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Rechazaron el pedido de la defensa de Facundo Moyano para levantar medidas restrictivas

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Las limitaciones incluyeron una restricción de acercamiento en un radio de 300 metros y la prohibición de cualquier tipo de contacto.

La Fiscalía rechazó el pedido de la defensa de Facundo Moyano para levantar las medidas restrictivas que pesan sobre el exdiputado, quien continúa imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género contra su pareja, Candela Arizaga.

Fuentes oficiales informaron la decisión del Ministerio Público Fiscal que continuará con la restricción de acercamiento en un radio de 300 metros y la prohibición de cualquier tipo de contacto.

La medida continúa luego de que Arizaga declarara ante la Justicia y negara haber sufrido violencia por parte de Moyano, además de solicitar públicamente que se levantaran las restricciones para poder retomar el vínculo con su pareja.

El abogado Miguel Molina, había solicitado el cese de las medidas luego de la declaración de la modelo, de 23 años, y sostuvo que la joven declaró en dos oportunidades durante el expediente que el trato con Moyano era "cordial y respetuoso" y que nunca había atravesado situaciones de violencia verbal o física por parte del exdiputado.

El letrado también señaló que Arizaga había definido la relación como un noviazgo, algo que, según indicó, también fue corroborado por Moyano al prestar declaración ante la fiscalía.

Asimismo, Molina sostuvo que las manifestaciones de Arizaga fueron realizadas en un estado de comprensión y conciencia, con una actitud "colaborativa y tranquila", de acuerdo con lo consignado por los efectores de salud cuando la joven se presentó en el Hospital Pirovano.

En ese marco, el abogado había señalado que la modelo manifestó que no quería mantener las medidas restrictivas impuestas contra Moyano y que su intención era retomar el vínculo con él.

Molina había considerado que, si bien podía resultar prematuro disponer el archivo de las actuaciones ante la presunta inexistencia de un hecho típico, correspondía revisar las medidas cautelares que pudieran haberse dictado.

Ahora, la fiscalía resolvió mantener las restricciones mientras continúa el trámite de la causa.

El Fiscal Mola rechazó la recusación de Insaurralde

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La posición del fiscal fue difundida oficialmente por el Ministerio Público Fiscal .

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde sumó un nuevo capítulo judicial luego de que el Fiscal federal, Sergio Mola, solicitara rechazar la recusación presentada por la defensa del exintendente de Lomas de Zamora para apartarlo de la causa.

La posición del fiscal fue difundida oficialmente por el Ministerio Público Fiscal y se dio en medio de una escalada de tensión entre la acusación y los abogados del exfuncionario.

Según trascendió en medios especializados, la defensa de Insaurralde argumentó que Mola habría tenido una actuación parcial durante la investigación y tomó como base algunos cuestionamientos formulados previamente por el Juez federal, Luis Armella, quien rechazó días atrás el pedido de detención del ex funcionario y de su exesposa, Jesica Cirio.

La recusación llegó en un momento clave del expediente, que se reactivó con fuerza tras la difusión de videos donde se observan importantes sumas de dinero en efectivo en una propiedad vinculada al entorno de Insaurralde.

A partir de ese material, la Fiscalía impulsó allanamientos, nuevas pericias y el análisis de dispositivos electrónicos para determinar el origen de los fondos y reconstruir eventuales movimientos patrimoniales.

Mola se convirtió en una de las figuras centrales de la investigación luego de solicitar la detención de Insaurralde y Cirio por considerar que existía riesgo de ocultamiento o destrucción de pruebas.

Sin embargo, Armella rechazó esos arrestos, aunque dispuso medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de salida del país y la obligación de permanecer dentro de un radio determinado de sus domicilios sin autorización judicial.

La causa tiene origen en el denominado "Yategate", desatado en 2023 cuando se difundieron imágenes de Insaurralde junto a Sofía Clerici a bordo del yate Bandido en Marbella.

A partir de entonces, distintas denuncias impulsadas por dirigentes opositores derivaron en una investigación patrimonial que abarca el período comprendido entre 2009 y 2023.

Además de los presuntos movimientos financieros bajo análisis, la Justicia ordenó inspecciones en propiedades vinculadas al exfuncionario y mantiene abiertas líneas de investigación relacionadas con sociedades comerciales, bienes inmuebles y eventuales maniobras de lavado.

La definición sobre la recusación será ahora determinante para el futuro inmediato del expediente. Si prospera el planteo de la defensa, la causa podría sufrir demoras; si es rechazada,

Mola continuará al frente de una de las investigaciones por corrupción más sensibles de los últimos años, que mantiene bajo la lupa el patrimonio y los movimientos financieros de uno de los dirigentes más influyentes del peronismo bonaerense.

La Fiscalía de San Isidro solicitó formalmente la declaración indagatoria de Espert

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Este pedido se realizó en el marco de la causa penal que investiga al exdiputado nacional libertario por presunto lavado de dinero.

La Fiscalía de San Isidro solicitó formalmente la declaración indagatoria del exdiputado nacional por La Libertad Avanza, José Luis Espert, en el marco de la causa penal que lo investiga por presunto lavado de dinero y por la cual el año pasado debió bajarse de su candidatura a renovar su banca.

El dictamen judicial abarca también a un contador público y a la financiera Varianza S.A. vinculada a Espert y al empresario aeronáutico Fred Machado.

El foco principal de dicha investigación se centra en un ingreso de, al menos, U$S200.000 emitido desde una cuenta en Estados Unidos vinculada a Machado, hacia el dirigente libertario, mientras que, simultáneamente, se rastrea el financiamiento de la campaña presidencial de Espert en 2019.

Por su parte, Machado quien se encuentra recluido en Norteamérica, luego de haberse declarado culpable ante la Justicia de Texas por los delitos de fraude y lavado de activos, es investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Hasta el momento, Espert justificó públicamente que esos dólares provenían de un contrato de consultoría por una explotación minera en Guatemala.

Sin embargo, la fiscalía rechazó la coartada, tras constatar que el ex legislador nunca viajó a dicho país y que las minas citadas en el supuesto asesoramiento no avalan la operación.

Finalmente, se difundió que junto al pedido de indagatoria enviado al juzgado, la Justicia dispuso la continuidad del bloqueo y congelamiento de los bienes del exfuncionario oficialista.

Acueducto Gran Tulum: Fiscalía pedirá más tiempo para seguir investigando qué pasó con los caños

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El Ministerio Público Fiscal de San Juan sigue investigando las compras y los materiales que se usaron en el Acueducto Gran Tulum, que debió ser terminado durante el Gobierno del peronista Sergio Uñac, aunque eso no sucedió, pero sí le quedó a la provincia una deduda de 200.000.000 de dólares.

Mientras Fiscalía sigue investigando que sucedió con la compra de materiales y con una obra que nunca se terminó, aunque sí se gastó la plata, los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro solicitarán extender la investigación argumentando complejidad en la causa del Acueducto Gran Tulum.

La investigación de los fiscales por presunta corrupción en la obra del Acueducto Gran Tulum está próxima a completar los primeros 90 días hábiles previstos por el sistema acusatorio, por lo tanto los funcionarios judiciales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro han decidido solicitar una prórroga por otros 90 días hábiles para continuar recolectando información y poder producir pruebas sobre este oscuro caso.

La causa

Para concretar una parte mínima de la obra, que nunca se terminó, hubo una licitación que fue ganada por la empresa Krah América Latina S.A. en 2018, cuyo apoderado era Gustavo Monti. Se pagaron al menos 1.300 millones de pesos por las cañerías.

Es preciso recordar que la causa está en manos del Fiscal Sebastián Gómez, quien investiga el proceso administrativo y licitatorio del Acueducto Gran Tulum, obra hídrica que se ejecutó en parte durante el Gobierno del peronista Sergio Uñac, pero que, sin embargo, no se terminó, aunque los dólares se gastaron y los materiales usados parecen presentar irregularidades.

Es por eso que la Justicia vernácula investiga la contratación de caños y tuberías adjudicada a la empresa Krah América Latina S.A., y, en ese contexto, también se está evaluando cuál fue el papel que jugó el finado Gustavo Monti, quien podría haber sido representante o intermediario local de la compañía alemana.

En medio de este escenario, aparecen también presuntas comisiones facturadas por la empresa PVC San Juan SRL.

Según se desprende de la investigación judicial, las tuberías que puso la compañía Krah América Latina S.A. podrían no ser aptas para el transporte de agua potable.

Aseguran, además, que los caños estarían fabricados con insumos no aptos para el consumo humano y que podrían ser potencialmente tóxicos para las personas.

Es importante señalar que la Unidad Fiscal de Investigación Delitos Especiales avanzó hace tiempo en la causa que se inició gracias a la denuncia del abogado Marcelo Arancibia.

Mientras el Gobierno de San Juan sigue pagando a Kuwait la deuda que dejaron los gobiernos peronistas de Uñac y Gioja, que consiste en la friolera de 100.000.000 de dólares por materiales, más 100.000.000 de verdes por la obra civil, la Justicia de la provincia sigue con la investigación para saber si hubo o no un perjuicio contra el Estado.

En diciembre del 2025, el abogado Marcelo Arancibia presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal solicitando que se investigue la licitación de la obra, la cual hace años fue concedida a una empresa alemana cuyo apoderado, Gustavo Monti, era un pariente del exgobernador Sergio Uñac.

Se busca comprobar si hubo o no malversación de fondos, además de conocer la calidad de los insumos, entre otras posibles irregularidades que se habrían cometido en la obra.

En febrero de 2026, la provincia de San Juan se presentó en la causa como parte querellante.

Desde la actual gestión del Gobernador Marcelo Orrego se estima que la pérdida asociada a los 10 kilómetros de caños que se instalaron, y que luego debieron retirarse, demandó una inversión de 50.000.000 de dólares.

La cifra surge del financiamiento comprometido para la obra, que fue licitada por un total de 200.000.000 de verdes.

El proyecto fue financiado en dos tramos: un 50% a través de un préstamo internacional que llegó desde Kuwait y Australia, y el otro 50% con fondos aportados por el Estado nacional durante el Gobierno peronista.

Caso Adorni: afirmaron que desde Fiscalía pedirán requerimiento de justificación de bienes

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El jefe de Gabinete está siendo investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía avanzará en los próximos días con un requerimiento formal de justificación de bienes dirigido al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una investigación judicial en curso por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida será enviada a través del sistema judicial Lex y notificada a su defensa, como paso previo a una eventual declaración indagatoria, según indicaron fuentes judiciales.

Actualmente la Fiscalía se encuentra recolectando testimoniales e información vinculada a la causa.

En ese contexto, el requerimiento patrimonial buscará que el funcionario explique y respalde el origen de sus bienes mediante documentación respaldatoria.

De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, la intención de los investigadores es otorgarle primero la posibilidad de presentar la información solicitada antes de definir una citación a indagatoria.

En paralelo, el equipo contable del funcionario trabaja sobre una declaración jurada que sería presentada junto con la documentación requerida.

La situación procesal podría agravarse en caso de que no se entregue la información solicitada dentro del plazo que fijará la Fiscalía.

En ese escenario, no se descarta un llamado directo a declaración indagatoria tanto para Adorni como para otros funcionarios o familiares vinculados al jefe de Gabinete.

Fuentes judiciales indicaron que, una vez notificado el requerimiento, la defensa contará con un tiempo determinado para responder y aportar la documentación correspondiente antes de que se evalúen nuevas medidas procesales.

El Ministerio Público Fiscal presentó el Manual de Política Criminal

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El manual, adaptado a la realidad de San Juan, prioriza el combate contra los delitos que generan mayor impacto social y establece protocolos estrictos para el desempeño de los funcionarios en cada etapa del proceso.

En un acto que reunió a representantes de los tres poderes del Estado, el Ministerio Público oficializó la presentación del Manual de Política de Persecución Penal. Estuvo presente el Vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, entre otras figuras destacadas del círculo rojo vernáculo.

El documento es el resultado de un trabajo conjunto entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, con el objetivo de establecer criterios de actuación preestablecidos, generales y escritos que orienten el ejercicio de la acción penal pública.

Según explicó el Fiscal general del Poder Judicial de San Juan, Guillermo Baigorrí, la presentación representa un hito institucional tras un proceso de elaboración que incluyó jornadas de intenso compromiso.

Detalló que es "un trabajo arduo, pero estamos felices porque esto marca un punto de partida y era una deuda que teníamos con la ciudadanía".

Agregó, además que desde Fiscalía se pretende que "San Juan tenga un manual de políticas criminal como en grandes provincias".

El manual determina el funcionamiento de fiscales, ayudantes fiscales, policías y todos los involucrados en cada caso, especificando cómo proceder desde el arribo a la escena del crimen hasta la custodia de las pruebas.

Entre las ventajas que destacó Baigorrí, se enumera la posibilidad de dotar al sistema de una mayor coherencia y transparencia.

"Esto saca la discrecionalidad", dijo, al tiempo que agregó que "el mismo comportamiento van a tener todos los fiscales, no hay dudas de cómo se actúa".

El Fiscal General subrayó que el objetivo es que "un fiscal no entienda que se puede hacer una cosa y el otro no", ya que se trata de un "comportamiento de previsibilidad para los ciudadanos".

Ejes centrales y definiciones operativas del manual

Principios

  • Establece la actuación bajo principios de legalidad, objetividad, unidad de criterio y dependencia jerárquica.
  • Dispone la obligatoriedad de actuar con motivación fundada, transparencia, eficiencia y gestión activa del conflicto.
  • Garantía de publicidad de los actos sin afectar derechos de las partes. Criterios para el abordaje del delito
    Regula de forma detallada la investigación penal y crea pautas operativas concretas:
  • Dirección funcional del fiscal sobre la policía.
  • Presencia del fiscal en hechos graves para mejorar la calidad investigativa.
  • Protocolos de preservación de la escena del crimen, incluyendo evidencia digital.
  • Sistema integral de cadena de custodia, con etapas definidas: recolección, documentación, transporte, análisis y presentación.
  • Creación de instancias de diagnóstico criminal conjunto con Policía y Servicio Penitenciario, al menos una vez al año.
  • Intercambio de información entre unidades fiscales para un abordaje integral.

Abordaje de la conflictividad
Introduce criterios específicos para conflictos complejos.

  • Identificación de conflictos de alto impacto: multiplicidad de actores, afectación de servicios públicos, repercusión social.
  • Creación de instancias de diálogo y mediación institucional previas a la judicialización.
  • Implementación de medidas preventivas coordinadas con fuerzas de seguridad.

Política en relación al proceso
Fija reglas claras de gestión judicial.

  • Resolución de casos en plazos breves para evitar prescripción.
  • Criterios uniformes para decisiones iniciales: archivo, formalización, desestimación.
  • Regulación del uso de herramientas como: criterios de oportunidad, con límites estrictos, suspensión de juicio a prueba, juicio abreviado.
  • Lineamientos para medidas cautelares, basados en proporcionalidad y razonabilidad.
  • Obligación de impugnar resoluciones judiciales cuando afecten la acción penal.

Política en relación a la víctima
Refuerza el rol central de la víctima en el proceso.

  • Garantiza derechos de información, participación y acompañamiento.
  • Establece mecanismos de protección integral para víctimas y testigos.
  • Obliga a considerar su opinión en decisiones clave como salidas alternativas.

Derechos del imputado
Establece pautas para asegurar.

  • Respeto irrestricto a garantías constitucionales.
  • Investigación objetiva y sin arbitrariedades.
  • Protección de la dignidad y derechos fundamentales.

Perspectiva de género
Incorpora políticas específicas para.

  • Investigación con enfoque de género.
  • Tratamiento prioritario de hechos de violencia familiar, sexual o contra personas vulnerables.
  • Restricción de salidas alternativas en casos sensibles.

Juicio de cesura
Regula criterios para la determinación de la pena.

  • Evaluación diferenciada de responsabilidad y sanción.
  • Aplicación de parámetros de proporcionalidad y fundamentación.

Ejecución de las penas

  • Control del cumplimiento de condenas.
  • Coordinación con el sistema penitenciario.
  • Seguimiento de medidas impuestas.

Relación con fuerzas de seguridad
Define pautas concretas de coordinación institucional.

  • Subordinación funcional de la investigación al fiscal.
  • Emisión de protocolos, manuales e instrucciones conjuntas.
  • Comunicación permanente y obligatoria en todas las etapas del proceso.

Oficina de Calidad Institucional
Dispone la creación de un área específica de control y mejora.

  • Evaluación del desempeño institucional.
  • Monitoreo de cumplimiento de estándares.
  • Implementación de procesos de mejora continua.

Política comunicacional

  • Comunicación institucional transparente y responsable.
  • Relación con medios de comunicación.
  • Protección de la investigación, la víctima y el principio de inocencia.

El manual se posiciona como una herramienta clave para ordenar la persecución penal, reducir la discrecionalidad y fortalecer la articulación entre organismos, consolidando un modelo de justicia eficiente, transparente y orientado a la resolución de los conflictos.

Causa ANDIS: confirmaron la indagatoria a Spagnuolo y otros implicados

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Las indagatorias se llevarán adelante entre el 28 de abril y el 26 de mayo tras el pedido de la Fiscalía.

En línea con lo solicitado por los fiscales, Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 llamó a indagatoria a 29 personas investigadas en la causa sobre las presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad, entre ellas su extitular, ya procesado, Diego Spagnuolo.

Las indagatorias se llevarán adelante entre el 28 de abril y el 26 de mayo.

La lista incluye la ampliación de las declaraciones de cinco personas procesadas en la causa, como Spagnuolo; el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete, presunto lobbista de los directivos de laboratorios y droguerías.

"La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público", sostuvo el Juez, Ariel Lijo, en línea con lo que planteó el Ministerio Público Fiscal.

Además, el Juzgado decretó la inhibición general de bienes para las personas y empresas involucradas.

"Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos, y por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado", sostuvo el magistrado.

La causa busca esclarecer el entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de esa estructura.

Spagnuolo ya fue indagado y procesado en la causa por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.

Las maniobras implicaron salidas de dinero por más de $75.000.000.000 provenientes del erario público que tuvieron como destino los bolsillos de un reducido grupo empresarial.

Caso María Cash: Fiscalía pidió que se revoque el sobreseimiento del camionero

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El Fiscal Villalba consideró que Héctor Romero fue responsable de la muerte de la joven en 2011.

El Fiscal general, Eduardo Villalba, en representación de la Unidad Fiscal Salta, solicitó ante la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, la nulidad del sobreseimiento dictado en mayo último a favor del camionero imputado por el homicidio calificado por alevosía de María Cash, desaparecida desde el 8 de julio de 2011.

El planteo fue formulado en el marco de una audiencia oral ante los integrantes de dicha sala, los jueces Santiago French, Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas y Ernesto Solá, en la que el representante del Ministerio Público Fiscal expuso una serie de fundamentos para que la resolución que favoreció al imputado Héctor Romero sea declarada nula y se revoque su sobreseimiento.

En función de una serie de irregularidades detectadas en la resolución apelada, el fiscal pidió que la titular del Juzgado Federal N°2, Mariela Giménez, siga al frente de la investigación, pero que el trámite del proceso sea remitido a otro juzgado.

Y dado que la causa se inició con anterioridad a la implementación del sistema acusatorio, el expediente se lleva bajo las reglas del sistema mixto.

La querella, representada por el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, adhirió al planteo de revocatoria del sobreseimiento, aunque sobre el cambio de juzgado, también pidió el reemplazo de la jueza. La defensa, en tanto, resistió los argumentos con una breve exposición de argumentos.

Villalba hizo un repaso detallado del derrotero de Cash, desde que salió de Buenos Aires el 4 de julio de 2011 con intenciones de ir a la provincia de Jujuy, su paso por Santiago del Estero y hasta que desapareció cuatro días más tarde, el 8 de julio de 2011, cuando fue vista por última vez en la rotonda de Torzalito, en Salta, donde había llegado a dedo.

Recordó que la mujer, por entonces de 29 años, quería regresar a su casa, pero no tenía dinero para abordar un micro, por lo que ese día deambuló por una estación de servicio, donde fue vista por varios testigos.

Investigan posible estafa en San Juan: Zunkets IFC prometía ganancias del 3% diario

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Fiscalía de San Juan comunicó que se abrió una investigación penal preparatoria en relación con el presunto delito de "Estafa". La compañía prometía intereses imposibles de cumplir y serían pagados con criptomonedas.

Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal de San Juan emitió un comunicado oficial anunciando la apertura "de una investigación penal preparatoria por la presunta comisión del delito de Estafa, tipificado en el Artículo 172 del Código Penal Argentino".

El caso está siendo investigado por la Unidad Fiscal de Investigación Delitos Informáticos y Estafas.

Se abrió luego de que hubo denuncias vinculadas a las operaciones de una plataforma de inversiones denominada Zunkets IFC.

Según la informaron desde Fiscalía, Zunkets IFC ofrecía a inversores locales "rendimientos económicos extraordinarios".

Los promotores de la plataforma habrían anunciado a los cautivos usuarios ganancias diarias que oscilan entre el 2,1% y el 3% sobre el capital invertido.

La investigación determinó que las inversiones se habrían promovido bajo la modalidad de criptoactivos y monedas estables, en particular con una cripto que cotiza en paralelo con el precio del dólar, denominada USDT.

Fiscalía solicitó a los ciudadanos que hayan realizado inversiones en la plataforma Zunkets IFC o que posean conocimiento directo de sus operaciones, se presenten para formalizar la denuncia penal correspondiente.

Para llevar a cabo este trámite, los damnificados deberán acercarse a la dependencia Policial más cercana a su domicilio dentro del territorio de San Juan.

La Fiscalía de Brasil le pidió a la Corte Suprema que condene a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

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La pena del exmandatario y sus presuntos cómplices podría ascender hasta 40 años de cárcel.

La Fiscalía de Brasil pidió condenar al expresidente, Jair Bolsonaro, y a siete de sus colaboradores por "asociación criminal armada" y "golpe de Estado", entre otros delitos.

El exmandatario brasileño de extrema derecha podría ser condenado a prisión por la Corte Suprema por un supuesto intento de impedir la asunción de su rival, Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones de 2022.

"Comprobada la participación de las personas en los hechos, el fiscal general de la república reforzó que sean condenados por organización criminal armada", "tentativa de abolición del estado democrático", "golpe de Estado" y otros delitos relacionados con daños a bienes públicos, afirmó la Fiscalía.

Bolsonaro afirmó que es inocente y denunció una persecución en su contra. Ante la Corte reconoció haber considerado "un dispositivo constitucional" para impedir la asunción de Lula.

El juicio contra el exmandatario provocó la condena del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que califica el proceso como "una cacería de brujas" y anunció aranceles del 50% a las importaciones de origen brasileño a partir del 31 agosto.

El destino del expresidente y sus excolaboradores queda ahora en manos del Juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, quien también se encuentra bajo amenaza de sanciones de Washington por sus fallos en contra de plataformas de redes sociales estadounidenses.

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