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Caso Adorni: afirmaron que desde Fiscalía pedirán requerimiento de justificación de bienes

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El jefe de Gabinete está siendo investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía avanzará en los próximos días con un requerimiento formal de justificación de bienes dirigido al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una investigación judicial en curso por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida será enviada a través del sistema judicial Lex y notificada a su defensa, como paso previo a una eventual declaración indagatoria, según indicaron fuentes judiciales.

Actualmente la Fiscalía se encuentra recolectando testimoniales e información vinculada a la causa.

En ese contexto, el requerimiento patrimonial buscará que el funcionario explique y respalde el origen de sus bienes mediante documentación respaldatoria.

De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, la intención de los investigadores es otorgarle primero la posibilidad de presentar la información solicitada antes de definir una citación a indagatoria.

En paralelo, el equipo contable del funcionario trabaja sobre una declaración jurada que sería presentada junto con la documentación requerida.

La situación procesal podría agravarse en caso de que no se entregue la información solicitada dentro del plazo que fijará la Fiscalía.

En ese escenario, no se descarta un llamado directo a declaración indagatoria tanto para Adorni como para otros funcionarios o familiares vinculados al jefe de Gabinete.

Fuentes judiciales indicaron que, una vez notificado el requerimiento, la defensa contará con un tiempo determinado para responder y aportar la documentación correspondiente antes de que se evalúen nuevas medidas procesales.

El Ministerio Público Fiscal presentó el Manual de Política Criminal

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El País Diario
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El manual, adaptado a la realidad de San Juan, prioriza el combate contra los delitos que generan mayor impacto social y establece protocolos estrictos para el desempeño de los funcionarios en cada etapa del proceso.

En un acto que reunió a representantes de los tres poderes del Estado, el Ministerio Público oficializó la presentación del Manual de Política de Persecución Penal. Estuvo presente el Vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, entre otras figuras destacadas del círculo rojo vernáculo.

El documento es el resultado de un trabajo conjunto entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, con el objetivo de establecer criterios de actuación preestablecidos, generales y escritos que orienten el ejercicio de la acción penal pública.

Según explicó el Fiscal general del Poder Judicial de San Juan, Guillermo Baigorrí, la presentación representa un hito institucional tras un proceso de elaboración que incluyó jornadas de intenso compromiso.

Detalló que es "un trabajo arduo, pero estamos felices porque esto marca un punto de partida y era una deuda que teníamos con la ciudadanía".

Agregó, además que desde Fiscalía se pretende que "San Juan tenga un manual de políticas criminal como en grandes provincias".

El manual determina el funcionamiento de fiscales, ayudantes fiscales, policías y todos los involucrados en cada caso, especificando cómo proceder desde el arribo a la escena del crimen hasta la custodia de las pruebas.

Entre las ventajas que destacó Baigorrí, se enumera la posibilidad de dotar al sistema de una mayor coherencia y transparencia.

"Esto saca la discrecionalidad", dijo, al tiempo que agregó que "el mismo comportamiento van a tener todos los fiscales, no hay dudas de cómo se actúa".

El Fiscal General subrayó que el objetivo es que "un fiscal no entienda que se puede hacer una cosa y el otro no", ya que se trata de un "comportamiento de previsibilidad para los ciudadanos".

Ejes centrales y definiciones operativas del manual

Principios

  • Establece la actuación bajo principios de legalidad, objetividad, unidad de criterio y dependencia jerárquica.
  • Dispone la obligatoriedad de actuar con motivación fundada, transparencia, eficiencia y gestión activa del conflicto.
  • Garantía de publicidad de los actos sin afectar derechos de las partes. Criterios para el abordaje del delito
    Regula de forma detallada la investigación penal y crea pautas operativas concretas:
  • Dirección funcional del fiscal sobre la policía.
  • Presencia del fiscal en hechos graves para mejorar la calidad investigativa.
  • Protocolos de preservación de la escena del crimen, incluyendo evidencia digital.
  • Sistema integral de cadena de custodia, con etapas definidas: recolección, documentación, transporte, análisis y presentación.
  • Creación de instancias de diagnóstico criminal conjunto con Policía y Servicio Penitenciario, al menos una vez al año.
  • Intercambio de información entre unidades fiscales para un abordaje integral.

Abordaje de la conflictividad
Introduce criterios específicos para conflictos complejos.

  • Identificación de conflictos de alto impacto: multiplicidad de actores, afectación de servicios públicos, repercusión social.
  • Creación de instancias de diálogo y mediación institucional previas a la judicialización.
  • Implementación de medidas preventivas coordinadas con fuerzas de seguridad.

Política en relación al proceso
Fija reglas claras de gestión judicial.

  • Resolución de casos en plazos breves para evitar prescripción.
  • Criterios uniformes para decisiones iniciales: archivo, formalización, desestimación.
  • Regulación del uso de herramientas como: criterios de oportunidad, con límites estrictos, suspensión de juicio a prueba, juicio abreviado.
  • Lineamientos para medidas cautelares, basados en proporcionalidad y razonabilidad.
  • Obligación de impugnar resoluciones judiciales cuando afecten la acción penal.

Política en relación a la víctima
Refuerza el rol central de la víctima en el proceso.

  • Garantiza derechos de información, participación y acompañamiento.
  • Establece mecanismos de protección integral para víctimas y testigos.
  • Obliga a considerar su opinión en decisiones clave como salidas alternativas.

Derechos del imputado
Establece pautas para asegurar.

  • Respeto irrestricto a garantías constitucionales.
  • Investigación objetiva y sin arbitrariedades.
  • Protección de la dignidad y derechos fundamentales.

Perspectiva de género
Incorpora políticas específicas para.

  • Investigación con enfoque de género.
  • Tratamiento prioritario de hechos de violencia familiar, sexual o contra personas vulnerables.
  • Restricción de salidas alternativas en casos sensibles.

Juicio de cesura
Regula criterios para la determinación de la pena.

  • Evaluación diferenciada de responsabilidad y sanción.
  • Aplicación de parámetros de proporcionalidad y fundamentación.

Ejecución de las penas

  • Control del cumplimiento de condenas.
  • Coordinación con el sistema penitenciario.
  • Seguimiento de medidas impuestas.

Relación con fuerzas de seguridad
Define pautas concretas de coordinación institucional.

  • Subordinación funcional de la investigación al fiscal.
  • Emisión de protocolos, manuales e instrucciones conjuntas.
  • Comunicación permanente y obligatoria en todas las etapas del proceso.

Oficina de Calidad Institucional
Dispone la creación de un área específica de control y mejora.

  • Evaluación del desempeño institucional.
  • Monitoreo de cumplimiento de estándares.
  • Implementación de procesos de mejora continua.

Política comunicacional

  • Comunicación institucional transparente y responsable.
  • Relación con medios de comunicación.
  • Protección de la investigación, la víctima y el principio de inocencia.

El manual se posiciona como una herramienta clave para ordenar la persecución penal, reducir la discrecionalidad y fortalecer la articulación entre organismos, consolidando un modelo de justicia eficiente, transparente y orientado a la resolución de los conflictos.

Causa ANDIS: confirmaron la indagatoria a Spagnuolo y otros implicados

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Las indagatorias se llevarán adelante entre el 28 de abril y el 26 de mayo tras el pedido de la Fiscalía.

En línea con lo solicitado por los fiscales, Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 llamó a indagatoria a 29 personas investigadas en la causa sobre las presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad, entre ellas su extitular, ya procesado, Diego Spagnuolo.

Las indagatorias se llevarán adelante entre el 28 de abril y el 26 de mayo.

La lista incluye la ampliación de las declaraciones de cinco personas procesadas en la causa, como Spagnuolo; el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete, presunto lobbista de los directivos de laboratorios y droguerías.

"La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público", sostuvo el Juez, Ariel Lijo, en línea con lo que planteó el Ministerio Público Fiscal.

Además, el Juzgado decretó la inhibición general de bienes para las personas y empresas involucradas.

"Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos, y por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado", sostuvo el magistrado.

La causa busca esclarecer el entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de esa estructura.

Spagnuolo ya fue indagado y procesado en la causa por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.

Las maniobras implicaron salidas de dinero por más de $75.000.000.000 provenientes del erario público que tuvieron como destino los bolsillos de un reducido grupo empresarial.

Caso María Cash: Fiscalía pidió que se revoque el sobreseimiento del camionero

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El Fiscal Villalba consideró que Héctor Romero fue responsable de la muerte de la joven en 2011.

El Fiscal general, Eduardo Villalba, en representación de la Unidad Fiscal Salta, solicitó ante la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, la nulidad del sobreseimiento dictado en mayo último a favor del camionero imputado por el homicidio calificado por alevosía de María Cash, desaparecida desde el 8 de julio de 2011.

El planteo fue formulado en el marco de una audiencia oral ante los integrantes de dicha sala, los jueces Santiago French, Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas y Ernesto Solá, en la que el representante del Ministerio Público Fiscal expuso una serie de fundamentos para que la resolución que favoreció al imputado Héctor Romero sea declarada nula y se revoque su sobreseimiento.

En función de una serie de irregularidades detectadas en la resolución apelada, el fiscal pidió que la titular del Juzgado Federal N°2, Mariela Giménez, siga al frente de la investigación, pero que el trámite del proceso sea remitido a otro juzgado.

Y dado que la causa se inició con anterioridad a la implementación del sistema acusatorio, el expediente se lleva bajo las reglas del sistema mixto.

La querella, representada por el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, adhirió al planteo de revocatoria del sobreseimiento, aunque sobre el cambio de juzgado, también pidió el reemplazo de la jueza. La defensa, en tanto, resistió los argumentos con una breve exposición de argumentos.

Villalba hizo un repaso detallado del derrotero de Cash, desde que salió de Buenos Aires el 4 de julio de 2011 con intenciones de ir a la provincia de Jujuy, su paso por Santiago del Estero y hasta que desapareció cuatro días más tarde, el 8 de julio de 2011, cuando fue vista por última vez en la rotonda de Torzalito, en Salta, donde había llegado a dedo.

Recordó que la mujer, por entonces de 29 años, quería regresar a su casa, pero no tenía dinero para abordar un micro, por lo que ese día deambuló por una estación de servicio, donde fue vista por varios testigos.

Investigan posible estafa en San Juan: Zunkets IFC prometía ganancias del 3% diario

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Fiscalía de San Juan comunicó que se abrió una investigación penal preparatoria en relación con el presunto delito de "Estafa". La compañía prometía intereses imposibles de cumplir y serían pagados con criptomonedas.

Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal de San Juan emitió un comunicado oficial anunciando la apertura "de una investigación penal preparatoria por la presunta comisión del delito de Estafa, tipificado en el Artículo 172 del Código Penal Argentino".

El caso está siendo investigado por la Unidad Fiscal de Investigación Delitos Informáticos y Estafas.

Se abrió luego de que hubo denuncias vinculadas a las operaciones de una plataforma de inversiones denominada Zunkets IFC.

Según la informaron desde Fiscalía, Zunkets IFC ofrecía a inversores locales "rendimientos económicos extraordinarios".

Los promotores de la plataforma habrían anunciado a los cautivos usuarios ganancias diarias que oscilan entre el 2,1% y el 3% sobre el capital invertido.

La investigación determinó que las inversiones se habrían promovido bajo la modalidad de criptoactivos y monedas estables, en particular con una cripto que cotiza en paralelo con el precio del dólar, denominada USDT.

Fiscalía solicitó a los ciudadanos que hayan realizado inversiones en la plataforma Zunkets IFC o que posean conocimiento directo de sus operaciones, se presenten para formalizar la denuncia penal correspondiente.

Para llevar a cabo este trámite, los damnificados deberán acercarse a la dependencia Policial más cercana a su domicilio dentro del territorio de San Juan.

La Fiscalía de Brasil le pidió a la Corte Suprema que condene a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

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La pena del exmandatario y sus presuntos cómplices podría ascender hasta 40 años de cárcel.

La Fiscalía de Brasil pidió condenar al expresidente, Jair Bolsonaro, y a siete de sus colaboradores por "asociación criminal armada" y "golpe de Estado", entre otros delitos.

El exmandatario brasileño de extrema derecha podría ser condenado a prisión por la Corte Suprema por un supuesto intento de impedir la asunción de su rival, Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones de 2022.

"Comprobada la participación de las personas en los hechos, el fiscal general de la república reforzó que sean condenados por organización criminal armada", "tentativa de abolición del estado democrático", "golpe de Estado" y otros delitos relacionados con daños a bienes públicos, afirmó la Fiscalía.

Bolsonaro afirmó que es inocente y denunció una persecución en su contra. Ante la Corte reconoció haber considerado "un dispositivo constitucional" para impedir la asunción de Lula.

El juicio contra el exmandatario provocó la condena del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que califica el proceso como "una cacería de brujas" y anunció aranceles del 50% a las importaciones de origen brasileño a partir del 31 agosto.

El destino del expresidente y sus excolaboradores queda ahora en manos del Juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, quien también se encuentra bajo amenaza de sanciones de Washington por sus fallos en contra de plataformas de redes sociales estadounidenses.

Fiscalía comenzó los trámites para enviar a juicio al expresidente Alberto Fernández

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El Fiscal federal, Ramiro González, dio por cerrada la investigación por violencia de género.

El Fiscal federal, Ramiro González, dio por cerrada este lunes la investigación por violencia de género contra el expresidente, Alberto Fernández, y comenzó los trámites de consulta a su defensa y a la querella de Fabiola Yáñez para el envío del caso a juicio oral.

"Sin perjuicio de que las partes consideren que aún restan por producirse medidas de prueba, esta representación del Ministerio Público Fiscal entiende que se han materializado todas aquellas pertinentes de modo que se debe dar por concluida la instrucción del sumario respecto de la participación que le cabe a Alberto Ángel Fernández por los hechos que le fueron imputados y por los que se encuentra procesado", explicó el dictamen del fiscal al que tuvo acceso Noticias Argentinas.

El fiscal consideró que "se debe dar por concluida la instrucción del sumario" e iniciar los pasos para sortear el caso ante un tribunal oral.

Al respecto se notificó a la defensa y a la querella y una vez concluida la ronda de consultas se resolverá sobre el envío del expediente a juicio.

La Fiscalía explicó que "durante el trámite de la instrucción se produjeron las medidas de prueba pertinentes a los efectos de corroborar o descartar las hipótesis delictivas".

"En tal dirección, respetando el principio de igualdad de armas, fueron llevadas a cabo las diligencias propuestas tanto por la defensa como por la querella tendientes a verificar o descartar los hechos denunciados o algunas aristas de los mismos", agregó.

En cambio, "fueron descartadas las inconducentes y todas aquellas dirigidas a dilucidar cuestiones que no se encuentran controvertidas en autos o que puedan ser realizadas en una posterior etapa del proceso".

Al respecto destacó que "se debe reparar en la metodología que tienen los hechos ilícitos en contexto de violencia de género del caso y las circunstancias domésticas y reservadas en las que se produjeron" y remarcó que no se autorizaron medidas de prueba que "pudiesen resultar revictimizantes para con la denunciante".

El expresidente está procesado y embargado por $10.000.000 por lesiones contra Yáñez en un "contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder" entre ambos desde 2016 hasta agosto de 2024.

Fiscalía pidió rechazar el pedido de prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

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La solicitud la realizaron este martes los fiscales, Diego Luciani y Sergio Mola, al Tribunal Oral Federal 2.

Los fiscales, Diego Luciani y Sergio Mola, pidieron este martes al Tribunal Oral Federal 2 que rechace el pedido de prisión domiciliaria a la ex

presidenta Cristina Kirchner, condenada a seis años de cárcel en la causa Vialidad.

Según informaron fuentes judiciales, el dictamen al que accedió la Agencia Noticias Argentinas que no es vinculante para el Tribunal se entregó a media mañana de hoy y los fiscales argumentaron que "no se advierten razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria" a la ex presidenta, de 72 años.

"La privación de la libertad en un establecimiento carcelario no supone, por sí misma, un menoscabo de la vida o la integridad de Fernández", agregaron, mientras que con este dictamen el Tribunal ya quedó en condiciones de resolver.

A partir del análisis de las constancias del expediente y de la presentación de la defensa, el Ministerio Público sostuvo que “no se advierten las razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria”.

“No se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”, añadió. En el informe socioambiental del 12 de junio, Cristina Kirchner dijo estar bien de salud a nivel general, remarcaron.

"La defensa no ha demostrado –ni se advierte– que la privación de libertad en el establecimiento carcelario suponga, por sí misma, un menoscabo a la vida o a la integridad personal de la peticionante, más allá de las restricciones propias que implica la ejecución de una pena privativa de libertad”, analizaron.

Y compararon, por ejemplo, que el presidente del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, denegó ese beneficio al ex secretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime, condenado y preso en la cárcel de Ezeiza por la tragedia de Once, quien también argumentó haber cumplido 70 años y razones de salud. En el caso de que a Cristina Kirchner se le conceda la prisión domiciliaria, Luciani y Mola exigieron que sea con tobillera electrónica.

En cuanto a los motivos de seguridad por el intento de asesinato que sufrió y por su rol institucional como ex presidenta y ex vicepresidenta de la Nación, los fiscales remarcaron que el Ministerio de Seguridad garantizó en su informe que puede ser "preservada" en un establecimiento carcelario.

Cristina Kirchner pidió arresto domiciliario sin tobillera y Fiscalía quiere una detención inmediata

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El Juez, Jorge Gorini, otorgó 5 días hábiles de plazo a todos los condenados para ir en persona a Comodoro Py.

La exvicepresidenta, Cristina Kirchner, quiere cumplir su condena a 6 años de prisión en el departamento donde vive con su hija Florencia, con su custodia de siempre y sin tobillera electrónica, mientras que la fiscalía insiste en su inmediata detención.

En un escrito de 13 carillas que presentaron poco después de conocerse el fallo de la Corte Suprema los abogados de la actual presidenta del Partido Justicialista, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, pidieron al Tribunal Oral Federal 2 que evite el paso de Cristina por una alcaidía y disponga de manera directa el arresto domiciliario en San José 1111, donde vive ahora, informaron fuentes judiciales

El juez de ese Tribunal, Jorge Gorini, dio 5 días hábiles de plazo a todos los condenados para ir en persona a Comodoro Py y entregarse para quedar detenidos mientras que requirió al Ministerio de Seguridad de la Nación que busque lugares adecuados para el alojamiento hasta que se decidan los planteos de las partes.

Por su lado, los fiscales ante el Tribunal, Diego Luciani y Sergio Mola, firmaron un pedido de "inmediata detención" de la exvicepresidenta porque consideran excesivo el plazo que se le dio para presentarse, teniendo en cuenta que hay un fin de semana y un feriado nacional en el medio.

Poco después ingresó el pedido de prisión domiciliaria de la defensa donde se alude a la edad de Cristina Kirchner, quien tiene 72 años, además de riesgos para su seguridad en base al atentado que sufrió en septiembre de 2022 y su condición de ex presidenta.

"En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria", sostuvieron sus abogados.

Dejarla presa en una cárcel común "de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, agregaron los letrados.

El eventual traslado a una cárcel de una exvicepresidenta derivaría por necesidad de seguridad en un "régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal".

Por ello se pidió el arresto domiciliario sin tobillera electrónica, considerando que tiene custodia las 24 horas y es "completamente innecesario", aunque el uso de este dispositivo electrónico está previsto en la Ley de Ejecución Penal.

Causa Vialidad: Fiscalía pidió que la Corte Suprema condene a Cristina Kirchner a 12 años de cárcel

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El reclamo lo hizo Mario Villar al apelar la resolución que ratificó la pena a 6 años de la expresidenta en el expediente por direccionamiento de obra pública para empresarios K.

La Fiscalía pidió que la Corte Suprema condene a la expresidenta Cristina Kirchner a 12 años de cárcel, por asociación ilícita.

El reclamo lo hizo el Fiscal general, Mario Villar, al apelar la resolución de la Cámara de Casación Penal que ratificó la condena a la exmandataria en el expediente por direccionamiento de obra pública para empresarios K.

Desde la Fiscalía habían planteado que la sentencia de Casación "repite lo que dijo" el Tribunal Oral Federal N°2, que condenó a la expresidenta, que "no contesta las críticas que hizo el fiscal general a esos argumentos" y que "en esa medida es arbitraria y esto habilita el recurso a la Corte".

El año pasado Casación ratificó la condena a Cristina Kirchner a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicosal encontrarla culpable del delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" en la causa Vialidad.

En su resolución los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, por decisión mayoritaria, rechazaron la solicitud del Ministerio Público Fiscal de aplicar al caso la figura de asociación ilícita.

Los argumentos de la Fiscalía

Villar argumentó en la apelación al fallo de Casación, con pedido a la Corte a que condene a Cristina Kirchner a 12 años de cárcel por la causa Vialidad: "El delito de asociación ilícita se caracteriza por castigar la membresía, o la actuación como miembro de ésta, sin necesidad de que se ejecuten los hechos planificados".

"Entonces ¿cómo se explica que traten de excluir la aplicación de este tipo penal por cómo se tratan jurídicamente los hechos cometidos posteriormente? La Cámara de Casación no lo contesta", agregó.

El fiscal cuestionó además: "La principal arbitrariedad que exhibe la sentencia en crisis radica en la confirmación de la absolución deLázaro Báez, Cristina Kirchner, Julio de Vido, Julio López y Nelson Periottipor el delito de asociación ilícita".

Villar planteó: "Según se probó suficientemente en el debate, ellos, junto al fallecido expresidente Néstor Kirchner, instauraron y tomaron parte en una matriz de corrupción que, mediante la división de roles definidos estratégicamente, dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado, la cual fue sostenida ininterrumpidamente a lo largo de más de 12 años y estuvo orientada a cometer múltiples delitos para detraer y apoderarse ilegítimamente de millonarios fondos públicos".

El fiscal explicó: "En efecto, no se trata únicamente de irregularidades en algunas licitaciones, sino de una estructura de poder jerarquizada, destinada a sustraer de modo sistemático fondos reservados a la obra pública".

Villar mencionó que "se tuvo suficientemente por probado" que Cristina Kirchner, De Vido, López, Periotti y Báez "se agruparon para cometer delitos, prepararon las condiciones y los ejecutaron a lo largo de 12 años, a partir de distintos aportes realizados tanto desde el sector público como privado".

El fiscal consideró con menciones al delito de asociación ilícita: "En lo que a las exigencias del tipo penal consagrado en el articulo 210, CP respecta, ellos estrecharon y mantuvieron de manera sostenida en el tiempo un acuerdo de voluntades para cometer diversos delitos, identificados algunos de éstos como defraudaciones, según los articulo 173 y 174.5, CP".

Villar dijo que "la asociación ilícita se aplica a los traficantes de drogas, a los tratantes de personas, a los ladrones en banda, a líderes de las llamadas organizaciones sociales y a causas por delitos de lesa humanidad, pero no a políticos".

El fiscal criticó: "Coincidentemente, hubo declaraciones de algunos políticos, algunos de ellos funcionarios, en contra de la aplicación de este tipo penal una vez conocida la acusación fiscal y antes de la sentencia".

Consideró que "el caso amerita una respuesta que no sea una repetición de la sentencia de instancia, sin atender los argumentos del término de oficina y la audiencia".

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