exportadoras. "Muchos han utilizado el régimen para maximizar sus ganancias", advirtió en referencia a las cerealeras.

La amenaza motiva las presiones de los grandes jugadores como Dreyfus y Cargill para prorrogar el esquema actual. Mantener el régimen de promoción garantiza un menor pago de impuestos para las cerealeras, quienes son acusadas por el oficialismo de triangular parte de sus exportaciones de aceite de soja, haciéndolas pasar por biodiesel en las declaraciones juradas.

El propio Cleri denunció que "desde 2016, por un convenio especial con la Unión Europea y una asociación las 7 grandes exportadoras venden a través de Holanda, Bélgica y un 30% en Malta. Y cuando uno averigua cuánto biocombustible se usa en Malta, se entera que hay un paraíso fiscal".

Los datos de la Bolsa de Comercio de Rosario confirman las sospechas del diputado: en 2019, Malta fue el segundo destino de exportación de biodiesel argentino con 90.000 toneladas, representando el 16% del total de las ventas al exterior durante ese período, y del 14% en 2017. La isla tiene sólo 500.000 habitantes.

En este sentido, el borrador elaborado por el bloque de Diputados presidido por Máximo Kirchner apunta a diferenciar entre pequeñas y grandes empresas. La propuesta reserva a las pymes la provisión de biocombustibles para el corte de naftas y gasoil que se despacha localmente, impidiendo a las grandes cerealeras acaparar el mercado interno.

De esta forma, Cleri anunció el pasado lunes que "con el proyecto conversado, de las 55 plantas, 47 están incorporadas en el nuevo régimen".

La disputa entre oficialistas y opositores, e incluso hacia dentro de los bloques, reflota una herramienta discursiva recurrente a la hora de discutir políticas económicas que afecten los intereses de ciertos sectores.

Los grandes jugadores buscan proteger sus negocios con un discurso basado en la "defensa de las pymes". La contradicción discursiva llega a un límite en este caso, que puede ayudar a explicar el fracaso de la sesión especial, ya que la modificación del proyecto apunta expresamente a sostener a las pymes del sector, a costa de las cerealeras.

La cuestión ambiental es otro de los ejes donde el agronegocio defiende el régimen actual. Bajo la bandera de una "transición energética" que supere gradualmente al extractivismo, plantean avanzar incluso hacia mayores porcentajes de cortes en los combustibles, como ocurre en Brasil (27,5% de corte de bioetanol).

En este sentido, advierten que reducir este porcentaje atentaría contra el acuerdo de París para detener el cambio climático, ya que elevar la producción de combustibles fósiles elevaría la emisión de gases de efecto invernadero.

En la vereda de enfrente, desde las provincias petroleras responden que Argentina tiene denuncias por dumping en la Organización Mundial del Comercio por subsidiar una industria competitiva como la de biocombustibles. 

Además, el Gobierno afirma que el contexto alcista en las cotizaciones en el mercado internacional de la soja, el maíz y sus derivados elevaría los precios de los combustibles en los surtidores. La discusión se da luego del anuncio de YPF de aumentar un 18% sus valores entre marzo, abril y mayo.

A pesar de las críticas económicas o ambientales, el Gobierno se juega a explotar al máximo las actividades extractivas. Ya sea mediante la producción de petróleo y gas de Vaca Muerta o la expansión de la minería en el territorio nacional, el ejecutivo apuesta fuerte a sectores con potencial exportador en el corto plazo.

Para el oficialismo, la preferencia se explica por la necesidad de dólares para hacer frente a los vencimientos de la deuda externa. Pero además para impulsar la producción de gas frente a la posibilidad de tener que recurrir a su importación durante este invierno, a costa de divisas. 

Finalmente, la competencia entre gigantes por el reparto de ganancias no se da en el mercado, sino en la Cámara de Diputados. Esto se debe a que estamos frente a dos sectores fuertemente regulados, que basan su negocio en el auxilio del Estado para obtener beneficios. 

Así como las empresas de biocombustibles crecieron bajo el régimen de exenciones fiscales, cupos y precios regulados de la Ley mencionada anteriormente; la producción de hidrocarburos es subsidiada a través del Plan Gas y las facilidades impositivas que rigen en Vaca Muerta.

El lobby y las acusaciones cruzadas se tensarán conforme se acerque la fecha de caducidad de la Ley de Biocombustibles, el próximo 12 de mayo.

Comienza a delinearse la nueva tarifa de luz

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El Gobierno no quiere un aumento mayor al 15%, muy por debajo de la estimación oficial de inflación anual.

Luego de dos años de congelamiento, arranca una semana clave para definir un precio que supo pesar en el bolsillo: el de las tarifas de energía eléctrica.

Entre este lunes y este martes, habrá cinco audiencias públicas que delinearán los aumentos para las empresas de transporte y para las de distribución de jurisdicción nacional, Edenor y Edesur.

Será una pugna por definir, de un lado, qué márgenes pueden recomponer las compañías y, del otro, cuánto impacto tendrá esto en la billetera de millones de usuarios.

Los precios de la energía eléctrica se definen de esta manera porque son regulados, es decir, necesitan autorización del Gobierno para aumentar.

En las audiencias, que no son vinculantes, exponen representantes del sector público, del sector privado y hasta asociaciones de defensa de los consumidores. Las tarifas de los servicios públicos están congeladas desde abril de 2019.

En ese sentido, se escucha los pedidos de las empresas, pero luego es el Gobierno quien tiene la decisión final. Y algunos funcionarios ya dieron sus lineamientos.

El Subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, aclaró recientemente que las tarifas pueden subir este año "un 7%, un 9% o un 15%", un porcentaje "que no afecte al poder adquisitivo" de manera excesiva.

Mientras el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, el organismo encargado de regular la actividad eléctrica y de controlar que las empresas del sector, comunicó el martes pasado que Edesur y Edenor pidieron subas de hasta el 81% y el 157% en las facturas.

Las compañías desmintieron ese porcentaje y aseguraron que solicitarán hasta un 34% de suba final para los usuarios.

Edesur confirmó que solicitará un 34% de aumento final para los usuarios residenciales y de un 45% para otras categorías, como comercios y empresas. Edenor, por su parte, planteará una necesidad de fondos de $20.000 millones para poder sostener su servicio.

Eso significaría un incremento en el valor final del 31% para el total de sus clientes, y un 28% en promedio para los residenciales, siempre y cuando no haya cambios en el cuadro tarifario actual. Si se compensa ese número con subsidios, la historia podría ser otra.

En febrero, el Gobierno les quitó los subsidios a las tarifas de la energía a 2900 grandes usuarios de sectores industriales y comerciales.

Si bien el incremento iba a regir desde el 1° de marzo, a mediados de mes se postergó hasta el próximo jueves. Se trata de incrementos de 50% promedio en las boletas.

Con aumento, comenzó este lunes el calendario de pagos a empleados públicos de San Juan

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A partir de este lunes, los haberes con el aumento correspondiente al mes de marzo de 2021 se encuentran acreditados en cajeros según el calendario previsto.

Con el objetivo de que los sueldos del mes de marzo estén disponibles antes de Semana Santa y continuar manteniendo el distanciamiento social, cuidando la salud de la población de San Juan, este lunes 29 de marzo comenzó la acreditación de haberes de los agentes públicos de Salud, Seguridad y Documentos terminados en 0 y 1. El calendario continuará de la siguiente manera:

  • Documentos terminados en 2, 3, 4 y 5: martes 30 de marzo
  • Documentos terminados en 6, 7, 8 y 9: miércoles 31 de marzo

Asimismo, se recuerdó que los haberes de marzo incluyen el 30% de aumento establecido. Los siguientes serán del 7% en mayo, el 6% en el mes de julio y el 7% de aumento en octubre hasta completar el 50% acordado en paritarias 2021.

Se recordó además los cajeros automáticos funcionan las 24 horas, por lo que se aconsejó evitar horarios y cajeros con gran afluencia de público, no asistir acompañados, usar tapabocas, mantener dos metros de distancia entre personas y desinfectar las manos luego del uso de cajeros y manipulación de dinero.

Desde el Gobierno de San Juan se solicitó a la población tener presente que están vigentes las extracciones con tarjeta de débito en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo de Visa - Extra cash.

Misiones, La Rioja y San Juan, las provincias que mejoraron su recaudación

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La recaudación de las provincias creció en febrero por debajo de la inflación.

Un informe de la Consultora Aerarium, en base a datos aportados por 18 de los 24 distritos argentinos, muestra un suba en la recaudación de cada provincia pero ésta se dio por debajo del porcentaje de inflación.

Todavía no se pudo conocer los números de las recaudaciones de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Chaco, La Pampa, Santa Fe y Santiago del Estero.

La recaudación impositiva de las provincias tuvo en febrero un aumento del 38,9%, lo que representó una caída del 1,2% en términos reales y 13 puntos porcentuales menos que la evolución de los ingresos tributarios nacionales en los últimos 12 meses.

Misiones fue la provincia con mayor aumento porcentual, con el 89,8%, seguida por La Rioja con el 83% y San Juan con el 63,1%.

En el otro extremo, están los seis distritos referidos: Tierra del Fuego (35,2%), Río Negro (34,7%), Chubut (26%), Mendoza (25,5%) y dos casos en los que el aumento nominal fue menor a la mitad de la inflación: Neuquén (18,9%) y Santa Cruz (18,4%).

Si bien el total de la recaudación está condicionado al hecho de que faltan en el cálculo tres distritos de peso, tal el caso de Buenos Aires, Ciudad Autónoma y Santa Fe, el volumen de 55.300 millones de pesos que alcanzaron los 18 distritos que dieron su información en tiempo y forma supera en 15.500 millones de pesos lo ingresado en febrero de 2020 y en 3.200 millones de pesos lo percibido el mes previo.

En qué consiste la "economía de la dona" que revoluciona al mundo

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Distintos economistas explicaron cómo el Doughnut Economics Action Lab está llevando las ideas de un nuevo modelo económico a distintas las partes del planeta.

Ámsterdam, Bruselas y Copenhague: no es casualidad que las ciudades ricas hayan sido las primeras en abrazar el nuevo modelo de "economía de la dona", también conocida como "economía dónut" o "doughnut" en inglés. Tienen capacidad para actuar más rápido.

La propuesta, ideada por la economista Kate Raworth, nacida en Londres en 1970, fue publicada por primera vez en 2012 y convertida en un exitoso libro después. En el texto se explica una visión de lo que significa para la humanidad prosperar hoy y los pasos necesarios para lograrlo.

La premisa central es simple: el objetivo de la actividad económica debe ser satisfacer las necesidades básicas de todos y hacerlo en equilibrio con el planeta.

Hay quien ha descrito a Raworth como la "John Maynard Keyenes del siglo XXI", por considerar que sus ideas "redefinen los fundamentos de la economía" y su planteamiento no tardó en llamar la atención internacional: fue presentada como un documento de trabajo para Oxfam en 2012, tomó protagonismo en la Asamblea General de la ONU y fue un referente para el movimiento social Occupy London.

La teoría de Kate Raworth tuvo tanta repercusión que las ideas se expandieron más allá de las páginas de un libro para dar vida a Doughnut Economics Action Lab, un proyecto que se encarga de proporcionar herramientas y equipar a todo aquel que quiera poner en práctica este modelo de economía, ya sea un barrio, una aldea o una ciudad entera.

En qué consiste la economía de la dona

"Muchas personas creen que no hay alternativa al modelo económico actual, pero la economía es una ciencia social hecha por personas y las personas pueden cambiarla", según explicó la economista española Carlota Sanz, cofundadora de ese espacio que se encarga de llevar a la práctica las ideas de Kate Raworth.

"El hemisferio sur todavía tiene las oportunidad de hacer las cosas diferentes", indicó la economista, quien sostuvo que "no se trata de un simple debate teórico. Los datos empíricos indican que el capitalismo a su ritmo actual no es sostenible".

El modelo "consta de dos anillos concéntricos: una base social, para garantizar que nadie se quede corto en las necesidades básicas, y un techo ecológico, para garantizar que la humanidad no sobrepase los límites de la Tierra", explicó.

Entre estos dos conjuntos de límites se encuentra un espacio en forma de rosquilla, o dona, que es ecológicamente seguro y socialmente justo. Este es el espacio en el que la humanidad puede prosperar.

Las obsoletas teorías económicas desarrolladas en el siglo XX

Las teorías económicas más ortodoxas de siglo pasado se centraron únicamente en el valor que genera el mercado y en el papel que juega luego el estado en provisionar bienestar.

Hasta hace muy poquito, la narrativa predominante era la lucha entre el mercado y el Estado, y la dicotomía entre ellos.

La propuesta de la "economía de la dona" va mucho más allá: entiende la economía como algo que está por encima de ese debate.

Lo que propone es que hay que levantar la cabeza y ver que hay más agentes que generan valor, como el de los hogares, el de la economía doméstica tradicionalmente a cargo de las mujeres, pero también el valor que se crea en los comunes, o sea, en tu barrio.

El capitalismo es una palabra muy grande. La teoría hace blanco sobre las dinámicas del sistema capitalista que se han quedado obsoletas. Una de ellas es este sistema industrial degenerativo.

Esa dinámica de tomar, hacer, gastar y perder, es lo que está provocando que ya estemos excediendo los límites que tiene nuestro planeta vivo.

Usamos plásticos, metales, vidrio, producimos cosas y luego las desechamos. Eso tiene impacto en los océanos y lagos de todo el mundo. Y vemos residuos electrónicos en los vertederos de los barrios más pobres del mundo.

Las consecuencias de todo esto van desde el cambio climático a niveles de pérdida de biodiversidad catastróficos, o niveles de conversión de tierra que son excesivos.

También hemos heredado, a través de este sistema, unas dinámicas divisivas que centralizan el valor que se genera en una economía en las manos de unos pocos.

La forma en la que hemos estructurado las empresas, la forma en la que se ha desarrollado la ley, las tecnologías, provoca la centralización del poder y que la riqueza estén concentrados.

Hoy por hoy, el 1% más rico de la población mundial acapara el 50% de la riqueza global. Asimismo, en la última década el número de millonarios en todo el mundo aumentó de 1.000 a 2.000.

Asistimos a una concentración no solo del valor, sino también de las oportunidades.

Al final hemos heredado un sistema donde el progreso tiene una forma de crecimiento indefinido y exponencial medido por el Producto Interior Bruto.

Tenemos economías que dependen estructuralmente de la expansión, sin importar que se esté traduciendo en una prosperidad real de las personas o que se tenga en cuenta el planeta en el que vivimos y del que dependemos.

A día de hoy, tenemos economías que son más ricas que nunca y, sin embargo, todavía creemos que prosperar significa una expansión ilimitada de una cifra económica como es el PIB.

Esto tiene implicaciones muy grandes en los países del hemisferio sur donde el crecimiento tiene cabida. Pero en los países ricos del hemisferio norte, hay que ver hasta qué punto una economía que ya está creciendo puede seguir expandiéndose indefinidamente.

El debate no es si una economía crece o no, lo importante es qué tipo de crecimiento tiene. Pero además, hay que reconocer que tenemos países y economías que están creciendo, sin importar que estén prosperando o no.

Para definir qué significa prosperar, tenemos que pensar qué progreso buscamos en el siglo XXI. Este siglo hemos visto repetidas crisis, como la Gran Crisis Financiera de 2008, la crisis del colapso climático que estamos viviendo o la pandemia mundial.

Las consecuencias económicas surgen como consecuencia de esos sistemas que hemos heredado. Son sistemas que se han creado por las personas y que, por tanto, las personas los pueden cambiar.

Los cambios que sugiere la economía de la dona

El libro de Kate Raworth explica que hay que cambiar ese sistema degenerativo a uno que sea regenerativo y circular por diseño. Uno que funcione dentro de los ciclos de la biosfera y el planeta.

Afirma que necesitamos una economía que esté basada en la energía renovable, en la que el principio más importante sea que la basura de un proceso se convierte en combustible para el siguiente proceso.

Requerimos de una economía que pueda ser modular por diseño; es decir, donde los objetos, los productos que compramos, puedan desmontarse fácilmente para ser reparados, y así no utilizarlos y desecharlos continuamente a la biosfera.

Pero para que una economía funcione es necesario consumir. Si alguien repara el tostador, significa que no voy a comprar un tostador nuevo y que la marca venderá menos, la fábrica producirá menos, tendrá que despedir trabajadores.

Es verdad: la economía, tal y como está diseñada, depende de que consumamos productos nuevos.

Y lo que plantea la "economía de la dona" es que habría que cambiar el diseño de esa economía hacia una regenerativa y distributiva.

Esto significa que la renta y la riqueza generada por terceros se reparte de forma mucho más equitativa.

O sea, necesitamos consumir, porque si no la economía no crece y entonces no funciona.

Lo que se plantea en el modelo de la dona es que en lugar de una economía que dependa de esa expansión indefinida, lo que se necesita son economías donde el progreso sea un equilibrio entre lo que las personas necesitan para satisfacer sus necesidades y preservar sus derechos en el marco de los recursos que tiene el planeta.

Está implícito en casi todos los discursos económicos que el bien es una curva exponencial, creciente, pero esta teoría habla de un equilibrio nuevo.

Y este equilibrio tiene una forma distinta. Y en ese en este caso concreto, es por ello que la autora del libro que dio origen a esta teoría lo simbolizó con la forma de la dona (doughnut).

Ámsterdam fue pionera en usar la dona

El primer ejemplo sobre la "economía de la dona" es de Ámsterdam, una ciudad que ha adoptado el modelo para guiar su recuperación social y económica tras la pandemia de Covid-19.

En un barrio a las afueras de la ciudad se está construyendo un edificio que se ajusta completamente a los principios de construcción de esta propuesta.

Está hecho de materiales recuperados como madera o aluminio, es eficiente energéticamente y tiene un diseño modular.

Los muros no están pegados o cementados, sino que están atornillados y recortados para que se puedan desenlazar y desechar si hay partes que necesitan reparación.

Hoy en día, Ámsterdam está exigiendo a sus contratistas unos mínimos en cuanto a materiales y formas de producción para los edificios públicos.

Estas son medidas que están llevando a que la ciudad se convierta cada vez más en regenerativa por diseño.

El caso de India

En India, una comunidad ha instalado microrejillas comunitarias de energías renovables.

Es una red local y descentralizada de generación y distribución, donde la energía fluye alrededor de una comunidad de acuerdo con la demanda.

Esto permite que millones de personas, especialmente en zonas rurales, consigan acceso a la electricidad y hay un uso más eficiente, ya que la transmisión no es centralizada.

Pero es que además, con este sistema se beneficia más gente. Hay más población que ve cubiertas sus necesidades. Los beneficios se reparten de forma más igualitaria.

La propiedad de esa energía no esté en manos de una multinacional, que al final responde a la maximización de beneficios de los accionistas a corto plazo, sino que se distribuye.

Cómo se implementa la economía de la dona

Poniendo en marcha políticas que incluyan esa visión de economía más distributiva, como tener en cuenta a los empleados, asignar unos salarios dignos o establecer prácticas éticas a través de toda la cadena de producción.

También con compromisos fiscales. La cadena de cosméticos Lush es una de las marcas comprometida con el fair tax pledge (pagar la cantidad de impuestos justa) en el país donde se debe pagar y en el momento correcto.

Esta política contrasta con la de muchas empresas, que lo que están haciendo es lo contrario.

Es decir, emplean mucho esfuerzo y recursos en no pagar lo que tiene que ser y al país que debe ser.

A día de hoy la transformación que hace falta requiere un cambio muy profundo de mentalidad, de paradigma y de valores.

Hay un movimiento y hay interés por cambiar que se traduce en administraciones un poco más radicales e innovadoras en su forma de abordar los problemas ciudadanos.

Al final también es un tema de intereses y poderes, y de quién tiene poder para cambiar las cosas. Tenemos que pasar a tener un equilibrio.

La esperanza está ahí, en la escuela, en los profesores que se ponen en contacto con el Doughnut Economics Action Lab por que quieren enseñarle a sus alumnos otro tipo de economía.

Hay profesores de universidad que están intentando cambiar currículums, introducir nuevas ideas, introducir nuevos contenidos, explorar nuevos planteamientos.

También en muchos casos, no solamente va a depender de esperar a que el Gobierno o que la jefa de turno de los pasos.

Mucha de la presión va a venir por el movimiento de abajo, por una red de calle que va a impulsar esos cambios.

Fernández respaldó a su jefa Cristina contra el FMI: "La deuda que heredamos es impagable"

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Ernesto Simón
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El Presidente Alberto Fernández, actuó como jefe de Gabinete de Cristina Kirchner y aseguró que no hay contradicción con los dichos de la vicepresidente, quien aseguró que Argentina "no se encuentra en condiciones de pagar los vencimientos de la deuda" que tiene con el FMI.

El Presidente Alberto Fernández señaló que en materia económica "no existe una contradicción" con la visión que tiene Cristina Kirchner sobre la negociación en marcha con el FMI para reprogramar los próximos vencimientos con ese organismo.

"No existe la contradicción, es una contradicción que siempre nos quieren imponer, porque hay un deseo muy claro de dividirnos y hacernos aparecer en posiciones contrapuestas, que no son tales", subrayó el aparente jefe de Gabinete de Cristina en declaraciones a Radio Del Plata, en el programa que conduce Horacio El Perro Verbitsky.

"Son formas de decir las cosas, modos de decir las cosas, pero que en lo sustancial representan exactamente lo mismo", señaló Fernández en referencia a las definiciones realizadas por su jefa política, la vicepresidenta durante una visita a la localidad bonaerense de Las Flores, el 24 de marzo último.

En aquella ocasión, Cristina Kirchner aseguró que la Argentina no se encuentra en condiciones de pagar los vencimientos de la deuda que tiene con el FMI: "No podemos pagar la deuda porque no tenemos la plata", dijo la expresidenta y Jefa de la Banda de Cacos que saqueó al país.

En relación con esos dichos, el presidente argentino, a cargo de la jefatura de Gabinete recordó que "días atrás, antes de que Cristina hablara en Las Flores, en un acto que hicimos en Almirante Brown, yo le contaba a la gente que este año teníamos que pagarle al Fondo 3.500 millones de dólares y que el año que viene teníamos que pagarle 18.000 millones de dólares, y que año siguiente, 2023, teníamos que pagarle 19.000 millones de dólares".

"Semejantes cifras lo único que dan cuenta es de cuanto nos posterga la situación que tenemos con el Fondo", puntualizó Fernández, quien agregó complaciente que "ahí tiene razón Cristina, ¿qué posibilidades tenemos nosotros de pagar 18.000 millones de dólares el año que viene? Ninguna. Si ya nos cuesta mucho pensar en pagar 3.500 millones de dólares este año", advirtió en diálogo con el operador kirchnerista Verbitsky.

El Ministro Guzmán negó que el Gobierno esté tomando deuda a tasas del 18% en dólares

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El País Diario
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"Uno de los múltiples desafíos de nuestra administración era limpiar la resaca de la especulación financiera que dejó el gobierno anterior y así fortalecer la economía", indicó el ministro de Economía.

El Ministro de Economía, Martín Guzmán, negó en forma terminante que el Gobierno esté tomando deuda a tasas del 18% en dólares y aseguró que, por el contrario, se desendeudó de forma neta.

En un hilo de mensajes en su cuenta de Twitter, Guzmán salió a desmentir de esta forma las declaraciones en tal sentido de "un ex presidente".

"Encuentro oportuno aclarar que tal afirmación es falsa para evitar confusiones y aportar claridad sobre cómo estamos resolviendo uno de los grandes problemas que su administración creó", afirmó.

Según Guzmán, "su gobierno favoreció el ingreso desregulado de capitales cuyo negocio es especular sobre oportunidades de retornos financieros de corto plazo en lugar de invertir en la economía real".

"Que quede claro: fue un esquema que alentó la especulación y castigó a la producción", remarcó.

"Cuando en 2018 el mundo dejó de creer en la Argentina que Juntos por el Cambio proponía, aquel fenómeno se tornó en un problema gravísimo", recordó. Para el ministro, así como habían entrado, "sin regulación alguna esos capitales empezaron a salir de golpe dando lugar a una crisis cambiaria y económica".

"Uno de los múltiples desafíos de nuestra administración era limpiar la resaca de la especulación financiera que dejó el gobierno anterior y así fortalecer la economía", señaló.

Tras reafirmar que ninguna de las medidas adoptadas significó endeudarse al 18% en dólares, recordó que se realizaron operaciones de canjes de títulos públicos, que redundaron "en una transformación neta de deuda en dólares a deuda en pesos por US$ 5.106 millones", una baja de la deuda en dólares y el fortalecimiento del mercado de deuda pública en pesos.

"En ninguna de estas operaciones se emitió deuda en dólares para efectivamente recibir dólares; si hubiésemos emitido bonos a cambio de recibir 38 centavos de dólar en efectivo por cada dólar de valor nominal, ahí el sector público se hubiese endeudado al 18%; pero eso nunca ocurrió", enfatizó.

"Uno de los múltiples desafíos de nuestra administración era limpiar la resaca de la especulación financiera que dejó el gobierno anterior y así fortalecer la economía"

Por otro lado, indicó, la administración cambiaria del Banco Central no resultó en ningún endeudamiento neto del sector público, "el ex presidente puede estar sugiriendo que el sector público realizó venta neta de bonos en dólares a cotizaciones de 38 centavos por dólar. También es falso".

Al contrario, consideró, "luego de la exitosa reestructuración de la deuda pública externa, el sector público consolidado realizó compras netas de títulos en dólares por un total nominal de US$ 459 millones a precios de entre 33 y 40 centavos por dólar".

"A diferencia de lo que marcó el ex presidente, el Estado no sólo no se endeudó al 18% en dólares, sino que se desendeudó de forma neta", remarcó, para concluir que "Argentina necesita diálogo respetuoso y con información veraz. Actuar responsablemente ayuda a que forjemos una sociedad más constructiva".

Procrear: lanzan nuevas licitaciones para la construcción de viviendas

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El País Diario
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Las obras se desarrollarán en San Clemente del Tuyú, provincia de Buenos Aires; San Roque, en la provincia de Corrientes; Gálvez, en Santa Fe, y Ushuaia, en Tierra del Fuego.

El Gobierno nacional lanzó cuatro nuevas licitaciones para la construcción de 286 viviendas en Desarrollos Urbanísticos del programa Procrear II, en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y Tierra del Fuego, informó el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Las obras se desarrollarán en San Clemente del Tuyú, provincia de Buenos Aires; San Roque, en la provincia de Corrientes; Gálvez, en Santa Fe, y Ushuaia, en Tierra del Fuego.

En conjunto, estos emprendimientos representarán una inversión estimada en 1.848 millones de pesos.

El Desarrollo Urbanístico de San Clemente prevé la construcción de 79 viviendas nuevas, mientras que 48 se construirán en San Roque y 39 en Gálvez. En Ushuaia, Tierra del Fuego, se planifica dar continuidad al predio existente de Procrear con la edificación de 120 nuevos hogares.

"Sabemos que cada obra se traduce en puestos de trabajo. A partir de estas licitaciones, Procrear se propone generar un impacto en la economía y mejorar las condiciones de acceso al hábitat y la vivienda", sostuvo Luciano Scatolini, secretario de Desarrollo Territorial.

Para estos desarrollos se aplicará la fórmula Hog.Ar, la nueva modalidad de actualización crediticia que se basa en el Coeficiente de Variación Salarial publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, y tiene en cuenta la evolución de los salarios.

Alquileres: ponen en marcha un protocolo para asistir a familias en situación de desalojo

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El País Diario
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El Secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, dijo que el mecanismo buscará "caracterizar el universo de desalojos posible, y arbitrar las herramientas para conseguir soluciones habitacionales". El 31 vence el decreto que prorrogaba de forma automática los contratos de los alquileres.

El Gobierno asistirá a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento, el próximo 31, de la vigencia del decreto que prorrogaba de forma automática los contratos de los alquileres y prohibía desalojos.

El Secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, remarcó que "esta decisión representa un Estado sensible que no mira para el costado ante una circunstancia que todos deseamos que no se produzca, que tiene que ver con el desalojo de familias".

"Esa mirada de un Estado presente hace que busquemos alternativas para evitar el daño que produce un desalojo", indicó Scatolini.

A través de la Resolución 88/2021 publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo Territorial instruyó a la Secretaría de Desarrollo Territorial a elaborar y aprobar el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.

Al respecto, el secretario señaló que se va a trabajar en "un protocolo que permita caracterizar el universo de desalojos posible, y arbitrar las herramientas para conseguir soluciones habitacionales".

"El objetivo de este gobierno es poner muchos recursos como no se hizo en los últimos años en Argentina, en la construcción de vivienda con las unidades ejecutoras en las provincias y también a través del Procrear", destacó el funcionario.

El protocolo

Para la elaboración del protocolo, se convocó al Ministerio de Justicia y a otros organismos nacionales, y se invitó a aquellos organismos provinciales pertinentes a la suscripción de convenios de cooperación.

Esto se hizo con el fin de recabar información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo, en los casos comprendidos en contratos de locación alcanzados por el Decreto 320/20 y sus sucesivas prórrogas y modificaciones, que extendieron los contratos de los alquileres y prohibieron los desalojos.

Asimismo, el Ministerio instruyó a la secretaría a arbitrar los medios necesarios para coordinar acciones de colaboración y cooperación con los entes ejecutores provinciales y locales de los proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado Nacional para abordar soluciones habitacionales para aquellos hogares que requieran asistencia pública.

El decreto remarcó que a tal efecto, se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.

"Vamos a trabajar en articular el esfuerzo del Estado en revertir esta situación habitacional a partir de una oferta de viviendas, y mientras tanto tener una respuesta, con un protocolo con pasos concretos, para atender la situación de cada familia", señalo Scatolini.

Explicó que se hará "un relevamiento de información fehaciente de sentencias que se podrían llegar a ejecutar, con un criterio de prioridad de situaciones de mayor vulnerabilidad".

Y agregó que "también vamos a realizar un relevamiento con las unidades ejecutoras de soluciones habitacionales de todo el país que arman el listado de adjudicatarios de viviendas para que dentro de esos listados se priorice a personas en situación de desalojo".

El secretario remarcó que el plan del Gobierno es "en tres años generar 264.000 soluciones habitacionales", pero puntualizó que "no es lo único en lo que se trabaja".

"Venimos de cuatro años de un Gobierno insensible que no sólo no generó nuevas viviendas, no construyó, ni financió, sino que cuando lo hizo fue a través del sistema de créditos en UVA que sabemos los perjuicios que generó", concluyó el funcionario.

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